Resolución Nº 229-2020 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 6 de Octubre de 2020

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
Fecha de publicación06 Oct 2020
Fecha de sentencia06 Oct 2020
Número de expediente00277-2016
Número de resolución229-2020
PonenteSUING NAGUA JOSÉ DIONICIO
Juicio No. 17510-2016-00277
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO. Quito, martes 6 de octubre del 2020, las 14h40. VISTOS: El abogado Pedro José
Tamayo en calidad de procurador fiscal de la abogada María Alejandra Muñoz Seminario, Directora
General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador interpone recurso de casación en contra del
fallo dictado por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, el 03 de diciembre de 2018, las 15h58, dentro del
juicio de impugnación No. 17510-2016-00277, que resolvió aceptar la demanda deducida por la
señora Wu Haiyan y se dejó sin efecto la Rectificación de Tributos No. JRP2-2016-0435-D001
emitida el 13 de junio del 2016 suscrita por la autoridad tributaria demandada.
PRIMERO: COMPETENCIA.- La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el recurso de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 185 segunda parte
numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, numeral 2 del artículo 201 del Código
Orgánico de la Función Judicial reformado por mandato de la Disposición Reformatoria Segunda
número 4 del Código Orgánico General de Procesos.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA.- El Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con
sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en sentencia de 03 de diciembre de
2018, las 15h58 resolvió aceptar la demanda deducida por la señora Wu Haiyan y dejó sin efecto la
Rectificación de Tributos No. JRP2-2016-0435-D001 emitida el 13 de junio del 2016 por la autoridad
tributaria demandada.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO.- Con fecha 21 de diciembre del 2018, las 15h05,
el abogado Pedro José Tamayo en calidad de procurador fiscal de la abogada María Alejandra Muñoz
Seminario, Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador interpone recurso de
casación, mismo que es calificado, en auto de 05 de enero del 2019, las 14h57, en los términos de los
artículos 266 y 269 del Código Orgánico General de Procesos, para ante los Jueces de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, competentes para conocer
y resolver este recurso.
CUARTO: ADMISIÓN.- Mediante auto de admisión de 12 de abril del 2019, las 09h06, el doctor
133509004-DFE
Firmado por
JOSE DIONICIO
SUING NAGUA
C=EC
L=QUITO
CI
1706860440
Firmado por
FERNANDO
ANTONIO COHN
ZURITA
C=EC
L=GUAYAQUIL
CI
0911069714
Firmado por
GUSTAVO
ADOLFO
DURANGO VELA
C=EC
L=QUITO
CI
1703594588
Wilman Terán Carrillo, Conjuez de la Sala, declaró la admisibilidad del recurso de casación
propuesto, admitiendo: a) El error fundado en el artículo 268.5 del Código Orgánico General de
Procesos, por el vicio de falta de aplicación de los artículos 63 numerales 2 y 4 de la Resolución No.
1684 del Reglamento Comunitario de la Decisión No. 571 y 10 del Acuerdo Relativo a la Aplicación
del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; y, b) El vicio
de aplicación indebida del artículo 139 numeral 2 del Código Tributario, también fundado en el
artículo 268.5 del COGEP, que acarrearía como consecuencia la aplicación indebida de la norma
constitucional del artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República.
QUINTO: CONTESTACIÓN AL RECURSO.- El abogado Andrés Rivas Fárez en calidad de
procurador judicial de la señora WU HAIYAN, no da contestación al recurso, limitándose a solicitar
el abandono del mismo, tema que ya fue resuelto por la Sala, en la audiencia de sustentación del
recurso de casación.
SEXTO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR.- Mediante sorteo de la causa No. 17510-
2016-00277(1), realizado el 14 de agosto de 2020, las 12h19, se radicó la competencia en la Sala
integrada por los doctores Fernando Antonio Cohn Zurita, Juez Nacional (E), Gustavo Durango Vela,
Juez Nacional (E) y José Suing Nagua, Juez Nacional, en calidad de Ponente. En razón de la acción de
personal No. 301-UATH-2020-OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la Unidad
Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia en concordancia con la Resolución
No. 065-2020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se legaliza el
reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez Nacional. Mediante Resolución 08-2020 de 24
de junio de 2020 el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al Dr. José Suing Nagua a la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario. Con acción de personal No- 317-UATH-2020-OQ de 01
de julio del 2020 y mediante oficio No. 635-SG-CNJ, la Señora Presidenta de la Corte Nacional de
Justicia llama al doctor Gustavo Durango Vela para que asuma el despacho de la Sala Contencioso
Tributaria en reemplazo de la doctora Ana María Crespo Santos, ocupada temporalmente por la
doctora Mónica Heredia Proaño, hasta que se designe un nuevo titular. De la misma forma, con acción
de personal No. 1278-UATH-2019-OQ, mediante la cual designó al doctor Fernando Antonio Cohn
Zurita, en calidad de Juez Nacional encargado.
SÉPTIMO: AUDIENCIA.- En providencia de 11 de septiembre del 2020, las 11h01; se convocó a
las partes procesales a la audiencia para el jueves 17 de septiembre del 2020, las 11h00 por medios
telemáticos, a la que concurrieron las partes presentados por sus abogados patrocinadores: por la
entidad recurrente, el doctor Gerardo Vallejo Choez; y por la actora, el doctor Andrés Rivas Fárez,
quienes expusieron ante el Tribunal, los argumentos de defensa, en los t érminos que están registrados
en la grabación que en CD se agrega al expediente de casación. La audiencia fue suspendida para que
se expida la decisión correspondiente, el día 25 de septiembre de 2020, a las 11h00.
OCTAVO: VALIDEZ PROCESAL.- No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar, por lo que se declara el proceso
válido.
NOVENO: ERRORES ALEGADOS.- El recurrente considera que el fallo emitido por el por el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito incurre
en el caso del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos por el vicio de falta de
aplicación de los artículos 63 numerales 2 y 4 de la Resolución No. 1684 del Reglamento
Comunitario de la Decisión No. 571 y 10 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; y, por el vicio de aplicación
indebida del artículo 139 numeral 2 del Código Tributario, que acarrea como consecuencia la
aplicación indebida del artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República.
DÉCIMO: NORMAS SEÑALADAS COMO INFRINGIDAS.- Las normas que la recurrente
considera infringida son: a): Constitución de la República del Ecuador: Art. 76:En todo proceso en
el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa
incluirá las siguientes garantías: (…) l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos
en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerar án
nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.” b) Resolución No. 1684 del
Reglamento Comunitario de la Decisión No. 571: Art. 63: “Obligación de suministrar información:
1. Para comprobar y-o determinar el valor en aduana de las mercancías importadas o cualquier
persona directa o indirectamente relacionas con las operaciones de importación de las mercancías de
que se trate o con las operaciones posteriores relativas a las mismas mercancías, así como cualquier
otra persona que posea los documentos y datos de la Declaración en Aduana de las mercancías
importadas y de la Declaración Andina del Valor estarán obligados a suministrar de manera
oportuna, la información, documentos y pruebas que a tal efecto le sean requeridos por la Autoridad
Aduanera, en forma y condiciones establecidas por las legislaciones nacionales. 2. En aplicación de
lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, la información suministrada,
que por su especial naturaleza, sea confidencial o apartada con ese carácter, no será revelada por la
Autoridad Aduanera sin la expresa autorización de la persona o del gobierno que la haya
proporcionado, salvo orden de autoridad judicial. 3. Los documentos privados como son, los
contratos en especial los de compraventa, de propiedad intelectual, de licenciamiento, de
distribución, entre otros y en general, la información relativa a la negociación e importación de
mercancía, por su naturaleza serán considerados confidenciales y no podrán ser hechos públicos
sujetándose a lo dispuesto en el inciso anterior. 4. La información de la transacción comercial
contenida en los bancos de datos a los efectos de valoración aduanera a que se refiere el artículo 25
de la Decisión 571, así como los valores que se encuentren en proceso de investigación o estudio por
la Administración Aduanera, constituyen información confidencial, sujetándose a lo señalado en el
numeral 2 del presente artículo.” c) Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo
General sobre los Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994: Art. 10:“Toda información que por su
naturaleza sea confidencial o que se suministre con carácter de tal a los efectos de valoración en
aduana será considerada como estrictamente confidencial por las autoridades pertinentes, que no la
revelarán sin autorización expresa de la persona o del gobierno que haya suministrado dicha
información, salvo en la medida en que pueda ser necesario revelarla en el contexto de un
procedimiento judicial.” d) Código Tributario: Art. 139: Invalidez de los actos administrativos.-
Los actos administrativos serán nulos y la autoridad competente los invalidará de oficio o a petición
de parte, en los siguientes casos: (…) 2. Cuando hubieren sido dictados con prescindencia de las
normas de procedimiento o de las formalidades que la ley prescribe siempre que se haya obstado el
derecho de defensa o que la omisión hubiere influido en la decisión del reclamo.”
DÉCIMO PRIMERO: ERRORES CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 268.5 DEL
COGEP.- Los vicios que contiene el artículo 268.5 del Código Orgánico General de Procesos son:
Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho sustantivo,
incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, que hayan sido determinantes en la parte
dispositiva de la sentencia o auto”.
DÉCIMO SEGUNDO: ALCALCE DOCTRINARIO DE LOS ERRORES ACUSADOS.- Los
vicios acusados por la casacionista corresponden a: a) Falta de aplicación: que “ocurre cuando el
sentenciador niega en el fallo la existencia de un precepto, lo ignora frente al caso debatido. Es error
contra ius, es rebeldía y desconocimiento de la norma. Es error de existencia de la norma por
haberse excluido ésta en la sentencia.” 1 b) Aplicación indebida que se produce “(…) cuando la
1 Tolosa Villabona, L.A.; Teoría y Técnica de Casación, ibídem, pp. 359.
norma ha sido entendida rectamente en su alance y significado, más se la ha utilizado para un caso
que no es el que ella contempla.”2 En tanto que, para Calamandrei, el vicio de aplicación indebida
puede llegarse “(…) por dos distintos modos que son perfectamente aplicables en nuestra técnica:
porque, o puede errarse al precisar las circunstancias de hecho que son relevantes para que la norma
entre en juego (yerro de diagnosis jurídica), o pueda padecerse equivocación al establecer la
diferencia o semejanza que media entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.”3Los errores
son conocidos doctrinariamente como errores in judicando, por violación de norma sustantiva, vicios
que deben ser determinantes en la decisión.
DÉCIMO TERCERO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR LOS VICIOS
ACUSADOS.- A: El recurrente considera que el fallo incurre en el vicio de falta de aplicación de las
normas contenidas en los artículos 63 numerales 2 y 4 de la Resolución No. 1684 del Reglamento
Comunitario de la Decisión No. 571 y10 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 que, en conjunto, plantean que el
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador no podrá revelar el contenido de la base de datos, pues
contiene información que está legalmente protegida por su carácter reservado, que ésta podrá ser
revelada únicamente mediante orden judicial y siempre que sea necesario; que el análisis del segundo
y tercer método de valoración, la Administración Aduanera recurre a la base de datos como una
herramienta aduanera que facilita la correcta aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre
Valoración de la OMC; que respecto al descarte del segundo método de valoración, en la sentencia
recurrida el Tribunal estima que la actuación de la Administración Aduanera si fue procedente ya que
en la rectificación de tributos se establece que no existe mercadería idéntica (prendas de vestir), no
obstante, respecto de la aplicación del tercer método de valoración, pese a que el Tribunal recalca que
para su análisis no se debe revelar la información, concluyen los juzgadores, que no se ha verificado la
aplicación del tercer método de valoración, obviando tomar en cuenta que la información como la
cantidad o el nivel comercial de las mercancías con las que se comparó el valor de la mercadería, no
puede ser revelada; sin embargo, el Tribunal se distancia de este criterio inobservando claramente los
artículos que protegen las alegaciones propuestas, toda vez que contravienen expresamente la
normativa aplicable a la materia de valoración aduanera que prohíbe tales exigencias. Considera el
recurrente que los argumentos del Tribunal no son suficientes para establecer que existiría una falta de
motivación del acto impugnado, destacando que la rectificación de tributos mantiene coherencia con
los hechos acontecidos, que incluso se ha presentado orden judicial para revelar la informaci ón de
dichos comparables que se encuentran en la base de datos, sin que se adujera que la Administración ha
2 Ecuador. Registro Oficial No. 12 de 31 de enero de 2003, 28.
3 Humberto Murcia Ballén, “Recurso de casación civil”, (Bogotá: Ediciones Jurídica Gustavo Ibáñez, 2015),
318.
empleado ilegal o arbitrariamente los comparables. Considera el casacionista que el artículo 76
numeral 7 literal l) de la Constitución de la República, fue aplicada a consecuencia de una norma
sustancial impertinente como es el artículo 139 numeral 2 del Código Tributario que no correspondía
aplicar en la presente causa, toda vez que se ha justificado las normas o principios en los que se
fundamentó el acto de determinación tributaria que descartó el primer y segundo método de
valoración de mercancías y aplicó el tercer método. Agrega que, la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho se encuentra debidamente motivada en la Rectificaci ón de Tributos dentro del
ámbito de la razonabilidad, lógica y comprensibilidad y conforme a las normas de valoración en
aduana establecidas por la Comunidad Andina y según la interpretación prejudicial 36- IP-2017
emitida por el Tribunal Andino.
B. El recurrente acusa la indebida aplicación del artículo 139.2 del Código Tributario que regula la
nulidad de los actos administrativos, cuando hubieren sido dictados con prescindencia de las normas
de procedimiento o de las formalidades que la ley prescribe, que la une a la indebida aplicación del
artículo 76.7, l) de la Constitución de la República, que establece la obligación de motivar las
resoluciones de autoridad pública; luego de citar un segmento de la sentencia (6.7) sostiene que la
aplicación indebida de dichas normas no ha permitido al juzgador identificar el problema para que
dirima la controversia; aunque no lo señala con precisión, da a entender que la aplicación indebida del
artículo 139, sobre lo que tampoco dice cómo, produce una indebida aplicación de la norma
constitucional de motivación, porque considera que los actos de determinación están debidamente
motivados, conforme con las normas de valoración en aduana establecidos por la Comunidad Andina
que ha observado en su ejercicio determinador.
DÉCIMO CUARTO: ANÁLISIS DE LOS VICIOS ALEGADOS.- Esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, para resolver los problemas jurídicos
planteados, derivados del cuestionamiento al fallo de instancia, con fundamento en el artículo 268.5
del Código Orgánico General de Procesos, admitido por el señor Conjuez de la Sala, considera:
14.1. Falta de aplicación.- i. La falta de aplicación de los numerales 2 y 4 del artículo 63 de la
Resolución 1684 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571, lo justifica en tanto dichas
disposiciones comunitarias establecen la confidencialidad de la información proporcionada, limitada
por tanto su difusión y revelación, limitación que no es absoluta, pues cabe perfectamente hacerlo en
el contexto de un procedimiento judicial, como en efecto ocurre en el presente caso, al haberlo
requerido el Tribunal juzgador, que le conduce precisamente a las conclusiones a las que arriba en la
decisión vertida en el fallo; ii. Si el Tribunal accede a la información sobre la base de un pedido,
expresamente permitido por las normas aludidas, evidencia que las mismas si fueron aplicadas y
desvirtúa la tesis de la recurrente que sostiene lo contrario; iii. Además, en el recurso, más allá de
sostener que la falta de aplicación conduce a una indebida aplicación de otras normas como las del
139.2 del Código Tributario o la del 76.7.l) de la Constitución de la República, no se explica cómo
dicha supuesta falta de aplicación incide en la decisión de la causa, condición necesaria para que
prospere el vicio alegado, conforme expresamente lo exige el artículo 268.5 del Código Orgánico
General de Procesos; iv. Adicionalmente a lo indicado, hay que señalar que no a todas las
declaraciones aduaneras objeto del control posterior les corresponde la aplicación de las disposiciones
alegadas como no aplicadas, pues, a la fecha en la que se produjeron, estuvo vigente, la resolución No.
864, como lo reconoció de manera expresa el procurador judicial de la entidad demandada en la
audiencia, situación que la Sala considera que no incidiría en el vicio, si este existiera, pero que
evidencia la falta de precisión con la que se formula el cuestionamiento. Por las razones señaladas el
cargo no procede.
14.2. Aplicación indebida.- i. Aunque el recurrente, con el vicio alegado sobre la falta de aplicación
de las normas comunitarias, concluye que se produce la aplicación indebida del artículo 139.2 del
Código Tributario y del artículo 76.7,l) de la Constitución de la República, al haberse descartado la no
ocurrencia de tal vicio, conduciría a determinar que tales normas fueron debidamente aplicadas; sin
embargo, la Sala procede al correspondiente análisis porque también el recurrente lo individualiza
como error, independiente de los argumentos con los que cierra el primer cuestionamiento; ii. El
Tribunal juzgador, en el considerando quinto, valida el descarte del primer y segundo m étodo de
valoración (5.1, 5.2 y 5.3); y, respecto a la aplicación del tercer método, expresa “…en la rectificación
de tributos no se puede verificar que exista la justificación de los precios determinados por la Aduana
para considerar el ajuste, pues solamente hace referencia a su propia Base de Datos, pero no detalla
el procedimiento básico de cómo, cuándo o quien (SIC) obtuvo la información o los parámetros para
su búsqueda, tampoco los resultados de las búsquedas realizadas, de tal manera que pueda tener
certeza de que efectivamente se ha realizado en análisis respectivo, de acuerdo a la normativa
aplicable, y por tanto, el contribuyente pueda ejercer su derecho a la defensa de forma adecuada.
Recién para después de la audiencia preliminar, cumpliendo con lo dispuesto por este Tribunal, se
tuvo conocimiento de los resultados de una búsqueda en la base de valor, sin embargo no se llega a
conocer como (SIC) se hizo la búsqueda en la base de datos de tal manera que se cumpla con los
requisitos necesarios para la procedencia de su aplicación al caso concreto; esto es indispensable
pues se constituye la motivación misma de los actos administrativos emitidos por la Aduana, de tal
forma que se pueda verificar que se trata de mercadería similar, en las condiciones que exige la
aplicación del tercer método de valoración.” En el 5.5 refiere a criterios doctrinarios y
jurisprudenciales sobre la similitud de mercadería; en el 5.6 la confirmación de que la Aduana ha
procedido a aplicar el tercer método, sin hacer referencia a la forma cómo fueron obtenidos los datos y
detalle de las consideraciones que llevaron al establecer la similitud de la mercadería. Deja en claro
además el Tribunal juzgador, que no se trata de exigir que la Autoridad exponga información
reservada o confidencial, sino de proveer certeza del fundamento de las actuaciones administrativas.
Concluye, en el considerando 6.6, que el Tribunal llega a tener certeza del descarte del primer y
segundo métodos, pero no de la determinación del valor de aduana, conforme el tercer método; iii. De
la referencia y citas puntuales del fallo en an álisis, se puede colegir, sin lugar a dudas, que el Tribunal
de instancia realiza un adecuado ejercicio de motivación, identificando con claridad los errores en el
acto de determinación aduanera. La referencia a la confidencialidad de la información, solicitada por
el Tribunal para verificar los resultados a los que arriba la Administraci ón Aduanera en la aplicación
del tercer método, evidencia los errores en los que incurre la administraci ón en la aplicación del tercer
método de valoración que les conduce a declarar la nulidad de la rectificación de tributos. Por las
consideraciones expuestas, esta Sala desecha el cuestionamiento.
DÉCIMO QUINTO.- DECISIÓN.- Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR el fallo emitido
por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha, el 03 de diciembre del 2018, las 15h58.- Sin costas.- Notifíquese, Publíquese
y Devuélvase.-
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E)