Resolución Nº 26-2021 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 25 de Enero de 2021

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
PonenteFERNANDO ANTONIO COHN ZURITA
Fecha de sentencia25 Ene 2021
Número de expediente4240-2002
Número de resolución26-2021
Juicio No. 09504-2002-4240
JUEZ PONENTE: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, lunes 25 de enero del 2021,
las 14h44. A S U N T O
El ingeniero Mauro Alejandro Andino Alarcón, en calidad de Director General del Servicio Nacional
de Aduana del Ecuador (SENAE), interpone recurso de casación en contra de la sentencia de 10 de
abril de 2018, las 09h21, emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en
Guayaquil, Provincia del Guayas, dentro del juicio de impugnación No. 09504-2002-4240, accionado
por el ingeniero Romel Remigio Vera Andrade, en calidad de Gerente General de la compañía
RANSERT S.A., contra la resolución emitida el 10 de junio de 2002, que declaró sin lugar el reclamo
administrativo a la Rectificación de Tributos N° 028-25-03-02-00037.
PRIMERO: COMPETENCIA
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia es competente
para conocer y resolver el presente recurso de casación en conformidad con lo dispuesto en los
artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 185 -segunda parte, numeral
1- del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA.-
La sentencia recurrida declara con lugar la demanda de impugnación deducida por el Ing. Romel
Remigio Vera Andrade, Gerente General de la compañía RANSERT S.A., y en consecuencia la
invalidez de la Resolución impugnada, emitida por el Gerente General de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana el 10 de junio de 2002.
TERCERO: PRESENTACION DEL RECURSO.-
El recurso de casación presentado el 2 de mayo de 2018, fue calificado por el Tribunal de instancia de
oportuno y de cumplir los requisitos formales establecidos en el artículo 6 de la Ley de Casación, por
lo que se dispuso concederlo y elevar el expediente a la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia.
141192282-DFE
Firmado por
FERNANDO
ANTONIO COHN
ZURITA
C=EC
L=QUITO
CI
0911069714
Firmado por
JOSE DIONICIO
SUING NAGUA
C=EC
L=QUITO
CI
1706860440
Firmado por
GUSTAVO
ADOLFO
DURANGO VELA
C=EC
L=QUITO
CI
1703594588
CUARTO: ADMISIÓN.-
Mediante auto de admisión de 25 de junio de 2020, a las 12h55, el doctor Marco Aurelio Tobar
Solano, en su calidad de Conjuez de esta Sala, declaró la admisibilidad del recurso de casación
propuesto, por las causales primera del art. 3 de la Ley de Casación, por errónea interpretación de los
artículos 53 de la Ley Orgánica de Aduana (LOA); 12 párrafo sexto de la Decisión 416 de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN); y, en la causal quinta del art. 3 de la Ley de Casación, por
cuanto la sentencia no contiene los requisitos exigidos por la Ley; artículos 274, 275 y 276 del Código
de Procedimiento Civil (CPC); 76 numeral 7 literal l de la Constituci ón y artículos 25 y 130 del
Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
QUINTO: CONTESTACIÓN DEL RECURSO
No obra en el expediente contestación al recurso.
SEXTO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR.-
Mediante sorteo de la causa, de 16 de octubre de 2020, se radicó la competencia en la Sala integrada
por los doctores José Dionicio Suing Nagua (juez titular), Gustavo Adolfo Durango Vela (juez
encargado) y Fernando Antonio Cohn Zurita (juez encargado y ponente de esta causa).
Mediante acción de personal No. 301-UATH -2020-OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de
la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con la
Resolución No. 065-2020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se
legaliza el reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez Nacional y por Resolución No. 08-
2020 de 24 de junio de 2020, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al doctor José Suing
Nagua a la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario.
