Resolución Nº 67-2021 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 2 de Febrero de 2021

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
PonenteSUING NAGUA JOSÉ DIONICIO
Fecha de sentencia02 Feb 2021
Número de expediente00603-2017
Número de resolución67-2021
Juicio No. 17510-2017-00603
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, martes 2 de febrero del 2021,
las 14h14. VISTOS: La señora Olga Lucía Rodríguez Muñoz por sus propios y personales derechos,
interpone recurso de casación en contra del fallo dictado por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha el 19 de marzo del
2018, las 09h54, dentro del juicio de impugnación No. 17510-2017-00603, que resuelve rechazar la
demanda presentada por la Sra. Olga Lucía Rodríguez Muñoz.
PRIMERO: COMPETENCIA.- La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el recurso de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 185 segunda parte
numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, numeral 2 del artículos 201 del Código
Orgánico de la Función Judicial reformado por mandato de la Disposición Reformatoria Segunda
número 4 del Código Orgánico General de Procesos.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA.- El Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con
sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha el 19 de marzo del 2018, las
09h54, dentro del juicio de impugnación No. 17510-2017-00603, resuelve rechazar la demanda
presentada por la Sra. Olga Lucía Rodríguez Muñoz por falta de prueba de la parte actora, por lo que
se ratifican como gastos no deducibles los valores contenidos en el acto impugnado.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO.- Con fecha 16 de abril del 2018, las 13h35, la
señora Olga Rodríguez Muñoz por sus propios y personales derechos interpone recurso de casación,
mismo que es calificado, en auto de 17 de abril del 2018, las 11h54, en el término del artículo 266 del
Código Orgánico General de Procesos, para ante los Jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia, competentes para conocer y resolver este recurso.
CUARTO: ADMISIÓN.- Mediante auto de admisión de 22 de octubre de 2019, las 12h20, el doctor
Patricio Secaira Durango en su calidad de Conjuez de esta Sala, declaró la admisibilidad del recurso
de casación propuesto, admitiendo el caso quinto del artículo 268 del Código Orgánico General de
Procesos, bajo los cargos de falta de aplicación de los artículos 5 y 311 del Código Tributario; y
141851752-DFE
Firmado por
JOSE DIONICIO
SUING NAGUA
C=EC
L=QUITO
CI
1706860440
Firmado por
GUSTAVO
ADOLFO
DURANGO VELA
C=EC
L=QUITO
CI
1703594588
Firmado por
FERNANDO
ANTONIO COHN
ZURITA
C=EC
L=QUITO
CI
0911069714
errónea interpretación del artículo 182 del Código Orgánico de la Función Judicial, falta de aplicación
de los artículos 1593 y 1732 del Código Civil; y, 103 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno vigente a esa época.
QUINTO: CONTESTACIÓN AL RECURSO.- La abogada Shariam Olmedo Armijos en calidad de
procuradora fiscal autorizada por el Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, en escrito de 05
de diciembre del 2019, las 15h00, solicita que se deseche el recurso de casación interpuesto por la
parte actora en cuanto a las causales que se ha alegado, toda vez que, la administración tributaria ha
procedido a desvirtuar una a una indicando que las mismas no proceden.
SEXTO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR.- Mediante sorteo de la causa No. 17510-
2017-00603(1), realizado el 19 de noviembre de 2020, las 18h04, se radicó la competencia en la Sala
integrada por los doctores Gustavo Durango Vela, Juez Nacional (E), Fernando Antonio Cohn Zurita,
Juez Nacional (E); y, José Suing Nagua, Juez Nacional, Ponente en la causa. Con la acción de
personal No. 301-UATH-2020-OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la Unidad
Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con la
Resolución No. 065-2020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se
legaliza el reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez Nacional. Mediante Resolución 08-
2020 de 24 de junio de 2020 el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al Dr. José Suing Nagua
a la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario. Con acción de personal No- 302-UATH-2020-
OQ de 22 de junio del 2020 y mediante oficio No. 635-SG-CNJ, la señora Presidenta de la Corte
Nacional de Justicia llama al doctor Gustavo Durango Vela para que asuma el despacho de la Sala
Contencioso Tributaria en reemplazo de la doctora Ana Mar ía Crespo Santos, ocupada temporalmente
por la doctora Mónica Heredia Proaño, hasta que se designe un nuevo titular conforme a la acción de
personal No. 317-UATH-2020-OQ de 01 de julio del 2020. De la misma forma con acción de personal
No. 1278-UATH-2019-OQ, mediante la cual designó al doctor Fernando Antonio Cohn Zurita, en
calidad de Juez Nacional, encargado del despacho del doctor José Luis Terán.
