Resolución Nº 224-2020 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 29 de Septiembre de 2020

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
Fecha de publicación29 Set 2020
Fecha de sentencia29 Set 2020
Número de expediente1010-2009
Número de resolución224-2020
PonenteDURANGO VELA GUSTAVO ADOLFO
Juicio No. 09503-2009-1010
JUEZ PONENTE: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO. Quito, martes 29 de septiembre del 2020, las 14h42. VISTOS: El Econ. Juan Miguel
Avilés Murillo, en calidad de Director Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas, interpone recurso de
casación en contra de la sentencia dictada el 27 de febrero de 2018, a las 12h27, por el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, dentro
del juicio de impugnación No. 09503-2009-1010, propuesto por los ingenieros Luis Domínguez
Ordóñez y Carlos Duchicela Santa Cruz, en sus calidades de Gerentes y como tales representantes
legales de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., en contra de las
Resoluciones Nos. 109012008RDEV003625 y 109012008RDEV003449, de 8 de abril de 2008,
emitidas por el Director del Servicio de Rentas Internas Regional Litoral Sur, correspondientes a la
devolución parcial del IVA exportadores de los meses de septiembre y octubre de 2007.
PRIMERO: COMPETENCIA.- La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el presente recurso de casación en
conformidad con los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República, 174, 185 numeral 1 y
201 numeral 1, del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de Casación, en
concordancia con la disposiciones transitoria primera y reformatoria segunda del Código Orgánico
General de Procesos.
SEGUNDO: INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL JUZGADOR.- Mediante sorteo de la causa,
realizado el 14 de agosto de 2020, a las 11h45, se radica la competencia en la Sala integrada por el
doctor Gustavo Adolfo Durango Vela, Juez Nacional (E) (Ponente), Doctor Cohn Zurita Fernando
Antonio, Juez Nacional (E), José Dionicio Suing Nagua, Juez Nacional. De la acción de personal No.
302-UATH -2020-OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la Unidad Administrativa y
Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con la Resolución No. 065-2020
de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se legaliza el reintegro del
Dr. Gustavo Durango Vela en calidad de Conjuez Nacional. Mediante Oficio 635-SG-CNJ de 1 de
julio de 2020 la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia llama al Dr. Gustavo Durango a asumir el
despacho de la ex Magistrada doctora Mónica Heredia Proaño (quien reemplazaba a la doctora Ana
María Crespo), avalado por la acción de personal Nro. 317-UATH-2020-OQ de la misma fecha.
133006858-DFE
Firmado por
GUSTAVO
ADOLFO
DURANGO VELA
C=EC
L=QUITO
CI
1703594588
Firmado por
JOSE DIONICIO
SUING NAGUA
C=EC
L=QUITO
CI
1706860440
Firmado por
FERNANDO
ANTONIO COHN
ZURITA
C=EC
L=GUAYAQUIL
CI
0911069714
Igualmente, mediante acción de personal No. 301-UATH -2020-OQ de 22 de junio del 2020 suscrita
por la Jefe de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en
concordancia con la Resolución No. 065-2020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del
Consejo de la Judicatura, se legaliza el reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez
Nacional y por Resolución No. 08-2020 de 8 de julio de 2020, el Pleno de la Corte Nacional de
Justicia integra al doctor José Suing Nagua y al doctor Gustavo Durango a la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO.- Mediante escrito de fs. 937 a 940 de los autos
del 20 de marzo de 2018, el Director Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas, presenta el recurso
extraordinario de casación; el cual es calificado de oportuno, que cumple con los requisitos de ley y se
dispone subir el proceso al Superior mediante auto del 27 de marzo de 2018, a las 16h39; en virtud de
lo señalado en el artículo 8 de la Ley de Casación, remite el proceso a esta Corte Nacional de Justicia.
CUARTO: ERROR ALEGADO Y ADMITIDO.- Mediante auto de 13 de febrero de 2020, a las
08h33, dictado por el doctor Paul Alejandro Rengel Maldonado, Conjuez Nacional de la Corte
Nacional de Justicia, se admite el recurso de casación interpuesto por el Servicio de Rentas Internas,
en lo relacionado a la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, esto es,La falta de
motivación en la que incurre la Sala corresponde específicamente a no enunciar las razones por las
cuales los gastos que fueron rechazados por la Administraci ón Tributaria, a criterio de la Sala, si
corresponderían a gastos cuyo IVA es susceptible de ser devuelto.” Razón por la que pide casar la
sentencia.
