Resolución Nº 251-2020 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 30 de Octubre de 2020

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
Fecha de publicación06 Jul 2020
Fecha de sentencia30 Oct 2020
Número de expediente00006-2020, 00006-2020
Número de resolución251-2020
PonenteSUING NAGUA JOSÉ DIONICIO
Juicio No. 10103-2020-00006
JUEZ PONENTE: HEREDIA PROAÑO MONICA ALEXANDRA, JUEZA NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: HEREDIA PROAÑO MONICA ALEXANDRA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO. Quito, martes 9 de junio del 2020, las 09h39.
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
PONENCIA: Dra. Mónica Heredia Proaño
ACCIONANTE: Ab. Silviana Tinajero Martínez, a favor de Pablo Esteban Pomasqui Trejo
(Apelante).
ACCIONADOS: Dr. Fredy Rafael Sevillano Báez, Juez de la Unidad Judicial de Garantías
Penales con sede en el cantón Ibarra, provincia de Imbabura.
ASUNTO
Resolución en sede de apelación de la acción constitucional de hábeas corpus, interpuesta por la
abogada Silviana Tinajero Martínez, a favor del ciudadano Pablo Esteban Pomasqui Trejo (en
adelante legitimado activo o accionante), en contra de la sentencia constitucional expedida el viernes 8
de mayo de 2020, a las 14h09, por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura (en
adelante Jueces constitucionales de instancia), dentro de la acción No. 10103-2020-00006.
ANTECEDENTES
1.1 La profesional antes referida, a favor del ciudadano Pablo Esteban Pomasqui Trejo, propone
recurso de apelación de la sentencia emitida el 8 de mayo de 2020, a las 14h09, por la Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura.
1.2 El recurso de apelación fue presentado mediante escrito de 12 de mayo de 2020, ante la Sala
125313357-DFE
Firmado por
MONICA
ALEXANDRA
HEREDIA PROAÑO
C=EC
L=QUITO
CI
1707744130
Firmado por
GILDA ROSANA
MORALES
ORDOÑEZ
C=EC
L=QUITO
CI
1710658640
Firmado por
FERNANDO
ANTONIO COHN
ZURITA
C=EC
L=GUAYAQUIL
CI
0911069714
Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura, que lo admitió mediante auto de 13 de mayo
2020, a las 12h43.
1.3. De conformidad con lo previsto por el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, al conocer sobre la apelaci ón, cabe la realización de una
audiencia en caso de que el juzgador considere necesaria la pr áctica de elementos probatorios; en este
sentido, del escrito del recurso de apelación, si bien consta que la compareciente solicita la realización
de una audiencia, no ha expresado sustento que lo justifique; por tanto, esta Sala Especializada
conocerá del recurso por el mérito del expediente.
1.4. No se observa del proceso ninguna circunstancia que pueda afectar su validez; por consiguiente,
no existe nulidad que declarar.
II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia actuando como
Jueces Constitucionales (en cuanto los administradores de justicia al conocer de garantías
jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones originales y reciben la denominación de
jueces y juezas constitucionales Sala o Tribunal Constitucional, de conformidad con las Sentencias
No. 001-10-PJO-CC; No. 031-09-SEP-CC, emitidas por la Corte Constitucional de Ecuador), en
mérito a lo dispuesto por los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador;
artículo 185 segunda parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículos 169
numeral 2 y 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es
competente para conocer la presente acción constitucional de hábeas corpus, en razón de las
Resoluciones No. 188-2019 y 197-2019 emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura; en los
Oficios Nos. 2364-SG-CNJ-ROG, 2365-SG-CNJ-ROG; y, 2363-SG-CNJ-ROG de fecha 03 de
diciembre de 2019, suscritos por la doctora Paulina Aguirre Suárez, en calidad de Presidenta de la
Corte Nacional de Justicia; y, en las acciones de personal Nos. 1276-UATH-2019-OQ, 1277-UATH-
2019-OQ y 1278-UATH-2019-OQ, mediante las cuales designó a las doctoras Mónica Alexandra
Heredia Proaño y Gilda Rosana Morales Ordóñez; y, al doctor Fernando Antonio Cohn Zurita, en
calidad de Juezas y Juez Nacionales encargados; asimismo conforme el sorteo de 1 de junio de 2020, a
las 08h12, realizado en la Secretaria General, Documentación y Archivo, Unidad de Gestión
Documental, Sorteos y Archivo de la Corte Nacional de Justicia,
III. PLANTEAMIENTO JURÍDICO DE LA APELACIÓN
El recurrente presenta su apelación expresando que lo hace por no estar conforme con la resolución
del juzgador de instancia; ante esta falta de fundamentación del recurso, le corresponde a esta Sala
Especializada establecer si la vulneración de los derechos del recurrente según manifestó en su acción
de habeas corpus, esto es, por la aplicación de los artículos 45.2.c) de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional; 522 y 534 del COIP; 66.29, y 77 numeral 1 de la
Constitución. En este sentido, se verificará si la sentencia atendió la pretensión del accionante, en
atención a las alegaciones y fundamentación contenidas en la acción constitucional.
