Resolución Nº 24-2021 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 25 de Enero de 2021

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
PonenteDURANGO VELA GUSTAVO ADOLFO
Fecha de sentencia25 Ene 2021
Número de expediente00052-2019
Número de resolución24-2021
Juicio No. 17510-2019-00052
JUEZ PONENTE: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, lunes 25 de enero del 2021,
las 14h37. VISTOS: El señor Leda Alfonso Trujillo, en calidad de Procurador Judicial de
LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., interpone recurso de casación en contra de la sentencia de
mayoría dictada el 30 de septiembre de 2019, a las 16h08, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, dentro del juicio de
impugnación No. 17510-2019-00052, propuesto por el señor Pedro Clemente Alfonso Hidalgo, a
nombre y en representación de LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., en contra de la Resolución No.
SENAE-DDQ-2018-0651-RE de 5 de noviembre de 2018, emitida por el Director Distrital de Quito
del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en la que resuelve declarar sin lugar el Reclamo
Administrativo de Impugnación No. 092-2018-EI, y en consecuencia se ratifica el aforo efectuado en
la DAI No. 055-2018-10-00352763, así como la Liquidación Complementaria No. 37295586 de 18 de
junio de 2018.
PRIMERO: COMPETENCIA.- La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el presente recurso de casación en
conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador,
numeral 1 del artículo 185 del Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 269 del Código
Orgánico General de Procesos y artículos 184 y 185 segunda parte numeral primero del Código
Orgánico de la Función Judicial.
SEGUNDO: INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL JUZGADOR.- Mediante sorteo de la causa,
realizado el 28 de mayo de 2020, a las 18h21, se radica la competencia en la Sala integrada por la
doctora Mónica Alexandra Heredia Proaño, Jueza Nacional Ponente (E), doctora Gilda Rosana
Morales Ordóñez, Jueza Nacional (E) y doctor Fernando Antonio Cohn Zurita, Juez Nacional (E).
Mediante Oficio N° 2363-SG-CNJ-ROG de 3 de diciembre de 2019 y acción de personal N° 278-
UATH-2019-OQ se encargó al Dr. Fernando Cohn Zurita el despacho del juez José Luis Terán. De la
acción de personal No. 302-UATH -2020-OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la
Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con la
Resolución No. 065-2020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se
141191046-DFE
Firmado por
GUSTAVO
ADOLFO
DURANGO VELA
C=EC
L=QUITO
CI
1703594588
Firmado por
JOSE DIONICIO
SUING NAGUA
C=EC
L=QUITO
CI
1706860440
Firmado por
FERNANDO
ANTONIO COHN
ZURITA
C=EC
L=QUITO
CI
0911069714
legaliza el reintegro del Dr. Gustavo Durango Vela en calidad de Conjuez Nacional. Mediante Oficio
635-SG-CNJ de 1 de julio de 2020 la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia llama al Dr. Gustavo
Durango a asumir el despacho de la ex Magistrada doctora Mónica Heredia Proaño (quien
reemplazaba a la doctora Ana María Crespo), avalado por la acción de personal Nro. 317-UATH-
2020-OQ de la misma fecha. Igualmente, mediante acción de personal No. 301-UATH -2020-OQ de
22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte
Nacional de Justicia, en concordancia con la Resolución No. 065-2020 de 18 de junio de 2020 emitida
por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se legaliza el reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad
de Juez Nacional y por Resolución No. 08-2020 de 8 de julio de 2020, el Pleno de la Corte Nacional
de Justicia integra al doctor José Suing Nagua y al doctor Gustavo Durango a la Sala Especializada de
lo Contencioso Tributario.-
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO.- En escrito de fojas 189 a 197 de los autos de 12
de noviembre de 2019, el señor Leda Alfonso Trujillo en calidad de Procurador Judicial de
LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., presenta recurso extraordinario de casación, el que es
calificado de oportuno, que cumple requisitos de ley y se dispone subir los autos al Superior en auto
del 13 de noviembre de 2019, a las 11h10 de la Sala juzgadora, conforme a lo señalado en el artículo
274 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).
CUARTO: ERROR ALEGADO Y ADMITIDO.- Mediante auto de 7 de enero de 2020, a las
11h09, dictado por el doctor Marco Aurelio Tobar Solano, Conjuez Nacional de la Corte Nacional de
Justicia, se admite el recurso de casación interpuesto por la sociedad LABORATORIOS SIEGFRIED
S.A., en relación a las casos 2 y 4 del artículo 268 del COGEP, esto es: a) Caso 2.- Por el vicio de
falta de motivación de la sentencia; y, b) Caso 4.- Por el vicio de falta de aplicación de los
preceptos jurídicos de la valoración de la prueba, constantes en el artículo 161 y 163 del COGEP, que
condujo a la no aplicación del artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud. Siendo éstas las únicas
normas admitidas por el Conjuez Nacional, en el auto referido.
QUINTO: VALIDEZ PROCESAL.- De la revisión del proceso no se observa ninguna circunstancia
que puede afectar su validez procesal y tampoco existe nulidad alguna que declarar, por lo que se
declara la plena validez del mismo. A la presente sentencia, le antecedi ó la audiencia única vía
telemática llevada a efecto el día jueves 17 de diciembre de 2020, a las 11h00, en la cual fueron
escuchadas las partes procesales a través de sus procuradores judiciales, como se podrá verificar del
acta de audiencia que obra del proceso, así como del CD que contiene la grabación íntegra de la
misma.
La Sala no pudo tomar una decisión en su deliberación, por lo cual se difirió para una nueva fecha la
lectura de la sentencia. Convocadas las partes para emitir el fallo, se llev ó a cabo su reinstalación el
día viernes 22 de enero de 2021, a las 10h00, en la que se comunicó a las partes la decisión unánime
por parte de la Sala y se la expuso oralmente por parte del juez ponente. Se cumple ahora con la
notificación por escrito conforme lo dispone a ley.
SEXTO: ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.- El presente recurso de
casación se fundamenta en los casos, segundo y cuarto del artículo 268 del COGEP, que establecen:
Art. 268.- Casos. El recurso de casación procederá en los siguientes casos: (…) 2.
Cuando la sentencia o auto no contenga los requisitos exigidos por la ley o en su parte
dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles así como, cuando no
cumplan el requisito de motivación (…)”.
El caso 2 se refiere a la transgresión de normas relacionadas con la estructura, contenido y forma
de la sentencia o auto, la que podría configurarse, de tres formas: 1) por defectos en la estructura
del fallo que se dan por la falta de requisitos exigidos por la ley para la sentencia o auto, 2) por
incongruencia en la parte dispositiva del fallo en cuanto se adopten resoluciones contradictorias o
incompatibles; y 3) cuando la sentencia no cumpla el requisito constitucional y legal de la debida
motivación.
“4. Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba,
siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de
normas de derecho sustantivo en la sentencia o auto” (El subrayado fuera de texto).
En cuanto al caso 4, es el que la doctrina considera de vicio indirecto, pues tiene que existir en la
sentencia aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación indebida en los
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba y ello haber ocasionado o conducido a
una equivocada aplicación de normas de derecho.
SÉPTIMO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR LOS VICIOS SEÑALADOS.- La
sociedad LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., en el escrito de casación y en su defensa técnica,
alegó y manifestó:
7.1 Caso segundo.- La sentencia recurrida no es razonable, pues a pesar de citar la sentencia
constitucional (No. 035-14-SEC-CC), en el numeral 5.2.7 del acápite Quinto, se aleja del criterio de la
Corte Constitucional, pues el objeto de la litis versa sobre el hecho de que VITA E 400 con registro
sanitario que lo califica como medicamento, fue arbitrariamente clasificado en el arancel nacional de
importaciones como preparación alimenticia, no se trata sobre la competencia del SENAE para
clasificar arancelariamente un producto que es, a lo que redujo el Tribunal el análisis de la causa; en
lugar de dar una solución a la controversia, con sustento en el referido fallo constitucional, se aleja de
la normativa constitucional y legal, para imponer un criterio por sobre la Constituci ón y las leyes,
incluso sobre los razonamientos de la Corte Constitucional en casos análogos, pues no está en
discusión la competencia del SENAE para clasificar una mercancía arancelariamente, sino si el
SENAE, en ejercicio de esa competencia observó objetivamente la naturaleza del producto VITA E
400. Dice que la sentencia carece de lógica, pues el numeral 5.3.1 estable que la inscripción como
medicamento en el registro sanitario, no requiere ser probado, mientras que en el numeral 5.4 afirma
que no se demostró que el producto es un medicamento, lo cual es incomprensible y contradictorio.
Continúa diciendo que, el análisis del Tribunal no guarda armonía y lógica con todos los elementos
presentados, evaluados y analizados para emitir su sentencia; que en el numeral 5.3.2, el Tribunal no
discierne entre el contenido de los peritajes elaborados por dos especialistas uno en química
farmacéutica y otro en asuntos aduaneros, tomando a conveniencia partes del contenido de cada
informe para llegar a conclusiones antojadizas; que para el Tribunal, la actora debía probar que VITA
E 400 es un medicamento, cuando esta condición no está en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. La
sentencia no es comprensible, pues desestimó la obligación de las entidades públicas de coordinar
acciones que colocan al importador en una situación de inseguridad jurídica al no conocer cuál es el
régimen jurídico aplicable a un producto calificado como medicamento, reduciendo la discusión a un
tema de competencia de la aduana, lo cual no es objeto de la litis; que la Sala elaboró un análisis
propio de los componentes del VITA E 400, sin considerar objetivamente los informes periciales
presentados, concluyendo simplonamente que este producto es una preparación alimenticia y no un
medicamento sin considerar el registro sanitario, omitió pronunciarse sobre la aplicación del 0% del
IVA al producto; en definitiva, no hay una análisis ordenado y claro de los hechos y normas
concernientes al caso en concreto, lo que se traduce en falta de motivación.
7.2 Caso cuarto.- Sostiene el recurrente que considerando el precepto jurídico de conducencia y
pertinencia de la prueba (art. 161 del COGEP), el Tribunal debía verificar si las pruebas aportadas al
proceso gozaban de estas aptitudes, y de hacerlo, valorarlas en ese sentido, lo que no sucedió respecto
del Registro Sanitario No. 16.652-4-02-12, pese a ser éste una prueba conducente y pertinente para
determinar la naturaleza del producto, objeto de controversia, no le dio la relevancia del caso, tal
como consta del numeral 5.4 del acápite Quinto; al no aplicar el precepto jurídico aplicable a la
valoración de la prueba respecto de la conducencia y pertinencia de la misma, devino en la falta de
aplicación del artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud, que se refiere a la obligatoriedad de todo
medicamento de obtener el respectivo registro sanitario para su importaci ón y comercialización en el
país. En atención al precepto jurídico aplicable a la valoración de la prueba (numeral 1 del artículo
163 del COGEP) y dado que la actora afirmó que VITA E 400 tiene registro sanitario que lo califica
como medicamento, al ser aceptado por la autoridad demandada, dicho hecho no requiere de prueba;
sin embargo, en el numeral 5.4 afirma contradictoriamente que no se demostr ó que el producto VITA
E 400 es un medicamento, es decir de un hecho que no requería prueba (registro sanitario),
arbitrariamente al final solicitó prueba, y utilizó dicha aparente ausencia de prueba para negar la
demanda, desconociendo que la calidad de medicamento no era un hecho controvertido. El Tribunal
citó la norma contenida en el artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud, pero no realizó ningún análisis
respecto de su contenido y su relación con los hechos; que si el Tribunal hubiese aplicado los
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, su conclusión hubiese sido otra.
OCTAVO: CONTESTACIÓN AL RECURSO.- El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador,
dentro de término concedido y en la audiencia convocada para el efecto, procede a dar contestación al
recurso de casación interpuesto por la sociedad actora, en los siguientes términos:
8.1 Caso segundo.- Señala que el 23 de agosto del 2017, se aprobó la reforma arancelaria que entró
en vigencia el 1 de septiembre del mismo año, según el artículo 1 de dicha resolución, los productos
importados que contengan una o más vitaminas deben ser clasificados en la subpartida arancelaria
2106.9074.00. En el acto de aforo que analizó la naturaleza del producto, de la información entregada
por el mismo recurrente, se determinó que el producto importado contiene vitamina E. No hay duda de
que el SENAE por la Constitución y la ley, es la institución encargada de la determinación tributaria
en base a la clasificación arancelaria, ejerce la potestad estatal en las competencias y facultades que le
son atribuidas, y no se ha involucrado o desconocido atribuciones de otras Instituciones del Estado. La
coordinación de que habla la actora, debe sustentarse en las funciones y atribuciones de cada
Institución, así el Ministerio de Salud ha calificado los productos como medicamentos dentro de sus
competencias, esto es para efectos del ámbito de salud, mientras que la administración aduanera para
los efectos tributarios aduaneros determina una clasificación arancelaria como preparación
alimenticia. Si el Tribunal a quo, ha referido a la Ley Orgánica de Salud, no necesariamente debe
hacerla prevalecer a la normativa que rige el ámbito tributario aduanero. Analizado el numeral 5.2 del
fallo recurrido, del que expresó su inconformidad el recurrente, sin especificar cómo y en que parte no
existe razonabilidad, lógica y comprensibilidad; por el contrario, el numeral 5.4 de la sentencia,
reconoce que no existe objeción respecto al registro sanitario para efectos de salud, más ello no rige
para el ámbito tributario aduanero. Que lo que el Tribunal señala es que, el recurrente no demostró
que el producto VITA E 400 sea un medicamento que contenga una o más vitaminas, más no, que no
ha demostrado que es un medicamento, como asevera el recurrente; que en cuanto a la ausencia de
lógica en el numeral 5.3.2 de la sentencia, el recurrente tergiversa la decisión de la Sala A quo que
está plenamente discernida y concatenada, pues la demanda versa sobre un ámbito tributario a fin de
determinar la correcta clasificación arancelaria, más no de definición de un producto que sería materia
de otro ámbito judicial.
8.2 Caso cuarto.- El SENAE considera que el recurrente alega “falta de aplicación del artículo 137 de
la Ley Orgánica de Salud”, norma que si fue aplicada en la sentencia, por tanto la causal invocada no
se apega a la verdad; que en cuanto a los artículos 161 y 163 del COGEP, se pretende inducir al
Tribunal de Casación a revisar nuevamente la prueba actuada, lo que es ilegal acorde al artículo 270
ibídem; insiste en que la Ley Orgánica de Salud no es aplicable al ámbito tributario aduanero, por
tanto la sentencia cumple con los requisitos de motivación, razonabilidad, lógica y comprensibilidad
cuando hace relación a la naturaleza, composición del producto y sus efectos positivos en el
organismo pero no con cualidades curativas para tratar una enfermedad; que el registro sanitario tiene
efectos en el ámbito de la salud, más no en el tributario aduanero. Está de acuerdo con todo lo
expuesto en el fallo recurrido y por tanto pide se rechace el recurso planteado.
NOVENO: CONSIDERACIONES DE LA SALA DE CASACIÓN AL AMPARO DEL CASO
SEGUNDO EL ARTÍCULO 268 DEL COGEP.-
9.1 Corresponde a esta Sala de Casación resolver sobre la falta de motivación de la sentencia alegada
por el recurrente y admitida por el Conjuez, lo cual de comprobarse, produce como efecto su nulidad,
al tenor de lo ordenado en la normativa relativa al planteamiento del problema jurídico y, conforme al
auto de admisión del recurso, necesariamente se ha de considerar:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:
"Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías
básicas: (...) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (...)
I) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación sin
en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se
explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”.
9.2 Alcance doctrinario del error al amparo del caso segundo.- En lo que atañe a la falta de
motivación, en tal sentido para la autora Gladis E. de Midón, en su obra “La Casación Control del
Juicio de Hecho”, Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires -Argentina, 2001, p. 20, respecto a la
motivación manifiesta que:
Para alcanzar sus fines garantistas es inevitable que la motivación sea autosuficiente, en el
sentido de abastecerse, expresando no sólo las conclusiones decisivas sino,
fundamentalmente, las razones en que tales conclusiones se basan. No basta pues, como bien
dice Carrió, que la sentencia tenga fundamentos, porque es preciso que éstos estén a su vez
fundados. Sin esa básica motivación no es posible hablar en lenguaje constitucional de
sentencia, pues huérfana de razonados fundamentos no hay nada, añadirá Morello, que en un
acto de voluntad inepto de por si para constituirse en fuente jurígena de derechos”.
Por su parte el Dr. Santiago Andrade Ubidia, en la obra “La Casación Civil en el Ecuador”,
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2005, p. 138, sostiene que:
La motivación de la sentencia constituye un elemento intelectual, de contenido crítico,
valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho que
el juez apoya su decisión. Su exigencia es una garantía de justicia a la cual se le ha
reconocido jerarquía constitucional, como derivación del principio de inviolabilidad de la
defensa en juicio. Por la motivación, además se asegura la publicidad de la conducta de los
jueces y el control popular sobre el desempeño de sus funciones, esencial en un régimen
republicano. Por ella también podrán los interesados conocer las razones que justifican el
fallo y decidir su aceptación o impugnación
Para Oswaldo Alfredo Gozaini, en su obra “El Derecho Procesal Constitucional, El Debido Proceso”,
Rubinzal - Culzoni Editores, Buenos Aires-Argentina, 2004, p. 428; la motivación, que no es otra cosa
que
“…la progresividad del derecho de las partes y la obligación constitucional de los jueces de
motivar los fallos, plantea la naturaleza que tiene este deber fundamental. No se trata de
contabilizar una simple fundamentación que puede resultar suficiente con la aplicación
mecánica de la ley, sino de analizar si dicha exigencia radica en una necesidad pol ítica
propia de la justificación de los actos de un poder del Estado, o significa establecer una
garantía constitucional que forma parte de un conjunto de mayor contenido en el principio
del debido proceso”.
Es claro entonces, que la motivación es uno de los requisitos esenciales que deben cumplir las
decisiones de las funciones públicas, ya sea en el ámbito administrativo o judicial. Motivar es explicar
la manera en que las normas jurídicas son aplicadas a los hechos controvertidos y definidos
exhaustivamente en el proceso, luego de que éstos han sido verificados en base a las pruebas debida y
legalmente actuadas, es decir, la subsunción de tales hechos a las normas legales que lo prevén y
producen efectos jurídicos.
9.3 En relación al recurso planteado por LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., se debe analizar si la
sentencia objetada, está o no debidamente motivada, y para ello nos permitimos resaltar los siguientes
puntos extraídos de la misma:
9.3.1 La sala de instancia en el considerando CUARTO, en el numeral 4.3 establece el objeto de la
litis al señalar que esta consiste en: “ESTABLECER SI ES O NO PROCEDENTE LA NEGATIVA A
LA IMPUGNACIÓN EFECTUADA POR LA COMPAÑÍA ACTORA, CONTENIDA EN LA
RESOLUCIÓN NO. SENAE-DDQ-2018-0651-RE DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDA POR
EL DIRECTOR DISTRITAL DE QUITO DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL
ECUADOR; Y EN ESTE SENTIDO, ESTABLECER SI LA PARTIDA ARANCELARIA DECLARADA
POR EL IMPORTADOR ES LA QUE CORRESPONDE A LA MERCANCÍA VITA E 400, ASÍ COMO
DILUCIDAR SOBRE EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS PÓLIZAS ADUANERAS QUE
AFIANZAN EL PAGO DE LOS TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR.”; es decir que, se establece
que la controversia se traba por la reclasificaci ón de la partida arancelaria efectuada por la
administración aduanera, tanto que, en el considerando Quinto se sostiene que: 'La controversia entre
las partes surge en cuanto la compañía actora importó el producto denominado “VITA E 300” (sic) y
lo declaró en la subpartida arancelaria 3004.50.10.00 correspondiente a “medicamentos y drogas de
uso humano”; mientras que la autoridad aduanera ha resuelto ratificar el acto determinativo que
modificó la partida arancelaria a la subpartida 21.06. “Preparaciones alimenticias no expresadas ni
comprendidas en otra partes”, específicamente en la subpartida 2106.90.74.00 “Que contengan
como ingrediente principal una o más vitaminas”'. Con esta base, en los siguientes apartados de la
sentencia se considera: en el numeral 5.2, se refiere a la competencia de la administraci ón aduanera
para proceder al cambio de partida arancelaria, en el numeral 5.2.1 cita la normativa pertinente:
artículos 75 y 76 del Código Tributario, 212 y 218 del Código Orgánico de la Producción Comercio e
Inversiones (COPCI), en el numeral 5.2.2, respecto a la competencia del SENAE para cambiar las
partidas arancelarias, se remite a varios fallos emitidos por la Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia (recursos de casación Nos. 50-2010, 513-2010, 20-2010,
473-2010, 325-2011, 450-2011, 102-2011), los cuales de manera general disponen: “…no se puede
sostener…que la CAE incumple con lo que disponen leyes como el C ódigo de la Salud o la Ley
Orgánica de la Salud, pues el ámbito de acción y el rol que le corresponde a la CAE es la
determinación y verificación de las obligaciones tributarias, mas no la de ser autoridad de salud…”;
en el numeral 5.2.3, se remite al precedente jurisprudencial obligatorio emitido por el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia, Resolución No. 05-2013, cuyo tema central es: “…la Corporación
Aduanera Ecuatoriana en el ejercicio de la facultad determinadora puede realizar el cambio de
partida arancelaria, lo que no implica que contravenga con lo determinado en la Ley Orgánica de
Salud, porque la determinación y verificación de obligaciones tributarias aduaneras son competencia
exclusiva del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador…”; más adelante, en el numeral 5.2.4, se
remite a un fallo de la Corte Constitucional (sentencia No. 035-14-SE-CC), que se relaciona a la
facultad de la autoridad aduanera para realizar el cambio de partida arancelaria y al hecho de que no se
ha dado solución al conflicto entre ésta y el Ministerio de Salud Pública, motivo por el cual se da de
baja la sentencia de casación analizada por la Corte Constitucional; en el numeral 5.2.5, se remite a la
autoridad sanitaria nacional, sus competencias y responsabilidades, con base en la Ley Orgánica de
Salud (artículos 4, 129, 137, 138, 135 y 140); en el numeral 5.2.6, se refiere a la normativa pertinente
a las facultades de la autoridad tributaria aduanera de ejecutar el acto de aforo, control aduanero y
control posterior contemplados en los artículos 140, 144, 145 del COPCI y la facultad de rectificación
de tributos contemplado en el artículo 114 del Reglamento al Título Facilitación Aduanera del
COPCI; en el numeral 5.2.7, expresamente sostiene queDe las normas antes citadas y los fallos en
referencia (…) queda claro que la autoridad u órgano competente para realizar la verificación de la
declaración aduanera, que incluye el cambio y modificación de la clasificación aduanera es el
SENAE”; dicha facultad supone la realización de un conjunto de actos reglados que obedecen a “…un
procedimiento legal que busca comprobar objetivamente la información contenida en la declaración
efectuada por el contribuyente a efecto de comprobar la correcta, real y justa aplicación de las
normas constitucionales, legales, reglamentarias y contables a las que se subsume el régimen
aduanero tributario”. La sentencia en su considerando 5.3 expone la apreciación de la prueba en su
conjunto, lo cual por haber sido impugnado al tenor de la Causal 4 del Art. 268 del COGEP, se lo
tratará en su momento. Adicionalmente se realiza el control de legalidad del acto impugnado y sus
antecedentes (aforo), y llega a la conclusión de que si cumple con el requisito de motivación acorde a
los artículos 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República y 81 del Código Tributario, por
lo que no se evidencia vulneración del principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 75 de la
Constitución de la República, ni que la autoridad aduanera haya alterado el registro sanitario otorgado
por la autoridad de salud del producto importado, …sin que se justifique tampoco el argumento de la
parte actora respecto de que la aduana no debía hacer un “segundo análisis” de la composición
química, toda vez que, como queda señalado a lo largo de este fallo, la determinación a través del
aforo, lo que puede implicar la clasificación aduanera en la subpartida arancelaria correspondiente,
lo que no implica descoordinación con la autoridad de salud, sino el ejercicio de una competencia
exclusiva de la autoridad aduanera que debe cumplir a cabalidad conforme lo dispone la ley en los
artículos 140 del COPCI, lo que ha cumplido en los términos del artículo 226 de la Constitución de la
República”; sustento por el cual se niega la demanda propuesta.
9.3.2 En cuanto al vicio imputado por el recurrente, esto es, que la sentencia incurre en falta de
motivación, pues el objeto de la litis versa sobre el hecho de que el producto importado (VITA E 400),
al tener registro sanitario que lo califica como medicamento, fue arbitrariamente clasificado en el
arancel nacional de importaciones como preparación alimenticia, y no sobre la competencia del
SENAE para clasificar a un producto, se debe observar que el punto de controversia (fijada por las
partes) se redujo a “…ESTABLECER SI LA PARTIDA ARANCELARIA DECLARADA POR EL
IMPORTADOR ES LA QUE CORRESPONDE A LA MERCANCÍA VITA E 400…”; en este contexto,
la Sala juzgadora analiza detalladamente si el SENAE, tiene o no la facultad para realizar la
reclasificación de la partida arancelaria declarada originalmente por el importador y arriba a la
conclusión de que el cambio de partida arancelaria, de medicamento a preparación alimenticia, ha sido
realizado en virtud de su facultad determinadora, acorde a las normas que rigen la materia de
clasificación arancelaria; es decir que, contrario al criterio del accionante, en la sentencia se ha
resuelto el objeto de la litis, y aun cuando ésta no consistía en resolver la supuesta controversia entre
el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el Juzgador a quo al
respecto señaló que la autoridad aduanera no ha alterado el registro sanitario otorgado por la autoridad
de salud, sino que procedió a verificar la partida arancelaria del producto importado, que ello no
implica descoordinación con dicha autoridad, sino el ejercicio de una competencia suya conforme lo
dispone la ley (Art. 140 del COPCI) en los términos del artículo 226 de la Constitución. Cabe
observar que, si a criterio del recurrente el Juzgador de instancia incurrió en una infracción sobre el
objeto litigioso, debió plantear el recurso al amparo del caso 3 del artículo 268 del COGEP, esto es
cuando se haya resuelto en la sentencia o auto lo que no sea materia del litigio o se haya concedido
más allá de lo demandado, o se omita resolver algún punto de la controversia y no confundirla con la
falta de motivación. En cuanto al argumento del recurrente de que la sentencia analizada carece de
lógica, por ser contradictoria, la Sala a quo en el numeral 5.3.1, establece que si bien no requiere ser
probado que, el producto VITA E 400 ha obtenido el registro sanitario del Ministerio de Salud
Pública, bajo la inscripción general de medicamento, en el numeral 5.4 señala que aunque dicho
producto tiene en su composición la vitamina E (ratificado en los informes periciales), ello no
demuestra de forma alguna que el producto importado sea medicamento, y concluye que es este
contenido (vitamina E), lo que permite que se le clasifique en la subpartida arancelaria 2106.90.74.00
que corresponde a preparación alimenticia, es decir “Que contengan como ingrediente principal una o
más vitaminas” adecuada a la partida establecida por el SENAE, no existe contradicción en el fallo
analizado, ya que para el Tribunal de instancia decide sobre el hecho de que la compañía actora, no ha
demostrado que el producto importado sea un “medicamento” que contenga una o más vitaminas. Ha
sido también impugnada la sentencia por una supuesta incongruencia, por cuanto se adoptan
decisiones contradictorias o incompatibles, vicio que de haberse producido, debió ser denunciado de
forma independiente al de la falta de motivación, aspecto de técnica casacional que se desconoce en la
interposición del recurso. En conclusión, el cargo de falta de motivación alegado por el recurrente, a
más de carecer de una fundamentación coherente, que observe la técnica jurídica necesaria, en ningún
momento señala de manera adecuada cómo es que el Tribunal de instancia incurre en este vicio, lo que
conlleva a determinar, que contrario al criterio del recurrente, ha quedado en evidencia que la
sentencia recurrida si se encuentra motivada pues contiene la relaci ón circunstanciada de los hechos
apreciados, evaluados y admitidos por la Sala juzgadora y la subsunción de éstos a las normas de
derecho que a su criterio debieron ser aplicadas en el caso concreto, y s ólo después de este análisis
llega a una conclusión. En definitiva, no porque el razonamiento jurídico del Tribunal a quo sea
contrario a los intereses de la compañía importadora, significa que en ésta exista “falta de motivación”
en el fallo recurrido.
DÉCIMO: CONSIDERACIONES DE LA SALA DE CASACIÓN AL AMPARO DEL CASO
CUARTO EL ARTÍCULO 268 DEL COGEP.-
10.1 A fin de establecer si se configura o no el cargo alegado, este Tribunal Especializado de Casación
Tributaria, inicia su análisis transcribiendo las normas de derecho que el recurrente estima infringidas
y que han sido calificadas como procedentes por el Conjuez de la Sala:
Código Orgánico General de Procesos:
“Art. 161.- Conducencia y pertinencia de la prueba. La conducencia de la prueba consiste en
la aptitud del contenido intrínseco y particular para demostrar los hechos que se alegan en
cada caso. La prueba deberá referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias
controvertidos.
Art. 163.- Hechos que no requieren ser probados . No requieren ser probados: 1. Los
hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la parte contraria en la contestación
de la demanda o de la reconvención o los que se determinen en la audiencia preliminar o en
la segunda fase de la audiencia única…”
Ley Orgánica de Salud:
Art. 137.- Estén sujetos a la obtención de notificación sanitaria previamente a su
comercialización, los alimentos procesados, aditivos alimentarios, cosméticos, productos
higiénicos, productos nutracéuticos, productos homeopáticos, plaguicidas para uso
doméstico e industrial, y otros productos de uso y consumo humano definidos por la
Autoridad Sanitaria Nacional, fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su
importación, comercialización y expendio. Están sujetos a la obtención de registro sanitario
los medicamentos en general en la forma prevista en esta Ley, productos biológicos,
productos naturales procesados de uso medicinal, productos dentales, dispositivos médicos y
reactivos bioquímicos de diagnóstico, fabricados en el territorio nacional o en el exterior,
para su importación, comercialización, dispensación y expendio. Las donaciones de
productos señalados en los incisos anteriores, se someterán a los requisitos establecidos en el
reglamento que para el efecto dicte la autoridad competente”.
10.2 Alcance doctrinario del error al amparo del caso cuarto.- El recurso de casación interpuesto
se fundamenta en la falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la
prueba; de ahí que el autor Santiago Andrade Ubidia, en la obra “La Casaci ón Civil en el Ecuador”,
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito-2005, p. 150, señala que este caso:
“…recoge la llamada en la doctrina violación indirecta, que permite casar el fallo cuando el
mismo incurre en error al inaplicar, aplicar indebidamente o interpretar en forma errónea
las normas relativas a la valoración de la prueba, cuando ello ha conducido a una
equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en el fallo impugnado; el
recurrente en su fundamentación deberá demostrar el error de derecho en que ha incurrido el
Tribunal de instancia, ya que nuestro sistema no admite la alegación del error de hecho en la
valoración de la prueba, como causal de casación, ya que pertenece al llamado sistema de
casación puro…”.
Lo que implica que no se trata de la posibilidad de denunciar un error de hecho en la valoración de la
prueba, sino de invocar con absoluta precisión cómo fue qué el juez no aplicó, aplicó indebidamente o
interpretó erróneamente los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. Por lo tanto,
los tribunales o jueces de instancia tienen autonomía para apreciar las pruebas que obren dentro del
proceso; sin embargo, dicha autonomía en la apreciación probatoria no puede ser ilimitada, pues sus
límites se vinculan a la defensa de los derechos o garantías fundamentales, de tal manera que el
Tribunal de casación puede revisar la apreciación probatoria que los jueces de instancia hayan
realizado de la prueba, si al hacerlo han violado los preceptos jur ídicos aplicables a la valoración de la
prueba.
Así, al seguir la línea jurisprudencial de esta Sala Especializada, para demostrar el error de derecho al
amparo del caso cuarto del artículo 268 del COGEP, la proposición jurídica debe contener, como
mínimo los siguientes puntos: 1. Identificar de forma precisa del medio de prueba que a su juicio ha
no sido valorado en la sentencia; 2. Determinar con precisión la norma procesal sobre valoración de
prueba que ha sido violada; 3. La demostración lógica y jurídica de la forma cómo ha sido violada la
norma sobre valoración del medio de prueba respectivo; y, 4. La identificación de la norma sustantiva
o material que ha sido aplicada erróneamente o que no ha sido aplicada a consecuencia del yerro en la
valoración probatoria.
10.3 La sociedad LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., al justificar la procedencia de esta causal, por
el vicio de falta de aplicación de los artículos 161 y 163 del Código Orgánico General de Procesos,
observa que: “…considerando el precepto jurídico de conducencia y pertinencia de la prueba, el
Tribunal debía verificar si las pruebas aportadas al proceso gozaban de estas aptitudes y en la
medida que lo hacían valorarlas en ese sentido, cosa que no sucedió respecto del Registro Sanitario
No. 16.652-4-02-12, pues el Tribunal en su fallo de mayoría pese a que el registro sanitario es una
prueba conducente y pertinente para determinar la naturaleza del producto objeto de controversia no
le dio la relevancia del caso”. El segundo inciso del mentado artículo 161, dispone que la prueba
deberá referirse directa o indirectamente a los hechos controvertidos y conducir a demostrar al juez
que, la pretensión de la demanda o su contradicción sean lógicas, coherentes y le lleve a una
conclusión fehaciente, contario sensum una prueba inconducente o impertinente, que no tiene un
propósito claro, perjudicaría a la parte que la presenta pues podría crear confusión en la mente del
juez; lo que implica que la conducencia y pertinencia no son preceptos jurídicos de valoración de la
prueba, como podría ser por ejemplo, el señalado en el artículo 184 del COGEP que obliga a
considerar como prueba decisiva la declaración de parte, o el artículo 185 Ibídem que le da valor
determinante al juramento deferido en favor del trabajador, o el artículo 208 ibídem, que establece que
da fe sobre el otorgamiento, la fecha y los comparecientes la firma de una escritura pública, etc. etc.;
por lo tanto, el artículo 161 del COGEP, que es la norma no aplicada según el recurrente, no es una
norma que obligue al juez a establecer el valor que le ha dado a una prueba (Registro Sanitario No.
16.652-4-02-12) y menos que este documento le haya servido para justificar su decisión.
10.4 En igual sentido, el artículo 163 del COGEP, que también se afirma no se ha aplicado, se refiere
a los hechos que no requieren ser probados, sobre el cual el casacionista sostiene que: …el Tribunal
afirmó contradictoriamente que no se demostró que el producto VITA E 400 es un MEDICAMENTO
o lo que es lo mismo que no es una preparación alimenticia (sic), constituyendo tal razonamiento, el
fundamento principal por el que el Tribunal resolvió negar la demanda propuesta…”. Pero en
realidad, veamos lo que el Tribunal A quo dijo al respecto: “ De acuerdo a lo previsto por el artículo
163,1 del COGEP, por haberlo afirmado la actora en su demanda y ratificado la autoridad
demandada en su contestación, no requiere ser probado, por no ser controvertido, que la parte
actora, respecto del producto VITA E 400 ha obtenido registro sanitario ante el Ministerio de Salud
Pública, bajo la inscripción general de medicamento (…) en la resolución impugnada se ratifica la
consideración realizada en el aforo, respecto de que el producto VITA E 400 tiene en su composici ón
como principio activo el DL-alfa tocoferol acetato en una concentración de 400 UI de vitamina E, lo
que es ratificado por los informes periciales de manera concordante; sin que se haya demostrado de
forma alguna que el producto importado es un medicamento que contiene una o más vitaminas;…”
(subrayado fuera de texto). Para dilucidar si se cumple o no el cargo en contra de la sentencia de
instancia, nuevamente es necesario recurrir al objeto de la Litis, transcrita en el numeral 9.3.1 de este
fallo, en resumen: establecer si la partida arancelaria es la que corresponde al producto Vita E 400. El
hecho de reconocer que la actora tenga registro sanitario como Medicamento, seg ún la Sala A quo no
le obliga a la autoridad aduanera, pues si bien el Ministerio de Salud, para efectos de control de la
salud pública califica a un producto (en el caso el VITA E 400) como “medicamento”, tal decisión no
afecta la facultad determinadora del SENAE de clasificar en una determinada partida arancelaria, pues
su esfera se traduce netamente al cobro de impuestos y tarifas por la importación y nada que tenga que
ver con el registro sanitario, en el caso concreto para clasificar al producto importado como
“preparación alimenticia”. Si bien al Pleno de la Corte Nacional de Justicia mediante Resolución N°
05-2013, del 13 de agosto de 2013, establece de manera obligatoria, hasta que la ley no diga lo
contario que, “la Corporación Aduanera Ecuatoriana (Ahora SENAE) en ejercicio de la facultad
determinadora puede realizar el cambio de partida arancelaria, lo que no implica que contravenga
con lo determinado en la ley Orgánica de Salud, porque la determinación y verificación de
obligaciones tributarias aduaneras son competencia exclusiva del Servicio
Nacional de Aduana…”, el 16 de diciembre de 2020, la Corte Constitucional del Ecuador en
sentencias Nos. 2971-18-EP/20 y 1797-18-EP/20, ha declarado que tal Resolución de carácter general
emitida por la Corte Nacional de Justicia dejó de existir por disposición de la sentencia de la Corte
Constitucional N° 035-14-SEP-CC de 12 de marzo de 2014, pues una de la sentencia (Nro.102-2011)
que sirvió de fundamento para adoptar el precedente jurisprudencial por triple fallo reiterativo, fue
declarada inconstitucional, acarreando la pérdida de la condición de triple reiteración, por lo que la
Resolución 05-2013 está en la mesa de discusión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para ser
derogada (proyecto de Resolución del Juez Nacional Dr. Fernando Chon Zurita), en cumplimiento de
la Decisión (numeral 4.) de ambas sentencias y del Art. 184 de la Constitución de la República, que
disponen que se verifique la vigencia de los fallos que conforman el precedente de triple reiteración.
10.5 Problema jurídico fijado por la Corte Constitucional Es claro entonces, que la Corte
Constitucional en la sentencia número 035-14-SEP-CC de 12 de marzo de 2014, confirmada y
ratificada por las sentencias Nos. 2971-18-EP/20 y 1797-18-EP/20, declaró la vulneración del derecho
al debido proceso en las garantías del cumplimiento de las normas y los derechos de las partes y a la
motivación, así como los derechos a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, para lo cual se
“Existe (…) contradicción entre la institución aduanera que califica al producto importado como
'suplemento alimenticio' y el Ministerio de Salud Pública que califica a dicho producto como
'medicamento' (…) que el conflicto presentado ante los señores jueces dentro del recurso de casación,
no debía pasar únicamente por el hecho de validar un proceso de determinación fiscal en
reconocimiento a las competencias y facultades legales con las que goza la institución aduanera, sino
también el de encontrar una solución a una evidente contradicción presentada por el accionante en
relación a un mismo punto: la determinación del tipo de producto del que se trata . Se ha evidenciado
por parte de la Sala un criterio contradictorio entre dos instituciones públicas, que provoca efectos
diversos, dependiendo de la posición que se adopte -el que el producto en cuestión sea considerado o
no un medicamento-. Esta circunstancia a pesar de haber sido plenamente identificada dentro de la
sentencia recurrida y la sentencia de casación fue desconocida por los señores jueces. Si bien es
cierto, como lo señala la Sala, no existe una regla legislativa que expresamente haya obligado a la
Corporación Aduanera Ecuatoriana [a] acatar las decisiones de la autoridad sanitaria, ni viceversa,
sí existe, como se mostrará, un principio constitucional que permite la aplicación de una solución
razonable al conflicto planteado. Bajo estas consideraciones, la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, en su deber de administrar justicia con
sujeción a lo previsto en la Constitución, según lo señala el artículo 172 de la Carta Suprema, debió
considerar dentro de su fallo el principio de coordinación que debe regir entre las instituciones que
conforman la administración pública, el cual debe interpretarse, según lo señala el artículo 226 de la
Constitución, como el 'deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo
el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución' y de esa manera, dar una solución
real y efectiva al vacío jurídico en el que se encuentra la empresa por una evidente y reprochable
contradicción de criterios entre dos instituciones públicas como es el caso de la Corporación
Aduanera del Ecuador y el Ministerio de Salud Pública, la cual desemboca en un resultado contrario
a la corrección del razonamiento práctico, pues a la vez se afirma que el producto 'es' y 'no es' un
medicamento (…)” (subrayado es de la Corte Nacional).
10.6 En consecuencia, no es que la Corte Constitucional, disponga que la Administración tributaria
aduanera, debe “respetar” la clasificación arancelaria como “medicamento” en la partida señalada por
el importador, por haber recibido el registro sanitario, si fuese ese el caso, por ser esa una decisión
vinculante, no tendría otra opción la Corte Nacional sino acatarla; lo que señala y decide es que existe
una “falta de coordinación entre esas dos instituciones, conforme a lo señalado en el Art. 226 de la
Constitución”, lo que queda desvirtuado según el siguiente análisis:
10.7 Clasificación arancelaria: Conforme al Decreto No. 1337 del 16 de septiembre de 2008,
publicado en el Registro Oficial No. 433 del 23 de septiembre de ese año, Ecuador se adhirió a la
“Convención Internacional del Sistema Armonizado de Designación y de Codificación de Mercancías
de la Organización Mundial de Aduanas”, estando en consecuencia sujeto a sus normas, y por tanto a
utilizar todas las partidas y subpartidas del Sistema Armonizado y a aplicar las “Reglas Generales para
la interpretación del Sistema Armonizado” así como todas las Notas de las secciones, capítulos y
subpartidas; contemplándose además en el Convenio la creación del Comité del Sistema Armonizado,
que tiene como una de sus atribuciones la redacción de notas explicativas, criterios de clasificación y
otros criterios para la interpretación del Sistema Armonizado.
10.8 Mediante Decisión de la Comunidad Andina No. 812, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena No. 2793 del 2 de septiembre de 2016, vigente desde el 1 de enero de 2017
según su artículo 3 (que rige desde esa fecha para los pa íses de la Comunidad Andina, de acuerdo al
artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, Registro
Oficial No. 363 del 18 de enero de 2000), se aprobó la Nomenclatura Común de Designación y
Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comunidad Andina, que tiene como
antecedente el Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designaci ón y Codificación
de Mercancías. Por ello, en la Decisión 812 se detalla una clasificación arancelaria y reglas generales
para interpretación de nomenclatura arancelaria, similares a las definidas por la Organizaci ón Mundial
de Aduanas, siendo denominada como NANDINA la nomenclatura andina a la que está sujeta nuestro
país.
10.9 La norma interna ha reconocido esa sujeción a las normas supranacionales, en el artículo 83 del
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que dispone que “para la aplicación de
medidas arancelarias y no arancelarias a la importación y exportación de mercancías, así como para
las estadísticas de comercio exterior, se utilizará la nomenclatura que defina el órgano rector en
materia de comercio exterior, de conformidad con el Convenio sobre el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías (…)”, así como en el literal b del artículo 79 del
Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro v del Código Orgánico
de la Producción, Comercio e Inversiones que establece: “Art. 79.- Normas de Aforo.- Para el acto de
aforo dispuesto en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se tendrán en
cuenta las normas siguientes: (…) b) La clasificación arancelaria se efectuará con la aplicación de
las reglas generales interpretativas del sistema armonizado de designación y codificación de
mercancías, notas explicativas del Sistema Armonizado de la OMA (…)”.
10.10 Para la determinación de la clasificación arancelaria de los productos importados, el Ecuador
está sujeto a normas supranacionales, que tienen un rango jerárquico superior a las normas internas, de
acuerdo al artículo 425 de la Constitución, sin que le sea permitido al país asignar a una mercancía
importada una subpartida arancelaria de acuerdo a criterios ajenos a los establecidos en las
nomenclaturas arancelarias armonizadas y las Reglas Generales para la interpretación del Sistema
Armonizado, así como todas las Notas de las secciones, capítulos y subpartidas, y las notas
explicativas del sistema armonizado.
10.11 En cambio, la determinación de las tarifas que se aplican a las correspondientes subpartidas
arancelarias, se derivan de normas internas, en función de lo establecido en los artículos 305 de la
Constitución y 71 y 72 -literal c- del COPCI.
10.12 La Resolución 020-2017, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 63 del
23 de agosto de 2017, ha adoptado las normas supranacionales en cuanto a la estructura arancelaria,
las Reglas Generales para la interpretación del Sistema Armonizado, así como todas las Notas de las
secciones, capítulos y subpartidas (conforme a lo establecido por la Organización Mundial de Aduana,
en el texto recogido en la Decisión de la Comunidad Andina No. 812), y dicha dependencia ha fijado
en forma autónoma la tarifa aplicable para cada subpartida arancelaria.
10.13. Naturaleza de la clasificación arancelaria: La clasificación arancelaria armonizada o
estandarizada, cubre la totalidad de los productos comerciales y al a ño 2007 era “utilizada por más de
190 países, lo que supone el 98% del comercio internacional” (Nomenclatura Andina, Comunidad
Andina, Unión Europea, Secretaria General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación Unión
Europea, Comunidad Andina, Lima, 2007,
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201164225440libro_atrc_nomenclatura.pdf, página 50).
10.14 La nomenclatura arancelaria se divide en secciones (en números romanos), capítulos (de dos
dígitos), partidas (de 4 dígitos) y subpartidas (de 6 o más dígitos); y la regla No. 1 general para la
interpretación de la nomenclatura arancelaria (a la que está sujeta el país), establece que los títulos de
las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos, solo tienen valor indicativo. Por esa razón, no se
puede establecer que por el hecho de que una mercancía tenga una denominación coloquial, u
otorgada por una entidad estatal, que sea similar a la de un título de una sección o capítulo del sistema
arancelario, deba pertenecer a una de las partidas y subpartidas de ese capítulo o sección.
10.15 Las mercancías para su clasificación en una subpartida arancelaria, deben cumplir la
descripción de la misma, que rara vez es genérica, ya que por lo general hace referencias específicas a
su composición y funciones. Así, por ejemplo, no basta que un producto sea identificado como auto,
prenda de vestir, medicamento, etc, pues no existen partidas ni subpartidas previstas para
descripciones tan genéricas.
10.16 Una demostración práctica y actual de dicho aserto, es el análisis que ha efectuado la
Organización Mundial de Aduana en relación a productos cuya importación se ha iniciado o
incrementado con ocasión de la pandemia. Así, se señala que, por ejemplo, un test de prueba Covid
podría pertenecer a diferentes partidas y subpartidas, dependiendo del referente en el que est á basado:
si es respecto de la reacción en cadena de polimerasa se encasillará en la subpartida partida 3822.00, y
si está basado en reacciones inmunológicas se encasillará en la subpartida 3002.15. Asimismo, una
mascarilla de protección de contagio, se clasifica en la subpartida 4818.90 si está elaborada con
celulosa o papel, en la 6307.90 si es textil sin filtro, y en la 9020.00 si está elaborada con partes
mecánicas o filtros reemplazables. Los guantes se clasifican en la subpartida 3926.20 si son de
plástico, en la 4015.11 si son quirúrgicos, en la 6116.10 si son de punto o de ganchillo, que han sido
impregnados o cubiertos de plástivo o caucho (Referencia para la clasificación en el Sistema
Armonizado de los suministros médicos para la COVID-19, Edición 3.1, Organización Mundial de
Aduana, 2 de junio de 2020,
http://www.wcoomd.org/media/wco/public/es/pdf/topics/nomenclature/covid_19/hs-classification-
reference_edition-3_es.pdf?la=en).
10.17 Para la clasificación arancelaria, la administración aduanera deberá verificar si el producto
cumple con todas y cada una de las condiciones descritas para la correspondiente subpartida,
honrando el compromiso internacional que ha asumido el Ecuador.
10.18 Calificación de un producto como medicamento por parte de los organismos sanitarios:
La Ley Orgánica de Salud, en relación al registro sanitario para la comercialización, establece lo
siguiente:
Art. 137.- Están sujetos a la obtención de notificación sanitaria previamente a su
comercialización, los alimentos procesados, aditivos alimentarios, cosméticos, productos
higiénicos, productos nutracéuticos, productos homeopáticos, plaguicidas para uso
doméstico e industrial, y otros productos de uso y consumo humano definidos por la
Autoridad Sanitaria Nacional, fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su
importación, comercialización y expendio.
Están sujetos a la obtención de registro sanitario los medicamentos en general en la forma
prevista en esta Ley, productos biológicos, productos naturales procesados de uso medicinal,
productos dentales, dispositivos médicos y reactivos bioquímicos de diagnóstico, fabricados
en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, comercialización, dispensación
y expendio.
Las donaciones de productos señalados en los incisos anteriores, se someterán a los
requisitos establecidos en el reglamento que para el efecto dicte la autoridad competente.
Que la misma ley define los medicamentos de la siguiente forma:
Art. 259.- Para efectos de esta Ley, se entiende por (…) Medicamento.- Es toda preparación o
forma farmacéutica, cuya fórmula de composición expresada en unidades del sistema
internacional, está constituida por una sustancia o mezcla de sustancias, con peso, volumen y
porcentajes constantes, elaborada en laboratorios farmacéuticos legalmente establecidos,
envasada o etiquetada para ser distribuida y comercializada como eficaz para diagnóstico,
tratamiento, mitigación y profilaxis de una enfermedad, anomalía física o síntoma, o el
restablecimiento, corrección o modificación del equilibrio de las funciones orgánicas de los
seres humanos y de los animales. Por extensión esta definición se aplica a la asociación de
sustancias de valor dietético, con indicaciones terapéuticas o alimentos especialmente
preparados, que reemplacen regímenes alimenticios especiales.
10.19 Como se puede apreciar, la Ley Orgánica de la Salud no da una descripción estandarizada para
todos los productos que califica como medicamentos, ni el hecho de otorgar registro como
medicamento implica que el mismo sirve para diagnosticar, tratar o prevenir una enfermedad, pues
distingue tres tipos de productos: 1) la sustancia o mezcla de sustancias, eficaz para diagnóstico,
tratamiento, mitigación y profilaxis de una enfermedad, anomalía física o síntoma, o restablecimiento
de las funciones orgánicas de seres humanos o animales; 2) por extensión, las sustancias de valor
dietético, con indicaciones terapéuticas (esto es, para tratamiento de enfermedades); 3) también por
extensión, los alimentos especialmente preparados, que reemplacen regímenes alimenticios especiales,
sin que se exija en este caso propiedades tarep éuticas, esto es, para el diagnóstico, tratamiento,
mitigación o profilaxis de una enfermedad específica.
10.20 Los productos a los que las autoridades de salud le den la calidad de “medicamentos” para la
concesión de registro sanitario, en caso de importaciones se encasillarán en la subpartida arancelaria
que le corresponda por su composición, funcionalidad y otras condiciones previstas en las notas de
capítulo, partida, subpartida, reglas de clasificación arancelaria y notas explicativas del arancel,
dependiendo de si sirven o no para tratar, mitigar o prevenir una enfermedad espec ífica (y de serlo, si
está acondicionado o no para ventas al por menor; si contiene o no antibióticos, hormonas o
alcaloides, y de qué tipo), si constituyen productos para régimen especial de alimentación, si son
vacunas (y de qué tipo: antiofídica, antidiftérica, antitetánica, o de otro tipo), si se trata de parches
para reducir ansiedad de fumar, si se trata de aceites medicinales, si son jabones con adición de
sustancias medicamentosas, si es una sustancia para tratar enfermedades que además tienen vitaminas,
si está constituido solo por vitaminas sin estar indicado para tratar una enfermedad específica, etc; por
solo citar unos pocos casos del sinnúmero de productos asociados a la salud que no solo no pertenecen
a una misma subpartida arancelaria, sino que pertenecen a distintos capítulos y secciones del arancel.
10.21 Las Notas Explicativas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
(al que está sujeto el país, en sujeción de normas supranacionales), en referencia a la partida
arancelaria 3004, referente a medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar,
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por
menor, señala que “(…) esta partida no comprende los complementos alimenticios que contengan
vitaminas o sales minerales, que se destinen a conservar el organismo en buen estado de salud, pero
que no tengan indicaciones relativas a la prevención o al tratamiento de una enfermedad. Estos
productos, que se presentan comúnmente en forma de líquidos, pero que pueden presentarse también
en polvo o en comprimidos, se clasifican generalmente en la partida 21.06 o en el Capítulo 22”.
10.22 Una vez establecida la subpartida de la mercancía importada, se le aplica la tarifa fijada por el
Comité de Comercio Exterior.
10.23 Distintas atribuciones de los organismos del estado: La administración aduanera y las
autoridades sanitarias no tienen injerencia en el diseño de la nomenclatura arancelaria, de las Reglas
Generales para la interpretación del Sistema Armonizado, de las Notas de las secciones, capítulos y
subpartidas y de las notas explicativas del sistema de clasificación arancelaria, que determinan qué
subpartida corresponde al producto importado. En ellas ha tenido participación la Organización
Mundial de Aduana y el Comité del Sistema Armonizado, cuyas regulaciones han sido adoptadas en la
NANDINA (Decisión 812) y en el arancel ecuatoriano mediante Resolución del Comité de Comercio
Exterior.
10.24 La administración aduanera y las autoridades sanitarias no tienen injerencia en la tarifa
aplicable a la subpartida arancelaria del producto importado, pues aquella es fijada por el Comité de
Comercio Exterior.
10.25 Las autoridades sanitarias no tienen injerencia en la determinaci ón del tipo de productos al que
se les debe otorgar registro sanitario como “medicamento”, pues la definición de este ha sido
dispuesta por el legislador, en el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud.
10.26 No cabe que el SENAE y las autoridades de salud acuerden que el producto al que se le otorgue
registro sanitario como medicamento (por cumplir la condición a la que el artículo 259 de la Ley
Orgánica de Salud le confiere dicho calificativo, aunque sea por extensión), se le asigne una
clasificación arancelaria distinta a la que le corresponda por la nomenclatura arancelaria, las Reglas
Generales para la interpretación del Sistema Armonizado, las Notas de las secciones, capítulos y
subpartidas y las notas explicativas del sistema de clasificación arancelaria.
10.27 Tampoco sería admisible que una mercancía consistente en preparado para un régimen
alimenticio especial, que de acuerdo a las normas de clasificación arancelaria, el SENAE le asigna una
subpartida arancelaria que se encuentra dentro del Capítulo 21 de preparaciones alimenticias diversas,
se le niegue un registro sanitario como medicamento, que le corresponde “por extensión”, de acuerdo
al artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud.
10.28 No cabe una coordinación interinstitucional entre el SENAE y el Ministerio de Salud para que
se le dé a las mercancías un tratamiento unificado (arancelario/registral sanitario), por las siguientes
razones: i) dichas entidades no diseñaron las normas a las que se sujeta la clasificación arancelaria
(para fines impositivos), o el otorgamiento de registro sanitario como medicamento (para fines de
comercialización del producto), estando limitados a su aplicación; ii) no existe una subpartida
arancelaria para “medicamento”; y por ello, las diversas clases de mercancías que están relacionadas a
la salud, están ubicadas en distintas subpartidas, distintas partidas, distintos capítulos e incluso
distintas secciones del arancel; iii) los importadores están sujetos, a nivel mundial, a normas
estandarizadas de clasificación arancelaria de las mercancías, independientemente del calificativo que
tengan los productos en el lenguaje coloquial o de la calificaci ón genérica que le asignen los
organismos estatales de cada nación, con propósitos distintos al arancelario.
10.29 El principio de coordinación, referido en el artículo 226 de la Constitución, entre el SENAE y
las autoridades de salud, respecto de la persona natural o jurídica que ha obtenido registro sanitario,
como medicamento, de una mercancía que está importando, se concreta en el reconocimiento que el
SENAE debe darle a las certificaciones o acreditaciones que las autoridades de salud realicen respecto
del producto registrado, en cuanto a una o varias de las condiciones de composición, naturaleza o
funcionalidad, u otros elementos que estén previstos en la correspondiente subpartida arancelaria, sin
que quepa que el SENAE exija demostración de lo que ya ha sido acreditado por la autoridad de salud
correspondiente, pues solo podría hacerlo respecto de aquellos elementos, requisitos o condiciones
que correspondan a la subpartida, que no estén certificados por la autoridad de salud. Así por ejemplo,
si la autoridad de salud acredita que el producto al que se le concede registro sanitario como
medicamento, consiste en productos mezclados preparados para tratamiento de una enfermedad
específica, la administración aduanera no requerirá prueba de dicha condición, pero sí podrá verificar
si está o no acondicionado para la venta al por menor, y si tiene o no antibióticos, hormonas, alcaloide,
y de qué tipo, para poderle asignar la correspondiente subpartida arancelaria.
10.30 Si se requiriera una coordinación interinstitucional, a fin de mitigar el impacto tributario en
relación a productos asociados a la salud que requieren especial atención, ella debería darse entre las
autoridades de salud y el Comité de Comercio Exterior que fija la tarifa arancelaria para cada
subpartida, pero no entre las autoridades de salud y el SENAE para forzar una clasificación
arancelaria ajena a la establecida en las normas de Clasificación Arancelaria.
10.31 Como bien lo sostiene el Voto Salvado de la sentencia 1797-18-EP/20, no cabe en casos como
éste, judicializar la “falta de coordinación” que reclama la sentencia de mayoría, pues cada vez que
ello ocurra (entre la Policía y Fiscalía para prevenir la delincuencia o entre la Cancillería y el Misterio
de Salud por la provisión de vacunas para COVID) y encontrar en ello una inconstitucionalidad haría
de las acciones extraordinarias de protección entrar en análisis de competencias legales, lo cual no es
función de control constitucional ni tampoco legal como el caso presente.
10.32 Por todo lo expuesto, esta Sala de Casación no admite que en la sentencia recurrida, el Tribunal
a quo haya incurrido en el vicio de falta de aplicación de un precepto jurídico de valoración de prueba,
pues expresamente se reconoce en la sentencia la existencia del Registro Sanitario, afirmando que no
es el tema controvertido pues ambas parte así lo han reconocido. Este caso sólo podría configurarse
como un precepto de valoración de prueba y se configuraría el vicio alegado, si a pesar de tal
reconocimiento, la sentencia negara su existencia, pero lejos de eso, lo está reconociendo
expresamente, por lo mismo no puede prosperar la causal de casaci ón interpuesta por la empresa
recurrente. Corte Nacional).
DÉCIMO PRIMERO: SENTENCIA.-
11.1 Por los fundamentos expuestos, al tenor del artículo 273 del Código Orgánico General de
Procesos, la Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de lo Contencioso Tributario,
Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la
Constitución y las leyes de la República, RESUELVE NO CASAR la sentencia de mayoría dictada
el 30 de septiembre de 2019, a las 16h08, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con
sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, dentro del juicio de impugnación
No. 17510-2019-00052.
13.2 Sin costas.
13.3 Comuníquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen.
Actúe como Secretaria Relatora dentro de este proceso, la doctora Ligia Marisol Mediavilla en virtud
de la Acción de Personal No. 02-UATH-2021-OQ, de 7 de enero de 2021.
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E)