QUINTO: VALIDEZ PROCESAL.- De la revisión del proceso no se observa ninguna circunstancia
que pueda afectar su validez procesal y tampoco existe nulidad alguna que declarar, por lo que se
declara la plena validez del mismo. En providencia de 23 de septiembre de 2020, a las 14h34, la Sala
solicitó pasen los autos en relación para dictar sentencia.
SEXTO: ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.- El recurso de casación se
fundamenta en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, que establece:
5ta. Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su
parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles”.
Este cargo se refiere a la transgresión de normas relacionadas con la estructura, contenido y forma de
la sentencia o auto, la que se configuraría de dos formas: 1) Por defectos en la estructura del fallo que
se dan por la falta de requisitos exigidos por la ley para la sentencia o auto, entre los que se cuenta, la
debida motivación vicio cuyo efecto es la nulidad; y 2) Por incongruencia en la parte dispositiva del
fallo, en cuanto se adoptan resoluciones contradictorias o incompatibles.
SÉPTIMO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR EL VICIO SEÑALADO.- El Servicio
de Rentas Internas, en el escrito de casación impugna la sentencia del Tribunal Distrital de Guayaquil,
pues según él, no se detallan los motivos por los cuales ciertos comprobantes de venta que no fueron
considerados por la Administración para la devolución del IVA con sustento en normas jurídicas
expresas, fueron aceptados en la sentencia, lo que deviene en evidente falta de motivación; que la
supuesta falta de motivación del acto administrativo impugnado en la acción contenciosa, no es
suficiente para considerar válida la pretensión del actor y no le exime a la Sala de su obligación de
motivar su decisión, pues debe explicar el fundamento y el derecho del actor a que se le devuelva el
IVA exportador; que la falta de motivación se da al no enunciar las razones por las cuales los gastos
rechazados por la administración tributaria, a criterio de la Sala, sí corresponderían a gastos cuyo IVA
es susceptible de ser devuelto; que no se hace un recuento de los hechos, ni un análisis de las pruebas
para contrastarlos con la normativa aplicable, para motivar su resoluci ón y por la única razón que la
Sala concede la devolución del IVA no es porque REYBANPAC haya probado la procedencia de su
pretensión, sino porque el acto administrativo adolece de motivación, obviando los requisitos
previstos en los artículos 72 y 57 de la Ley de Régimen Tributario Interno, es decir sin hacer
referencia a que dichos gastos correspondan o no a costos de producción; que no puede interpretarse la
nulidad de un acto administrativo como aceptación tácita de la pretensión del contribuyente, pues aún
sí fuese cierto que el acto impugnado carecía de motivación, su consecuencia debió ser la nulidad y,
por tanto, no produciría efecto alguno; es decir, el Juez de instancia deja sin efecto el acto, pero no
explica el por qué la solicitud de devolución es procedente. En definitiva considera el recurrente que
la sentencia establece criterios y resuelve cuestiones sin justificar y armonizar el derecho con los
hechos suscitados, incurriendo en la falta de motivación y trae a colación fallos de la Corte
Constitucional (Sentencia No. 009-10-SEP-C), y solicita se case la sentencia pues no se encuentra
motivada.