IV. NORMATIVA EN QUE SE FUNDAMENTA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL
El accionante fundamenta su apelación con sustento en la siguiente normativa:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:
“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…)
29. Los derechos de libertad también incluyen:
a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres.
b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de
seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y
erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción social de las víctimas de
la trata y de otras formas de violación de la libertad.
c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas,
tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.
d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo
no prohibido por la ley”.
“Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se
observarán las siguientes garantías básicas:
1. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la
comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la v íctima del delito a una
justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena;
procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las
formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no
podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas.
Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos,
condiciones y requisitos establecidos en la ley”.
LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL
CONSTITUCIONAL:
Art. 45.- Reglas de aplicación.- Las juezas y jueces observarán las siguientes reglas: (…)
2. En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará la violación del
derecho, dispondrá la inmediata libertad y la reparación integral. La privación arbitraria o
ilegítima se presumirá en los siguientes casos: (…)
c) Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos legales o
constitucionales…”.
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP)
“Art. 522.- Modalidades.- La o el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes
medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de
forma prioritaria a la privación de libertad:
1. Prohibición de ausentarse del país.
2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o
ante la autoridad o institución que designe.
3. Arresto domiciliario.
4. Dispositivo de vigilancia electrónica.
5. Detención.
6. Prisión preventiva.
La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, podrá ordenar,
además, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.”.
Art. 534.- Finalidad y requisitos.- Para garantizar la comparecencia de la persona
procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al
juzgador de manera fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran
los siguientes requisitos:
1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de
la acción.
2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de
la infracción.
3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad
son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el
juicio o el cumplimiento de la pena.
4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un
año.
De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en
consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva
otorgada con anterioridad”.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL
5.1 El artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional prevé que
el recurso de apelación de la sentencia pueda presentarse ya sea en audiencia o hasta tres d ías hábiles
después de haberse notificado por escrito; según quedó sentado en los antecedentes de este fallo, el
presente recurso fue presentado por escrito.
5.2 Esta Sala advierte que el tema medular en el caso en concreto radica en la garantía jurisdiccional
de hábeas corpus, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 89 de la Constitución de la República
tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o
ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la
integridad física de las personas privadas de libertad.
5.3 El Tribunal constitucional de instancia, esto es, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de
Imbabura en su resolución manifestó:
“Dos son los argumentos centrales que se examinan desde una óptica constitucional
1.- ¿La privación de libertad del señor Pomasqui Trejo Pablo Esteban es arbitraria? (…)
Al efecto, encontramos que la medida cautelar de prisión preventiva, dentro del proceso
penal No. 10281-2020-00709, por el presunto delito de Tráfico ilícito de sustancias
catalogada sujetas a fiscalización en contra de los señores Noboa Trejo Pablo Jesús y
Pomasqui Trejo Pablo, ha sido dictada por un Juez con jurisdicción y competencia, previo
requerimiento de la representante de Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos. El
juzgador emitió su decisión judicial oral en la misma audiencia y extendió las boletas de
encarcelamiento Nros. 10281 2020 000394 y 10281-2020-000393 en contra de los
procesados para garantizar su inmediación al proceso. Esta decisión de adoptar la medida
cautelar de prisión preventiva en la audiencia de formulación de cargos no fue recurrida
por el accionante (…) [el resaltado es añadido].
Esta narrativa procesal se realiza para entender que el acto o decisión de prisión preventiva
cuestionada como “arbitraria” se realiza dentro de un proceso penal, por un juez
competente, observando requisitos y condiciones que han sido impuestas por la ley. Intentar
que Jueces Constitucionales valoren documentos que justifican arraigos personales,
familiares o laborales con el fin de revocar, sustituir la prisión preventiva excede la órbita
de justicia constitucional en razón que para ello se halla la justicia ordinaria.
2.- ¿Se han vulnerado los derechos a la integridad personal, salud y vida del PPL señor
Pomasqui Trejo Pablo Esteban? (…)
En este caso la situación del PPL accionante no constituye una amenaza a la vida porque su
situación no corresponde a los parámetros delineados por la Corte Constitucional para
considerar que esta (sic) viviendo una situación que pone en riesgo vida; el señor Pomasqui
Trejo Pablo Esteban no esta (sic) soportando una situación de desaparición forzada, no
sufre la amenaza ni agresiones por agentes estatales, no existe negligencia en protegerle de
amenazas de terceros.