SÉPTIMO: VALIDEZ PROCESAL.- No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar, por lo que se declara el proceso
válido.
OCTAVO: AUDIENCIA.- Mediante providencia de 26 de enero de 2021, las 09h29, se convocó a
las partes procesales para la audiencia de sustentación del recurso de casación para el día viernes 29 de
enero de 2021, las 11h00, por medios telemáticos, habiendo comparecido a la presente diligencia la
señora Olga Lucía Rodríguez Muñoz, acompañada de los abogados Paulina Guerra Jaya y Santiago
Muñoz, procuradores judiciales de la recurrente: y, la abogada Shariam Olmedo Armijos en calidad de
procuradora fiscal del Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas; la audiencia fue suspendida,
habiéndose convocado para su reanudación el 2 de febrero de 2021 a las 11h00, según se desprende
del acta de la audiencia constante a fojas 31 del expediente de casación.
NOVENO: ERRORES ALEGADOS.- La recurrente considera que el fallo emitido por el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha el 19 de marzo de 2018, las 09h54 incurre el caso quinto del artículo 268 del Código
Orgánico General de Procesos, bajo los cargos de falta de aplicación de los artículos 5 y 311 del
Código Tributario; y errónea interpretación del artículo 182 del Código Orgánico de la Función
Judicial, falta de aplicación de los artículos 1593 y 1732 del Código Civil; y, 103 de la Ley Orgánica
de Régimen Tributario Interno vigente a esa época.
DÉCIMO: NORMAS SEÑALADAS COMO INFRINGIDAS.- Las normas que el recurrente
considera infringidas son: a) Código Orgánico Tributario: Art. 5: Principios tributarios.- “El
régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad
e irretroactividad.” Art. 311: Irretroactividad de la ley.- “Las normas tributarias punitivas, sólo
regirán para el futuro. Sin embargo, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones o
establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves, y se aplicarán aun
cuando hubiere sentencia condenatoria no ejecutada ni cumplida en su totalidad, conforme a las
reglas del derecho penal común.” b) Código Civil.- Art. 1593: El pago hecho a una persona
diversa de las expresadas en el artículo precedente es válido, si el acreedor lo ratifica de un modo
expreso o tácito, pudiendo legítimamente hacerlo; o si el que ha recibido el pago sucede en el crédito,
como heredero del acreedor, o bajo otro título cualquiera. Cuando el pago hecho a persona
incompetente es ratificado por el acreedor, se mirará como válido desde el principio.” Art. 1732:
Compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa, y la otra a pagarla
en dinero. El que contrae la obligación de dar la cosa se llama vendedor, y el que contrae la de
pagar el dinero, comprador. El dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa vendida se llama
precio.” c) Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.- Art. 103: “Los sujetos pasivos de los
impuestos al valor agregado y a los consumos especiales, obligatoriamente tienen que emitir
comprobantes de venta por todas las operaciones mercantiles que realicen. Dichos documentos deben
contener las especificaciones que se señalen en el reglamento. El contribuyente deberá consultar, en
los medios que ponga a su disposición el Servicio de Rentas Internas, la validez de los mencionados
comprobantes, sin que se pueda argumentar el desconocimiento del sistema de consulta para
pretender aplicar crédito tributario o sustentar costos y gastos con documentos falsos o no
autorizados. Sobre operaciones de más de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD
$ 5.000,00), gravadas con los impuestos a los que se refiere esta Ley se establece la obligatoriedad
de utilizar a cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago, a través de giros,
transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito, cheques o cualquier otro medio de pago
electrónico. Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los cinco mil dólares de los
Estados Unidos de América (USD $ 5.000,00) sea deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta y
el crédito tributario para el Impuesto al Valor Agregado sea aplicable, se requiere la utilización de
cualquiera de los medios de pago antes referidos, con cuya constancia y el comprobante de venta
correspondiente a la adquisición se justificará la deducción o el crédito tributario. (…)”
