Resolución Nº 25-2021 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 25 de Enero de 2021

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
PonenteFERNANDO ANTONIO COHN ZURITA
Fecha de sentencia25 Ene 2021
Número de expediente0135-2011
Número de resolución25-2021
Juicio No. 09501-2011-0135
JUEZ PONENTE: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, lunes 25 de enero del 2021,
las 14h41. A S U N T O
El abogado Yamil Emilio Antón Chica, por los derechos que representa de la Economista Gabriela
Germania Orellana Rosero, en calidad Directora Zonal 8, interpone recurso de casación en contra de la
sentencia del 26 de noviembre de 2019, a las 14h50, emitida por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Tributario con sede en el Cantón Guayaquil, dentro del juicio No. 09501-2011-0135,
accionado por la Compañía AGRIPAC S.A. por reclamo administrativo de pago indebido del
Impuesto al Valor Agregado (IVA)..
PRIMERO: COMPETENCIA.-
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia es competente
para conocer y resolver el presente recurso de casación en conformidad con lo dispuesto en los
artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 185 -segunda parte, numeral
1- del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA.-
La sentencia recurrida declara con lugar la demanda, de pago indebido, presentada por el señor Ing.
COLIN ARMSTRONG WILSON, en su calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la
compañía AGRIPAC S.A.; y, como consecuencia de lo cual, se deja sin efecto jur ídico la Resolución
N° 109012011RREC006895 de 7 de abril de 2011, suscrita por el Econ. Max Eduardo Aguirre
Narváez, Jefe del Departamento de Reclamos Administrativos del Servicio de Rentas Internas Litoral
Sur.
TERCERO: PRESENTACION DEL RECURSO.-
El abogado Yamil Emilio Antón Chica, por los derechos que representa de la Economista Gabriela
Germania Orellana Rosero, en calidad Directora Zonal 8, interpone recurso de casación en contra de la
sentencia, el cual es calificado como procedente por el Tribunal de instancia, mediante providencia del
141191912-DFE
Firmado por
FERNANDO
ANTONIO COHN
ZURITA
C=EC
L=QUITO
CI
0911069714
Firmado por
JOSE DIONICIO
SUING NAGUA
C=EC
L=QUITO
CI
1706860440
Firmado por
GUSTAVO
ADOLFO
DURANGO VELA
C=EC
L=QUITO
CI
1703594588
21 de enero del 2020 las 16h26, con la que se dispone elevar los autos a la Sala de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
CUARTO: ADMISIÓN.-
Mediante auto del 3 de junio de 2020, a las 09h46, el doctor Paul Alejandro Rengel Maldonado, en su
calidad de Conjuez de esta Sala, declaró la admisibilidad del recurso de casación propuesto, por la
causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación del artículo 115 del Código
de Procedimiento Civil, por aplicación indebida el art. 1 del Decreto Ejecutivo N° 1232 publicado en
el Segundo Suplemento del R.O. N° 393 del 31 de julio de 2008.
QUINTO: CONTESTACION AL RECURSO.-
La parte actora del proceso de instancia contestó el recurso de casación mediante escrito presentado el
10 de junio de 2020, en el que solicita que se deseche el recurso.
SEXTO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR.-
Mediante sorteo de la causa, de 16 de octubre de 2020, se radicó la competencia en la Sala integrada
por los doctores José Dionicio Suing Nagua (juez titular), Gustavo Adolfo Durango Vela (juez
encargado) y Fernando Antonio Cohn Zurita (juez encargado y ponente de esta causa).
Mediante acción de personal No. 301-UATH -2020-OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de
la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con la
Resolución No. 065-2020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se
legaliza el reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez Nacional y por Resolución No. 08-
2020 de 24 de junio de 2020, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al doctor José Suing
Nagua a la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario.
De la acción de personal No. 302-UATH -2020-OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la
Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con la
Resolución No. 065-2020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se
legaliza el reintegro del Dr. Gustavo Durango Vela en calidad de Conjuez Nacional. Mediante Oficio
635-SG-CNJ de 1 de julio de 2020 la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia llama al Dr. Gustavo
Durango a asumir el despacho en la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario que ocupaba la
ex Magistrada doctora Mónica Heredia Proaño (que a su vez reemplazaba a la doctora Ana María
Crespo Santos), avalado por la acción de personal Nro. 317-UATH-2020-OQ de la misma fecha.
En virtud de las Resoluciones No. 188-2019 y 197-2019 emitidas por el Pleno del Consejo de la
Judicatura y el oficio No. 2363-SG-CNJ-ROG de fecha 03 de diciembre de 2019, suscrito por la
doctora Paulina Aguirre Suárez, en calidad de Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, y en la
acción de personal No. 278-UATH-2019-OQ, se designó al doctor Fernando Antonio Cohn Zurita en
calidad de Juez Nacional encargado, en la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, en el
despacho que estaba a cargo del doctor José Luis Terán Suárez.
SÉPTIMO: VALIDEZ PROCESAL.-
De la revisión del proceso no se observa ninguna circunstancia que puede afectar su validez procesal y
tampoco existe nulidad alguna que declarar.
OCTAVO: ERRORES ALEGADOS ADMITIDOS.-
El recurrente cuestiona el fallo emitido, invocando la causal tercera del art ículo 3 de la Ley de
Casación, por falta de aplicación del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, que condujo a la
equivocada aplicación del art. 1 del Decreto Ejecutivo N° 1232 publicado en el Segundo Suplemento
del R.O. N° 393 del 31 de julio de 2008.
NOVENO: CONTENIDO DE LA CAUSAL.-
La causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación, que indica: “3ra. Aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la
prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de
derecho en la sentencia o auto”.
DÉCIMO: ALCANCE DOCTRINARIO DEL ERROR.-
Esta causal “…recoge la llamada en la doctrina violación indirecta, que permite casar el fallo
cuando el mismo incurre en error al inaplicar, aplicar indebidamente o interpretar en forma errónea
las normas relativas a la valoración de la prueba, cuando ello ha conducido a una equivocada
aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en el fallo impugnado; el recurrente en su
fundamentación deberá demostrar el error de derecho en que ha incurrido el Tribunal de instancia,
ya que nuestro sistema no admite la alegación del error de hecho en la valoración de la prueba, como
causal de casación, ya que pertenece al llamado sistema de casación puro… (La Casación Civil en
el Ecuador, Andrade Ubidia, Santiago, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito-2005, pág. 151).
Para que proceda esta causal de casación, el error debe ser manifiesto, evidente y trascendente, porque
“…si bien es cierto que la Casación debe ceñirse al control del derecho, tal premisa no ha de
extremarse ante un desafortunado juicio de hecho… Hemos buscado un adecuado punto de
equilibrio, un registro intermedio: en general un no a los hechos, pero “si” a su examen y
consideración cuando el desvío de lo juzgado, por acaso, en el núcleo de la prueba, tiene gruesas
fallas lógicas y la evaluación de los medios ha llevado a resultados insostenibles (absurdo y/o
arbitrariedad), desvirtuándose el sentido de la misma, supuestos en que la revisión deviene
insoslayable para que la solución jurídica sea correcta y, a cabo, también justa.” (Augusto Mario
Morello; La Casación un modelo intermedio eficiente, Editorial Abeledo Perrot, 2da. Edición
actualizada, Buenos Aires – Argentina, 2000, páginas 35 y 36). Para Jordi Nieva Fernoll, dentro de las
varias formas en que se puede fundamentar o sustentar la violación de los preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba “… sigue existiendo la posibilidad de que el tribunal de
