Resolución Nº 98-2021 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 2 de Marzo de 2021

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
PonenteGILDA ROSANA MORALES ORDOÑEZ
Fecha de sentencia02 Mar 2021
Número de expediente0446-2009
Número de resolución98-2021
Juicio No. 09503-2009-0446
JUEZ PONENTE: MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA, JUEZA NACIONAL
(PONENTE)
AUTOR/A: MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, martes 2 de marzo del 2021,
las 13h21.
Vistos.-
A S U N T O
El Abg. Carlos Antonio Andretta Schumacher, en calidad de Director General del Servicio Nacional
de Aduana del Ecuador (SENAE), interpone recurso de casación en contra de la sentencia de 07 de
junio de 2018, las 16h34, emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el
Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, dentro del juicio de impugnación No. 09503-2009-0446,
accionado por el ingeniero Romel Remigio Vera Andrade, en calidad de Gerente General de la
compañía RANSERT S.A., contra la Resolución emitida el 23 de julio de 2002 a las 08h55, suscrita
por el Ingeniero Jaime Santillan Pesantez, en calidad de Gerente General de la Corporaci ón Aduanera
Ecuatoriana, dentro del Reclamo Administrativo de impugnación a la Rectificación de Tributos N°
028-25-04-02-0066.
PRIMERO: ANTECEDENTES.-
1.1. De la sustanciación del recurso de casación.- A la presente sentencia de casación, le han
precedido los siguientes actos procesales, que denotan su validez:
1.2 El 25 de junio de 2018, el Abg. Carlos Antonio Andretta Schumacher, en calidad de Director
General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, interpuso recurso de casación en contra de la
sentencia de 7 de junio de 2018, las 16h34, emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Tributario con sede en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas.
1.3 El Tribunal de instancia mediante providencia de 28 de junio de 2018, las 08h33, concedió el
recurso de casación en aplicación de los artículos 6 y 7 de la Ley de Casación, y, ordenó se eleve el
expediente a la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia.
1.4 Mediante auto de admisión de 25 de junio de 2020, a las 12h52, el doctor Marco Aurelio Tobar
143791637-DFE
Firmado por
GUSTAVO
ADOLFO
DURANGO VELA
C=EC
L=QUITO
CI
1703594588
Firmado por
JOSE DIONICIO
SUING NAGUA
C=EC
L=QUITO
CI
1706860440
Firmado por
GILDA ROSANA
MORALES
ORDOÑEZ
C=EC
L=QUITO
CI
1710658640
Solano, en su calidad de Conjuez de esta Sala, declaró la admisibilidad del recurso de casación
propuesto, únicamente en cuanto a la causal quinta del art. 3 de la Ley de Casación, por cuanto la
sentencia no contiene los requisitos exigidos por la Ley, artículos 274, 275 y 276 del (CPC); 76
numeral 7 literal l de la (CRE), arts. 25 y 130 del (COFJ).
1.5 La compañía RANSERT S.A., no ha contestado el recurso interpuesto.
2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN Y
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
2.1 INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR.- Este Tribunal Especializado es competente para
conocer y resolver el presente recurso de casación, en virtud de la Resolución No. 003-2021 de 26 de
enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso dar cumplimiento al mandamiento de
ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la causa No. 17811-2014-
0463, ratificado la continuación en el ejercicio de funciones de los doctores José Suing Nagua y
Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales, respectivamente; con Resolución No. 008-
2021, de 28 de enero de 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana
Morales Ordóñez, Jueza Nacional; el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución No.
2 de 5 de febrero de 2021, integró la Sala de lo Contencioso Tributario con los doctores Rosana
Morales Ordóñez y José Suing Nagua; mediante Oficio No. 92-P-CNJ-2021, de 12 de febrero del
2021, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, llama a integrar la Sala al doctor Gustavo
Durango Vela, en reemplazo de la doctora Ana María Crespo.
Y en atención a lo previsto en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del
Ecuador, 185 segunda parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial reformado por
mandato de la Disposición Reformatoria Segunda número 4 del Código Orgánico General de Procesos
y artículo 1 de la Ley de Casación.
