Resolución Nº 225-2020 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 2 de Octubre de 2020

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
Fecha de publicación02 Oct 2020
Fecha de sentencia02 Oct 2020
Número de expediente00103-2020
Número de resolución225-2020
PonenteDURANGO VELA GUSTAVO ADOLFO
Juicio No. 09113-2020-00103
JUEZ PONENTE: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO. Quito, viernes 2 de octubre del 2020, las 12h41.
ASUNTO
Resolución en sede de apelación de la acción constitucional de hábeas corpus, interpuesta por
el abogado Erwin Mayorga Angos, a favor de la señora Rita Lastenia Barros Marcillo, en
contra de la sentencia constitucional expedida el 18 de septiembre de 2020, a las 16h26, por
la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas,
dentro de la acción constitucional de hábeas corpus No. 09113-2020-00103.
1. ANTECEDENTE
El 15 de septiembre de 2020, después de haberse dictado sentencia en la audiencia
constitucional prevista en el Art. 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, el abogado de la actora a nombre de su defendida apela oralmente de
la decisión emitida por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas, convertida en Tribunal Constitucional, y reducida a escrito el 18 de
septiembre de 2020, a las 16h26, en que se lee:
…negar la acción de hábeas corpus intentada por la ciudadana Rita Lastenia
Barros Marcillo, por improcedente…
2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
convertida en Tribunal Constitucional, de conformidad con las sentencias Nos. 001-010-PJO-
CC y 031-09-SEP-CC emitidas por la Corte Constitucional e integrada por los doctores José
Dionicio Suing Nagua, en calidad de Juez Nacional, Fernando Antonio Cohn Zurita, en
calidad de Juez Nacional (E); y, Gustavo Adolfo Durango Vela, en calidad de Juez Nacional
(E) (ponente); conocen el presente recurso de apelación en virtud de los oficios No. 635-
133311669-DFE
Firmado por
GUSTAVO
ADOLFO
DURANGO VELA
C=EC
L=QUITO
CI
1703594588
Firmado por
JOSE DIONICIO
SUING NAGUA
C=EC
L=QUITO
CI
1706860440
Firmado por
FERNANDO
ANTONIO COHN
ZURITA
C=EC
L=GUAYAQUIL
CI
0911069714
SG.CNJ de fecha 1 de julio de 2020, Nro. 2363-SG-CNJ-ROG, de fecha 3 de diciembre de
2019 ambos suscritos por la doctora Paulina Aguirre Suárez, Presidenta de la Corte Nacional
de Justicia; y la acción de personal No. 301-UATH-2020-OQ, de fecha 22 de junio del 2020,
la Resolución No. 065-2020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la
Judicatura, que legaliza el reintegro de los doctores José Suing Nagua en calidad de Juez
Nacional y Gustavo Durango Vela como Conjuez, además de la Resolución No. 08-2020 de 8
de julio de 2020 en la que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al doctor José
Suing Nagua y al doctor Gustavo Durango a la Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario.-
Este Tribunal Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre la apelación
del hábeas corpus, en virtud de lo establecido en los arts. 184, número 1 de la Constitución de
la República, 185, apartado segundo, número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial;
169 número 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y
por la Resolución de 19 de marzo de 2009 de la Corte Nacional de Justicia, publicada en el
Registro Oficial No. 565 de 7 de abril del mismo año.
3. VALIDEZ PROCESAL
El Tribunal Constitucional de instancia admite la apelación en providencia de 23 de
septiembre de 2020, a las 11h00, y no se observa del proceso ninguna circunstancia o causa
que pueda afectar su validez; por consiguiente, no existe nulidad que declarar.
4. PLANTEAMIENTO JURÍDICO DE LA APELACIÓN
Escuchada la grabación de la audiencia constitucional de habeas corpus, aparece que, una vez
dictada la sentencia por el Tribunal Constitucional de instancia, el abogado Erwin Mayorga
Angos, a nombre de la señora Rita Lastenia Barros Marcillo, con fundamento en el Art. 24 de
la Ley de Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, apela la decisión
emitida en forma verbal, y pese a que debió fundamentar su recurso una vez que se le notificó
la sentencia por escrito, el referido profesional no lo ha hecho, como consecuencia, se
revisará el fallo en base a su texto y documentos anexos, específicamente en lo que tiene
relación: 1) A errores evidentes de hecho o de derecho incurridos en la sentencia, y 2) Que en
su motivación no se haya violentando norma expresa y que sean de tal magnitud que amerite
la declaratoria de nulidad de la sentencia recurrida.