OCTAVO: CONTESTACIÓN AL RECURSO.- La sociedad REYBANPAC, REY BANANO DEL
PACÍFICO C.A., dentro de término concedido al efecto, procede a dar contestación al recurso de
casación interpuesto por la autoridad tributaria demandada; sostiene que la sentencia recurrida tiene
abundante justificación tanto fáctica como jurídica, con amplia jurisprudencia y doctrina que soporta
la decisión adoptada; que al realizar el control de legalidad de los actos impugnados, concluye que
carecen de motivación y por tanto se las declara ilegítimas, con lo cual el operador de justicia realizó
debidamente su labor de motivación para soportar su decisión; que la sentencia no declara a los actos
administrativos nulos, sino que los declara ilegítimos por contravenir la normativa vigente a la época;
que el operador de justicia sí analizó respecto a si el contribuyente tenía o no derecho a la devolución
de los valores pagados por concepto de IVA, para otorgar su devolución al contribuyente. El SRI,
continúa el representante de la empresa actora, no compareció a la diligencia de exhibición de
documentos, por lo que no presentó justificación para que el perito pueda realizar el informe contable,
lo que afectó a que la administración pueda comprobar su postura dentro del presente proceso; que se
evidencia que el Tribunal, sí realizó una labor de análisis con los aportes probatorios que reposaban en
el proceso, por lo que no hay fundamento alguno por parte del SRI para alegar lo contrario y proponer
el recurso.
NOVENO: CONSIDERACIONES DE LA SALA DE CASACIÓN AL AMPARO DE LA
CAUSAL QUINTA DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE CASACIÓN.
9.1 Corresponde a esta Sala de Casación resolver sobre la falta de motivación de la sentencia alegada
por el recurrente y admitida por el Conjuez, lo cual de ser cierto, tiene el efecto de producir su
nulidad, al tenor de lo ordenado en la normativa relativa a al planteamiento del problema jurídico, y en
base al auto de admisión del recurso, se debe observar lo que establece la Constitución de la
República, respecto a la falta de motivación, así:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:
“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías
básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
(…) l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá
motivación sin en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se
funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los
actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados
se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.
9.2 Alcance doctrinario del error al amparo de la causal quinta.- En lo que atañe a la falta de
motivación, para la autora Gladis E. de Midón, en su obra “La Casación Control del Juicio de Hecho”,
Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires -Argentina, 2001, p. 20, respecto a la motivación
manifiesta que:
Para alcanzar sus fines garantistas es inevitable que la motivación sea autosuficiente, en
el sentido de abastecerse, expresando no sólo las conclusiones decisivas sino,
fundamentalmente, las razones en que tales conclusiones se basan. No basta pues, como
bien dice Carrió, que la sentencia tenga fundamentos, porque es preciso que éstos estén a
su vez fundados. Sin esa básica motivación no es posible hablar en lenguaje constitucional
de sentencia, pues huérfana de razonados fundamentos no hay nada, añadirá Morello, que
en un acto de voluntad inepto de por si para constituirse en fuente jurígena de derechos”.
Por su parte el Dr. Santiago Andrade Ubidia, en la obra “La Casación Civil en el Ecuador”,
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2005, p. 138, sostiene que:
La motivación de la sentencia constituye un elemento intelectual, de contenido crítico,
valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho
que el juez apoya su decisión. Su exigencia es una garantía de justicia a la cual se le ha
reconocido jerarquía constitucional, como derivación del principio de inviolabilidad de la
defensa en juicio. Por la motivación, además se asegura la publicidad de la conducta de
los jueces y el control popular sobre el desempeño de sus funciones, esencial en un
régimen republicano. Por ella también podrán los interesados conocer las razones que
justifican el fallo y decidir su aceptación o impugnación”.
Para Oswaldo Alfredo Gozaini, en su obra “El Derecho Procesal Constitucional, El Debido Proceso”,
Rubinzal - Culzoni Editores, Buenos Aires-Argentina, 2004, p. 428; la motivación, que no es otra cosa
que:
…la progresividad del derecho de las partes y la obligación constitucional de los jueces
de motivar los fallos, plantea la naturaleza que tiene este deber fundamental. No se trata
de contabilizar una simple fundamentación que puede resultar suficiente con la aplicación
mecánica de la ley, sino de analizar si dicha exigencia radica en una necesidad pol ítica
propia de la justificación de los actos de un poder del Estado, o significa establecer una
garantía constitucional que forma parte de un conjunto de mayor contenido en el principio
del debido proceso”.
Es claro entonces, que la motivación es uno de los requisitos esenciales que deben cumplir las
decisiones de las funciones públicas, ya sea en el ámbito administrativo o judicial. Motivar es explicar
la manera en que las normas jurídicas son aplicables a los hechos controvertidos y definidos en la litis
del proceso, luego de que éstos han sido verificados en base a las pruebas debida y legalmente
actuadas.
9.3 En relación al recurso planteado por la administración tributaria se debe analizar si la sentencia
objetada, está o no debidamente motivada, y para ello nos permitimos resaltar los siguientes puntos
extraídos de la misma:
9.3.1 La Sala de instancia, en el considerando Sexto con sustento en los art ículos 76 numeral 7 literal
l) de la Constitución, 273 del Código Tributario y 72 y 51 de la Ley de Régimen Tributario Interno,
afirma que: “…resulta claro que el beneficio del contribuyente Reybanpac, no solo se encamina a que
le sea devuelto el IVA pagado en la producción del bien a exportarse sino también el IVA que ha sido
pagado en todos los costos necesarios para la exportación de dicho bien”; más adelante en el numeral
6.2 sostiene que respecto a la devolución parcial del IVA por parte de la administración tributaria es
...debido a diversos motivos, que han sido desvanecidos por la presencia de documentos que se han
anexado a los cuadernos procesales como pruebas presentadas por la parte actora, y que luego han
sido confirmadas por el informe pericial…”, concluyendo en este sentido que: “…dentro del informe
presentado por el perito se encuentra una abundante documentación debidamente certificada por el
Contador de la compañía Reybanpac Rey Banano del Pacífico C.A., con lo cual justifica y
fundamenta su informe”; al realizar el control de legalidad de los actos impugnados (numeral 6.3),
señala que respecto a los comprobantes de venta, cuya devolución de IVA exportador no fue aceptada
por la administración tributaria, se consideran únicamente tres grupos de valores, pues las dos
resoluciones impugnadas señalan los mismos motivos para negar tal devolución y pasa a analizar cada
grupo: 1) respecto de los “COMPROBANTES DE COMPRAS CON IVA NO CONSIDERADOS EN LA
LIQUIDACIÓN”, señala que “…la Administración Tributaria si bien enumera, indica el RUC del
Proveedor, la Razón Social, la secuencia, la información B.I. Gravada e iniciales del motivo, en los
correspondientes ítems no establece la correspondiente información de los motivos por los cuales los
rechaza”, (subrayado corresponde a esta Sala), lo que configura el incumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 24.13 de la Constitución de 1998 vigente a esa fecha y 81 y 103.5 del Código Tributario,
relativos a la motivación de los actos administrativos y como argumento adicional trae a colación el
fallo de la Sala Especializada de lo Tributario de la Corte Nacional de Justicia emitido en el recurso de
casación N° 251-2012 sobre el mismo punto y transcribe: “…no especifica las razones ni
fundamentos normativos por las que los comprobantes de ventas no son considerados en la
liquidación… y que al no haber sido señalados de manera expresa en el acto administrativo
impugnado …carece de motivación”; por lo cual concluye que se acepta la justificaci ón del
contribuyente para la devolución de este concepto; 2) respecto a los “DOCUMENTOS DE
EXPORTACION, RECHAZADO”, señala que el motivo del rechazo, es que “…”4E” Documento de
exportación mal informado en Anexo o Ficha Técnica, el Tribunal visto que la Administración
Tributaria no ha cuestionado su validez, como en efecto así se lo confirma…”, y con sustento en la
misma sentencia (251-2012) de la Corte Nacional entiende que, esta escueta manera de justificar el
rechazo (mal informado en anexo) no es motivarlo pues la administración no cuestiona su validez por
lo que acepta la petición del demandante de que se le reconozca estos comprobantes; y, 3) en relación
a los “COMPROBANTES DE COMPRAS CON IVA, RECHAZADOS ”, sostiene que “…la
Administración Tributaria si bien enumera los comprobantes, determina el RUC, indica la Razón
Social, señala el número del comprobante, la información B.I. Gravada, IVA e Iniciales del Motivo,
no establece la fundamentación correspondiente referente a la información de los motivos por los
cuales los rechaza…”, por lo que la Sala juzgadora concluye en que las resoluciones impugnadas
incumplen con lo dispuesto en los artículos 24.13 de la Constitución vigente a esa fecha y 81 y 103.5
del Código Tributario referentes a la motivación. No se detiene ahí la sentencia, puesto que, para
reforzar su decisión, trae a colación al artículo 148.9 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de
Régimen Tributario Interno, que se refiere a que en caso de deficiencias en las facturas se aceptar á
como justificativo del crédito tributario el original o copias simples de los comprobantes de retención
del impuesto al valor agregado que acrediten fehacientemente el pago del impuesto, sobre lo que el
informe pericial señala: “…todas las facturas que conforman el crédito tributario, pertenecen a costos
y gastos que se incurren en las haciendas y en las oficinas administrativas para producir el banano a
exportarse, mientras que otra parte de los costos y gastos pertenecen a la comercialización, es decir
poner a la venta dicho producto…”; y concluye en que los comprobantes de venta no considerados, al
estar debidamente justificados procede que se le devuelva al accionante el monto reclamado.