De la acción de personal No. 302-UATH -2020-OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la
Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con la
Resolución No. 065-2020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se
legaliza el reintegro del Dr. Gustavo Durango Vela en calidad de Conjuez Nacional. Mediante Oficio
635-SG-CNJ de 1 de julio de 2020 la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia llama al Dr. Gustavo
Durango a asumir el despacho en la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario que ocupaba la
ex Magistrada doctora Mónica Heredia Proaño (que a su vez reemplazaba a la doctora Ana María
Crespo Santos), avalado por la acción de personal Nro. 317-UATH-2020-OQ de la misma fecha.
En virtud de las Resoluciones No. 188-2019 y 197-2019 emitidas por el Pleno del Consejo de la
Judicatura y el oficio No. 2363-SG-CNJ-ROG de fecha 03 de diciembre de 2019, suscrito por la
doctora Paulina Aguirre Suárez, en calidad de Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, y en la
acción de personal No. 278-UATH-2019-OQ, se designó al doctor Fernando Antonio Cohn Zurita en
calidad de Juez Nacional encargado, en la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, en el
despacho que estaba a cargo del doctor José Luis Terán Suárez.
SÉPTIMO: VALIDEZ PROCESAL.-
De la revisión del proceso no se observa ninguna circunstancia que puede afectar su validez procesal y
tampoco existe nulidad alguna que declarar.
OCTAVO: ERRORES ALEGADOS.-
8.1 El recurrente fundamenta en la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, el cargo de que
existe errónea interpretación de los artículos 53 de la LOA y 12, párrafo sexto de la Decisión 416 de
la CAN; que el artículo 12 de la Decisión 416 dispone que la fecha de certificación del origen de la
mercancía debe ser coincidente o posterior con la fecha de emisi ón de la factura, por lo que no podría
aplicarse la preferencia arancelaria si no se cumplió el referido precepto; que el artículo 53 de la LOA
faculta a la administración aduanera a realizar verificaciones de las declaraciones aduaneras como en
este caso para establecer si los cabía o no la preferencia arancelaria; que si esas normas hubieran sido
correctamente interpretadas, se hubiera concluido que fue correcta la rectificación de tributos.
8.2 El casacionista fundamenta en la causal quinta del art. 3 de la Ley de Casación la alegación de
falta de motivación de la sentencia, aduciendo que la misma incumple con el requisito constitucional
(Art. 76 de la Constitución de la República) y legal Art. 274, 275 y 276 del Código de Procedimiento
Civil; que el objeto controversial de la Litis se lo fijó en establecer la legitimidad del acto
administrativo impugnado, sin embargo en ninguna parte de los considerandos de la sentencia de
fecha 10 de abril del 2018, se realiza análisis alguno del objeto controvertido, por lo cual aunque dice
fundamentarse en una serie de motivos y de derecho, los mismos son errados, por cuando no
corresponden al punto central de la Litis, viciándose así el fallo recurrido de una clara falta de
motivación al omitir los criterios jurídicos esenciales fundamentales en la decisión.
NOVENO: CONTENIDO DE LAS CAUSALES.-
La causal primera del art. 3 de la Ley de Casación determina:
“1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho,
incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido
determinantes en su parte dispositiva”.
La causal quinta del art. 3 de la Ley de Casación especifica:
“5. Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la ley o en su parte
dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles”.
DÉCIMO: ALCANCE DE LOS ERRORES ALEGADOS.-
10.1 Luis Armando Tolosa Villabona expresa: “La 'errónea interpretación' se comete en la premisa
mayor de la sentencia, es decir, en la ley objeto de aplicación, por desconocimiento del sentenciador
de los principios hermenéuticos o interpretativos de la ley; ante textos oscuros o dudosos no tienen en
cuenta las fuentes formales del derecho y confunde las clases de interpretación” (Tolosa Villabona,
Luis Armando,. 2008, Teoría y Técnica de la Casación, Bogotá – Colombia Ediciones Doctrina y Ley
Ltda., pág. 359).