En relación a la salud que es parte de la integridad física del PPL Pomasqui Trejo Pablo
Esteban, no sufre amenaza ni peligro asi (sic) lo demuestra el certificado médico aportado
por el señor Director del Centro de privación de libertad de personas adultas de Ibarra y por
su presencia en la audiencia frente a este Tribunal Constitucional se infiere que el señor
Pomasqui goza de buena salud y además el confinamiento en el centro de privación de
libertad como también en su casa debe regirse a protocolos y normas básicas de sanidad
para evitar el contagio del COVID 19.
Se conoce que en el mencionado centro carcelario no existen personas afectadas por el
COVID 19, y en el supuesto caso de existir conforme lo se ñala la Corte Constitucional
correspondería emitir medidas que protejan la integridad y eviten el contagio, eso no
significa que se otorgue la libertad trastocando la orden constitucional de encarcelamiento
que ha emitido un juez ordinario cumpliendo con las exigencias del ordenamiento jurídico
interno. Argumentos con que motiva este Tribunal la decisión de negar la acción de Habeas
Corpus solicitada por el PPL Pomasqui Trejo Pablo Esteban a través de su defensa técnica.
SEXTO: DECISIÓN. -
Por lo expuesto el Tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de
Imbabura, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE
LA REPÚBLICA”, NIEGA el recurso de Habeas Corpus del accionante PPL POMASQUI
TREJO PABLO ESTEBAN, desechándose por ende las pretensiones de libertad o de
revocatoria de la medida cautelar personal de prisión preventiva…”.
5.4 El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, que respeta los derechos
constitucionales de toda persona, así pues la institucionalidad del Estado está concebida para el
respeto, protección y garantía de los derechos humanos como la libertad, los mismos que deben ser el
objetivo primigenio, donde la misma aplicación e interpretación de la ley únicamente sea posible en la
medida que la normativa se ajuste y no contradiga la Constitución de la República, ni la Carta
Internacional de los Derechos Humanos; en este contexto, el Estado es el llamado a cumplir dos
objetivos primordiales: i) Salvaguardar y defender el principio de la supremacía constitucional; y, ii)
Proteger los derechos, garantías y libertades públicas; protección que se hace efectiva, a través de las
garantías jurisdiccionales constitucionales, que llegan a ser un conjunto coherente de mecanismos de
defensa de los derechos constitucionales. En el Estado Constitucional los derechos, espec íficamente el
de la libertad personal, se identifican por presentar una específica fuerza o resistencia jurídica frente a
la acción de los poderes públicos.
5.4.1 En el contexto constitucional ecuatoriano, el hábeas corpus se encuentra contemplado dentro de
las garantías jurisdiccionales del artículo 89 de la Constitución de la República, Título III, Capítulo
III, Sección Tercera; y desarrollado en normativa infraconstitucional en la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, Título II, Garantías Jurisdiccionales de los Derechos
Constitucionales, Capítulo Cuarto, artículos 43 al 46.
Esta garantía constitucional del hábeas corpus, procede únicamente en dos supuestos: i) Si la
privación de libertad fuese ilegal, arbitraria o ilegítima; o, ii) Si es que la libertad fuese necesaria a fin
de proteger la vida o integridad física de quien se encuentra privado de la misma. Esta privación de
libertad puede ser ilegal, cuando es ordenada o ejecutada en contravención a los mandatos expresos de
las normas que componen el ordenamiento jurídico; arbitraria, cuando es ordenada o mantenida sin
otro fundamento que la propia voluntad o capricho de quien la ordena o ejecuta; o ilegítima, cuando es
ordenada o ejecutada por quien no tiene potestad o competencia para ello.
Po lo tanto, la acción de hábeas corpus no sólo protege aspectos relacionados con la privación ilegal,
arbitraria o ilegítima de la libertad de una persona, sino que también su ámbito de protección se hace
extensivo a aspectos relacionados con los derechos a la vida y a la integridad f ísica de las personas;
evidenciándose de esta manera la existencia de tres derechos que protege la garantía en cuestión1.
5.4.2 Debe entenderse, que la libertad es uno de los derechos más preciados de las personas, como
soporte esencial y razón de ser de toda actividad, por medio de la cual se produce su evolución y
afianzamiento personal, conforme lo exige su dignidad, cuya incidencia redunda en el fortalecimiento
de todo sistema democrático y de justicia social. Este derecho se encuentra regulado tanto en la
Constitución de la República, cuanto en Instrumentos Internacionales, conforme citamos a
continuación:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se
observarán las siguientes garantías básicas: 1. La privación de la libertad no será la regla
general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso,
el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para
asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez
competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se
exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin
fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se
aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la
ley”.
5.4.3 Por su parte, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 1 de la
Declaración Americana de los Derechos Humanos amparan, entre otros, el derecho a la libertad.
Resulta trascendente de igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su
artículo 9 a la letra dice:
“1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por
las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.