2.2 Validez Procesal.- De la revisión del proceso no se observa ninguna circunstancia que pueda
afectar su validez procesal y tampoco existe nulidad alguna que declarar, por lo que se declara la plena
validez del mismo.-
2.3 Fundamentación del recurso.- El recurrente señala que de conformidad a lo dispuesto en el art.
82 de la Constitución de la República del Ecuador los Tribunales de Administración de Justicia tienen
la obligación de respetar y garantizar en todo momento el cabal cumplimiento del ordenamiento
jurídico vigente, la aplicación correcta de los preceptos jurídicos y normas del derecho en los
elementos fácticos que se subsumen, y el cumplimiento de los efectos jurídicos previstos por las
normas vigentes; que la sentencia recurrida no cumple con los requisitos establecidos en los art ículos
274, 275 y 276 del Código de Procedimiento Civil, que establecen las exigencias de la motivación que
debe contener toda sentencia, en especial cuando es violatoria y contra toda norma expresa; que la sala
de instancia en su acápite SEXTO, no cumple con el requisito prescrito en los artículos antes
mencionados en virtud de que, en la misma no se motiva debidamente los términos transcurridos en la
sustanciación del procedimiento de reclamo, realiza afirmaciones de manera efímera, sin considerar
documentos fehacientes, para que se realice un análisis debidamente motivado y fundamentado de las
alegaciones efectuadas por el actor en su demanda y de los fundamentos f ácticos y jurídicos que se
deben considerar en toda sentencia; que por lo tanto la sentencia recurrida carece de motivaci ón, y
debe ser declarada nula; que la Sala no desarrolla análisis alguno sobre los términos transcurridos para
que se produzca la aceptación tácita, no considera en qué día exacto se encontraba el reclamo al
momento de la fecha en que se realizó la notificación; que en el presente caso no se ha establecido con
claridad el motivo por el cual se declara la aceptación tácita; que no contó con pruebas suficientes
aportadas por el actor, y no aplicó de manera correcta los requisitos exigidos por la ley al aplicar
erróneamente el art. 77 de la Ley Orgánica de Aduanas; que las consideraciones señaladas son
suficientes para casar la sentencia recurrida, por cuanto acarrea nulidad, de conformidad a lo
establecido en la norma constitucional constante en el numeral 7, literal l) del artículo 76 que
determina que toda resolución del poder público debe ser motivada; que la sentencia carece de total
motivación y errónea interpretación de normas nacionales vigentes a la fecha del acto impugnado, de
las que se pueda inferir las razones jurídicas que supuestamente asisten al accionante para que su
demanda sea declarada con lugar, pues no se han tomado la tarea revisar, contrastar y valorar los
hechos, fundándose en la ley aplicable, efectuando un análisis razonable, lógico y comprensible de los
elementos probatorios contrastados con la norma, en el que exponga la razones que el derecho le
ofrece para adoptar su decisión; que la sentencia recurrida no cumple con el requisito constitucional
(art. 76 Const.) y legal arts. 274, 275 y 276 del Código de Procedimiento Civil de motivar la sentencia
objeto del presente recurso; que es totalmente evidente la falta de motivación de la sentencia y al no
existir razonamiento jurídico procesal de la materia; que por lo expuesto solicita que se case la
sentencia. (sic)
2.4 Problema jurídico planteado.- El recurrente fundamenta el recurso de casación al amparo de las
causales primera y quinta del art. 3 de la Ley de Casación. Mediante auto de admisión, el Conjuez Dr.
Marco Aurelio Tobar Solano, manifiesta que: “3. La determinación de las causales en las que se
funda.- Se dice en el acápite III del libelo, que el recurso se fundamenta en la causal quinta del art. 3
de la Ley de Casación, relacionándola con las normas que dice fueron infringidas (Arts. 82, 76
numeral 7 literal l de la Constitución de la República del Ecuador, arts. 274, 275 y 276 del Código de
Procedimiento Civil, arts. 25 y 130 del Código Orgánico de la Función Judicial); y no menciona ni
argumenta sobre la causal primera”. Por lo que se admite el recurso únicamente por la causal quinta.