10.2 Respecto a la motivación, la autora Gladis E. de Midón, en su obra “La Casación Control del
Juicio de Hecho”, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires: -Argentina, 2001, página. 20, expresa: “Para
alcanzar sus fines garantistas es inevitable que la motivación sea autosuficiente, en el sentido de
abastecerse, expresando no sólo las conclusiones decisivas sino, fundamentalmente, las razones en
que tales conclusiones se basan. No basta pues, como bien dice Carrió, que la sentencia tenga
fundamentos, porque es preciso que éstos estén a su vez fundados. Sin esa básica motivación no es
posible hablar en lenguaje constitucional de sentencia, pues huérfana de razonados fundamentos no
hay nada, añadirá Morello, que en un acto de voluntad inepto de por sí (…)”.
10.3 De conformidad con la Constitución de la República:
“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El
derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (…) l) Las resoluciones de los
poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación sin en la resolución no se enuncian las
normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán
sancionados.” (El subrayado pertenece a la Sala).
10.4 Por su parte el Código Orgánico de la Función Judicial dispone:
“Art. 130.- FACULTADES JURISDICCIONALES DE LAS JUEZAS Y JUECES.- Es facultad
esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la
Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben:
(…)
4. Motivar debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las
normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Las resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados ser án
nulos”.
10.5. Es por demás claro que la motivación es uno de los requisitos esenciales que deben cumplir las
decisiones de las funciones públicas, ya sea en el ámbito administrativo o judicial. Motivar es explicar
la manera en que las normas jurídicas son aplicables a los hechos controvertidos y definidos en la litis
del proceso, luego de que éstos han sido verificados en base a las pruebas debida y legalmente
actuadas.
UNDÉCIMO: SENTENCIA RECURRIDA.-
En la sentencia el Tribunal de instancia expresa (resaltado es de esta Sala):
“OCTAVO.- Es importante exponer que la Resolución materia de impugnación en este
proceso tiene como antecedente la Rectificación de Tributos 028-25-03-02-0037, (fojas 5), de
fecha 25 de marzo 2002, en donde como Base Legal se indica: se procede a la Rectificación
de Tributos, por cuanto la fecha del certificado de origen presentado en la declaración de
importación es anterior a la fecha de la factura comercial. Como Respaldo Legal consta: El
Art. 53 de la Ley Orgánica de Aduanas. Régimen General de origen de la ALADI. Texto
consolidado y ordenado aprobado por la resolución 252 del Comité de Representantes (de la
Resolución 78 del mismo Comité) Capítulo II- Décimo (Certificación). NOVENO: Conforme
queda señalado, en la Resolución impugnada, se resuelve sobre la emisión del Certificado de
Origen, por lo que al respecto se indica: 9.1. El parágrafo quinto del artículo 12 de la
Decisión 416, del Acuerdo de Cartagena, de la Comunidad Andina, se se ñala; La fecha de
certificación deberá ser coincidente o posterior a la fecha de emisión de la factura comercial,
en todos los casos la factura deberá presentarse conjuntamente con el certificado de origen:”
9.2. La Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia en el recurso 131-2012 (…)
indica en el considerando CUARTO: la acusación a la sentencia gira en torno al presunto
error en la emisión del certificado de origen por tener una fecha anterior a la factura de
exportación. Revisado el proceso se determina que la factura comercial es de fecha 28 de
julio de 1999 y el certificado de origen es de fecha 26 de julio de 1999, lo cual no ha sido
objetado por la Empresa actora, de lo que se deduce que el certificado de origen es anterior
a la factura comercial. Hecho que contraviene lo previsto en el art. 12 de la Decisión N°416
de la Comisión de la Comunidad Andina y que, según lo regulado en el art. 19 de la misma
Decisión faculta a los países miembros a aplicar sanciones, de acuerdo a sus legislaciones
internas. El Art. 53 de la Ley Orgánica de Aduanas que sirve de fundamento para la
rectificación de tributos, refiere a errores en la liquidación que no se dan en el presente caso,
por cuanto lo que existe es un error en los documentos que se acompañan a la declaración en
los términos del artículo 90 literal a) de la Ley Orgánica de Aduana, que implica la
