Resolución Nº 228-2020 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 6 de Octubre de 2020

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
Fecha de publicación06 Oct 2020
Fecha de sentencia06 Oct 2020
Número de expediente00377-2018
Número de resolución228-2020
PonenteSUING NAGUA JOSÉ DIONICIO
Juicio No. 17510-2018-00377
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO. Quito, martes 6 de octubre del 2020, las 11h33. VISTOS: La abogada Dayuma
Serrano Añazco, en calidad de procuradora fiscal del Servicio de Rentas Internas interpone recurso de
casación en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con
sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, el 08 de febrero del 2019, 08h41
dentro del juicio de impugnación No.17510-2018-00377, accionado por Pedro Xavier Ortiz Reinoso
en calidad de representante legal de la compañía FIDUCIA S.A. Administradora de fondos y
fideicomisos mercantiles, que a su vez es fiduciaria y como tal, representante legal del Fideicomiso
Administración TSC-CRÉDITO para impugnar la Resolución No. 117012018RDEV285573 de 04 de
septiembre del 2018 en la que se niega la solicitud de pago en exceso por retenciones en la fuente
efectuadas durante el ejercicio fiscal 2017.
PRIMERO: COMPETENCIA.- La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el recurso de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 185 segunda parte
numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, numeral 2 del artículo 201 del Código
Orgánico de la Función Judicial reformado por mandato de la Disposición Reformatoria Segunda
número 4 del Código Orgánico General de Procesos.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA.- El Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con
sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha el 08 de febrero del 2019, 08h41 ,
resolvió aceptar la demanda presentada por el señor Pedro Xavier Ortiz Reinoso en calidad de
representante legal de la compañía FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y DE
FIDEICOMISOS MERCANTILES, quien a su vez es fiduciaria y como tal, representante legal del
FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN TSC-CRÉDITO; en consecuencia deja sin efecto ni valor alguno
la resolución No. 117012018RDEV285573 de 3 de septiembre del 2018, suscrita por la Dirección
Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO.- Con fecha 07 de marzo del 2019, las 15h00, la
abogada Dayuma Serrano Añazco, en calidad de procuradora fiscal del Director Zonal 9 del Servicio
de Rentas Internas interpone recurso de casación, mismo que es calificado, en auto de 18 de marzo del
2019, las 08h49, en el término de los artículos 266 y 269 del Código Orgánico General de Procesos,
133485142-DFE
Firmado por
JOSE DIONICIO
SUING NAGUA
C=EC
L=QUITO
CI
1706860440
Firmado por
FERNANDO
ANTONIO COHN
ZURITA
C=EC
L=GUAYAQUIL
CI
0911069714
Firmado por
GUSTAVO
ADOLFO
DURANGO VELA
C=EC
L=QUITO
CI
1703594588
para ante los Jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, competentes para conocer y resolver este recurso.
CUARTO: ADMISIÓN.- Mediante auto de admisión de 16 de mayo del 2019, las 14h16, el doctor
Wilman Terán Carrillo, Conjuez de esta Sala, declaró la admisibilidad del recurso de casación
propuesto, admitiendo el caso quinto del artículo 268 del Código Orgánico General de Proceso, por
los siguientes vicios: a) Errónea interpretación del artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario
Interno vigente para el ejercicio fiscal 2013; b) Falta de aplicación del artículo 24 literal h) del
Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones; y 41 literal e) de la Ley de Régimen
Tributario Interno; y, c) Indebida aplicación del último inciso del último inciso del artículo 41 de la
Ley de Régimen Tributario Interno.
QUINTO: CONTESTACIÓN AL RECURSO.- El señor Pedro Xavier Ortiz Reinoso,
representante legal de la compa ñía FIDUCIA S.A. Administradora de fondos y fideicomisos
mercantiles – Fideicomiso Administración TSC-CRÉDITO, no ha dado contestación al recurso de
casación presentado por la Administración Tributaria.