9.3.2 El Tribunal de instancia, en el considerando OCTAVO se pronuncia expresamente sobre el tema
conceptual de la motivación, estableciendo en este sentido que:la motivación no puede estimarse
cumplida con la simple transcripción de normas legales o con la mera explicación de por qué se
adopta tal o cual decisión, sino debe ir precedida de una exposición de los argumentos jurídicos en
los que se funda, justificando las razones por las que el hecho concreto que se juzga, se subsume en la
norma en la que se sustenta la decisión, de tal manera que el interesado esté en condiciones de
conocer las razones decisivas o el fundamento de las resoluciones que le afectan”. Se refiere luego a
fallos de la Corte Constitucional (Nos. 063-14-SEP-CC y 136-14-SEP-CC) sobre la motivación
vinculada a la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad, señala en el numeral 8.1 que: “…la
Administración Tributaria al no establecer en las resoluciones impugnadas los elementales conceptos
expuestos que debió exponerlos para fundamentar sus decisiones, lo cual no ha ocurrido, ya que
inclusive acepta todas las recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado, es decir que admite la
existencia del hecho económico que es el sustento de la administración tributaria, que efectuó la
parte accionada, violentando los principios contables y sin considerar lo señalado en la
jurisprudencia dictaminada por la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional ”; síntesis que
realiza la Sala de instancia referente a la motivación de los actos administrativos impugnados, sustento
con el cual declara con lugar la demanda de impugnación.
9.4 En cuanto al fondo del asunto, esto es, si la sentencia incurre en falta de motivación, pues a
criterio del casacionista, el declarar la falta de motivación de los actos impugnados no es suficiente
para considerar válida la pretensión del actor, sin analizar las razones para ello, esta Sala de Casación
observa que en el considerando Octavo de la sentencia (que es el que considera el recurrente carece de
motivación) no se resuelven las pretensiones del actor, sino que se realiza un colofón en torno al tema
de la motivación, según lo analizamos en el ítem 9.3.2. ya que sobre el fondo del litigio se resuelve a
través de un análisis extenso en el considerando SEXTO, error que puede ser obviado no as í las
circunstancias de falta de acuciosidad por parte del SRI en la defensa de los intereses
gubernamentales, al no presentarse en la exhibición documental, como parte del proceso de valoración
probatoria, con lo cual dejó que sólo se presentara el informe del perito de la parte actora, que fue
elemento esencial en la decisión de la Sala, según aparece en la motivación de la sentencia. El
Tribunal A quo señala en su fallo (considerando sexto) la normativa que genera el derecho a la
devolución del IVA al exportador de productos nacionales, partiendo del principio universal de que no
cabe exportar tributos contemplado en los artículos 72 y 51 de la Ley de Régimen Tributario Interno y
148 de su Reglamento de Aplicación; a continuación y en relación a la validez o no de los actos
administrativos impugnados por la empresa actora, la Sala juzgadora establece que era obligaci ón de
la Administración tributaria precisar con claridad los motivos específicos por los cuales se rechazan
los comprobantes de venta presentados para que le sea devuelto el IVA, lo cual se ha incumplido,
contrariando flagrantemente los artículos 81 y 103.5 del Código Tributario y el 24.13 de la
Constitución Política de 1998 y provocado su invalidez pues es obligación de toda autoridad
gubernamental incluida la tributaria el motivar adecuadamente sus resoluciones, pero el Tribunal A
quo no se queda sólo en esa declaración, como erróneamente mantiene el recurrente, pues
efectivamente, realiza el control de legalidad de tales actos y es allí donde reconoce como válida la
documentación aportada por la empresa exportadora y avalada por el perito único en su informe, con
lo que se ha probado que sus comprobantes de venta como facturas o retenciones reúnen los requisitos