5. CONSIDERACIÓN Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE
INSTANCIA
La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas
actuando como Tribunal Constitucional, respecto de la acción constitucional de hábeas corpus
propuesta por Rita Barros Marcillo, en el considerando Quinto en el que motiva su decisión,
expone: “5.2.a. De la revisión de la documentación constante en la acción de hábeas corpus,
y del expediente judicial signado con el Nº 09281-2020-03290 se tiene que la accionante
guarda privación de libertad por boleta de encarcelamiento Nro. 09281-2020-002819 del 30-
ago-2020 firmada electrónicamente por el juez Ab. Marco Eduardo Guerra Guerrero;
autoridad judicial que posterior a la audiencia de formulación de cargos con la cual se dio
inició a la respectiva etapa de instrucción fiscal por el delito contenido en el Art. 220.1.c del
COIP, y en virtud de la petición de prisión preventiva formulada por el fiscal Ab. Javier
Pucha Paguay a cargo de la investigación de flagrancia, el juez a-quo, emitió la boleta
constitucional de encarcelación girada en contra de la accionante, al considerarlo la fiscalía
como posible sospechoso o participe de un acto ilícito, siendo que dicha boleta reúne los
presupuestos constitucionales y legales preceptuados en el Art. 77 de la CRE y normativa
legal del Código que rige la materia, ha sido emitida por orden de autoridad competente, en
ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, esto es, el Ab. Marco Eduardo Guerra Guerrero
en su calidad de Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos
flagrantes del cantón Guayaquil. b. De la revisión de la documentación que obra en el
expediente de acto urgente Nro. 09281-2020-00591G, se advierte que la Fiscal Ab. Maribel
Figueroa Dutasaca, perteneciente a la Unidad de delitos flagrantes, solicito mediante oficio
S/N-FGE-FPG-UNIDOT-1 el 29-ago-2020 al Juez de la Unidad Judicial Penal con
competencia en delitos flagrantes de Guayaquil en base del acto urgente fiscal Nro. 540-
DAI-JIAZ-8-2020 orden de allanamiento al inmueble ubicado en Guayas, Guayaquil,
Pascuales, Bastión popular norte, bloque 10, Mz. 1217 inmueble de las siguientes
características: de construcción de hormigón armado cubierta con techo de zinc de color
melón y la otra parte baja con baldosa la misma que posee un cerramiento mitad de
hormigón y la otra mitad de rejas metálicas de color blanco con una puerta de rejas
metálicas de ingreso peatonal, donde conduce a un pequeño patio donde existe una puerta
peatonal metálica de color blanco con contrapuerta metálica de color blanco y una ventana
con protección metálica de color blanco, singularización que obedece a tareas investigativas
realizadas por los agentes investigadores antinarcóticos: Cbos. Jonathan Marcial Ronquillo
Cortez, Jorge Antonio Terán Cambindo, y, Nelson Marcelo Chauca Condo según su
requerimiento que obra del parte 2020082808493854102. Tal allanamiento fue autorizado
mediante auto del 29-ago-2020, las 15h29, por la jueza Ab. Ruth L. Ronquillo Alvarado. c.