casación analice la valoración probatoria en tres supuestos muy concretos: 1. Cuando el juez haya
pasado por alto la aplicación de una norma de prueba legal. En este caso. Una disposición
claramente normativa obliga al juez a valorar la prueba en un determinado sentido, de manera que si
el juez a quo prescinde de la misma y opta por la libre valoración, el tribunal deberá casar la
sentencia, por vulneración del ordenamiento jurídico; 2. Si el juez sobrepasó los límites de lo
razonable en la valoración probatoria, de manera que sus conclusiones no están sustentadas en
ninguna lógica racional, el tribunal deberá casar también la sentencia, porque además de las
vulneraciones normativas en que incurre en este caso, lo cierto es que no hay regla más esencial de
cualquier ordenamiento jurídico que el seguimiento de la lógica y la coherencia; y, 3. Por último, es
posible que el juez a quo haya acudido a la última ratio del ordenamiento probatorio, la carga de la
prueba antes de tiempo. Es decir, que haya prescindido de valorar el material probatorio obrante en
autos y haya presupuesto que la insuficiente; pues bien, en estos casos, en los que el juzgador, en
realidad no ha valorado la prueba, la sentencia también debe ser casada, por aplicación indebida de
las disposiciones legales sobre la carga de la prueba a un supuesto que no corresponde”. (Jorge
Nieva Fernoll: La valoración de la prueba, Marcial Pons, Madrid – España, 2010, pp. 355-356)
A criterio de esta Sala Especializada, los tribunales o jueces de instancia tienen autonomía para
apreciar las pruebas que obren dentro del proceso, sin embargo esta soberanía y autonomía de los
juzgadores de instancia en la apreciación probatoria no puede ser ilimitada; tiene límites en la defensa
de los derechos y garantías fundamentales, de tal manera que, el Tribunal de Casación si puede revisar
la apreciación que los jueces de instancia hayan hecho de la prueba, si al hacerlo han violado los
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. En definitiva y siguiendo la línea
jurisprudencial de la Sala, para la demostración del error de derecho al amparo de la causal tercera del
art. 3 de la Ley de Casación la proposición jurídica debe contener, como mínimo los siguientes pasos:
1.- Identificación en forma precisa del medio de prueba que a su juicio ha sido err óneamente valorado
en la sentencia; 2.- La determinación con precisión de la norma procesal sobre valoración de prueba
que ha sido violada; 3.- La demostración con lógica jurídica en qué forma cómo ha sido violada la
norma sobre valoración del medio de prueba respectivo; y, 4.- La identificación de la norma sustantiva
o material que ha sido aplicada erróneamente o que no ha sido aplicada a consecuencia del yerro en la
valoración probatoria.
DÉCIMO PRIMERO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR EL VICIO SEÑALADO.-
El recurrente sostiene que en la sentencia el Tribunal ha señalado que de la observación de la factura
comercial se desprende que la compañía actora adquirió los productos consistentes en ACIDAL NC,
ROBIMPEX, SALIGRAN G120, BACITRACINA DE ZINC y MADIMPEX 10G, pero a
continuación, luego de referirse a la Declaración Aduanera Única (DAU), menciona que la
descripción de la mercancía se refiere a ACIDAL NC, incurriendo el Tribunal en violación a la sana
crítica en la valoración de la prueba, y por tanto en vulneración del artículo 115 del Código de
Procedimiento Civil. Menciona la parte casacionista que el acto administrativo impugnado en
instancia partió del hecho de que en realidad sólo se había importado la mercancía ACIDAL NC, la
cual no se encuentra entre las mercancías gravadas con tarifa cero de IVA, lo que genera la
vulneración del Decreto Ejecutivo No. 1232 publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial
No. 393 del 31 de julio de 2008, que contiene el listado de materias primas con tarifa cero.
Asimismo, señala el casacionista que el Tribunal no especifica en qué se basó para sostener que el
Decreto Ejecutivo ampara la pretensión del actor para que la mercancía importada tenga tarifa cero de
IVA, cuando en dicho decreto no se menciona a ACIDAL NC.
DÉCIMO SEGUNDO: ANÁLISIS DE LOS TEMAS CONTROVERTIDOS.-
12.1 En la sentencia se mencionan como pruebas la factura comercial, la Declaración Aduanera Única
y el Decreto Ejecutivo 1232.
12.2 En la sentencia se establece que la factura comercial hace referencia a varios productos, esto es, a
ACIDAL NC y cuatro mercancías más; que la Declaración Aduanera alude a la factura, con
descripción de la subpartida 3808949900-9, y a continuación especifica que la descripción de la
mercancía se refiere a ACIDAL NC y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1232 se acepta la
demanda.
12.3 La sana crítica comprende la lógica, la experiencia y la ciencia, entendiéndose como la lógica a la
exposición coherente por la cual las conclusiones se derivan de unas premisas (Xavier Abel Llunch,
La Ley, Madrid, 2015, páginas 15 y 55).
12.4 Habiendo la misma sentencia establecido en el ordinal quinto que el acto impugnado desconocía
la variedad de productos importados, y que en realidad solo hubo importación de un tipo de
mercancía, que a su vez no gozaba de tarifa cero de IVA, no respeta las reglas de la lógica el
puntualizar que de las pruebas presentadas se puede apreciar que fueron varias las mercancías
importadas para a continuación concluir que hubo un solo tipo de mercancía importada, por lo que se
ha incurrido en el fallo en la falta de aplicación del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil,
que obliga a apreciar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, dentro de la cual se encuentra
la lógica.
12.5 Aun cuando una norma jurídica, esto es, el precepto con aplicación general, no es propiamente
una prueba, el Tribunal menciona que el Decreto No. 1232 fue presentado como tal, concluyendo que
dicho Decreto ampara la pretensión de la demanda, en relación al producto ACIDAL NC, sin explicar
en qué forma lo hace, con lo que se ha incurrido en la equivocada aplicación de dicha norma
sustantiva, como derivación de la vulneración de la norma relacionada a la valoración de la prueba.
12.6 Por las razones antedichas, se casa la sentencia, y en aplicación del artículo 16 de la Ley de
Casación y numeral 2 del artículo 2 de la Resolución 07-2017 de la Corte Nacional de Justicia, se
emite sentencia de mérito en su sustitución.
13 SENTENCIA DE MÉRITO
13.1 En su demanda, la compañía AGRIPAC S.A. detalla que importó mercancías consistentes en
materia prima ACIDAL NC, ROBIMPEX, SALIGRAN G120, BACITRACINA DE ZINC y
MADIMPEX 10G, que están gravadas con IVA tarifa cero, marcando el correspondiente código
liberatorio; que la aduana no admitió ese código liberatorio por lo que una vez que la empresa dejó de
marcarlo, pagó IVA, cuando no tenía que hacerlo, lo que genera que dicha erogación tenga la
condición de indebida; que planteó el correspondiente reclamo de pago indebido, el mismo que fue
negado por el SRI en atención a que de acuerdo a dicha entidad, solo se pudo verificar que el actor
había importado ACIDAL NC, y que dicho producto no se encontraba en el listado del Decreto
Ejecutivo 1232. El actor refiere que el SRI no ha considerado que el producto es una materia prima
usada en la elaboración de alimentos balanceados para cerdos y aves, y no deben necesariamente
constar en el listado del Decreto 1232, pues ya constan expresamente en la primera parte del numeral
4 del artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Señala además que en el ítem 506 del
Decreto Ejecutivo 1232 se detalla la subpartida 3808.99.99 que ampara el producto Klerat Pellet,
estando dentro del capítulo (SIC) 3808 al que pertenece ACIDAL NC, que se encuentra en la
subpartida 3808.94.99.00.
13.2 En la contestación a la demanda, el Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur,
ratifica lo que señaló el acto impugnado, en el sentido que el único producto importado fue ACIDAL
NC, lo cual fue ratificado por el propio importador al presentar una liquidaci ón, y que dicho producto
no está amparado por el Decreto 1232.
13.3 Si bien es cierto en su demanda la parte actora refiere como antecedentes que importó varios
productos, luego de ello destaca que el SRI ha sostenido que el único producto que importó el actor
fue ACIDAL NC, basando el actor su pretensión en la demanda, en el hecho de que dicho producto
tiene tarifa cero de IVA, por así disponerlo la parte inicial del numeral 4 del artículo 55 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, así como por el Decreto Ejecutivo 1232 al corresponder al mismo
capítulo [partida 3808] de un producto que sí está especificado en el Decreto.
13.4 En consecuencia, la controversia versa sobre un asunto de puro derecho, ya que en la
fundamentación de la demanda, el actor no controvierte el hecho de que sólo importó ACIDAL NC,
basando su demanda en la interpretación de normas jurídicas.
13.5 Las partes coinciden en el hecho de que la DAU 16805177, Refrendo 028-2010-10-070092-7,
que origina la controversia, tiene fecha 5 de agosto de 2010 (fojas 81 y 94). En ese entonces el artículo
55 numeral 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno disponía lo siguiente (conforme reforma
efectuada por el artículo 106 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador):
Art. 55.- Transferencias e importaciones con tarifa cero.- Tendrán tarifa cero las
transferencias e importaciones de los siguientes bienes:
(…)
4.- Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y los
alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de melaza o azúcar, y otros
preparados que se utilizan como comida de animales que se críen para alimentación humana.
Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra
la sigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios así como la materia prima e
insumos, importados o adquiridos en el mercado interno, para producirlas, de acuerdo con
las listas que mediante Decreto establezca el Presidente de la República.
13.6 El Decreto No. 1232 del 31 de julio de 2008, publicado el mismo día en el Segundo Suplemento
del Registro Oficial No. 393 dispuso lo siguiente:
Artículo 1.- (…) A más de los previstos en los números 4 y 5 del artículo 55 de la Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno, tendrán tarifa cero por ciento del Impuesto al Valor
Agregado las transferencias e importaciones de los bienes de uso agropecuario que constan
en el Anexo 1 de este Decreto. Asimismo tendrán tarifa cero de Impuesto al Valor Agregado
las transferencias e importaciones de la materia prima e insumos utilizados para producir
fertilizantes, insecticidas, pesticidas, funguicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra
la cigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios, conforme al listado que consta
en el Anexo 2 a este decreto.
13.7 Del tenor literal del numeral 4 del artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario, y atendiendo a la
puntación del texto, los productos con tarifa cero hacen referencia a: i) los productos mencionados en
la primera parte de dicho numeral, desde “semillas” hasta los “preparados que se utilizan como
comidas de animales”; ii) los productos mencionados en la segunda parte de dicho numeral, desde
“fertilizantes” hasta “productos veterinarios”; iii) las materias primas que sirven para elaborar los
productos referidos en el apartado ii) referido en líneas anteriores, esto es, las materias primas que
sirven para producir los fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola
utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios, de acuerdo con las listas
que mediante Decreto establezca el Presidente de la República
13.8 De acuerdo a la misma demanda, ACIDAL NC no es un alimento, comida o preparado para
animales, sino que es una materia prima que se utiliza para la elaboración de alimento balanceado para
animales, por lo que no podría ser considerado como incluido en los ítems a los que el numeral 4 del
artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario le da en forma directa la tarifa cero de IVA.
13.9 En caso de que se llegue a considerar que el supuesto de “materia prima” para elaborar los
productos, al que alude el fragmento final del numeral 4 del artículo 55 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, se refiere a todos los ítems referidos en dicho numeral, es preciso que esa materia
prima se encuentre especificada en el Decreto Presidencial, ya que esa es la condición que previó el
legislador al reformar en el año 2007 el antedicho precepto (por el artículo 106 de la Ley Reformatoria
para la Equidad Tributaria del Ecuador), imponiendo una condicionalidad o limitante que no conten ía
el texto original de la ley codificada en el año 2004, respecto de las materias primas e insumos.
13.10 La parte actora no desconoce el hecho de que la materia prima en cuestión (ACIDAL NC) no
consta en el Decreto Ejecutivo 1232 emitido por el Presidente de la República; sin embargo aduce que
dicha mercancía, por su clasificación arancelaria 3808.94.99.00, participa del mismo “capítulo” 3808
(en realidad no se tata de capítulo, que tiene dos dígitos, sino de partida, que tiene 4 dígitos) que
Klerat Pellet, que sí está especificado en el Decreto, bajo la subpartida 3808.99.99.
13.11 De la revisión del anexo 2 del Decreto 1232, se aprecia que la mercancía Klerat Pellet está
incluida, en el ítem 506 con subpartida 3808.99.99.
13.12 En el arancel de importaciones de la época, Decreto No. 592, del 30 de agosto de 2007,
publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 191 del lunes 15 de octubre de 2007, consta dentro
de la Sección VI (productos de las industrias químicas o de las industrias conexas), el capítulo 38
(Productos diversos de las industrias químicas), y dentro de este último la partida 3808 (Insecticidas,
raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores de
crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases
para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas,
azufradas, y papeles matamoscas).
13.13 La subpartida 3808.94 (que de acuerdo a la demanda fue declarada por el importador)
corresponde a desinfectantes y la subpartida 3808.99 (que corresponde a Klerat Pellet, mencionada en
el Decreto) corresponde a otro tipo de mercancías, de orden residual dentro de la subpartida 3808.
13.14 Haciendo abstracción de la circunstancia de que las subpartida declarada (desinfectante) difiera
de las características que la demanda atribuye al producto importado (materia prima para alimentos
para animales), el hecho de que dicha mercancía importada tenga una partida (3808) igual que la
indicada en el Decreto para otro producto, no le hace extensivo el tratamiento tributario de tarifa cero
de IVA; más aún si observamos que el Decreto no solo puntualiza la subpartida arancelaria sino
también especifica el producto, de tal suerte que solo est án cobijados por el Decreto los productos
específicamente mencionados en el mismo, y no otros no referidos en el texto del Decreto, aunque
tengan exactamente la misma subpartida arancelaria (y menos aún si la coincidencia se da a un nivel
menos específico, como el de la simple partida). Es esa la razón por la que en el Decreto constan
especificados en detalle varios productos, aunque pertenezcan a una misma subpartida arancelaria
(ejemplo, ítems 507 a 510 del mismo anexo 2 del Decreto).
13.15 Recayendo la importación en bienes muebles de naturaleza corporal (art. 52 de la Ley de
Régimen Tributario Interno -LRTI-), que no son de aquellos excluidos por el art. 54 de la LRTI, ni de
aquellos por las que aplica la tarifa cero conforme el artículo 55 de la LRTI (al no ser, como el mismo
actor implícitamente reconoce, uno de los productos terminados detallados en dicha norma, ni ser una
materia prima destinada a su elaboración, específicamente mencionada en el Decreto 1232),
correspondía aplicar la tarifa del 12% (art. 65 de la LRTI), por lo que el pago realizado por dicho
concepto, no se encuadra en el supuesto previsto en el art. 122 del Código Tributario, para que sea
considerado como indebido, ya que el pago ha sido realizado por la tarifa prevista en la ley, habiendo
nacido la obligación tributaria por la realización del hecho generador (la importación). En
consecuencia corresponde negar la demanda y confirmar el acto impugnado.
14 RESOLUCIÓN
Por las consideraciones precedentes, en función de lo establecido en los numerales 12 y 13 de esta
sentencia, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
“ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA”, resuelve CASAR la sentencia de 26 de noviembre de 2019, a las 14h50, emitida por
el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Cant ón Guayaquil, dentro del juicio
No. 09501-2011-0135, y rechazar la demanda, confirmando la Resolución impugnada No.
109012011RREC006895.- Sin costas. Notifíquese, Publíquese y Devuélvase.-
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)