De igual forma, la Convención Interamericana de Derechos Humano que en el artículo 7 numerales 1,
1 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 017-18-SEP-CC, caso No. 0513-16-EP.
2 y 3 dispone:
“Derecho a la Libertad Personal, 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personales, 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas
y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados
Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, 3. Nadie puede ser sometido a detención o
encarcelamiento arbitrarios”.
5.4.4 De las normas transcritas se colige, que el derecho constitucional a la libertad es un derecho
ciudadano, universal y personal, derecho que debe ser ejercido de manera exclusiva por quien se
encuentre privado del mismo, a través de la acción de hábeas corpus, tal como lo establecen los
artículos 89 de la Constitución de la República, y 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional. Al respecto, la doctrina nos enseña:
“(…) es una garantía constitucional, que se traduce procesalmente en una acción tutelar de
la libertad personal, física corporal o de locomoción (…) el hábeas corpus es un tipo de
amparo pero solo de la libertad ambulatoria o física de la persona”2.
5.4.5 Es preciso resaltar, conforme consta del texto constitucional, que en el caso de las personas que
se encuentran privadas de la libertad, esta garantía protege el derecho a la vida e integridad física,
siendo un derecho inherente a estos últimos el derecho a la salud, tal como lo ha expresado la Corte
Constitucional Ecuatoriana, al resolver que:
“(…) la acción de hábeas corpus no sólo protege aspectos relacionados con la privación
ilegal o ilegítima de la libertad de una persona, sino también con la vigencia de la
Constitución de la República del Ecuador de 2008, su ámbito de protección se hace extenso
a aspectos relacionados con los derechos a la vida y la integridad física de las personas
(…)”3.
En este mismo sentido, ha definido a la integridad personal de los privados de la libertad en los
siguientes términos:
“(…) el derecho que permite a la población ser protegida contra cualquier tipo de amenaza
que ponga en riesgo su cuerpo o la salud del mismo; y es deber del Estado, proteger al
individuo y preservar razonablemente y en condiciones óptimas posibles su integridad y su
salud. En el caso concreto, el hábeas corpus protege este derecho, a favor de las personas
privadas de la libertad”.
2 Roberto Dromi, Derecho Administrativo, Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina, 9na. edición, 2001,
p.167.
3 Sentencia No. 017-18-SEP-CC, caso No. 0513-16-EP.
Así como ha expuesto que:
“(…) el derecho de las personas privadas de la libertad a acceder a servicios de salud que
incluyen entre otros, atención médica, tratamientos y medicamentos apropiados y de
calidad, debe ser garantizado (i) directamente a través de los centros de privación de
libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional sin exclusión
alguna en razón de su tipología; (ii) a través de políticas y programas con el apoyo del
sistema de salud pública que permita acceder a dichos tratamientos fuera del centro de
privación de libertad, cuando por el tipo de afectación a la salud la persona privada de la
libertad requiera de un tratamiento especializado, permanente y continuo; y, (iii)
excepcionalmente a través de la disposición de medidas alternativas a la privación de la
libertad. En este contexto resolvió que, la acción de habeas corpus puede ser activada para
corregir situaciones lesivas al derecho a la salud de la persona privada de la libertad y
disponer la atención médica inmediata.”4.
De estas resoluciones se colige que el hábeas corpus, no sólo protege la libertad de una persona, sino
que éste se extiende a los aspectos relativos a los derechos a la vida y la integridad f ísica de las
persona, este último implica para el Estado el deber proteger la salud de las personas, utilizando para
ello los medios necesarios en los centros de privaci ón de libertad que integran el sistema de
rehabilitación social; siendo excepcional el disponer de medidas alternativas a la privación de la
libertad.
5.5 De ahí que, en el caso en análisis es necesario verificar si se han vulnerado los derechos a la
integridad física y de salud del señor Pablo Esteban Pomasqui Trejo, quien se encuentra privado de su
libertad, y que a través de su abogada defensora presentó acción de hábeas corpus, misma que fue
resuelta en primera instancia y ante su apelación, es de conocimiento de esta Sala.
5.5.1 La profesional que comparece a favor del accionante, en la demanda que dio inicio a la acci ón
constitucional de habeas corpus expuso lo siguiente:
Que la privación de la libertad del accionado es arbitraria, debido a que la orden de prisi ón preventiva,
no cumple los requisitos legales o constitucionales, pues se basa en la simple voluntad sin
fundamentos legales, y sin elementos de convicción suficientes a los establecidos en el artículo 534
del COIP; es decir, que el acto que dio inicio a la privación de libertad fue ordenado y ejecutado bajo
parámetros inconstitucionales e ilegales; y, siendo arbitraria se encaja en lo dispuesto en el artículo
45.2.c) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Que el accionado fue privado de la libertad el 19 de marzo de 2020; y el 20 de marzo, en la audiencia
4 Sentencia No. 209-15-JH-19.
de formulación de cargos, el Fiscal inicio instrucción fiscal por el delito de co-autor tipificado en el
artículo 220 inciso uno literal B del COIP, dictándose medida cautelar personal, acorde a los artículos
522.6, y 534 ibídem; y que en la audiencia para sustitución de la medida cautelar impuesta, ésta fue
negada.