DÉCIMO PRIMERO: CONTENIDO DEL CASO QUINTO DEL ARTÍCULO 268 DEL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS.- El caso quinto del artículo 268 del Código
Orgánico general de Procesos procede: “Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación de normas de derecho sustantivo, incluyendo los precedentes
jurisprudenciales obligatorios, que hayan sido determinantes en la parte dispositiva de la sentencia o
auto.”1
DÉCIMO SEGUNDO: ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE POR EL VICIO ACUSADO.-
A. La casacionista considera que el fallo impugnado incurre en la falta de aplicación del
principio de irretroactividad de la ley con fundamento en lo dispuesto en los artículos
5 y 311 del Código Tributario para en lo posterior proceder a citar un fallo de triple
reiteración No. 2 emitido por la Corte Nacional de Justicia el 03 de junio 2011 que fue
publicado en el Registro Oficial No. 471 de 16 de junio del 2011 enfatizando en la
importancia en la observancia del principio de irretroactividad de la ley en alusión al
recargo del 20% en determinaciones realizadas por el sujeto activo con excepción de
las determinaciones iniciadas con anterioridad a la vigencia de la norma y de las
iniciadas con posterioridad a la vigencia de la norma pero que se refieran a ejercicios
fiscales anteriores escenario en el que se encasilla, según se argumenta, el caso de la
Sra. Rodríguez puesto que la exigencia de la secuencia formal y material entendida
como la forma de pago al proveedor, necesaria para la deducibilidad deviene de una
Resolución del 2016; y, que el caso de la casacionista se da en una determinación del
impuesto a la renta de 2010, 2011 y 2012. Arguye la recurrente que el Tribunal de
instancia fundamentó su criterio en el precedente jurisprudencial No. 07-2016 de 26
1 Ecuador. Registro Oficial Suplemento 506 de 22 mayo de 2015 - Última modificación 26 de junio de 2019,
Código Orgánico General de Procesos: artículo 268 numeral 5.
de octubre del 2016 emitido por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, publicado
en el Registro Oficial No. 894 de 1 de diciembre del 2016, al considerar que es de
obligatorio cumplimiento dicho precedente, habiéndole citado resoluciones previas a
la emisión del precedente jurisprudencial toda vez que se correspondían a los años
objeto de la determinación tributaria, sin percatarse que dichos precedentes si bien
pudieron servir de antecedentes para la implementación de un punto de derecho
obligatorio a través de la jurisprudencia vinculante las mismas según los juzgadores
de instancia, no revisten de utilidad para la resolución de la controversia.
B. Acusa además que la sentencia cuestionada incurre en el vicio de errónea
interpretación del artículo 182 del Código Orgánico de la Función Judicial en el que
se establece la forma de creación de un precedente jurisprudencial obligatorio
mediante la jurisprudencia vinculante al establecer nuevos requisitos para la
deducibilidad de un costo, de ahí que considere que la Administración Tributaria se
encuentre facultada para eximir el cumplimiento de dichos requisitos incluso de la
determinación de impuesto a la renta de años anteriores.
C. Considera que el fallo impugnado incurre en el vicio de falta de aplicación de los
artículos 1593 y 1732 del Código Civil al considerar que se ha justificado con facturas
y comprobantes de retención legalmente válidos y que fueron debidamente
autorizados por la entidad competente al haber sido declarados y contabilizados en
total apego a la ley, que consiste en que los productos adquiridos por las compañías
descritas en el acto administrativo fueron utilizadas dentro del giro del negocio de la
Sra. Rodríguez, al haberse efectuado pagos mediante abonos con cheques y otros en
efectivo, por lo que existen respaldos financieros pero no existe el pago en términos
del ordenamiento jurídico, toda vez que aduce que no existió la obligación de
bancarización puesto que los abonos se realizaban en cantidades inferiores a los cinco
mil dólares de Estados Unidos de Norteamérica. Que en algunos casos, las
obligaciones se cancelaron de forma directa a cada proveedor no habiendo infringido
ninguna norma; que la sentencia recurrida no toma en cuenta que puede existir
acuerdos tácitos entre compradores y proveedores.
D. Finalmente acusa la falta de aplicación del artículo 103 de la Ley Orgánica de
Régimen Tributario vigente a la fecha al no tener en cuenta los canales mediante los
que el Servicio de Rentas Internas verifica la validez de los comprobantes, por lo que
sin verificar dichos canales, mal podría sancionar al contribuyente por algo que
ignoraba y que le fue imposible prever, al exigir un registro de utilización del sistema
financiero aún cuando las transacciones en su mayoría no superaban los cinco mil
dólares de Estados Unidos de Norteamérica, comportando de tal forma la
deducibilidad del costo o gasto por no superar los cinco mil dólares de Estados Unidos
de Norteamérica, pese a la no utilización del sistema financiero, al no haber superado
la cantidad mínima para la obligación de bancarización.
DÉCIMO TERCERO: ANÁLISIS DE LOS VICIOS ALEGADOS.- Esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, para resolver el problema jurídico planteado
derivado del cuestionamiento al fallo de instancia, con fundamento en el caso quinto del artículo 268
del Código Orgánico General de Procesos, admitido por el Conjuez de la Sala, considera:
a) Falta de aplicación: i. Es preciso recordar que la falta de aplicación “ocurre cuando el
sentenciador niega en el fallo la existencia de un precepto, lo ignora frente al caso
debatido. Es error contra ius, es rebeldía y desconocimiento de la norma. Es error de
existencia de la norma por haberse excluido ésta en la sentencia.2; ii. En el caso, la
recurrente cuestiona el fallo de instancia por falta de aplicación del principio de
irretroactividad contemplado en los artículo 5 y 311, transcritos ut supra; acusa al
Tribunal de instancia de haber resuelto fundamentado en el precedente jurisprudencial
No. 07-2016 de 26 de octubre del 2016 por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia
publicada en el Registro Oficial No. 894 de 1 de diciembre del 2016, pese a que cita fallos
de fechas anteriores que soportan el referido precedente y que coinciden con los años de
fiscalización practicado por la Administración Tributaria; iii. Analizada la sentencia
cuestionada, en el acápite denominado “ANALISIS”, en efecto refiere a la Resolución
No. 07-2016 de 26 de octubre de 2016, publicado en el suplemento al Registro Oficial
No. 894 de 1 de diciembre de 2016, que contiene el precedente vinculante sobre la
secuencialidad formal/material del gasto, del que cita su contenido esencial;
posteriormente hace referencia, en ocho literales, a un mismo número de sentencias que,
según el Tribunal juzgador, recogen el mismo criterio del precedente; aclara el Tribunal
de instancia que las sentencias citadas han sido emitidas en los años 2013 al 2016 y que
2 Tolosa Villabona, L.A.; Teoría y Técnica de Casación, ibídem, pp. 359.
tratan ejercicios anteriores; adicionalmente, cita sentencias del 2012 y 2013; se advierte
que con la cita del contenido central de las mismas, el Tribunal de instancia ratifica el
criterio de la Sala Especialiada sobre la secuencialidad material del gasto; iv. Esta Sala
encuentra que la extensa referencia del Tribunal juzgador, tanto del precedente
obligatorio, como de las sentencias que lo sustentan, así como aquellos que considera sus
antecedentes, son incluidos para evidenciar que la línea jurisprudencial sobre la
secuencialidad material del gastos (el precedente construye el concepto “formal/material”,
denominación que no tienen algunos de los precedentes anteriores al 2013, aunque el
concepto es el mismo), es uniforme y se ha mantenido en la Sala, hasta llegar al anotado
precedente; v. No se corrobora que el Tribunal juzgador haya soportado su decisión en el
señalado precedente, como sostiene la recurrente, por lo que no se encuentra que se haya
inobservado el principio de irretroactividad, por lo que se desecha el cargo sobre las
referidas normas.
b) Errónea interpretación: i. La errónea interpretación de una norma “Se trata de la
exégesis equivocada de la norma en su contenido mismo, independientemente de las
cuestiones de hecho debatidas en la sentencia y del caso que trata de regular. La norma
jurídica es la que gobierna el asunto, pero en sentido diverso, por lo tanto, yerra en el
enfoque verdadero de ella, en su espíritu y alcances. Hay entonces insuficiencia del juicio
o exceso al formularlo. El sentenciador acierta en la norma pero falla en su verdadero
significado, alejándose de su espíritu y finalidad.”3; ii. La recurrente acusa a la sentencia
de haber incurrido en el vicio de errónea interpretación del artículo 182 del Código
Orgánico de la Función Judicial, norma que regula la forma en que se declaran
precedentes obligatorios, en aplicación del artículo 185 de la Constitución de la
República, en el que se establece la forma de creación de un precedente jurisprudencial
obligatorio; iii. El vicio de errónea interpretación, para que se produzca, debe el Tribunal
juzgador haber aplicado de manera expresa la norma involucrada, en este caso, el 182 del
COFJ, ya referido, única manera de poder verificar lo erróneo en el contenido y alcance
que le de el juzgador; iv. En el caso, como ya se señaló en el literal anterior al resolver
otra acusación, el Tribunal juzgador no formula un precedente, pues no es su atribución
constitucional o legal, que hace imposible la aplicación del artículo cuestionado; el
3 Tolosa Villabona, L.A.; Teoría y Técnica de Casación ibídem., pp. 361.
Tribunal de instancia hace referencia expresa del precedente 07-2016, sin que haya sido
el sustento mismo de la decisión como ya se señaló, por lo que no existe aplicación del
artículo cuestionado por lo que mal se puede sostener su errónea aplicación. Al no haberse
configurado el vicio se lo desecha.
c) i. Sobre el vicio de falta de aplicación de los artículos 1593 y 1732 del Código Civil, así
como del artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno, del contenido del recurso
se advierte que la recurrente no cuestiona el fallo, ya que sus argumentos se orientan a
justificar las transacciones y gastos de la contribuyente cuestionados por la administración
tributaria, describiendo, de manera general, entre otros aspectos, los mecanismos de pago
aplicados; Similares argumentos vierte en torno al contenido del artículo 103 de la LRTI;
ii. La Sala aclara que los vicios sustentados en el caso 5 del artículo 268, corresponden a
los vicios in judicando, por lo que el análisis tiene que concretarse a los errores de
derecho argumentados; consiguientemente, los hechos probados en el juicio no pueden
volver a ser revisados por el juez de casación; iii. Revisado el fallo cuestionado, se
advierte que “Las partes practicaron como única prueba el acto impugnado.” (Expresión
que consta antes del acapite denominado ANÁLISIS.); iv. Los vicios alegados de falta de
aplicación de los artículos 1593 y 1732 del Código Civil y 103 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, se orientan a que la Sala proceda a revisar hechos: las formas
contratación o formas de pago de documentos que ni siquiera fueron admitidos como
prueba y que tampoco fue cuestionado su rechazo, en el momento procesal oportuno, lo
cual no es posible, menos con el vicio alegado; v. Al no existir un cuestionamiento
expreso a la sentencia objeto de la casación, salvo la pretensión de que se revisen hechos,
la Sala se ve impedida de atender lo peticionado, pues no puede suplir las deficiencias en
el cuestionamiento (inexistentes en el caso), ni analizar hechos ni valorar prueba, como
sería revisar actos, contratos, facturas u otros documentos señalados por el recurrente,
porque es ajeno al recurso, pues no se trata de una apelación. Al no existir
cuestionamientos a la sentencia recurrida, se desecha la falta de aplicación alegada.
DÉCIMO CUARTO.- DECISIÓN.- Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR el fallo dictado por
el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha el 19 de marzo del 2018, las 09h54.- Sin costas.- Notif íquese, Publíquese y
Devuélvase.-
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E)