existencia de una falta reglamentaria criterio que ya ha sido establecido por esta Sala, por
ejemplo en la causa N° 50/90 y que la Sala Juzgadora expresamente reconoce en la sentencia
impugnada. Criterio sustentado por la referida Sala en más de tres fallos reiterativos como
los constantes en los recursos N° 31-2010 publicado en el Registro Oficial Edición Especial
N° 473 de 26 de enero del 2016; N° 461-2010 publicado en el Registro Oficial Edición
Especial N° 470 del 21 de enero de 2016 y, N° 295-2010, publicado en el Registro Oficial
Edición Especial N° 150 de 8 de julio de 2014.- 9.3. De lo que obra en la presente causa, en
providencia emitida el 29 de mayo de 20002; a las 11h00 por el Ingeniero Jaime Santillan
Pesantes Gerente General de las Corporación Aduanera Ecuatoriana, (fojas 4 y 54), se
califica el reclamo administrativo de impugnación presentado por el Ing. Com. Romel
Remigio Vera Andrade, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de
la compañía RANSERT S.A., a la rectificación de tributos N° 028-25-03-00037, y además se
dispone recibir la causa a prueba por el término de 10 días, la misma que fue notificada el 07
de junio de 2002, según se aprecia de la documentación que obra a fojas 55 a 56 de los autos,
sin embargo, la resolución impugnada fue emitida el 10 de junio de 2002; a las 12h30, sin
que se cumpla el término de diez días de prueba previstos en la providencia antes referida, en
consecuencia no se cumplió con el debido proceso, al resolver una impugnación sin haber
fenecido el término de prueba. 9.4 Adicional a lo expuesto, se observa de la revisión de los
autos, que a fojas 25 y 44 del juicio obra el oficio de fecha 19 de abril de 2002, suscrito por
el Coordinador Nacional Certificado de Origen de la Cámara Nacional de Comercio9
Servicios y Turismo de Chile, mediante el cual se hace la rectificación al Certificado de
Origen N° 21012144 emitido con fecha 11 de mayo de 1999, por la oficina en la ciudad de
Valparaiso, por manzanas frescas exportadas, por la empresa Exportadora Rucaray
Limitada, mediante factura N° 0008095, debiendo decir “Certifico la veracidad de la
presente declaración, que sello y firmo en la ciudad de Valparaiso a los 13 de mayo de
1999”. 9.5. Sobre este mismo tema, a fojas 27 del proceso se encuentra la providencia de
fecha 28 de enero de 2003; a las 8H45, que adjunta la parte actora al escrito de prueba, en
donde la Gerencia General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, Resuelve un caso
parecido al presente caso, sobre el Certificado de Origen, declarando con lugar el Reclamo
Administrativo planteado por el Ing. Com. Romel Remigio Vera Andrade, por los derechos
que representa de la Compañía RANSERT S.A. y la invalidez de la Rectificación de Tributos
N° 028-22-08-02-0684, consecuentemente se dispone dar de baja de la contabilidad fiscal. En
el presente caso, y con relación al Certificado de Origen, que es materia de controversia en
este juicio, el Tribunal considera, que al haber presentado la parte actora en este proceso,
una rectificación del Certificado de Origen, (13 de mayo de 1999), conforme se indicó, es
procedente que se deje sin efecto la rectificación de Tributos N° 028-25-03-02-00037, en
consideración además, que el término de prueba dispuesto por el Gerente General de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana, en providencia de fecha 29 de mayo de 2002; a las
11h00, no se cumplió, conforme se indica en la demanda, y por esta razón no fue presentada
en forma oportuna dentro del término de prueba concedido para el efecto”
DUODÉCIMO: ANÁLISIS DE LOS TEMAS CONTROVERTIDOS.-
12.1 En relación a la errónea interpretación de los artículos 53 de la Ley Orgánica de Aduana (LOA) y
artículo 12 párrafo sexto de la Decisión 416 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), esta Sala
considera:
12.1.1 El artículo 53 de la LOA disponía:
Art. 53.- Verificación y Rectificación.- Dentro del plazo de tres años contados desde la fecha
de pago de los tributos al comercio exterior, las declaraciones aduaneras serán objeto de
verificación aleatoria por parte del Gerente General de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana. Si se comprueba que la liquidación adoleció de errores en favor o en contra de
los sujetos de la obligación tributaria, se procederá a la reliquidación respectiva sin
perjuicio de las demás acciones que legalmente correspondan, siempre y cuando no exista
presunción de delito.