Que el Juez debió motivar la medida cautelar dispuesta, pues se fundamentó el pedido de prisión
preventiva sin motivación alguna, ya que en el allanamiento se encontraron varios paquetes de
marihuana, lo que contradice la investigación realizada, siendo esta contradicción y único elemento de
convicción no claro y ni preciso, con el que se sostiene la medida cautelar de privación de libertad.
Que sin motivación alguna se determinó que la medida cautelar de prisión preventiva cumplió los
requisitos del artículo 534 del COIP, cuya única finalidad es la de garantizar la comparecencia del
accionado al proceso, y al cumplimiento de una posible pena, en coordinación con el artículo 77.1 de
la Constitución.
Que establecida la necesidad de la prisión preventiva, el accionante fue recluido en el Centro de
Privación de Libertad de Ibarra, mismo que no es un lugar seguro para garantizar la comparecencia al
proceso del accionado, sino un lugar donde no se garantiza la comparecencia de éste a una eventual
etapa de juicio, pues está expuesto al contagio de COVID 19, por lo que permanecer en un centro
donde no existen las medidas de sanidad, y donde no se pueden acatar las recomendaciones de la
OMS, no sólo se deslegitimiza el fin y la necesidad de la prisión preventiva, sino que la hace
desproporcional; de tal manera que la privación de la libertad del accionado, en las circunstancias
actuales ha variado, pues esta privación de la libertad no garantiza la comparecencia al juicio o al
cumplimiento de la pena, sino que lo único que garantiza es un inminente contagio de la enfermedad,
por lo que esta medida carece de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
5.5.2 Como es de conocimiento público, nuestro país, al igual que el resto del mundo, se enfrenta a
una emergencia sanitaria sin precedentes, ocasionada por el denominado COVID-19, que dio lugar a
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo caracterice como pandemia el 11 de marzo de este
año5.
Para enfrentar la enfermedad, Ecuador ha adoptado como medida de protección ciudadana, la
declaratoria del estado de excepción mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo del 2020,
suscrito por el presidente de la República, en los siguientes términos:
“Artículo 1.- DÉCLARESE, el estado de excepción por calamidad pública en todo el
5 Declaración del Director de la Organización Mundial de la Salud, en alocución a la prensa el 11 de marzo de
2020, en la que destacó que la OMS a partir del año 2010 aplica el término “pandemia” a una enfermedad
epidémica se extiende a varios países del mundo de manera simultánea.
territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia
de COVID- 19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto
riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y
convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para
garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID – 19 en
Ecuador”.
5.5.3 De conformidad con lo previsto por el artículo 35 de la Constitución, las personas privadas de la
libertad forman parte del grupo de atención prioritaria y por tanto, deben recibir del Estado atención
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.
De su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Resolución 01-2020,
adoptada el 10 de abril del 2020, ha manifestado que la pandemia COVID-19 puede afectar
gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos
que implica para la vida, salud e integridad personal, así como sus impactos de inmediato, mediano y
largo plazo sobre las sociedades en general; y, en particular sobre las personas y grupos en situación
de especial vulnerabilidad, como son las personas privadas de libertad, ha señalado que:
“45. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la
libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos
que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando
prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del
COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos
lactantes. (…)
47. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad
particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de
cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19, garantizando en particular
que todas las unidades cuenten con atención médica”.
En este mismo sentido, la OMS, el 14 de abril de 2020, ha emitido las Directrices relativas al COVID-
19, que en el apartado de las personas detenidas o recluidas en instituciones establece lo siguiente:
“• Las personas que están privadas de libertad, ya sea porque se encuentran encarceladas,
en prisión preventiva o se hallan recluidas en centros para migrantes, centros obligatorios
de rehabilitación de drogas u otros lugares de detención, corren un riesgo mayor de contraer
una infección en caso de un brote epidémico. En esas condiciones existe un grave peligro de
contaminación y resulta más difícil establecer la distancia física. Su situación debe
abordarse de manera específica en el contexto de la planificación y la respuesta a la crisis.
Los Estados deben adoptar medidas especiales para velar por el acceso a la información y la
igualdad en la prevención y otros aspectos del cuidado sanitario de todas las personas
privadas de libertad y deben examinar de manera urgente las opciones para ponerlas en
libertad y las alternativas a la detención, a fin de atenuar el riesgo de que puedan enfermar
en los centros de reclusión.
• Los Estados deben examinar urgentemente las soluciones alternativas al encarcelamiento,
con miras a atenuar el peligro que pesa sobre los centros de detención; esas alternativas
deben tener en cuenta a los reclusos que hayan cometido delitos de menor cuantía y de
índole no violenta, a los que estén cerca de cumplir sus condenas, a las personas que
padecen patologías previas y a las que cumplen prisión preventiva o administrativa. Las
personas que estén detenidas sin base legal deben ser puestas en libertad, así como las que
se encuentren recluidas en centros de tratamiento forzoso o en programas de rehabilitaci ón
por adicción a las drogas”.
En este mismo contexto, el Comité Permanente entre Organismos de la Organización de Naciones
Unidas y la Organización Mundial de la Salud, ha emitido una directriz provisional denominada
COVID-19: Atención especial para personas privadas de la libertad, el 20 de marzo del 2020, que en
el contexto del derecho a la salud dispone:
“Las personas privadas de libertad deberían ser sometidas a un examen médico en el
momento de su admisión y posteriormente se les debería proporcionar atención y
tratamiento médico, siempre que sea necesario. La finalidad de los exámenes médicos es
proteger la salud del detenido, del personal de los centros de reclusión, así como de los
demás detenidos, y asegurar que cualquier enfermedad sea atendida lo antes posible para
evitar la propagación del virus. Todos los detenidos deberían tener acceso a la atención y el
tratamiento médico sin discriminación. Las personas privadas de libertad que consumen
drogas y reciben servicios de reducción de daños, deberían tener acceso permanente a esos
servicios. Se deberían aplicar medidas preventivas y de seguimiento para velar por que los
artículos esenciales de higiene personal, como el jabón y el desinfectante, así como artículos
menstruales para mujeres y niñas, estén disponibles sin costo alguno, a lo largo de su uso
continuo más allá del punto de distribución inicial.
• En los casos sospechosos o confirmados de COVID-19, todas las personas privadas de
libertad deberían tener acceso a los cuidados sanitarios, incluida la atención médica urgente
y especializada, sin demoras indebidas. Los casos sospechosos deberían aislarse en
condiciones dignas lejos de la población en general y deberían adoptarse medidas para
mitigar la violencia o la estigmatización contra ellos. Las administraciones de los centros de
detención deberían desarrollar estrechos vínculos con los servicios de salud de la comunidad
y otros proveedores de cuidados sanitarios”.
5.5.4 Resulta evidente que en cuanto a los lineamientos internacionales de los diferentes organismos
referidos, estos coinciden plenamente con los dictámenes emitidos por la Corte Constitucional, en el
sentido de que efectivamente le corresponde al Estado el proteger la salud de toda la población, y al
referirse particularmente a las personas privadas de la libertad, se recomienda que se deben adoptar las
medidas que propendan al cuidado de la salud para prevenir el contagio del virus COVID-19 de dichas
personas, dando prioridad a los grupos vulnerables (como son, entre otros, las personas mayores, las
mujeres embarazadas), lo que implica per se, el establecer las condiciones de detenci ón adecuadas
para las personas privadas de libertad, garantizando de forma general la atención médica; y, con el
mismo contexto del órgano constitucional, se ha de observar que las alternativas de detención, giran
en torno a atenuar el riesgo de un posible contagio; entonces, una vez que se ha garantizado la
protección del detenido, respecto a su salud, sigue siendo excepcional la disposición sobre las medidas
alternativas a la privación de su libertad.
Si bien, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado dar prioridad a la excarcelación de
reclusos, no es menos cierto que pone énfasis en las personas con perfiles de bajo riesgo que han
cometido delitos menores; calificación ésta que deberá ser analizada y resuelta en el momento
procesal oportuno por parte del juzgador que conoce del cometimiento del delito del legitimado
activo.
5.6 De la revisión del fallo apelado, se advierte que la medida cautelar de prisión preventiva, en contra
del señor Pablo Esteban Pomasqui Trejo, fue dictada en la audiencia de formulación de cargos, dentro
del juicio penal No. 10281-2020-00709, por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias
catalogada sujetas a fiscalización, tipificado en el artículo 220.1,b) del Código Orgánico Integral Penal
(COIP), a través de la Boleta de Encarcelamiento No. 10281 2020 000394, de 20 de marzo de 2020
(fs. 37 del expediente), dictada por el Juez de la Unidad de Garantías Penales con sede en el cantón
Ibarra; el 20 de abril de 2020, y que en audiencia de formulación de cargos la medida no fue objeto de
recurso alguno; posteriormente, ante la solicitud de revocatoria de las medidas cautelares, la orden de
privación de libertad fue ratificada, por lo que el accionante encuentra detenido en el Centro de
Privación de Libertad Masculino Ibarra.
5.6.1 En el recurso de apelación, la compareciente señala que la privación de la libertad es arbitraria,
ya que no cumple los requisitos legales o constitucionales y que se basa en la voluntad del Juez, sin
fundamento legal, ni elementos de convicción suficientes a los establecidos en el artículo 534 del
COIP; que el juez debió motivar la medida cautelar impuesta, pues se fundamentó el pedido de prisión
preventiva sin motivación alguna, ya que en el allanamiento se encontraron varios paquetes de
marihuana, lo que contradice la investigación realizada, siendo esta contradicción y único elemento de
convicción, no claro ni preciso, con el que se sostiene la medida cautelar de privaci ón de libertad; y,
que sin motivación alguna se determinó que la medida cautelar de prisión preventiva cumplía con los
requisitos del artículo 534 ibídem, garantizando la comparecencia del accionado al proceso, en
coordinación con el artículo 77.1 de la Constitución.
5.6.2 Este Tribunal Constitucional reitera que el ámbito de competencia del hábeas corpus se limita a
proteger los derechos de la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona
privada o restringida de libertad, por lo tanto, a través de esta acción constitucional no es procedente
exigir que se reconozcan aspectos jurídicos que no sean pertinentes al derecho constitucional
analizado, ya que este no es la vía adecuada para plantear cuestiones atinentes a la justicia ordinaria.
En cuanto al primer precepto protegido por el hábeas corpus, esto es, la privación ilegal, arbitraria o
ilegítima de la libertad de una persona; el apelante en su escrito sostiene que la medida cautelar de
privación de la libertad es arbitraria; por tal motivo debemos remitirnos a lo expuesto en el fallo
dictado por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura, observ ándose que ésta
fundamenta su resolución en el considerando CUARTO, con la legislación aplicable al caso, y luego
en el considerando QUINTO, realiza el análisis tendiente a establecer si la privación de la libertad del
legitimado activo es “arbitraria”, por lo que luego de referirse a doctrina y fallos de la Corte
Constitucional, artículo 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
y artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afirma que la medida cautelar
de prisión preventiva, en el proceso penal No. 10281-2020-00709, por el presunto delito de tráfico
ilícito de sustancias catalogada sujetas a fiscalización, en contra del accionado, ha sido dictada por un
Juez con jurisdicción y competencia, extendiendo la Boleta de Encarcelamiento No. 10281 2020
000394, en contra del procesado para garantizar su inmediación al proceso; se ha recogido también
que el accionado presentó revocatoria de la prisión preventiva, el 20 de abril de 2020, misma que fue
negada por el Juez de Garantías Penales, motivando la decisión por no cumplirse los requisitos
establecidos en el artículo 535 del COIP; con esto llega a la conclusión de que la decisión de la prisión
preventiva, cuestionada como arbitraria, se realizó dentro de un proceso penal, por un juez
competente, y observando los requisitos y condiciones impuestas por la ley. Expresa con claridad el
juzgador de instancia que “Intentar que Jueces Constitucionales valoren documentos que justifican
arraigos personales, familiares o laborales con el fin de revocar, sustituir la prisión preventiva
excede la órbita de justicia constitucional en razón que para ello se halla la justicia ordinaria”.
Por lo expuesto, resulta evidente para este Tribunal Constitucional, que la medida cautelar de prisi ón
preventiva, en contra del accionado, no es ilegal, ni arbitraria ni ilegítima. En efecto, la privación de la
libertad del señor Pablo Esteban Pomasqui Trejo, no es ilegal ni ilegítima, pues fue dictada en la
audiencia de formulación de cargo, en el juicio penal No. 10281-2020-00709, por el presunto delito de
tráfico ilícito de sustancias catalogada sujetas a fiscalización, tipificado en el artículo 220.1,b) del
Código Orgánico Integral Penal (COIP), a través de la Boleta de Encarcelamiento No. 10281 2020
000394, de 20 de marzo de 2020; y, tampoco es arbitraria, por cuanto la orden de privación preventiva
de la libertad, no es contraria a la justicia, la razón o las leyes, ni dictada por la voluntad o capricho
del juzgador, sino que se ha emitido boleta de encarcelamiento correspondiente, para garantizar la
comparecencia del legitimado activo al proceso judicial, tal como lo prevé el artículo 522.6 del COIP;
por lo que se concluye que no se han vulnerado los derechos fundamentales del accionante, que tienen
que ver con el ejercicio de determinadas libertades fundamentales protegidas por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por el
contrario, se observa que la Sala constitucional de instancia, se pronuncia adecuadamente respecto al
por qué no es procedente el pedido de revisión de la medida cautelar, al señalar que no puede valorar
documentación a fin de sustituir la prisión preventiva, pues ello excede la órbita de la justicia
constitucional, en razón de que para ello se encuentra la justicia ordinaria.
5.6.3 En lo que atañe al segundo supuesto protegido por el derecho constitucional al hábeas corpus,
esto es el derecho a la vida y a la integridad física de las personas privadas de la libertad; el apelante,
señala que al encontrarse recluido en el Centro de Privación de Libertad Ibarra, no se garantiza la
comparecencia al proceso en la etapa de juicio, por encontrarse expuesto contagio de COVID 19,
deslegitimándose la necesidad de la prisión preventiva.
Al remitirnos al fallo puesto en análisis se observa que el Tribunal Constitucional de instancia, en el
mismo considerando QUINTO, luego de referirse al artículo 89 de la Constitución de la República del
Ecuador, 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y fallos de la
Corte Constitucional, sostiene que la situación del accionante no constituye una amenaza a la vida,
porque su situación no corresponde a los parámetros delineados por la Corte Constitucional para
considerar que está viviendo una situación que pone en riesgo vida, no está soportando una situación
de desaparición forzada, no sufre la amenaza ni agresiones por agentes estatales, no existe negligencia
en protegerle de amenazas de terceros.
Adicionalmente, mediante certificado médico aportado por el Director del Centro de privaci ón de
libertad de Personas Adultas de Ibarra, como la presencia del accionado en la audiencia de instancia,
se llegó a inferir que el señor Pablo Esteban Pomasqui Trejo goza de buena salud. A criterio del
Juzgador de instancia, el confinamiento en cualquier lugar debe regirse a protocolos y normas básicas
de sanidad para evitar el contagio de COVID 19; que además en el referido centro de privación de la
libertad, no existen personas afectadas con el virus, y de existirlas correspondería emitir las medidas
que protejan la integridad y eviten el contagio; concluyendo al respecto que ello no significa que se
otorgue la libertad trastocando la orden constitucional de encarcelamiento emitida por juez ordinario
cumpliendo con las exigencias del ordenamiento jurídico interno; argumento con el cual fue negado el
recurso de hábeas corpus.
Para este Tribunal Constitucional, lo expuesto por la Sala de instancia, no violenta ninguna garantía
jurisdiccional del hábeas corpus, pues como se ha señalado en líneas precedentes, la Corte
Constitucional mantiene el supuesto de que se debe proteger de cualquier amenaza que ponga en
riesgo la salud o vida, de la persona privada de la libertad, como parte de sus derechos primigenios;
sin embargo, los organismos internacionales como la OMS, coinciden en que este derecho a la
protección a la vida, parte del hecho de que la esta protección consiste en mantener el acceso a los
servicios de salud (atención médica, tratamientos y medicamentos), mismos que deben ser
garantizados (en todo su contexto) por los centros de privación de la libertad; por lo que bajo este
ámbito de protección a los privados de libertad, el Estado está garantizando la protección a la vida y
salud de estas personas.
Con estas premisas, se aprecia que el accionante no ha demostrado que su derecho a la integridad
personal (física) conexo al derecho a la salud se encuentre vulnerado de forma alguna; de ahí que no
se vislumbra que por causa de una restricción Estatal, en relación al cuidado de la salud del
accionante, se ponga en riesgo su vida, lo que conlleva a determinar que el argumento constante en la
acción constitucional, no se enmarca en ningún tipo de violación de sus derechos constitucionales en
torno a los fundamentos del hábeas corpus, pues los jueces constitucionales, dispondrán la libertad de
una persona, que activa esta garantía jurisdiccional, si se verifica que los derechos a la vida o a la
integridad física de la persona privada de su libertad, se encuentran amenazados.
Es preciso reiterar que esta Sala Constitucional considera que la acción de hábeas corpus es una
garantía de derechos fundamentales y no un recurso o un medio para tratar de revocar una medida de
privación de la libertad legalmente ordenada.
VI. DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional
de Justicia, actuando como jueces constitucionales, Administrando justicia, en nombre del pueblo
soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve:
6.1 NEGAR el recurso de apelación dentro de la acción constitucional No. 10103-2020-00006,
presentada por la abogada Silviana Tinajero Martínez, a favor del ciudadano Pablo Esteban Pomasqui
Trejo.
6.2 CONFIRMAR el fallo constitucional dictado el 8 de mayo de 2020, a las 14h09, por la Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura, dentro de la acción constitucional No. 10103-
2020-00006.
6.3 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 numeral 5 de la Constitución de la República,
una vez ejecutoriada esta resolución, remítase copia certificada de la misma a la Corte Constitucional
para el desarrollo de su jurisprudencia.
6.4 Comuníquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen.
Actúe la doctora Ligia Marisol Mediavilla, como Secretaria Relatora encargada de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario.
HEREDIA PROAÑO MONICA ALEXANDRA
JUEZA NACIONAL (E) (PONENTE)
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E)
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL (E)