Las pruebas actuadas de oficio según lo señalado en el Art. 16 de la LOGJCC, deviene lo
siguiente: La comisión integrada por los jueces M. Ulises Torres Soto y Daniel O. Rodríguez
Romero para realizar una visita al lugar donde se encuentra el domicilio allanado encontró
lo siguiente: que la numeración de la manzana en la que habita la señora Rita Lastenia
Barros Marcillo es la 1213, y no la 1217. Nos asistió el agente policial Cbop. Morocho quien
conforme el mapa digital que portaba, acredito lo señalado. Pasamos en consecuencia a
verificar que en cuanto a lo señalado a ubicación: Guayas, Guayaquil, Pascuales, Bastión
popular norte, bloque 10 estábamos en lo correcto. En cuanto a la descripción del inmueble
constatamos que el mismo guardaba todas las características descritas tanto en el parte
policial, en la solicitud de allanamiento, y en la orden de allanamiento. De tal forma que, no
hay error en cuanto a la singularización del inmueble que se pretendía allanar. 5.3. La CRE
señala en el Art. 66. reconoce y garantizará a las personas… 22. El derecho a la
inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el domicilio de una persona, ni realizar
inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los
casos y forma que establezca la ley…>>. El COIP en el Art. 481 señala: orden de
allanamiento deberá constar por escrito y señalar los motivos que determinan el registro, las
diligencias por practicar, la dirección o ubicación concreta del lugar o lugares donde se
ejecute el allanamiento y su fecha de expedición. En casos de urgencia, la o el fiscal podrá
solicitar la orden verbalmente o por cualquier medio conveniente, dejando constancia de los
motivos que determinen el allanamiento. De no ser posible la descripción exacta del lugar o
lugares por registrar, la o el fiscal indicará los argumentos para que, a pesar de ello, se
deberá proceder al operativo. En ninguna circunstancia podrá emitirse órdenes de registro y
allanamiento arbitrarios. La o el juzgador podrá autorizar el allanamiento por cualquier
medio, dejando constancia de dicho acto…>>. a. La Comisión como quedó señalado al
momento de acudir al domicilio de la accionante, constato y verifico que: a.1. el bien
inmueble que aparece en la fotografía a Fs. 3vta del cuaderno de actos urgentes; y que la
fotografía a colores que fue entregada por la accionante en audiencia pública de la que
aparece un bien inmueble es el mismo en cuanto a identidad y características. a.2. que la
fotografía policial fue tomada desde la esquina que da al colegio Luis Alfredo Noboa Icaza,
esquina que da a escasos veinte metros de la vivienda de la accionante….” Argumentación o
motivación necesaria ante el argumento de la peticionaria de que La Orden de Allanamiento
fue otorgada para allanar otro domicilio ubicado en la Mz 1217 del Bloque 10 de Bastión
Popular, pero, mi domicilio está ubicado en la Mz. 1213 en el solar 3 del bloque 10B de
Bastión popular, POR LO QUE SE ALLANÓ SIN ORDEN JUDICIAL, Contraviniendo el
numeral 22 del art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador…”. Para resolver este
esencial punto de disputa, se designa a dos de sus jueces para que en comisión informen sobre
el particular, luego de una extensa explicación que incluye la exacta ubicación y de constatar
las características físicas del inmueble cuyo allanamiento fue ordenado por el Juez, y de los
pasos tecnológicos para ubicar la dirección exacta de cualquier punto de la tierra, concluye
que: “…si bien es cierto es otra numeración y que podría pensarse que es otro sitio, mas
resulta que el parte informativo e investigativo facilito las características del bien inmueble
en él se estaría cometiendo un ilícito, el mismo que fue objeto del allanamiento ordenado. De
tal forma que la orden de allanamiento estaba dirigida al bien inmueble del cual se dio santo
y seña. Inferencias que nos conducen a concluir que la detención que sufre la ciudadana
Rita Lastenia Barros Marcillo deviene en legal, autorizada por autoridad competente que
emitió boleta constitucional de encarcelamiento dispuesta en una causa penal signada con el
No. 09281-2020-03290, por el tipo penal de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas
a fiscalización tipificado y sancionado en el Art. 220 numeral 1 literal c) del COIP; en
cuanto a que la detención es arbitraria, al respecto se dice por parte de la doctrina “que en
todo acto o proceder caprichoso contrario a la justicia, a las leyes, inspirado con una
propósito de maldad”, en este caso está en marcha un proceso penal, del resultado de este
finalmente se emitirá el dictamen que la Fiscalía considere y que éste debe ser acogido o
resuelto por el juez garantista. Además, es importante destacar que el Art. 43 de la Ley de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, protege la libertad, la vida, la
integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad,
por autoridad pública o cualquier persona, enumerando los casos que procede esta garantía
jurisdiccional, pero en el caso en cuestión, no se encuentra afectado ninguno de ellos. Por lo
expuesto, este Tribunal Constitucional, considera que la Fiscalía, en la potestad que le
otorga la CRE y el COIP, ha actuado conforme a derecho; así como el juez de garantías
penales que tramita el proceso penal No. 09281-2020-03290, ya que han aplicado normas
constitucionales y legales claras, previas y públicas determinando que la acción de hábeas
corpus no es procedente en vista de que no existe detención ilegal, arbitraria o ilegítima, así
como tampoco se evidencia que se pueda haber vulnerado derechos y garantías
constitucionales, o que se haya demostrado que está en peligro la vida o la integridad física
del privado de la libertad, presupuestos indispensables para que prospere la presente acción
de garantía constitucional. La medida cautelar dictada en contra del accionante, cumple las
directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha expresado que el
Estado tiene la obligación de no restringir la libertad más allá de los límites “estrictamente
necesarios” y en sede penal tiene un carácter cautelar…”.