Si la reliquidación estableciere una diferencia en favor o en contra del sujeto pasivo, se
emitirá inmediatamente la respectiva nota o título de crédito.
12.1.2 El artículo 12 de la Decisión 416 de la CAN prescribía:
Artículo 12.- El cumplimiento de las normas y de los requisitos específicos de origen deberá
comprobarse con un certificado de origen emitido por las autoridades gubernamentales
competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el País Miembro exportador.
Para la certificación del origen, las autoridades gubernamentales competentes o las
entidades habilitadas deberán contar con una declaración jurada suministrada por el
productor, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la
presente Decisión.
El certificado de origen deberá llevar la firma autógrafa del funcionario habilitado por los
Países Miembros para tal efecto.
Cuando el productor sea diferente del exportador, éste deberá suministrar la declaración
jurada de origen a las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas,
en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente
Decisión.
La declaración del productor tendrá una validez no superior a dos años, a menos que antes
de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción.
La fecha de certificación deberá ser coincidente o posterior a la fecha de emisión de la
factura comercial. A los fines de la certificación del origen, en todos los casos, la factura
comercial deberá presentarse conjuntamente con el certificado de origen.
12.1.3 En la sentencia se citaron los precedentes jurisprudenciales que establecían que el error en los
documentos de acompañamiento a la declaración, en cuanto a la fecha del certificado de origen, que
contraviene lo previsto en el artículo 12 de la Decisión 416 de la CAN, debían ser sancionados como
falta reglamentaria, y que el artículo 53 de la LOA se refiere a errores en la liquidación y no a errores
en los documentos de acompañamiento; que en fase administrativa se abrió término de prueba en el
reclamo, que no fue respetado por la administración aduanera; que en todo caso el error de fecha del
documento (que tenía fecha anterior al de la factura), fue subsanado, por lo que corresponde que se
deje sin efecto la rectificación de tributos.
12.1.4 El recurrente expresa que la correcta interpretación de las dos normas antedichas, provocaba
que se considere como acertada la rectificación de tributos, pues al no presentarse un certificado de
origen correcto en su datación, no se podía gozar de la preferencia arancelaria y era procedente la
verificación aduanera que ocasionó la emisión de la rectificación de tributos.
12.1.5 No está en discusión la posibilidad de gozar de preferencias arancelarias en funci ón del origen
de la mercancía importada. Lo que se controvierte es el alcance de la norma comunitaria que fija las
condiciones que debe tener el certificado de origen y de la norma alusiva a la verificación de
diferencias en la declaración aduanera.
12.1.6 La Decisión 416 de la CAN fija en el artículo 12 las condiciones que deben cumplir los
certificados, y entre ellas la datación, que debe ser coincidente o posterior a la factura comercial de
adquisición del producto. El artículo 15 de la misma Decisión señala que “las autoridades aduaneras
del País Miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de las mercancías en casos de
duda acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas
establecidas en esta Decisión, cuando la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no-
producidos en la subregión, o cuando el certificado de origen no se presente, contenga errores, o esté
incompleto. En tales situaciones se podrá exigir la constitución de una garantía por el valor de los
gravámenes aplicables a terceros países, de conformidad con las legislaciones nacionales de los
Países Miembros. Cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras del País
Miembro importador otorgarán un plazo de quince días calendario a partir de la fecha de despacho a
consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento. Vencido el
plazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes”. En el
artículo 16 se reglamenta lo relacionado a las garantías y en el artículo 17 se prevé la facultad de
regularizar el documento: “Artículo 17.- Si como consecuencia del procedimiento a que hace
referencia el Artículo 16, queda aclarada la situación que motivó la constitución de las garantías,
éstas quedarán sin efecto.- Si se comprobare que el certificado de origen no es aut éntico, o que la
mercancía no califica como originaria, el País Miembro importador podrá hacer efectivas las
garantías. Por su parte, el País Miembro exportador aplicará las sanciones que correspondan según
su legislación interna.- Sin perjuicio de lo anterior, el País Miembro exportador suspenderá el
otorgamiento de certificados de origen al productor final o exportador por un plazo de seis meses. En
caso de reincidencia, dicha suspensión será por un plazo de diez y ocho meses”. En el artículo 19 se
prevén sanciones por incumplimientos: “Artículo 19.- Las autoridades competentes de los Países
Miembros podrán revisar los certificados de origen con posterioridad al despacho a consumo o
levante de la mercancía y de ser el caso, aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo con lo
establecido en sus legislaciones internas.- A efecto de lo anterior, las entidades gubernamentales
competentes o habilitadas para expedir los certificados de origen, mantendr án en sus archivos, las
copias y los documentos correspondientes a los certificados expedidos, por un plazo no inferior a tres
años”. La Decisión también fija sanciones en caso de falsedad en las certificaciones: “Artículo
18.- Las entidades habilitadas por cada País Miembro, para la expedición de los Certificados de
Origen, compartirán la responsabilidad con el productor o exportador, en lo que se refiere a la
autenticidad de los datos consignados en la declaración de origen del producto.- Las autoridades
gubernamentales competentes de cada País Miembro inhabilitarán a los funcionarios de las
entidades certificadoras no gubernamentales que hubieran emitido certificados de origen de manera
irregular. Si en el término de un año la entidad certificadora no gubernamental correspondiente
reincidiera en irregularidades, ésta será suspendida de manera definitiva para la emisión de
certificaciones de origen.- Cuando se trate de entidades gubernamentales, los Países Miembros
adoptarán las medidas y sanciones establecidas en sus legislaciones internas”
12.1.7 De la lectura integral de las normas pertinentes de la Decisión 416, queda evidenciado que el
propósito de la norma es permitir la efectividad de los beneficios arancelarios por el origen
comunitario de la mercancía, siendo el certificado un medio de prueba de dicho origen, que en caso de
tener fallas podría ser subsanado. En conclusión, no puede desconocerse el beneficio arancelario por
un error del documento que demuestra el origen, si el mismo pudiera ser subsanado y no deja duda del
origen de la mercancía.
12.1.8 La norma comunitaria prevé que se exija garantía si al momento de la importación se detecta
error en el certificado. En este caso, al haberse emitido una rectificación tributaria, se trata de una
determinación efectuada en un control posterior. En cualquier caso, si la rectificación fue producto de
la falta de suficiente acreditación del origen de la mercancía (en caso de que el desfase en la fecha no
justificara el origen de la mercancía que fue adquirida con posterioridad a la fecha señalada en el
certificado de origen), en la fase de reclamo el importador podía sustentar dicho origen en forma
inequívoca, pues para ello el sistema procesal tributario prevé el reclamo (a partir del artículo 115 del
Código Tributario), con fase de pruebas (artículos 128 y 129 del Código Tributario), por lo que el
reclamo puede presentase aun cuando el acto administrativo objeto de impugnación administrativa
haya sido correctamente emitido de acuerdo a los documentos existentes hasta ese entonces, si en la
prueba del reclamo se presentan otros que permitan dejar sin efecto la rectificación de tributos.
12.1.9 En la fase judicial el importador demostró el origen de la mercancía, con la subsanación de la
fecha de emisión del certificado de origen; particular del que no se le permitió prueba en fase
administrativa, conforme se señala en la sentencia; circunstancias que no han sido objeto de reproche
en la casación.