SEXTO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR.- Mediante sorteo de la causa No.17510-
2018-00377(1), realizado el 17 de agosto de 2020, las 15h14, se radicó la competencia en la Sala
integrada por los doctores Fernando Antonio Cohn Zurita, Juez Nacional (E); doctor Gustavo Durango
Vela, Juez Nacional (E); y, José Suing Nagua, Juez Nacional, como Ponente de la causa. Con acción
de personal No. 301-UATH-2020-OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la Unidad
Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia en concordancia con la Resolución
No. 065-2020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se legaliza el
reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez Nacional. Mediante Resolución 08-2020 de 24
de junio de 2020 el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al Dr. José Suing Nagua a la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario. Con acción de personal No- 317-UATH-2020-OQ de 01
de julio del 2020 y mediante oficio No. 635-SG-CNJ, la Señora Presidenta de la Corte Nacional de
Justicia llama al doctor Gustavo Durango Vela para que asuma el despacho de la Sala Contencioso
Tributaria en reemplazo de la doctora Ana María Crespo Santos, ocupada temporalmente por la
doctora Mónica Heredia Proaño, hasta que se designe un nuevo titular. De la misma forma con acción
de personal No. 1278-UATH-2019-OQ, mediante la cual designó al doctor Fernando Antonio Cohn
Zurita, en calidad de Juez Nacional encargado.
SÉPTIMO: CONVOCATORIA AUDIENCIA: Mediante providencia de 10 de septiembre del
2020, se convocó a las partes procesales para la audiencia de sustentación del recurso de casación para
el día lunes 21 de septiembre del 2020, las 11h00; sin embargo dicha diligencia fue diferida en
providencia del jueves 17 de septiembre del 2020, las 16h41 para el día martes 22 de septiembre del
2020, las 11h00 en el que participaron la abogada Dayuma Serrano Añazco, en calidad de procuradora
fiscal del Servicio de Rentas Internas; y, como contraparte en representación del señor Pedro Xavier
Ortiz Reinoso en calidad de representante legal de la compañía FIDUCIA S.A. Administradora de
fondos y fideicomisos mercantiles Fideicomiso Administración TSC-CRÉDITO, los abogados
Roberto Mauricio Silva Legarda e Ismael Vallejo Taco, quienes intervinieron argumentando en
defensa de los intereses de sus representados, en los términos que obran de la grabación de la
audiencia que se agrega en formato digital al proceso; la Sala, al no haber llegado a un acuerdo sobre
la decisión, convoca a las partes, para el 2 de octubre de 2020, en la que se da a conocer en forma oral
la decisión adoptada sobre el recurso.
OCTAVO: VALIDEZ PROCESAL.- No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar, por lo que se declara el proceso
válido.
NOVENO: ERRORES ALEGADOS.- La recurrente considera que el fallo emitido por el por el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito,
Provincia de Pichincha, incurre en el caso quinto del artículo 268 del Código Orgánico General de
Proceso, con los siguientes vicios que alega: a) Errónea interpretación del artículo 9.1 de la Ley de
Régimen Tributario Interno vigente para el ejercicio fiscal 2013; b) Falta de aplicación del artículo
24 literal h) del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones; y del artículo 41 literal e)
de la Ley de Régimen Tributario Interno; y, c) Indebida aplicación del último inciso del artículo 41
de la Ley de Régimen Tributario Interno.
DÉCIMO: NORMAS SEÑALADAS COMO INFRINGIDAS.- Las normas que el recurrente
considera infringidas son: a) Ley de Régimen Tributario Interno: Art. 9.1: Exoneración de pago
del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que
se constituyan a partir de la vigencia del Código de la Producción así como también las sociedades
nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y
productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años,
contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la
nueva inversión. (…)” b) Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones: Art. 24:
“Clasificación de incentivos.- Los incentivos fiscales que se establecen en este código son de tres
clases: 1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del
territorio nacional. Consisten en los siguientes: (…) h) La exoneración del anticipo al impuesto a la
renta por cinco años para toda inversión nueva.” c) Ley de Régimen Tributario Interno: Art. 41.-
“Pago del impuesto.- Los sujetos deberán efectuar el pago del impuesto a la renta de acuerdo con las
siguientes normas: b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar
contabilidad y las sociedades. Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas
de acuerdo al Código de la Producción, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las
sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad que iniciaren actividades, estarán sujetas a pago
de este anticipo después del quinto año de operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de
su proceso productivo y comercial. En caso de que el proceso productivo así lo requiera, este plazo
podrá ser ampliado, previa autorización de la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la
Producción y el Servicio de Rentas Internas. (…) e) Para el caso de los contribuyentes definidos en el
literal a) de este artículo, si no existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el
ejercicio corriente fuese inferior al anticipo pagado más las retenciones, tendrán derecho a presentar
el correspondiente reclamo e pago indebido o la solicitud de pago en exceso por el total de lo que
sobre pase el impuesto a la renta causado. Los contribuyentes definidos en el literal b) de este
artículo, tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la solicitud de
pago en exceso, según corresponda así: i) Por el total de las retenciones que se le hubiese efectuado,
si no causare impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el impuesto causado fuere inferior al
anticipo pagado; ii) Por las retenciones que le hubiere sido efectuadas, en la parte en la que no
hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, en el caso de que el impuesto a la renta
causado fuere mayor al anticipo pagado. El Servicio de Rentas Internas dispondrá la devolución de
lo indebido o excesivamente pagado ordenando la emisión de la nota de crédito, cheque o
acreditación respectiva; (…).“
DÉCIMO PRIMERO: LOS VICIOS DEL ARTÍCULO 268.5 DEL CÓDIGO ORGÁNICO
GENERAL DE PROCESOS.- Los vicios que contiene el artículo 268.5 del Código Orgánico
General de Procesos son: “Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o
errónea interpretación de normas de derecho sustantivo , incluyendo los precedentes
jurisprudenciales obligatorios, que hayan sido determinantes en la parte dispositiva de la sentencia o
auto.”(El subrayado corresponde a la Sala).
DÉCIMO SEGUNDO: ALCANCE DOCTRINARIO DE LOS VICIOS ACUSADOS.- Los vicios
acusados por la casacionista corresponden: a) Errónea interpretación: “Es un error iuris in
iundicando, y aun cuando el sentenciador selecciona el precepto correcto, incurre en error en la
determinación del alcance jurídico del texto. 1 b) Falta de aplicación: “(…) ocurre cuando el
sentenciador niega en el fallo la existencia de un precepto, lo ignora frente al caso debatido. Es error
contra ius, es rebeldía y desconocimiento de la norma. Es error de existencia de la norma por
haberse excluido ésta en la sentencia.”2 c) La aplicación indebida se da “(…) cuando la norma ha
sido entendida rectamente en su alance y significado, más se la ha utilizado para un caso que no es el
que ella contempla.”3 En tanto que, para Calamandrei, el vicio de aplicación indebida puede llegarse
“(…) por dos distintos modos que son perfectamente aplicables en nuestra técnica: porque, o puede
errarse al precisar las circunstancias de hecho que son relevantes para que la norma entre en juego
(yerro de diagnosis jurídica), o pueda padecerse equivocación al establecer la diferencia o semejanza
que media entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.”4
DÉCIMO TERCERO: ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE EN RELACIÓN A LOS
ERRORES ACUSADOS.- A. Errónea interpretación: La recurrente considera que el fallo
impugnado incurre en el vicio de errónea interpretación del artículo 9.1 de la Ley de Régimen
Tributario Interno vigente al ejercicio fiscal 2013, toda vez que los juzgadores de instancia en los
numerales 8.4.5 y 8.4.6. del fallo impugnado han aplicado la norma en mención a la que la han
interpretado aduciendo que la Administración Tributaria no debió aplicarla en la emisión del acto
administrativo, al considerar que el impuesto a la renta y el anticipo del impuesto a la renta son
instituciones diametralmente diferentes, realizando una interpretación literal sin considerar la finalidad
de la misma, restringiendo el alcance de la norma; que esta última afirmación ha obviado la naturaleza
y características del impuesto a la renta y que el anticipo se constituye en una forma de recaudar
anticipadamente el impuesto a la renta, para lo que cita el fallo No. 006-13-SIN-CC de la Corte
Constitucional en el que se establece que el anticipo al impuesto a la renta y el impuesto a la renta
tienen la misma naturaleza y características, por lo que existe un error de interpretación. Luego, la
casacionista considera que el Fideicomiso Administración TSC-CRÉDITO por su naturaleza debe ser
considerado como constituido por sociedades existentes por cuanto es un fideicomiso de
administración y los aportes de los constituyentes, una vez terminado el encargo fiduciario, regresarán
a los constituyentes y no puede ser considerado únicamente como una sociedad nueva que realice
inversiones, ya que esto respondería a su constitución y a su naturaleza, teniendo en cuenta que la
aplicación del artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno vigente al ejercicio fiscal 2013
contiene una exoneración de impuestos a la renta para sociedades nuevas que se constituyeren por
1 Tolosa Villabona, L.A., Teoría y técnica de la casación, 2a edición, (Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley Ltda.,
2008), 359
2 Tolosa Villabona, L. A. (2008). Teoría y técnica de casación: civil - penal - labora - acciones de grupo.
Bogotá: Doctrina y Ley.
3 Ecuador. Registro Oficial No. 12 de 31 de enero de 2003, 28.
4 Humberto Murcia Ballén, “Recurso de casación civil”, (Bogotá: Ediciones Jurídica Gustavo Ibáñez, 2015),
318.
sociedades existentes con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas gozarán de una nueva
exoneración del pago de impuesto a la renta durante 5 años; agrega que la Administración Tributaria
analizó y determinó que no se encontraba exenta del pago del anticipo del impuesto a la renta por
cuanto no realizó una nueva inversión, sin embargo los juzgadores de instancia al sesgar su aplicación
únicamente el impuesto a la renta no analizó de que se trata de un fideicomiso que se constituyó por
sociedades existentes.
B. Falta de aplicación: Aduce la casacionista que los juzgadores de instancia incurren en el vicio de
falta de aplicación del artículo 24 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, al
omitir analizar si la parte actora estaba o no exonerada del pago del anticipo del impuesto a la renta,
debiendo considerar si existió o no una inversión nueva y productiva, por cuanto no se analizó si la
exoneración cabe sobre sociedades nuevas, olvidando así que el Fideicomiso es constituido con base
en sociedades antes constituidas, en el presente caso con aportes de personas naturales y la compañía
Telecomunications Solutions Center TSC S.A., siendo preciso constatar si realizaron una inversión
nueva y productiva; que en el presente caso, el fideicomiso únicamente tuvo como objeto administrar
los aportes de los constituyentes, no poseía empleados por lo que no existió constancia de la
realización de inversiones nuevas para ser beneficiario de la exoneración del impuesto a la renta,
debiendo cumplir con los fines de la norma aludida como infringida para el establecimiento de la
exoneración, verificando la existencia de una inversión nueva y productiva. Respecto del vicio de falta
de aplicación del literal e) del artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno es preciso
mencionar que esta norma está relacionada con el objeto a resolver si le correspondía o no a la parte
actora la devolución de valores pagados en exceso, para lo cual correspondía verificar si efectivamente
el impuesto a la renta causado fue o no superior al anticipo determinado y por tanto no se pudo
corroborar si el actor tenía derecho a la devolución del total o no de las retenciones que le fueron
efectuadas. En el presente caso la norma aplicable al tratarse de una solicitud de pago en exceso por
retenciones en la fuente, particular que es normado por el artículo acusado como infringido, porque no
se declaró y pagó el anticipo de impuesto a la renta. Por tanto, con base en este artículo los juzgadores
podían verificar que no es posible determinar si a la parte actora le corresponde una devolución de
pago en exceso por retenciones por cuanto no se declaró y pagó el anticipo del impuesto a la renta,
siendo necesaria la aplicación de la norma mencionada para resolver respecto del pago en exceso.