3.- ANALISIS Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO
3.1 Análisis del problema jurídico planteado.- El recurso de casación es de carácter extraordinario,
de alta técnica jurídica, formal y excepcional, cuyo principal objetivo es el establecimiento de la ley o
sea del derecho, de modo que por medio de esta institución se ejerce un control jurisdiccional sobre
las decisiones de los tribunales de instancia que estén sujetos al recurso. Existe así un control o
censura represiva, que ejercen los jueces en relación con la observancia de la ley por los particulares
(in iudicando) y al mismo tiempo sobre los actos propios del tribunal que falla, el cual se denomina
control preventivo (in procedendo).
3.2 En lo que tiene que ver con la falta de motivación” alegada por la casacionista, de ser cierta la
aseveración hecha, dicha omisión produciría la nulidad de la sentencia, al tenor de lo ordenado en la
normativa expuesta en el planteamiento del problema jurídico y que ha sido esgrimida como motivo
del recurso, y enmarcada en la causal quinta del art. 3 de la Ley de Casación, la misma que
textualmente señala: “5. Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la ley
o en su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles”. (El subrayado
pertenece a la Sala).
Este cargo se refiere a la transgresión de normas relacionadas con la estructura, contenido y forma de
la sentencia o auto, la que se configuraría de dos formas: Por defectos en la estructura del fallo que se
da por la falta de requisitos exigidos por la ley para la sentencia o auto; y, por incongruencia en la
parte dispositiva del fallo, en cuanto se adoptan resoluciones contradictorias o incompatibles.
De conformidad con la Constitución de la República, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20
de octubre de 2008, se determina que:
“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades
competentes”.
“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El
derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (…) l) Las resoluciones de los
poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación sin en la resolución no se enuncian las
normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán
sancionados.” (El subrayado pertenece a la Sala).
El Código de Procedimiento Civil señala que:
“Art. 274.- En las sentencias y en los autos se decidirán con claridad los puntos que fueren materia
de la resolución, fundándose en la ley y en los méritos del proceso; a falta de ley, en precedentes
jurisprudenciales obligatorios, y en los principios de justicia universal”.
“Art. 275.- Los decretos, autos y sentencias expresarán con claridad lo que se manda o resuelve; y en
ningún caso se hará uso de frases obscuras o indeterminadas como ocurra a quien corresponda,
venga en forma, como se pide, etc.”
“Art. 276.- En las sentencias y en los autos que decidan algún incidente o resuelvan sobre la acción
principal, se expresará el asunto que va a decidirse y los fundamentos o motivos de la decisión.
No se entenderá cumplido este precepto en los fallos de segunda instancia y de casación, por la mera
referencia a un fallo anterior”.
Por su parte el Código Orgánico de la Función Judicial dispone:
“Art. 25.- Principio de seguridad jurídica.- Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la
constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos
humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas
jurídicas”.
“Art. 130.- FACULTADES JURISDICCIONALES DE LAS JUEZAS Y JUECES.- Es facultad
esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la
Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben:
(…)4. Motivar debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se
enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su
aplicación a los antecedentes de hecho. Las resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente
motivados serán nulos”.
3.3 El Dr. Santiago Andrade Ubidia, al respecto sostiene que: “…pueden presentarse vicios de
inconsistencia o incongruencia en el fallo mismo, cuando no hay armonía entre la parte considerativa
y la resolutiva, (…) al igual que la contradicción o incompatibilidad en la parte dispositiva: debe
entenderse que estos vicios emanan del simple análisis del fallo cuestionado y no de la confrontación
entre éste, la demanda y la contestación (…). El fallo casado será incongruente cuando se contradiga
a sí mismo, en cambio será inconsistente cuando la conclusión del silogismo no esté debidamente
respaldada por las premisas del mismo. El recurrente deberá efectuar el análisis demostrativo de la
incongruencia o inconsistencia acusadas, a fin de que el tribunal de casación pueda apreciar si existe
realmente o no el vicio alegado”. (Andrade Ubidia, Santiago, “La Casación Civil en el Ecuador”,
Andrade & Asociados Fondo Editorial, Quito-Ecuador, 2005, pág. 135).