reglamentarios necesarios para que le sea devuelto el IVA exportadores pero negados en las
resoluciones impugnadas. Queda claro entonces que, no se ha aceptado la demanda de impugnación
exclusivamente por la falta de motivación de las resoluciones impugnadas, como sostiene el
recurrente. En todo caso, si el recurrente pretendía alegar que la Sala de instancia no realiza un
pronunciamiento sobre la validez o no de los comprobantes de venta que sustentan el derecho del
exportador, prueba constante en autos aceptadas y valoradas en el proceso judicial, debi ó denunciar el
vicio de infringir el precepto jurídico de valoración probatoria al amparo de la causal tercera del
artículo 3 de la Ley de Casación; tampoco procede recurrir a través de la causal quinta invocada por
falta de motivación, el incumplimiento del “…requisito fundamentalísimo previsto en los artículos 72
y 75 de la Ley de Régimen Tributario Interno, siendo esto, el confirmar si los gastos en los cuales ha
incurrido el exportador corresponden a bienes que se exporten,…” que de ser cierto el vicio invocado,
estaría encasillado en la falta de aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación de normas de
derecho, error in iudicando que está reservado a la causal primera del artículo 3 de la Ley de
Casación. Estos yerros en la interposición del recurso de casación, dada la naturaleza formalista y
extraordinaria del mismo, no pueden ser subsanados por este Tribunal especializado. En conclusión, el
cargo de falta de motivación alegado por el recurrente, a más de carecer de una fundamentación
coherente, que observe la técnica casacional necesaria, pero en ningún momento se señala de manera
adecuada cómo es que el Tribunal de instancia incurre en este vicio, tanto más cuando el recurrente
únicamente se remite a un extracto del fallo (considerando octavo), sin tomar en cuenta su parte
motiva y esencial (considerando sexto), con lo cual, contrario al criterio del recurrente queda en
evidencia que la sentencia recurrida se encuentra motivada.
DÉCIMO: DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN.- Como consecuencia de las
consideraciones hechas y de la propia lectura de la sentencia recurrida, se concluye que ésta cumple
con todos los requisitos formales exigidos por la ley, esto es, la obligación de motivar sus
resoluciones, pues contiene la relación circunstanciada entre los hechos apreciados, evaluados y
admitidos por la Sala juzgadora y la subsunción de éstos a las normas de derecho que a su criterio
debieron ser aplicadas en el caso concreto, y sólo después de este análisis llega a una conclusión. Parte
de la evidente falta de motivación de los actos administrativos impugnados emitidos dentro de proceso
de petición de devolución del IVA exportadores, y realiza el control de legalidad de los mismos, lo
que le permitió establecer que los comprobantes de venta, cuya devolución de IVA se pretendía, si
sustentaban el proceso productivo de los bienes exportados por el contribuyente, cumpliendo los
requisitos establecido en la norma (art. 72 LRTI) para acogerse al beneficio. En definitiva, no porque
el razonamiento jurídico del Tribunal a quo sea contrario a los intereses de la Administración
Tributaria, significa que en ésta exista “falta de motivación”.
DÉCIMO PRIMERO: SENTENCIA.-
11.1 Por los fundamentos expuestos, al tenor del artículo 273 del Código Orgánico General de
Procesos, la Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de lo Contencioso Tributario,
Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la
Constitución y las leyes de la República, RESUELVE NO CASAR la sentencia dictada el 27 de
febrero de 2018, a las 12h27, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el
cantón Guayaquil, provincia del Guayas.
12.2 Sin costas.
12.3 Comuníquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen.
Actúe como Secretaria Relatora dentro de este proceso, la doctora Ligia Marisol Mediavilla en virtud
de la Acción de Personal No. 117-UATH-2020-OQ, de 28 de enero de 2020.
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E)