C. Indebida aplicación: Respecto de la indebida aplicación del último inciso del literal b) del artículo
41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, considera la casacionista que la Administración
Tributaria, previo a determinar la obligación de la contribuyente respecto del anticipo al impuesto a la
renta, analizó el fideicomiso creado por FIDUCIA, estableciendo que el fideicomiso como figura
jurídica constituye el nacimiento de una sociedad, es decir recién constituida al mundo societario, sin
embargo, al provenir de sociedades preexistentes no podía entenderse como una nueva sociedad sino
la prolongación de sus constituyentes para llevar a cabo la finalidad determinada, una vez que se
determinó que no se encasillaba en la consideración de sociedad recién constituida; que para el caso
del fideicomiso, era necesario analizar si respecto a esta sociedad constituida existía una inversión
nueva encaminada a generar un beneficio propio así como emplear personal, generar réditos y
productos propios independientes de aquellos correspondientes a la sociedad constituyente. El art ículo
infringido solo considera que la contribuyente es una sociedad que a la luz de la esfera societaria ha
nacido, sin embargo, no considera que esta nueva sociedad es una prolongación de los constituyentes,
generada para cumplir las finalidades determinadas por quien la originó, además de la disposición
establecida dentro del mismo renglón de la norma en la cual indica que debe ser una nueva inversión,
recursos nuevos con los cuales se contraten empleados adquieran máquinas, inviertan y generen
propia renta. Ante las particularidades que implica el fideicomiso, las cuales no se acoplan a los
presupuestos establecidos en la norma, es decir, implicar una sociedad recién constituida, más si
consta el de inversión nueva, establecido en el último literal del artículo 41 de la Ley de Régimen
Tributario Interno.
DÉCIMO CUARTO: ANÁLISIS DE LOS ERRORES ACUSADOS.- Esta Sala Especializada de
lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, para resolver los problemas jurídicos
planteados derivados del cuestionamiento al fallo de instancia, con fundamento en el artículo 268.5
del Código Orgánico General de Procesos, admitido por el señor Conjuez de la Sala, realiza las
siguientes consideraciones:
14.1. ERRÓNEA INTERPRETACIÓN: i. La recurrente sostiene que el Tribunal juzgador incurre
en errónea interpretación del artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente en 2013, al
sostener que en los numerales 8.4.5 y 8.4.6 de la sentencia la aplican, sosteniendo que la
Administración no la debió aplicar en la emisión del acto impugnado; ii. Revisado el contenido de la
sentencia en los numerales indicados, se tiene que el 8.4.5 refiere a los artículos 81 y 103.5 del Código
Tributario, que dicen relación al deber de la administración tributaria de expedir resoluciones en las
que deben enunciarse normas o principios en que se funde y la pertinencia de su aplicación; el
numeral 8.4.6 por su parte señala: “En virtud de lo expuesto, con base al análisis expuesto, este
Tribunal no considera para analizar el pago en exceso invocado por la actora, el artículo 9.1 de la
LRTI que es ajeno a la controversia.”(El resaltado corresponde a la Sala); iii. De la referencia y
transcripción de los considerandos del fallo referidos por la recurrente se establece que el Tribunal
hace expresa exclusión de aplicar la norma aludida, a pesar de que en otros numerales, el 8.4.2 por
ejemplo, refiere a la norma aludida, pero para afirmar lo que concluye en la parte transcrita, por
considerarla ajena a la controversia; esto desdice el argumento de la recurrente, en tanto, evidencia
que no cabe una errónea interpretación de la norma, si el Tribunal expresamente la excluye como se
deja evidenciado; por los argumentos indicados, no se acepta el cargo en este extremo.
14.2. FALTA DE APLICACIÓN: i. Sobre la falta de aplicación del artículo 24 del Código Orgánico
de la Producción, Comercio e Inversiones y del artículo 41, letra c) de la Ley de Régimen Tributario,
la sustenta argumentando que el Tribunal juzgador no analiza si la parte actora estaba o no exonerada
del pago del anticipo del impuesto a la renta y que se debía verificar si realizaron una inversión nueva
y productiva; además de resolver si le correspondía o no a la parte actora la devolución de valores
pagados en exceso, para lo cual correspondía verificar si efectivamente el impuesto a la renta causado
fue o no superior al anticipo determinado y por tanto no se pudo corroborar si el actor tenía derecho a
la devolución del total o no de las retenciones que le fueron efectuadas; ii. Revisado el contenido del
numeral 8.4.4 de la sentencia se advierte que el Tribunal refiere a las razones por las que los
juzgadores consideran que no es dable que se tome en cuenta la exoneración del pago del impuesto a
la renta y anticipo, cuando la exención tiene su ratio legis expresamente para ingresos. Concluye que
…siendo la exoneración y el anticipo del impuesto a la renta instituciones diametralmente
diferentes, no cabe que se analice al anticipo del impuesto a la renta aplicando a este una exención
expresa relativa al impuesto a la renta que, como hemos analizado, difiere además del anticipo del
impuesto a la renta no solo en el momento del cálculo sino también de los rubros que comprenden
cada uno.” iii. Sobre el anticipo del impuesto a la renta, la sentencia en el 8.4.3 II sostiene que “
conforme dispone el artículo 41 de la LRTI y así lo reconoce el SRI en la resolución impugnada,
corresponde a una operación matemática que considera rubros de los estados de situación y de
pérdidas y ganancias del contribuyente, cuyo resultado no forma parte de la conciliación tributaria
que deviene en la base imponible del tributo (como acurren [SIC] en el impuesto a la renta), sino que
es una operación posterior, previa a cuantificar el monto del impuesto por pagar; o en su defecto, el
saldo a favor del contribuyente.” Argumentos que los contrasta con la forma de establecer la base
imponible sobre la que se aplica la tarifa del impuesto a la renta que lo desarrolla como soporte de la
exoneración del impuesto a la renta en el apartado I del mismo numeral 8.4.3, reflexiones que a más
de dar cuenta de la argumentación, son válidas para justificar la decisión que adoptan y que además
evidencia la aplicación de las normas que la recurrente sostiene que no han sido aplicadas en el fallo.
Por lo expuesto, este cuestionamiento tampoco prospera.
14.3. INDEBIDA APLICACIÓN: i. Finalmente, respecto de la indebida aplicación del último inciso
del literal b) del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la casacionista sostiene el
cuestionamiento en el hecho que la Administración Tributaria, previo a determinar la obligación de la
contribuyente respecto del anticipo al impuesto a la renta, analizó el fideicomiso creado por
FIDUCIA, estableciendo que el mismo, como figura jurídica, constituye el nacimiento de una
sociedad, es decir recién constituida al mundo societario, sin embargo al provenir de sociedades
preexistentes no podía entenderse como una nueva sociedad sino la prolongación de sus
constituyentes para llevar a cabo la finalidad determinada; ii. En el número 8.7 de la sentencia, el
Tribunal de instancia, realiza una prolija referencia a la normativa aplicable al c álculo del impuesto
para el año 2017 en función de identificar la que era aplicable a la actora, determinando los supuestos
donde los contribuyentes gozan del beneficio previsto en la ley, consistente en el no pago del anticipo
del impuesto a la renta, después del quinto año de operación efectiva; refiere también a la Ley
Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal que reforma el último inciso
de la letra b) del artículo 41 de la LRTI, que elimina la frase “las inversiones nuevas”, estableciendo
que la conclusión del SRI en el acto impugnado en el sentido que el Fideicomiso TSC debía calcular
el anticipo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal de 2017 es imprecisa e improcedente, porque la
actora estaba en el supuesto normativo de no sujeción previsto en la norma vigente a la fecha de su
constitución; argumentos que la Sala estima válidos, sin que se llegue a configurar el vicio de indebida
aplicación alegada; en consecuencia, el cargo tampoco puede prosperar.
DÉCIMO QUINTO: DECISIÓN.- Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR el fallo emitido
por el Tribunal de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia
de Pichincha, el 8 de febrero del 2019, las 08h41, y aclaración de 19 de febrero de 2019, las 15h57.-
Sin costas.- Notifíquese, Publíquese y Devuélvase.-
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E)