Luis Cueva Carrión en su obra “La Casación en materia civil”, Ediciones Cueva Carrión, Ecuador
2011, pág. 330, al respecto dice:La sentencia es pieza fundamental que pone fin a la instancia o al
proceso, según el caso, en ella se decide sobre los fundamentos de hecho y de derecho que
constituyen la parte vertebral de todo juicio y su razón de ser; por lo tanto, debe ser redactada en
forma clara, precisa, sin hacer uso de frases oscuras o indeterminadas; las decisiones que en ella se
adopten no pueden ser incompatibles entre sí, ni contradictorias, de serlo, se tornaría difícil,
imposible quizá, ejecutarla. Toda la sentencia debe guardar armonía y congruencia entre sus partes y
con el procesoCuando la Ley de Casación alude a lo contradictorio se refiere a la segunda ley de
la Lógica, a la ley de la no contradicción. El enunciado de este principio lógico es el siguiente: una
cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo en igualdad de circunstancias. Su forma abstracta es
ésta: A no puede ser A y no A al mismo tiempo. Esto significa que la afirmación y la negación de una
misma cosa no pueden ser verdaderas. Lo que predicamos de una cosa es o no es... En suma: este
principio nos enseña que dos juicios contradictorios no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Este
principio tiene su fundamento en dos evidencias: la una de carácter lógica: dos juicios
contradictorios no pueden ser verdaderos al mismo tiempo; y la otra, ontol ógica: un mismo objeto no
puede ser y no ser al mismo tiempo”.
Respecto a la motivación, la autora Gladis E. de Midón, en su obra “La Casación Control del Juicio de
Hecho”, Buenos Aires: -Argentina, 2001, p. 20, respecto a la motivación manifiesta que:
Para alcanzar sus fines garantistas es inevitable que la motivación sea autosuficiente, en el sentido
de abastecerse, expresando no sólo las conclusiones decisivas sino, fundamentalmente, las razones en
que tales conclusiones se basan. No basta pues, como bien dice Carrió, que la sentencia tenga
fundamentos, porque es preciso que éstos estén a su vez fundados. Sin esa básica motivación no es
posible hablar en lenguaje constitucional de sentencia, pues huérfana de razonados fundamentos no
hay nada, añadirá Morello, que en un acto de voluntad inepto de por si para constituirse en fuente
jurígena de derechos”.
Para Oswaldo Alfredo Gozaini, en su obra “El Derecho Procesal Constitucional, El Debido
Proceso”, Rubinzal - Culzoni. Editores, Buenos Aires-Argentina, 2004, p. 428; la motivación, que no
es otra cosa que “la progresividad del derecho de las partes y la obligación constitucional de los
jueces de motivar los fallos, plantea la naturaleza que tiene este deber fundamental. No se trata de
contabilizar una simple fundamentación que puede resultar suficiente con la aplicación mecánica de
la ley, sino de analizar si dicha exigencia radica en una necesidad política propia de la justificación
de los actos de un poder del Estado, o significa establecer una garantía constitucional que forma
parte de un conjunto de mayor contenido en el principio del debido proceso”.
3.4 Es por demás claro que la motivación es uno de los requisitos esenciales que deben cumplir las
decisiones de las funciones públicas, ya sea en el ámbito administrativo o judicial. Motivar es explicar
la manera en que las normas jurídicas son aplicables a los hechos controvertidos y definidos en la litis
del proceso, luego de que éstos han sido verificados en base a las pruebas debida y legalmente
actuadas. Anteponiendo esta premisa como antecedente, esta Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia, observa que el Tribunal a quo en la sentencia recurrida
establece que la presente acción tiene como sustento la demanda deducida por la compañía
RANSERT S.A., en contra de la Resolución de 23 de julio del 2002 a las 08h55 y notificada el 05 de
agosto del 2002 dictada por el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (actual
SENAE), mediante la cual declaró sin lugar el Reclamo Administrativo de impugnación al acto
administrativo de rectificación de tributos No. 028-25-04-02-00066; en este sentido en el
considerando SEXTO, se refiere a la aceptación tácita señalando que: “SEXTO.- De todo lo expuesto
en el considerando anterior, habiéndose notificado la Resolución Administrativa con fecha 5 de
agosto de 2002, fecha en que recién es conocida por el reclamante actor en la presente causa,
resolución recaída en la reclamación administrativa antes referida, cuya fecha de iniciado es el 22 de
mayo de 2002, tal como lo manifiesta el actor en su escrito que obra a fojas 4 y en su demanda (fojas
5 vuelta), lo cual no ha sido refutado por la parte demandada, la administración ha dado lugar a que
se produzca la aceptación tácita del reclamo administrativo referido en el Considerando anterior,
por haber transcurrido más de los treinta días señalados en el art. 77 de la Ley Orgánica de
Aduanas, para que se expidan las respectivas resoluciones.” (sic)
Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, para resolver el
problema jurídico planteado, derivado del cuestionamiento a la sentencia, considera: 1) El recurrente
no controvierte la fundamentación por la que la sentencia consideró que la Administración ha dado
lugar a que se produzca la aceptación tácita del reclamo administrativo por haber transcurrido más de
treinta días señalados en el art. 77 de la Ley Orgánica de Aduanas para que se expidan las respectivas
resoluciones, sino que cuestiona el hecho de que para llegar a esa conclusión el Tribunal no realiza
análisis alguno sobre los términos transcurridos para que se produzca la aceptación tácita. Sostiene
que no se ha establecido con claridad en la sentencia, el motivo por el cual se declara la aceptación
tácita, que no ha contado con pruebas suficientes aportadas por el actor, que no ha aplicado
correctamente los requisitos exigidos por la Ley al aplicar erróneamente el art. 77 de la Ley Orgánica
de Aduanas. 2) Por otra parte, esta Sala observa que el Tribunal juzgador, en el análisis de la
motivación del acto impugnado, cumplió a su vez los requisitos de motivación, pues examinó el
contenido del acto de determinación impugnado, especificó las normas de carácter legal y
constitucional aplicables al caso (exigencia de motivación de los actos de los poderes públicos
contenidos en las normas vigentes a la fecha de emisión de la determinación, esto es, entre otros, los
artículos 85 y 103 del Código Tributario y art. 77 de la Ley Orgánica de Aduanas vigente para el
presente caso), lo que significa que las razones esgrimidas en el recurso de casación interpuesto por la
administración tributaria para acusar a la sentencia de falta de motivación, no se configuran, más aún
cuando la misma recurrente sostiene en su escrito de casación que: “…La sala de instancia dentro de
la sentencia hoy recurrida específicamente en su acápite SEXTO no cumple con el requisito prescrito
en los artículos 274, 275 y 276 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que en la misma no se
motiva debidamente los términos transcurridos en la sustanciación del procedimiento del reclamo,
realiza afirmaciones de manera efímera, sin considerar documentos fehacientes, para que se realice
un análisis debidamente motivado y fundamentado de las alegaciones efectuadas por el actor en su
demanda y de los fundamentos fácticos y jurídicos que se deben considerar en toda sentencia…”. (El
subrayado es de esta Sala); texto del cual se aprecia que la recurrente manifiesta su inconformidad con
la valoración de los hechos, fundamento que se encasilla en la causal tercera del art. 3 de la Ley de
Casación, esto es por errores en la apreciación y valoración de la prueba, ya sea por no habérsela
valorado en conjunto o por resultar la misma absurda o arbitraria, pero aquello, como se señaló ut
supra, no puede ser considerado como falta de motivación de la sentencia, porque para resolver el
cargo, como se lo ha planteado, esta Sala tendría que volver a valorar los hechos, lo cual está
prohibido dentro de casación. 4) En consecuencia no porque el razonamiento jurídico del Tribunal de
instancia sea contrario a los intereses de la recurrente, significa que existefalta de motivación” en la
misma, razón por la cual, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, considera que no se configura la causal quinta del art. 3 de la Ley de Casación, invocada por
la recurrente.- Por estas consideraciones se evidencia que el fallo de instancia se encuentra
debidamente motivado adecuando los hechos con el derecho.
CUARTO: DECISIÓN
4.1 Por las consideraciones precedentes, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR la sentencia de 07 de junio de 2018, las 16h34,
emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Cant ón Guayaquil,
Provincia del Guayas, dentro del juicio de impugnación No. 09503-2009-0446.
4.2 Actué la doctora Ligia Marisol Mediavilla, como Secretaria Encargada de la Sala Especializada de
lo Contencioso Tributario, en virtud de la acción de personal No. 206-UATH-2021-NB de fecha 1 de
marzo del 2021.
4.3 Sin costas.
4.4 Notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL (PONENTE)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)