6. CONSIDERACIONES DE ESTA SALA DE APELACIÓN
6.1 Luego del sorteo realizado el 28 de septiembre de 2020, a las 12h44, corresponde conocer
de la acción constitucional de habeas corpus por apelación a esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia convertida en Sala Constitucional,
conforme a lo previsto en el art. 89 de la Constitución de la República del Ecuador, en
concordancia con el art. 44 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, apelación propuesta por la señora Rita Lastenia Barros Marcillo, a
través de su abogado, en contra de la sentencia constitucional expedida por escrito el 18 de
septiembre de 2020, a las 16h26, por la Sala Especializada de la Corte Provincial del Guayas,
dentro de la acción constitucional de hábeas corpus No. 209113-2020-00103, para lo cual
considera:
6.2 El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia (art. 1 de la Constitución),
la propia institucionalidad del Estado está concebida para la protección y garantía de los
derechos humanos de todas las personas, referentes al respeto a la vida, a la libertad, al
trabajo, a la salud y otros que deben ser su objetivo primigenio, donde la aplicación e
interpretación de la ley y demás normas infra constitucionales únicamente sea posible en la
medida que se ajusten y no contradigan la Constitución de la República ni la Carta
Internacional de los Derechos Humanos debidamente aprobada por el Estado ecuatoriano. En
este contexto, el Estado es el llamado a cumplir dos objetivos primordiales: i) Salvaguardar y
defender el principio de la supremacía constitucional; y, ii) Proteger los derechos, garantías y
libertades públicas, protección que se hace efectiva, a través de las garantías jurisdiccionales
constitucionales, que llegan a ser un conjunto coherente de mecanismos de defensa de estos
derechos. En el Estado Constitucional los derechos, específicamente el de la libertad personal,
se identifican por presentar una auténtica fuerza o resistencia jurídica frente a la acción de los
poderes públicos.
6.3 En la normativa constitucional ecuatoriana, el hábeas corpus se encuentra contemplado
dentro de las garantías jurisdiccionales, específicamente en el artículo 89 de la Constitución
de la República, Título III, Capítulo III, Sección Tercera; y desarrollado en normativa de
menor jerarquía en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
Título II, Garantías Jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales, Capítulo Cuarto, de los
artículos 43 al 46. Esta garantía constitucional del hábeas corpus, procede únicamente en dos
supuestos: i) Si la privación de libertad fuese ilegal, arbitraria o ilegítima; o, ii) Si es que la
libertad fuese necesaria a fin de proteger la vida o integridad física de quien se encuentra
privado de la misma. Esta privación de libertad puede ser ilegal, cuando es ordenada o
ejecutada en contravención a los mandatos expresos de las normas que componen el
ordenamiento jurídico; arbitraria, cuando es ordenada o mantenida sin otro fundamento que la
propia voluntad o capricho de quien la ordena o ejecuta; o ilegítima, cuando es ordenada o
ejecutada por quien no tiene potestad o competencia para ello. Por lo tanto, la acción de
hábeas corpus no sólo protege aspectos relacionados con la privación ilegal, arbitraria o
ilegítima de la libertad de una persona, sino que también su ámbito de protección se hace
extensivo a aspectos relacionados con los derechos a la vida y a la integridad física de las
personas; evidenciándose de esta manera la existencia de tres derechos que protege la garantía
en cuestión: la libertad personal, el respeto a la vida del detenido y su integridad física1.
6.4 Por su parte, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo
1 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos amparan, entre otros, el derecho a
la libertad. Resulta trascendente de igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos que en su artículo 9 a la letra dice:
“1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de
su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento
establecido en ésta”.
De igual forma, la Convención Interamericana de Derechos Humanos que en el artículo 7
1 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 017-18-SEP-CC, caso No. 0513-16-EP.
numerales 1, 2 y 3 dispone:
Derecho a la Libertad Personal, 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a
la seguridad personales, 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo
por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones
Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, 3. Nadie
puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.
De las normas transcritas se colige que, el derecho constitucional a la libertad es un derecho
ciudadano, universal y personal, derecho que debe ser ejercido de manera exclusiva por quien
se encuentre privado del mismo, a través de la acción de hábeas corpus, tal como lo
establecen los artículos 89 de la Constitución de la República, y 43 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Con base a estos mismos conceptos
básicos, nuestra Corte Constitucional, nos enseña:
“(…) es una garantía constitucional, que se traduce procesalmente en una acción
tutelar de la libertad personal, física corporal o de locomoción (…) el hábeas
corpus es un tipo de amparo pero solo de la libertad ambulatoria o física de la
persona”.
6.5 En el caso concreto, este Tribunal Constitucional advierte, que en el escrito de solicitud
del hábeas corpus la legitimada activa, se funda en que el allanamiento ha sido ordenado que
se haga en un domicilio que no es el suyo y por tanto las pruebas (requisadas en dicho acto)
no son legalmente obtenidas: “…Es decir si a través de medios ilegales se obtienen una
prueba y, a su vez, esta conduce a obtener otras, todas ellas resultan contaminadas por la
ilegalidad de la primera:… NO APLICA POR CUANTO TODO HA SIDO RESULTADO DE
UN ALLANAMIENTO ILEGAL… las pruebas a las que hacen referencia no existían en mi
domicilio, y en la imposible suposición de haber existido no sería posible que se demuestre
que estas estaban a la vista pública….” y en su Petición concreta solicita: “…se declare la
ilegalidad de la orden de prisión preventiva dispuesta por el juez….” de lo que se desprende
que la ciudadana Rita Barros Marcillo denuncia una violación inherente al primer precepto
jurídico protegido por la acción constitucional de hábeas corpus, esto es, que su detención ha
sido ilegal, arbitraria o ilegítima de conformidad con el art. 89 de la Constitución de la
República, que dice: “La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de
quién se encuentre privado de ella en forma arbitraria, ilegal e ilegítima, por orden de
autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de
las personas privadas de la libertad (…)”.
En base en lo expuesto, este Tribunal Constitucional procede a verificar el cumplimiento de
los elementos contenidos en el art. 45 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, es decir, si la orden de prisión preventiva
formulada en contra de Rita Lastenia Barros Marcillo ha sido emitida de forma arbitraria,
ilegal o ilegítima. Existe ilegitimidad cuando no es conforme con la Ley; existe ilegalidad
cuando la misma es contraria o prohibida por la Ley y existe arbitrariedad: a) cuando es
evidentemente imposible invocar base legal alguna que justifique la privación de la libertad,
como el mantenimiento de una persona en detención tras haber cumplido la pena o a pesar
de una ley de amnistía que le sea aplicable (categoría I); b) cuando la privación de libertad
resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19,
20 y 21 de la Declaración de Derechos Humanos y además, respecto de los Estados Partes,
en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (categoría II); c) cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas
internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados
por los Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad
carácter arbitrario (categoría III)”, criterio esgrimido por el Grupo de Trabajo sobre
detenciones arbitrarias, creado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas, sobre las categorías de detenciones arbitrarias. Bajo estos
parámetros es necesario revisar si en el caso de la señora Rita Barros Marcillo, se ha
incumplido cualquiera de las tres causas que contempla el artículo en mención:
1. Si es ilegal, cuando la orden de privación de libertad sea contraria a la ley.- En primer
término y para verificar la legalidad de una detención, es deber del juzgador y agentes
policiales que cumplen la orden, identificar plenamente al presunto autor o partícipe de un
delito, precisando su nombre completo, si es posible su número de cédula para
individualizarla como única y distinta de otra en función de sus características particulares.
En este sentido, se tiene que la orden de detención constante en el expediente constitucional y
en el judicial N° 09281-2020-03290 aparece que la Boleta de Encarcelamiento N° 09281-
2020-002819 emitida en contra de la señora Rita Lastenia Barros Marcillo (C.C. #
0941750549) por el Abg. Marco Guerra Guerrero, Juez de la Unidad Judicial de Garantías
Penales del cantón Guayaquil, por el delito tipificado en el Art. 220.1 del Código Orgánico
Integral Penal y a pedido de por el Fiscal Abg. Javier Pucha. Luego de este recuento de los
hechos, la Sala Constitucional de instancia concluye que dicha boleta de encarcelamiento
reúne los presupuestos constitucionales y legales preceptuados en el Art. 77 de la
Constitución de la República y la normativa legal que rige la materia, pues ha sido emitido
por orden de autoridad competente, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales. Criterio
que comparte esta Sala de apelación y por tanto no admite que la detención de la legitimada
activa, haya sido ilegal.
2. Si ha sido ilegítima la orden de privación de libertad.- Que encuadra en la causal
esgrimida por la señora Barros, pues argumenta que la orden de allanamiento ha sido
efectuada en un lugar distinto al de su domicilio, para lo cual se revisa el Acto Urgente N°
09281-2020-00591G por el que la Fiscal Abg. Maribel Figueroa de la Unidad de Delitos
Flagrantes de Guayaquil solicita al juez una orden de allanamiento del inmueble identificado
plenamente con su dirección y sus características físicas, de tal forma que la orden de
allanamiento estaba dirigida al bien inmueble del cual se dio “santo y seña” cumpliendo
además, con los requisitos que establece el Art. 481 del COIP. Tema que, como se ha
analizado en el considerando 5. de esta sentencia, fue motivado con detalle por el Tribunal
Constitucional de instancia y por el que inadmite el hábeas corpus propuesto por la
accionante; recalcando que, por no haberse esgrimido nuevos argumentos en la apelación que
permitan invalidar la decisión adoptada, se la confirma en todas sus partes. Por lo expuesto,
se concluye que no es ilegítima la orden de allanamiento y posterior orden de detención de la
señora Barros Marcillo, pues se fundamenta en los artículos 534 y 536 del mismo COIP, por
lo mismo se confirma la negativa de la acción constitucional hecha por el Tribunal de
instancia.
3. Si la orden de detención resulta arbitraria.- La arbitrariedad nace del mero capricho o
voluntad de quien efectúa la privación de la libertad de una persona o de quien la ordena y
resulta a todas luces contrario a la justicia; en el presente caso se establece la razón y
antecedentes (denuncias e investigaciones previas) por los que, la autoridad competente
ordena el allanamiento primero y la detención después, pues se presume el cometimiento del
delito de almacenamiento y expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
tipificado y sancionado por el Art. 220 numeral 1 literal c) del COIP, susceptible de la
cuestionada prisión preventiva. En consecuencia, no es una decisión ni ilegal ni arbitraria,
puesto que se han observado todas y cada una de las solemnidades necesarias para ordenar
tales medidas cautelares dentro del proceso judicial penal que se sustancia ante el Juez de
Garantía Penales del cantón Guayaquil con el N° 09281-2020-03290 y no se ha enmarcado en
los casos contemplados en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional.
6.6. Sin embargo de lo expuesto, esta Sala Constitucional quiere dejar expresa constancia de
las siguientes consideraciones: i) Que de existir violaciones en el procedimiento penal, no
corresponde a la justicia constitucional remediarlos, pues tal tarea le corresponde a la justicia
ordinaria a través de los mecanismos y recursos que están previstos en la ley, por eso se
concluye que este caso no está acorde a los parámetros establecidos ni guarda relación con las
condiciones y requisitos del artículo 89 de la Constitución de la República para conceder el
habeas corpus que reclama. ii) Que esta acción constitucional es una garantía de derechos
fundamentales y no un recurso o medio para tratar de revocar una medida legalmente
ordenada.
7. DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia, actuando como jueces constitucionales, Administrando justicia, en
nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes
de la República, resuelve:
8. SENTENCIA
8.1 NEGAR el recurso de apelación dentro de la acción constitucional dentro de la acción
constitucional de hábeas corpus No. 09113-2020-00103, presentado por el abogado Erwin
Mayorga Angos, a favor de la señora Rita Lastenia Barros Marcillo.
8.2 CONFIRMAR el fallo constitucional dictado el 18 de septiembre de 2020, a las 16h26,
por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas,
8.3 Por Secretaría, mediante una razón, se dejará constancia de los documentos que
conforman el expediente electrónico que ha sido puesto en conocimiento de esta Sala
Especializada.
8.4 De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 numeral 5 de la Constitución de la
República, una vez ejecutoriada esta resolución, remítase copia certificada de la misma a la
Corte Constitucional para el desarrollo de su jurisprudencia.
8.5 Comuníquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen.
Actúe la doctora Ligia Marisol Mediavilla, como Secretaria Relatora encargada de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario.
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL