Resolución Nº 22-2021 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 21 de Enero de 2021

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
PonenteFERNANDO ANTONIO COHN ZURITA
Fecha de sentencia21 Ene 2021
Número de resolución22-2021
Número de expediente00019-2020
Juicio No. 07121-2020-00019
JUEZ PONENTE: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, jueves 21 de enero del 2021,
las 12h44. A S U N T O
Resolución del recurso de apelación interpuesto por el señor Kevin Omar Torres Guerrero a través de
su abogado doctor Miguel Antonio Chumapi, en contra de la sentencia de 23 de noviembre del 2020, a
las 15h45, dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de El Oro, dentro de la acción
constitucional de hábeas corpus No. 07121-2020-00019.
1. ANTECEDENTES
1.1 El señor Kevin Omar Torres Guerrero a través de su abogado doctor Miguel Antonio Chumapi,
interpone de forma oral el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 23 de noviembre del
2020, a las 15h45, dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de El Oro, dentro de la acción
constitucional de hábeas corpus No. 07121-2020-00019; en la que resuelve: “…1.- Rechazar por
improcedente la Acción de Habeas Corpus que ha sido planteada por el Sr. TORRES GUERRERO
KEVIN OMAR, porque no existe violación constitucional conforme el Análisis Ut supra. 2.- Al haber
interpuesto el accionante, en forma oral el recurso de apelación en la misma audiencia oral pública y
contradictoria, de conformidad a lo que dispone el artículo 169 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dispone sobre las competencias de la Corte Nacional
de Justicia: “1. Conocer y resolver los recursos de apelación de las acciones de hábeas corpus
resueltos por las cortes provinciales, en los términos establecidos en esta ley”, concédase el recurso
de apelación ante una de las Salas de la Corte Nacional de Justicia, para el efecto, la secretaria, en
forma inmediata, remita el expediente y envíe a la Oficina de Sorteos de la Corte Nacional de
Justicia. (…)”.-
1.2 El apelante en su recurso de apelación presentado de forma oral sostiene que “De conformidad al
art. 169 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional apeló, la
presente resolución ante una de las Salas de la Corte Nacional de Justicia, en consecuencia s írvase
proceder conforme corresponde”.
140963568-DFE
Firmado por
FERNANDO
ANTONIO COHN
ZURITA
C=EC
L=QUITO
CI
0911069714
Firmado por
GUSTAVO
ADOLFO
DURANGO VELA
C=EC
L=QUITO
CI
1703594588
Firmado por
JOSE DIONICIO
SUING NAGUA
C=EC
L=QUITO
CI
1706860440
1.3 En la misma audiencia en la que Tribunal Constitucional de instancia resolvió el hábeas corpus
planteado se aceptó la apelación presentada de forma oral.
2. JURISDICCION Y COMPETENCIA
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario a la que corresponde conocer de esta apelación,
está integrada por los doctores Fernando Antonio Cohn Zurita -en calidad de juez nacional (E)-
(ponente), Gustavo Adolfo Durango Vela -en calidad de juez nacional (E)- y José Dionicio Suing
Nagua -en calidad de juez nacional-. A los integrantes de la Sala les corresponde actuar como Jueces
Constitucionales, pues al conocer de garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus
funciones originales y reciben la denominación de jueces y juezas constitucionales, Sala o Tribunal
Constitucional- de conformidad con las Sentencias No. 001-10-PJO-CC; No. 031-09-SEP-CC,
emitidas por la Corte Constitucional de Ecuador. Los jueces conocen el presente recurso de apelación
del hábeas corpus, en virtud de lo establecido en los arts. 184, número 1 de la Constitución de la
República, 185, apartado segundo, número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial; 169 número
1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y por la Resolución de 19
de marzo de 2009 de la Corte Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial No. 565 de 7 de
abril del mismo año.
3. VALIDEZ PROCESAL
La acción constitucional de hábeas corpus se ha tramitado de conformidad con las normas pertinentes,
por lo que no existe nulidad alguna que declarar.
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
4.1 El señor Kevin Omar Torres Guerrero a través de su abogado doctor Miguel Antonio Chumapi,
formuló apelación en forma verbal al final de la audiencia oral, sin haber presentado fundamentación
alguna, pese a que esta Sala mediante providencia del 12 de enero de 2021 le concedió 3 días para el
efecto. Por esa razón se analizará exclusivamente la alegación en que el señor Kevin Omar Torres
Guerrero fundamentó el hábeas corpus, a través de la demanda presentada el 20 de noviembre de
2020. En esa demanda el detenido señala que se encuentra ilegalmente privado de su libertad, por una
medida cautelar privativa de libertad dictada en la investigación previa signada por el No.
070201820050022, ya que dicha medida se dicta en un proceso penal viciado de nulidad donde se ha
vulnerado el debido proceso en cuanto a lo que dispone el art. 76 literal 7 literales a), b) y c) de la
Constitución de la República.
4.2 En la sentencia recurrida se recogen las versiones del Fiscal que llevo a cabo la indagación previa
y del Juez de la Unidad Judicial de garantías Penales con sede en Arenillas que dictó la prisión
preventiva (se subrayan partes trascendentes):
5.- CONTESTACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE
HÁBEAS CORPUS POR PARTE DEL FISCAL Sixto Minga Sarango: “Señores jueces
provinciales, es importante que ustedes conozcan el hecho que fiscalía viene investigando para poder
debatir a lo que ha planteado la defensa del procesado, el hecho que fiscalía investiga es un hecho
acaecido el 22/05/2020 que no fue flagrante por cuanto en el hecho se encontraban bajo amenazas
con armas de fuego, la cantidad de $10.000 dólares al señor Carlos Quezada Patiño, la denuncia fue
presentada 8 días después ante la fiscalía, fiscalía inicio los tramites investigativos adicionales se
suma la investigación, a fojas 1 de la carpeta fiscal consta la denuncia por escrito presentada por el
señor Carlos Quezada Patiño indicando cuando ha sufrido este acto delincuencial, con esta denuncia
FGE con fecha 02/06/2020 apertura la investigación y dispone las diligencias a la Policía Judicial,
insisto que ante esta investigación se suma una policía especializada a efectos de poder dar con el
hecho que se viene investigando, siendo así conforme consta de fojas 58 de la carpeta fiscal hay un
parte policial suscrito por el subteniente Cevallos Galarza Richard, solicita (lee), posterior a eso el
mismo subteniente solicita a la fiscalía que por la naturaleza del hecho que se investiga es necesario
hacer seguimientos, mediante parte policial que consta en fojas 62 de la carpeta fiscal con
numeración (…), en ese parte policial se solicita, (lee). De ese hecho solicita fiscalía que se pida al
juez competente que se permita las grabaciones, interceptaciones, tomas fotográficas, este pedido no
es solicitado a los jueces competentes del cantón Arenillas, Huaquillas, Santa Rosa y Pasaje,
efectivamente consta a fojas 67 la autorización para hacer seguimiento a estas tres personas, dicha
autorización consta en la carpeta fiscal, esa fue la razón que el juez autorizo mantener en reserva
este tipo de investigación. Ahora, luego con la información obtenida fiscalía solicito con fecha
15/10/2020 a las 15h00 solicita a los jueces competentes de Arenillas, Santa Rosa, y los cantones que
estaban solicitan que se autorice el allanamiento para hacer la detención con fines investigativos de
los 4 procesados, consta en la carpeta fiscal la autorización de los jueces para hacer el respectivo
allanamiento de fojas 370 y siguientes, y no es como la defensa del procesado ha manifestado que la
petición para formular cargos a ingreso con fecha 15 de agosto situación que no es así, en la carpeta
fiscal consta la petición que el fiscal Jorge Luis Cuenca hace la petición, se tomó la versión en
presencia de un abogado y el 16/10/2020 a las 13h06 que consta a fojas 445 realiza la petición,
posteriormente esa misma petición la señora jueza competente del cantón Arenillas ingresa en el
juzgado que consta de fojas 44 ingresa el 16/10/2020 a las 13h38 y ante ese hecho fiscal ía en
audiencia de formulación de cargos tomando en consideración los informes técnicos y a la
explotación de los informes telefónicos eso fue el argumento para solicitar la prisión preventiva, tal
esa demostración de elementos de convicción fiscalía sostuvo que era necesario que se dicte la
prisión preventiva en contra del ciudadano Kevin Omar Torres Guerrero, ante esa situación al
haberse demostrado la necesidad del hecho que se viene investigando, es más para solicitar como
elementos de convicción en la audiencia de formulación de cargos se manifestó había un informe de
la misma Policía que investiga este hecho, el señor fiscalía informa que quien ha tomado la versión a
la víctima Carlos Quezada Patiño y manifiesta el policía le indica algunas fotografías de los datos
que tiene la Policía Nacional y con toda la certeza la víctima manifiesta que él fue una de las
personas que participo en el hecho el día 22/05/2020 al existir elementos suficientes el señor juez
acogió la petición de fiscalía y se dispuso la prisión preventiva como medida cautelar en contra del
ciudadano Kevin Omar Torres Guerrero, este es el hecho que fiscalía considera que hizo bien a
efectos de garantizar la comparecencia del procesado a la investigación a un posible juicio y a una
reparación integral a la víctima, al haber actuado conforme al marco constitucional fiscalía solicita
que se rechace la acción planteada y se mantenga la medida que pesa en contra del ciudadano Kevin
Omar Torres Guerrero”. Sic-
6.- CONTESTACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE
HÁBEAS CORPUS POR PARTE DEL JUEZ Rigchac Betún Manuel, quien manifiesta: “Señores
jueces, debo indicar que la defensa del procesado hoy accionante indica que la boleta de detención
no está motivada, también indica que del inicio del proceso hasta la detenci ón no hubo derecho a la
defensa, en este sentido hay que tomar en cuenta dos cosas básicas, la defensa del procesado ha
indicado que la audiencia de formulación de cargos ha sido solicitada el 15/10/2020, en autos consta
el proceso penal que la audiencia fue solicitada por fiscalía y entró a la Sala de Sorteo de la Unidad
Judicial el viernes 16/10/2020, y a las 17h11 del viernes 16 el suscrito juez dispuso la audiencia el 16
de octubre a las 17h30, llevándose a cabo la audiencia el día antes referido pero a las 17h50, no es
como indica la defensa técnica, también indica que la orden de detención carece de motivación, esa
orden de detención eso se solicitud por parte de fiscalía como acto urgente y en el expedientillo (…).
Sobre la detención con fines investigativos por 24 horas, y también indicaba la defensa del
accionante que la boleta de prisión preventiva tampoco esa motivada, en este sentido la boleta de
prisión preventiva claramente sale en el sistema Satje automáticamente, en el momento que se motiva
es en la audiencia de formulación de cargos, es más este tema las partes procesales en el juicio
07309-2020-621 apelaron de la prisión preventiva. Art.534 numeral 3 del COIP y en este sentido la
defensa técnica del procesado Kevin Omar Torres Guerrero en esa audiencia no justifico
debidamente tipos de arraigo social, familiar, más que todo laboral, razón por la cual el suscrito juez
dictó la prisión preventiva, no es de forma caprichosa, arbitraria o ilegal, ilegitima que se dictó, ya
que se fuera ilegitima cabe el Habeas Corpus. Estamos recién en la fase de instrucción fiscal, no
estamos en juicio no llegamos ni a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en ese sentido
la defensa del accionante indica que el juez ha violado el derecho constitucional, hay que tomar en
cuenta que el suscrito juez en vista que no presentó ningún tipo de arraigo dictó esa medida que es de
ultima ratium, en este sentido también señores jueces lo que el juez hace es respetar la jurisdicción y
el debido proceso, eso es lo que tengo que alegar en cuanto a la orden de detención que indica la
defensa del accionante, tanto de la prisión preventiva como la orden de detención que está en el
debido proceso”. Sic-
4.3 La Sala de instancia, en su fallo, señala como fundamento del rechazo de la acción de hábeas
corpus lo siguiente: QUINTO: ANALISIS Y MOTIVACIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL. (…) 44.- Bajo esa línea de análisis cabe preguntarnos ¿La orden de prisión
preventiva, dictada con fecha 16 de octubre del 2020, por el Dr. Rigchac Betún Manuel, Juez de la
Unidad Judicial de Garantías Penales con Sede en cantón Arenillas, en contra del accionante en el
proceso penal ordinario Nro.-07309-2020-00621, por el delito de Robo, es ilegal, arbitraria o
ilegitima?.
45.- El Art. 45.2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
establece los casos en que se presumirá que la privación de libertad es arbitraria o ilegítima. a)
Cuando la persona no fuere presentada a la audiencia. b) Cuando no se exhiba la orden de privación
de libertad. c) Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos legales o
constitucionales. d) Cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la privación de
libertad. e) En los casos en que la privación de la libertad es llevada a cabo por particulares, cuando
no se justifique la privación de libertad.
46.- La privación de la libertad, es ilegal cuando es practicada al margen de los motivos que
válidamente contempla la Constitución y la ley; cuando se ha ejecutado sin observar las normas
exigidas por la ley; o cuando se ha incurrido en desviación de las facultades de detención, es decir,
cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la ley. Es arbitraria, cuando
la resolución del agente (funcionario judicial en el presente caso) carece de fundamento objetivo,
obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos
constitucionales de la persona. En estas circunstancias, el funcionario judicial antepone de manera
arbitraria su propia voluntad a aquella que deriva de manera razonable del ordenamiento jurídico,
por lo cual sus actuaciones, manifiestamente contrarias a la Constitución y a la Ley, no son
providencias judiciales sino en apariencia, es decir actuaciones o vías judiciales de hecho.
47.- Las privaciones de la libertad son legítimas cuando tienen por autores a personas que obran con
fundamento en causa jurídica y en ejercicio de una competencia constitucional o legal. Son ilegítimas
cuando sin justa causa lesionan o ponen efectivamente en peligro el derecho fundamental de toda
persona a ser libre. Entre las privaciones de la libertad legítimas se hallan la aprehensión del
delincuente sorprendido en delito flagrante (Art. 77, numeral 1 de la Constitución y Art. 527 del
COIP); la detención que, para efectos de investigación, es dispuesta por mandamiento escrito de
autoridad judicial competente (Art. 530 del COIP); la prisión preventiva decretada por providencia
judicial motivada, con amparo en el Art. 534 del COIP. La privación de la libertad por mérito de una
sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada.
48.- Ahora bien, tratándose de Hábeas Corpus contra privaciones de libertad judiciales, y siendo que
uno de los fines de esta acción es el ponderado examen jurídico-procesal de la actuación judicial, el
análisis no puede limitarse (práctica muy recurrente) a la simple constatación de si existe o no la
correspondiente boleta de privación de libertad y si ésta cumple con las formalidades previstas en la
ley, es decir sobre la legalidad formal. Pues, si los asuntos relativos a la privaci ón judicial de la
libertad tienen relación directa e inmediata con una garantía básica como es el debido proceso, el
análisis puede y debe orientarse, según las circunstancias del caso, a determinar la existencia o no de
una privación de libertad arbitraria o ilegítima inclusive, en la forma cómo estas deben ser
entendidas. Mas, como la acción de Hábeas Corpus es una garantía jurisdiccional cuyo fundamento
es la infracción constitucional en torno a la privación de la libertad, el análisis sobre la ilegalidad,
arbitrariedad o ilegitimidad debe darse con una perspectiva estrictamente constitucional y del debido
proceso más concretamente.
49.- En el caso en estudio se observa que la prisión preventiva del señor TORRES GUERRERO
KEVIN OMAR , es dictada en audiencia de formulación de cargos, con fecha 16 de octubre del 2020,
dentro del proceso penal signada con el Nro.-07309-2020-00621, por el delito de Robo , que se sigue
en su contra, en calidad de autor directo conforme al Art. 42 Numeral 1, literal a) del Código
Orgánico Integral Penal, por lo que en principio se colige que la medida cautelar de prisión
preventiva, fue dictada por la autoridad competente para hacerlo, esto es, por el Juez de la Unidad
Judicial de Garantías Penales con Sede en Arenillas, además de la información constante del parte
policial que reposa en este expediente, se desprende que en el momento de su detención se le hicieron
conocer las razones del hecho, esto sin perjuicio de que durante la tramitación del proceso penal
seguido hasta ahora por el delito de robo, ha estado asistido por su asistencia técnica, como ha
comparecido personalmente al proceso, habiendo ejercido ampliamente el derecho a la defensa, y en
todo momento se le ha garantizado el ejercicio de esta prerrogativa.
50.- Adicionalmente el procesado alega que al momento de su detención, se le informa que es
detenido por asociación ilícita, por ende desconoce los motivos de su detención, al respecto se
desprende de las anotaciones constantes en el parte policial, que se le informó en un lenguaje simple
y libre de tecnicismos los hechos y bases jurídicas, que se trata de un delito de robo , que es detenido
por fines investigativos, por ende su detención es legítima por haberse cumplido con lo establecido en
el artículo 77 numeral 3 y 4 de la Constitución de la República del Ecuador y en este punto no se
violó el artículo 7.2., de la Convención Americana de Derechos Humanos, por haberse emitido una
boleta de encarcelamiento con motivo de prisión preventiva, es decir existe la orden escrita de una
autoridad competente, por lo tanto su privación de libertad no es ilegal, puesto que en la audiencia
de formulación de cargos, se dicta la prisión preventiva, por reunirse los requisitos del Art. 534 del
COIP.
51.- Sobre el concepto de arbitrariedad de la prisión preventiva, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos señaló en el precedente “Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador”,
respecto a que sólo mediante una ley podrá afectarse la libertad de una persona, que “la reserva de
ley debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad, que obliga a los Estados a
establecer, tan concretamente como sea posible y ´de antemano´, las ´causas´ y ´condiciones´ de la
privación de la libertad física. De este modo, el artículo 7.2 de la Convención remite
automáticamente a la normativa interna. Por ello, cualquier requisito establecido en la ley nacional
que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará que tal privación sea ilegal y
contraria a la Convención Americana”. Por último se sostuvo respecto a la línea jurisprudencial
trazada por la Corte Interamericana y la aplicación que la misma ha tenido en nuestra
jurisprudencia que “en conclusión, y reafirmando la hermenéutica tradicional más respetuosa de
derechos, la jurisprudencia y la doctrina más autorizada han entendido que del plexo constitucional
nacional se derivan al menos dos reglas centrales. En primer lugar, que toda privación de libertad
debe ser dispuesta por escrito de parte de autoridad competente, es decir, un juez. En segundo lugar
que, además de escribir la orden de detención, el juez deberá contar con razones legalmente válidas
que deberá expresar en ella. Es decir que sólo será legítima una privación de libertad si fuera
ordenada por un juez mediante una orden fundada y apoyada en una norma habilitante. Sólo en
forma excepcional otra autoridad distinta de la judicial podrá disponer el arresto de una persona y,
en tales casos, también deberán, ineludiblemente, concurrir razones fundadas que justificaran la
medida basada en una norma que la habilite, prescindiendo de la orden judicial”, por lo que en este
concepto se incluyen los elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad, así como también el
principio del respeto a las garantías procesales.
52.- Bajo tales consideraciones, los argumentos de la fundamentación, para plantear la acción de
Habeas Corpus, no se justifica por las siguientes consideraciones:
(i) Este Tribunal ya analizó que el proceso penal Nro.-07309-2020-00621, por el delito de Robo, en
la sustanciación del proceso, desde que se originó su detención, el pedido de formulación de cargos,
la instalación de la misma, contó con defensa técnica particular, que ha interpuesto recurso de
apelación del auto de prisión preventiva, hemos desarrollado jurídicamente que no existe ninguna
vulneración constitucional, que impida la arbitrariedad del juzgador al dictar la prisión preventiva,
mucho menos que se lo haya dejado en indefensión, al amparo de lo que determina el Art. 76 numeral
7 literal g) de la Constitución, porque el delito imputado, al accionante, en la audiencia de
formulación de cargos, el Fiscal lo acusa dentro de sus facultades legales y constitucionales, como
presunto autor del delito de robo, establecido en el Art. 189 inciso segundo, en calidad de autor
directo conforme al Art. 42 Numeral 1, literal a) del COIP, Inconforme con aquella decisión en la
justicia ordinaria, ha accedido al recurso de apelación que legalmente le faculta la ley, en donde el
Tribunal de Alzada por Voto de Mayoría, ha ratificado la prisión preventiva dictada en su contra.
(ii) El delito que se le imputa al accionante según el Art. 189 inciso segundo del COIP, tiene una
pena de 3 a 5 años.
(iii) Como se puede observar; y, no hay duda, que la pretensión del accionante se subsume a que vía
acción constitucional se declare la libertad, según aduce, cuando son asuntos infra constitucionales,
ya hemos dicho, que se trata de una boleta constitucional de encarcelamiento, entonces estos
requerimientos en la sustanciación del proceso penal, evidentemente debe ser conocidos y resuelto
intra- proceso a través de los procedimientos y recursos que prevé la normativa penal. Por lo
expuesto, se aprecia por parte del accionante, que existe una descontextualización manifiesta de la
institución constitucional del hábeas corpus, toda vez, que la valoración de lo ocurrido
procesalmente, no constituye fuente jurídica para la procedencia de la acción, pues son alegaciones
de orden estrictamente procesal que entrañan la apreciación interna judicial y son propias de la
instancia penal, por lo que no pueden ventilarse ni resolverse a través de acciones constitucionales
dé ésta índole.
(iv) La doctrina señala: "EI hábeas corpus no procede si la privación de la libertad se originó en una
causa seguida ante Juez competente y los cuestionamientos tendientes a demostrar lo injustificado de
la detención por esa autoridad o las falencias en el procedimiento son ajenas a ese remedio procesal
e incumben a los jueces de la causa, respecto de cuyas resoluciones, en caso de existir agravio,
deberán hacerse valer los recursos legales correspondientes”. (el subrayado es de esta Sala
Constitucional).
4.4 Esta Sala deberá dilucidar si la medida cautelar privativa de libertad dictada en la investigación
previa signada por el No. 070201820050022 y la prisión preventiva, es ilegal y arbitraria.
5. CONSIDERACIONES Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO
5.1 Marco jurídico de la acción de hábeas corpus:
Constitución de la República Art. 89.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la
libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de
autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las
personas privadas de libertad”.
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:
“Art. 43.- Objeto.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la
integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por
autoridad pública o por cualquier persona, tales como: 1. A no ser privada de la libertad en forma
ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre
por mandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia; 2. A no
ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional; 3. A no ser desaparecida
forzosamente; 4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante; 5. A que, en
caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo político, no ser
expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su
integridad y su seguridad; 6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones
alimenticias; 7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad
haya sido ordenada por una jueza o juez; 8. A la inmediata excarcelación de la persona procesada
cuando haya caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos
sancionados con prisión y de un año en los delitos sancionados con reclusión; 9. A no ser
incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana; 10. A ser puesta a
disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas
siguientes a su detención”.
Art. 44.- Trámite.- La acción de hábeas corpus, en lo que no fueren aplicables las normas generales,
seguirá el siguiente trámite: (…) Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en
un proceso penal, la acción se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia; de haber más de una
sala, se sorteará entre ellas. (…)”.
5.2 Ámbito del hábeas corpus en el caso concreto:
5.2.1 De acuerdo a los artículos 89 de la Constitución y 43 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción de hábeas corpus tiene por objeto, entre otros,
recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ileg ítima,
garantizando que la detención se haga siempre por mandato escrito de juez competente, a excepción
de los casos de flagrancia.
5.2.2 El art. 530 del COIP dispone: “Detención.- La o el juzgador, por pedido motivado de la o del
fiscal, podrá ordenar la detención de una persona, con fines investigativos”.
5.2.3 De acuerdo al art. 490 del COIP.- “Principio de reserva judicial.- La o el juzgador competente,
por pedido de la o el fiscal y tomando en consideración los derechos de los participantes en el
desarrollo de la investigación, podrá disponer que las técnicas de investigación se mantengan en
reserva durante los plazos determinados en este Código”.
5.2.4 El art. 580 del COIP.- “Finalidades.- En la fase de investigación previa se reunirán los
elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan a la o al fiscal decidir si formula o no
la imputación y de hacerlo, posibilitará al investigado preparar su defensa”.
5.2.5 El art. 595 del COIP dispone que; “Formulación de cargos.- La formulación de cargos
contendrá:
1. La individualización de la persona procesada, incluyendo sus nombres y apellidos y el domicilio,
en caso de conocerlo.
2. La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción o infracciones
penales que se le imputen.
3. Los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento jurídico para formular
los cargos.
La solicitud de medidas cautelares y de protección, salidas alternativas al procedimiento o cualquier
otro pedido que no afecte al debido proceso”.
5.2.6 El art. 534 del Código Orgánico Integral Penal, señala: “Finalidad y requisitos.- Para
garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el
fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada, que ordene la prisión preventiva,
siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la
acción.
2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la
infracción.
3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son
insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el
cumplimiento de la pena.
4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año.
De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en
consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada
con anterioridad”.
5.3 Analizando las circunstancias de la aprehensión al señor Kevin Omar Torres Guerrero, consta en
la sentencia de instancia que:
5.3.1 El ciudadano Carlos Ermel Quezada Patiño, con fecha 22 de mayo del 2020, presenta una
denuncia por robo, en contra de varios autores, entre los que se encuentra el señor Torres Guerrero, y
en virtud de ello se da inicio a la indagación previa.
5.3.2 Por la naturaleza del delito, la Fiscalía solicita al Juez de Garantía Penales se conceda la
autorización por el tiempo de 90 días para realizar seguimiento, vigilancia, tomas fotográficas,
filmaciones, manejo de fuentes, en contra de una organización delictiva integrada por ciudadanos de
nacionalidad ecuatoriana, entre los que está el señor Kevin Omar Torres Guerrero, que se dedican a
posibles delito de Tenencia y Porte de Armas de Fuego, delitos contra la propiedad, robo con
violencia, robo a personas, robos ejes viales y robos a domicilio; ante tal solicitud el Juez de la Unidad
Judicial Multicompetente con sede en el cantón Arenillas, con fecha 18 de agosto del 2020, (fojas 44
del expediente) autoriza dentro de la investigación previa 070201820050022, el seguimiento,
vigilancia tomas fotográficas filmaciones manejo de fuentes y otros, en contra de los ciudadanos
denunciados; y de conformidad al art. 490 del COIP, se dispone que se mantenga en reserva judicial;
consiguientemente al existir la autorización judicial y la reserva judicial, no se debía notificar al
procesado con estas diligencias.
5.3.3 La detención para fines investigativos conforme lo dispone el art. 530 del COIP, es solicitado
por el fiscal. Los jueces Pachar Huanga Lady Gisella y Rigchac Betún Manuel, con fecha 15 de
octubre del 2020, autorizan la detención y allanamiento de los domicilios de los sujetos procesados
dentro de sus respectivas jurisdicciones, al amparo de lo que disponen los Arts. 480, 481, 482, 583 y
530 del COIP, por lo tanto se evidencia que las órdenes de detención se encuentran dadas en legal y
debida forma y con auto motivado.
5.3.4 Dentro de las 24 horas conforme lo dispone el art. 532 del COIP se sustancia la audiencia de
Formulación de Cargos, llevada a efecto el 16 de octubre del 2020, a las 17H30, ante el Señor Juez
ahora accionado doctor Rigchac Betún Manuel; el Agente Fiscal, doctor Sixto Minga Sarango, por
considerar que existen elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un presunto delito,
formula cargos contra de los ciudadanos Bereche Sánchez Mario, Cedillo Cuenca Edison Carlos,
Pesantes Guerrero Jorge Stewart y Torres Guerrero Kevin Omar, por el delito que Robo, que tipifica y
sanciona el art. 189 inciso segundo, en calidad de autor directo conforme al art. 42 numeral 1, literal
a), del COIP. Con el inicio de la Instrucción Fiscal, el fiscal solicita las medidas cautelares
establecidas en el art. 522 numeral 6 del COIP, que es la prisión preventiva en contra del procesado; y,
así el juez luego de motivar la decisión acogió el pedido, dictando la prisión preventiva, contra el
señor Torres Guerrero Kevin Omar.
5.3.4 En este punto hay que resaltar que en la audiencia de formulación de cargos antes detallada el
señor Kevin Omar Torres Guerrero, contó con la defensa técnica de un abogado particular, el doctor
Adrián Marcelo Vivanco, quien realizo su defensa y se opuso al pedido de prisión preventiva,
solicitada por la fiscalía; y ante la decisión del Juez de acoger el pedido de prisión preventiva,
interpone el Recurso de Apelación, en la misma audiencia, la cual ya sido resuelta por la Sala de lo
Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en donde por voto de mayor ía ratifican la prisión
preventiva.
5.3.5 En virtud de lo expuesto, esta Sala advierte que el recurso de apelación interpuesto por el señor
Kevin Omar Torres Guerrero, a través de su abogado doctor Miguel Antonio Chumapi, bajo el
fundamento de que su privación de libertad es ilegal y arbitraria, no tiene sustento jurídico, pues la
detención con fines investigativos y la posterior orden de prisión preventiva fueron ordenados por el
juez competente cumpliendo con el proceso respectivo; al momento de la detención con fines
investigativos, dispuesta por la señora Jueza Pachar Huanga Lady Gisella, y el Dr. Rigchac Betún
Manuel, con fecha 15 de octubre del 2020 autorizan la detención y allanamiento de los domicilios de
los sujetos procesados, conforme se señala en el considerando 35 (fojas 164 a 164 vuelta); así como
también en la mencionada sentencia en el considerando 50 (fojas 166) se señala que: “…de las
anotaciones constantes en el parte policial, que se le informó en un lenguaje simple y libre de
tecnicismos los hechos y bases jurídicas, que se trata de un delito de robo, que es detenido por fines
investigativos, por ende su detención es legítima por haberse cumplido con lo establecido en el
artículo 77 numeral 3 y 4 de la Constitución de la República del Ecuador”; y la orden de prisión
preventiva de igual forma fue emitida dentro de la audiencia de formulación de cargos a solicitud del
Fiscal por parte del doctor Rigchac Betún Manuel, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con
sede en el cantón Arenillas de El Oro, en virtud de que la defensa técnica del procesado Kevin Omar
Torres Guerrero en esa audiencia no justificó debidamente tipos de arraigo social, familiar, m ás que
todo laboral, razón por la cual se dictó la prisión preventiva.
5.3.6 La conclusión a la que llega el Tribunal de instancia es correcta y motivada al señalar en el
considerando 52 lo que se ha reproducido en el apartado 4.3 de este sentencia, en cuanto a su
detención, la formulación de cargos, la defensa técnica con que contó el detenido, la apelación y su
resolución, y el cumplimiento de todos los requisitos procesales.
5.3.7 Sobre el otro presupuesto por el que cabría el hábeas corpus; esto es, si es que la libertad fuese
necesaria a fin de proteger la vida o integridad física de quien se encuentra privado de la misma, no se
presentado argumentación alguna en el proceso de que estuviera en peligro la vida o integridad física
del ciudadano Kevin Omar Torres Guerrero.
6. DECISIÓN
6.1 En mérito de las consideraciones expuestas, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario
de la Corte Nacional, Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por
autoridad de la Constitución y las leyes de la República, rechaza el recurso de apelación
interpuesto por el señor Kevin Omar Torres Guerrero a través de su abogado doctor Miguel Antonio
Chumapi.
6.2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 numeral 5 de la Constituci ón de la República, una
vez ejecutoriada esta resolución, remítase copia certificada de la misma a la Corte Constitucional para
el desarrollo de su jurisprudencia.
6.3 Comuníquese, notifíquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen.
6.4 Actúe la doctora Ligia Marisol Mediavilla en calidad de Secretaria encargada, mediante acción de
personal No. 02-UATH-2021-OQ emitida por la Unidad Administrativa y Talento Humano de la
Corte Nacional de Justicia.
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)