12.1.10 Habiendo la sentencia basado su decisión de dejar sin efecto la rectificación de tributos, en el
hecho de que se corrigió la fecha de emisión del certificado de origen, subsanando el incumplimiento
en que se había incurrido, de una correcta datación del documento, no existe fundamento para que se
estime que la interpretación que el Tribunal le debía dar al artículo 12 de la Decisión 416 de la CAN
era que el error en la fecha del certificado de origen era insubsanable y provocaba el desconocimiento
definitivo del origen de la mercancía y de la preferencia arancelaria, y que la rectificación tributaria
(que la administración tributaria está facultada a emitir, de acuerdo al artículo 53 de la LOA), sea
asimismo definitiva e irreversible. Por tanto, se rechazan los cargos de errónea interpretación de los
artículos antes referidos.
12.2 En relación al cargo de falta de motivación de la sentencia, esta Sala considera:
12.2.1 Una parte de la fundamentación del cargo se sustenta en la falta de pronunciamiento por parte
del Tribunal de instancia respecto del objeto controvertido, que era el de establecer la legalidad del
acto administrativo impugnado. Ese cargo se lo rechaza en razón de que corresponde a una causal
ajena a la quinta del artículo 3 de la Ley de Casación y más bien correspondería a la causal cuarta del
mismo artículo por citra petita. En cualquier caso, en la sentencia se dejó establecido que en el trámite
del reclamo que desembocó en la resolución impugnada, se incumplió con el debido proceso, al
haberse resuelto el reclamo antes de que venza el término concedido para la prueba.
12.2.2 En relación al otro reproche, en el sentido de que el Tribunal habría efectuado en los numerales
9.3 y 9.4 de la sentencia un “efímero análisis” (entendido como un ataque a la brevedad de la
argumentación), es de destacar que la corta extensión de un texto no es motivo para acusar la falta de
motivación.
12.2.3 En cuanto a la acusación de que solo ha habido una transcripción de un proceso judicial ajeno
sin reflexiones propias, que evidenciarían la carencia de argumentos y razonamientos para llegar a la
conclusión final, esta Sala advierte que tal como se ha mencionado en el ordinal und écimo de esta
sentencia, en el fallo recurrido se precisó la base legal de la rectificación (ordinal octavo y numeral
9.1), se citó jurisprudencia sobre un caso análogo (numeral 9.2), se detallaron los errores en el
procedimiento administrativo por parte de la administración aduanera, que impidieron al importador
aportar prueba (numeral 9.3), se describió la prueba, por la que se subsanó el error en la fecha del
certificado de origen (numeral 9.4), se especificó un caso similar en que la administración aduanera
admitió el reclamo (numeral 9.5), concluyéndose que al haberse presentado el documento que
evidenciaba la correcta fecha del certificado de origen, procedía dar de baja la rectificación de
tributos.
12.2.4 En consecuencia, es incorrecta la alegación del recurrente en el sentido que el Tribunal se basó
exclusivamente en un caso ajeno, pues si bien es cierto cit ó jurisprudencia así como el antecedente de
un caso análogo tramitado en fase administrativa que sí había sido admitido por la administración
aduanera, en el fallo se analizó específicamente el caso controvertido, tanto en su antecedente
(reclamo administrativo), como en la prueba presentada en el juicio, llegando a la conclusión que el
desfase de fecha del certificado de origen que había motivado la rectificación de tributos (basada de
acuerdo a la misma sentencia, en el artículo 12 de la Decisión 416 y artículo 53 de la LOA), ya estaba
superado, por lo que correspondía dejar sin efecto dicha determinación, lo que justifica que en la
sentencia se analizaron los hechos y el derecho, en una argumentación concatenada que permitió
llegar a una conclusión razonable, cumpliéndose las exigencias del artículo 76 numeral 7 literal l de la
Constitución y 130 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que se rechaza el
cargo de falta de motivación
DÉCIMO TERCERO:
Por las consideraciones precedentes, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA”, resuelve NO CASAR la sentencia emitida por el Tribunal Distrital
de lo Contencioso Tributario con sede en Guayaquil, Provincia del Guayas, dentro del juicio de
impugnación No. 09504-2002-4240. Sin costas. Notifíquese, Publíquese y Devuélvase.-
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL