Resolución Nº 99-2021 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 2 de Marzo de 2021

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
PonenteGILDA ROSANA MORALES ORDOÑEZ
Fecha de sentencia02 Mar 2021
Número de expediente0472-2010
Número de resolución99-2021
Juicio No. 17751-2010-0472
JUEZ PONENTE: MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA, JUEZA NACIONAL
(PONENTE)
AUTOR/A: MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, martes 2 de marzo del 2021,
las 14h04.
Vistos.-
A S U N T O
Resolver el recurso de casación interpuesto por el señor Farid Saab Andery, gerente y representante
legal de la compañía INDUSTRIAS FASA DE METALES Y PLÁSTICOS CIA. LTDA., en contra de
la sentencia emitida el 18 de junio 2010, a las 09h45, por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2,
Segunda Sala, con sede en Guayaquil; dentro del juicio de excepciones No. 2009-0681, propuesto
contra el procedimiento de ejecución No. 842-2004, por el auto de pago por la Liquidación de Pago
por Diferencias en las declaración No. 1090104GTRLPDA32001, por concepto de Impuesto a la
Renta de los años 2000 y 2002; y del Impuesto al Valor Agregado de los meses de enero, abril , mayo,
junio, septiembre, octubre y noviembre del 2002.
1. ANTECEDENTES
1.1 De la sustanciación del recurso de casación.- A la presente sentencia de casación, le han
antecedido los siguientes actos procesales, que denotan su validez:
1.1.1 Auto de 26 de octubre de 2010, a las 09h25, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia conformada por los doctores Gustavo Durango Vela, José Suing Nagua y José
Vicente Troya Jaramillo declaró la admisibilidad del recurso de casación propuesto.
1.1.2 El Servicio de Rentas Internas en su contestación al recurso de casación señala que, no se
configura ninguna de las causales alegadas por lo que solicita que sea desechado el recurso.
1.1.3 Consulta de constitucionalidad de norma.- Con fecha 7 de diciembre del 2011, las 10h05, el
Tribunal de la Sala Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, en auto de consulta de
143796973-DFE
Firmado por
GILDA ROSANA
MORALES
ORDOÑEZ
C=EC
L=QUITO
CI
1710658640
Firmado por
JOSE DIONICIO
SUING NAGUA
C=EC
L=QUITO
CI
1706860440
Firmado por
GUSTAVO
ADOLFO
DURANGO VELA
C=EC
L=QUITO
CI
1703594588
constitucionalidad de las Disposiciones Cuarta y Décima, de las “Disposiciones para el cobro eficiente
de las acreencias del Estado”, constantes en el Decreto Ley de Fomento Ambiental y Optimización de
los Ingresos del Estado, publicado en el Registro Oficial No. 583 del 24 de noviembre del 2011,
consulta de norma que fue acumulada a los casos No. 0060-11-CN y otros, en la Corte Constitucional
del Ecuador y que ha sido resuelta mediante sentencia No. 60-11-CN/20 de 06 de febrero del 2020. En
cumplimiento a lo dispuesto por los jueces constitucionales, el expediente ha sido devuelto a la Corte
Nacional de Justicia mediante oficio No. 1532-CCE-SG-NOT-2020 de 04 de marzo del 2020 para la
prosecución del recurso.
2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN Y
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
2.1 De la jurisdicción y competencia.- Este Tribunal Especializado es competente para conocer y
resolver el presente recurso de casación, en virtud de la Resolución No. 003-2021 de 26 de enero de
2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso dar cumplimiento al mandamiento de ejecución
expedido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la causa No. 17811-2014-0463,
ratificando la continuación en el ejercicio de funciones de los doctores José Suing Nagua y Gustavo
Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales, respectivamente. Con Resolución No. 008-2021, de 28
de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales
Ordóñez, Jueza Nacional; y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 2 de 5
de febrero de 2021 integró la Sala de lo Contencioso Tributario con los doctores Rosana Morales
Ordóñez y José Suing Nagua. Mediante Oficio No. 92-P-CNJ-2021, de 12 de febrero del 2021, el
Presidente de la Corte Nacional de Justicia, llama a integrar la Sala al doctor Gustavo Durango Vela,
en reemplazo de la doctora Ana María Crespo.
Y en atención a lo previsto en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del
Ecuador; 185 segunda parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, numeral 2 del
artículos 201 del Código Orgánico de la Función Judicial reformado por mandato de la Disposición
Reformatoria Segunda número 4 del Código Orgánico General de Procesos y artículo 1 de la Ley de
Casación.
2.2 De la validez procesal.- En la tramitación del presente recurso extraordinario de casación, se han
observado las solemnidades inherentes a esta clase de recursos, por lo que no existe nulidad alguna
que declarar.
2.3 Del contenido de la sentencia impugnada con relación al objeto del presente recurso de
casación.- En la sentencia recurrida se resuelve declarar sin lugar las excepciones opuestas al
Procedimiento de Ejecución No. 842-2004, consecuentemente se considera válida la Liquidación de
Pago por Diferencias en Declaraciones No. 1090104GTRLPDA32001, así como el Auto de Pago
dentro del Procedimiento de Ejecución mencionado.
2.4 Fundamentación del recurso.- En el recurso de casación se señala que la sentencia de instancia
incurre en la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, ya que el Tribunal no ha tomado en
cuenta el artículo 56 del Código Orgánico Tributario que establece que la prescripción de la acción de
cobro se interrumpe con la citación del auto de pago, esto es, se interrumpió cuando el SRI notifica en
fecha 29 de julio de 2004. Que el inciso segundo del mencionado artículo establece que no se tomará
en cuenta la interrupción por la citación del auto de pago, cuando la ejecución deje de continuarse por
más de dos años. Que en virtud del mencionado artículo opera la prescripción, pues la administración
tributaria no ha continuado con el proceso de ejecución desde dicha notificación, por lo tanto, solicita
se declare la prescripción de la acción de cobro de la administración tributaria. Sobre la causal tercera
del art. 3 de la Ley de Casación señala que la Sala de instancia aplicó indebidamente los preceptos
jurídicos de valoración de la prueba. Que como herramienta de valoración, el artículo 115 del Código
de Procedimiento Civil, así como el artículo 128 del Código Orgánico Tributario, exponen la
obligación del juzgador de seguir las reglas de la sana crítica con la finalidad de conseguir un correcto
criterio judicial y que las mismas sean valoradas en su conjunto. Que sobre la sana crítica, vale
recordar las reglas para su aplicación, cuyos elementos propios, dichos en pocas palabras, son: La
lógica, la psicología judicial, la experiencia, la equidad, y algunos autores agregan el conocimiento,
elementos que los jueces se encuentran en la obligación de aplicar cuando valoran la prueba bajo los
criterios de la sana crítica. Que con fecha 29 de julio de 2004, el departamento de cobranzas del SRI
notifica la liquidación de pago por diferencias en declaraciones No. 1090104GTRLPDA32001. Que
dentro de los veinte días se presentó el reclamo el 10 de agosto de 2004; Que el 25 de febrero de 2005,
se recibió la primera notificación del Auto de Pago dentro del procedimiento de ejecución coactiva
No. 842-2004, correspondiente a la Liquidación No. 1090104GTRLPDA32001. Que el 28 de febrero
recibimos segunda notificación del Auto de Pago. Que el 4 de marzo de 2005, se presentó la demanda
de excepciones del proceso de ejecución coactiva No. 842-2004. Que en fecha que desconoce, en base
a la liquidación antes detallada se inició el juicio coactivo, procediendo ilegalmente a imponer
medidas cautelares, pese a que se encuentra pendiente de resolución el reclamo administrativo
planteado en contra de la liquidación antes mencionada. Que la empresa actora tiene la resolución
número 5227 de la Superintendencia de Compañías de inactividad desde el 09 de noviembre de 1998
y resolución de disolución No. 5408 desde el 05 de octubre de 2002, inscrita en el Registro Mercantil
el 22 de julio de 2003. Que existe el juicio penal No. 276-1999, iniciado contra autores, cómplices y
encubridores, por cuanto la empresa en el año indicado, sufrió un robo que fue pérdida total en
bodegas. Que en la liquidación el SRI procede a determinar una diferencia de ingresos y sobre ellos
aplica intereses, pero en ningún momento considera que la obligación no ha sido probada por parte del
ente tributario; que el artículo 158 (actual 157) del Código Orgánico Tributario establece que la acción
coactiva procede una vez que el título de crédito, liquidación o determinación se encuentren firmes o
ejecutoriados, lo que no sucede en este caso, pues una vez que el SRI emitió la liquidación se presentó
reclamo administrativo, lo cual suspende la acción de cobro por parte del SRI, de conformidad con lo
establecido en la parte final del artículo 152 (actual 151) del Código Orgánico Tributario. Que la
administración tributaria no tomó en cuenta lo establecido en el último inciso del artículo 149 del
Código Orgánico Tributario.
2.5 Contestación al recurso de casación.- El Servicio de Rentas Internas en su contestación al
recurso señala que, la argumentación de que se ha infringido el art. 56 del Código Tributario, es con la
pretensión que se declare una prescripción de la acción de cobro inexistente, lo que pareciera a claras
luces es que, el actor pretende que como el proceso se encontraba suspendido por más de dos años
producto del juicio de excepciones propuesto por INDUSTRIA FASA DE METALES Y
PLÁSTICOS, se declare la prescripción de dicha acción de cobro, tal afirmación demuestra
claramente que lo único que pretende el actor es dilatar el proceso. Que el actor no ha probado de qué
forma el Tribunal Distrital, no ha aplicado normas de derecho o ha cometido un error al aplicarlas,
desconociendo el actor que el Recurso Extraordinario de Casación es un control de la legalidad de la
sentencia, no puede enunciar sin probar, normas que considera a su arbitrio se han infringido, m ás sin
embargo no señala de qué forma se han infringido tales normas, evidentemente pretendiendo
únicamente dilatar más este proceso. Respecto a la causal tercera dice que el recurrente alega que se
han infringido principios respecto a la valoración de la prueba, pero no demostró en parte alguna de su
escrito de casación de qué manera los señores jueces de la Segunda Sala lo hayan hecho. Que la
segunda parte de la causal tres señala que lo anteriormente mencionado debe resultar en una
aplicación equivocada o simplemente falta de aplicación de normas de derecho. Que el actor se limita
a indicar una vez más sus argumentos durante la sustanciación del juicio pero olvida que la misma
debe ser suficiente y válida para sustentar sus pretensiones. Que los jueces de instancia han analizado
las pruebas aportadas por ambas partes dentro del proceso de excepciones, tal como se desprende de la
lectura de la sentencia donde se menciona con qué auto se apertura el término de prueba y con cuál,
encontrándose vencido el mismo, se pasó a autos para resolver. Que la compañía considera que se ha
violentado este artículo porque simplemente no se han aceptado todas sus pretensiones, consta la
motivación amparada en el derecho, por lo que no es como a criterio antojadizo del actor que no se ha
valorado correctamente la prueba, el Tribunal ha aceptado lo probado conforme a los hechos y al
derecho con una correcta valoración de las pruebas; que en el presente caso no se configura ninguna
de las causales argumentadas por lo que solicita que se deseche el recurso.
2.6 Problema jurídico planteado.- Causal primera del art. 3 de la Ley de Casación falta de
aplicación del art. 56 del Código Tributario; y, causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación por
aplicación indebida de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, ya que no ha
seguido las reglas de la sana crítica con la finalidad de conseguir un correcto criterio judicial
infringiendo lo dispuesto en el art. 115 del Código de Procedimiento Civil y en el art. 128 del Código
Tributario.
3. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO
3.1 Del análisis del problema jurídico planteado.- El recurso de casación interpuesto se fundamenta
en las causales primera y tercera del art. 3 de la Ley de Casación que establecen:
“1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho,
incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido
determinantes en su parte dispositiva”; (…)
“3ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o
a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto”.
3.2 La causal primera es conocida en la doctrina como la violación directa de la Ley y que de
configurarse el yerro jurídico de la sentencia ésta debe ser corregida. La causal primera tiene como
limitante la revaloración de las pruebas y debe ser planteada a partir de los hechos probados en la
sentencia. Para que se constituya la misma se requiere la presencia de dos elementos: el primero, que
debe haber violación directa de las normas sustantivas en la sentencia impugnada; y, el segundo, que
la transgresión haya sido determinante en la parte resolutiva del fallo recurrido.
Sobre la falta de aplicación Luis Tolosa señala que: “Según la doctrina y la jurisprudencia, en
consonancia con los dispositivos legales, ocurre la falta de aplicación cuando se deja de aplicar un
precepto legal, y ello constituye “la infracción directa típica”, por haberlo ignorado el sentenciador
o por no haberle reconocido validez, sea por desconocimiento del fallador o por abierta rebeldía
contra el precepto…” (Tolosa Villabona, Luis Armando,. 2008, Teoría y Técnica de la Casación,
Bogotá – Colombia Ediciones Doctrina y Ley Ltda., pág. 359).
3.3 La causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación, la doctrina señala que esta causal “…recoge la
llamada en la doctrina violación indirecta, que permite casar el fallo cuando el mismo incurre en
error al inaplicar, aplicar indebidamente o interpretar en forma err ónea las normas relativas a la
valoración de la prueba, cuando ello ha conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación
de normas de derecho en el fallo impugnado; el recurrente en su fundamentación deberá demostrar el
error de derecho en que ha incurrido el Tribunal de instancia, ya que nuestro sistema no admite la
alegación del error de hecho en la valoración de la prueba, como causal de casación, ya que
pertenece al llamado sistema de casación puro…” (La Casación Civil en el Ecuador, Andrade Ubidia,
Santiago, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito-2005, pág. 151).
3.4 La doctrina y la jurisprudencia orientan que cuando se acusa al fallo de hallarse incurso en varias
causales, para resolver los cargos expuestos en virtud de un recurso de casación, el Tribunal debe
seguir un orden lógico jurídico, impuesto no por la voluntad de los juzgadores sino por las
implicaciones de los vicios que pudieran afectar la sentencia. Así, en el presente caso, esta Sala
Especializada comienza con el estudio la causal tercera y luego se pronunciará respecto a la causal
primera del art. 3 de la Ley de Casación.
3.5 El recurrente manifiesta en su recurso que se han violentado las normas de derecho señaladas en el
numeral 2.6 de este fallo, cuyos textos son los siguientes:
Código Tributario.
Art. 56.- Interrupción de la prescripción de la acción de cobro.- La prescripción se interrumpe por
el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor o con la citación legal del
auto de pago.
No se tomará en cuenta la interrupción por la citación del auto de pago cuando la ejecución hubiere
dejado de continuarse por más de dos años, salvo lo preceptuado en el artículo 247, o por
afianzamiento de las obligaciones tributarias discutidas”.
“Art. 128.- Medios de prueba.- En el procedimiento administrativo son admisibles todos los medios
de prueba que la ley establece, excepto la confesión de funcionarios y empleados públicos.
La prueba testimonial sólo se admitirá cuando por la naturaleza del asunto no pudiere acreditarse de
otro modo, hechos que influyan en la determinación de la obligación tributaria”.
Código de Procedimiento Civil.
“Art. 115.- La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos
actos.
El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas
producidas”.
3.6 Corresponde en primer lugar pronunciarse sobre la causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación
alegada por el recurrente:
3.6.1 Para que proceda esta causal tercera, el error debe ser manifiesto, evidente y trascendente,
porque “…si bien es cierto que la Casación debe ceñirse al control del derecho, tal premisa no ha de
extremarse ante un desafortunado juicio de hecho… Hemos buscado un adecuado punto de
equilibrio, un registro intermedio: en general un no a los hechos, pero “si” a su examen y
consideración cuando el desvío de lo juzgado, por acaso, en el núcleo de la prueba, tiene gruesas
fallas lógicas y la evaluación de los medios ha llevado a resultados insostenibles (absurdo y/o
arbitrariedad), desvirtuándose el sentido de la misma, supuestos en que la revisión deviene
insoslayable para que la solución jurídica sea correcta y, a cabo, también justa.” (Augusto Mario
Morello; La Casación un modelo intermedio eficiente, Editorial Abeledo Perrot, 2da. Edición
actualizada, Buenos Aires – Argentina, 2000, páginas 35 y 36).
3.6.2 Para Jordi Nieva Fernoll, dentro de las varias formas en que se puede fundamentar o sustentar la
violación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba “… sigue existiendo la
posibilidad de que el tribunal de casación analice la valoración probatoria en tres supuestos muy
concretos: 1. Cuando el juez haya pasado por alto la aplicación de una norma de prueba legal. En
este caso. Una disposición claramente normativa obliga al juez a valorar la prueba en un
determinado sentido, de manera que si el juez a quo prescinde de la misma y opta por la libre
valoración, el tribunal deberá casar la sentencia, por vulneración del ordenamiento jurídico; 2. Si el
juez sobrepaso los límites de lo razonable en la valoración probatoria, de manera que sus
conclusiones no están sustentadas en ninguna lógica racional, el tribunal deberá casar también la
sentencia, porque además de las vulneraciones normativas en que incurre en este caso, lo cierto es
que no hay regla más esencial de cualquier ordenamiento jurídico que el seguimiento de la lógica y
la coherencia; y, 3. Por último, es posible que el juez a quo haya acudido a la última ratio del
ordenamiento probatorio, la carga de la prueba antes de tiempo. Es decir, que haya prescindido de
valorar el material probatorio obrante en autos y haya presupuesto que la insuficiente; pues bien, en
estos casos, en los que el juzgador, en realidad no ha valorado la prueba, la sentencia tambi én debe
ser casada, por aplicación indebida de las disposiciones legales sobre la carga de la prueba a un
supuesto que no corresponde”. (Jorge Nieva Fernoll: La valoración de la prueba, Marcial Pons,
Madrid – España, 2010, pp. 355-356)
3.6.3 Para demostrar el vicio al amparo de la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación,
siguiendo la línea jurisprudencial de esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, la
proposición jurídica de esta causal debe contener, como mínimo los siguientes puntos: 1.-
Identificación en forma precisa del medio de prueba que a su juicio ha sido erróneamente valorado en
la sentencia; 2.- La determinación con precisión de la norma procesal sobre valoración de prueba que
ha sido violada; 3.- La demostración con lógica jurídica en qué forma, cómo ha sido violada la norma
sobre valoración del medio de prueba respectivo; y, 4.- La identificación de la norma sustantiva o
material que ha sido aplicada erróneamente o que no ha sido aplicada a consecuencia del yerro en la
valoración probatoria.
3.6.4 Así tenemos en la fundamentación de la causal tercera el recurrente no determina con precisión
que prueba a su juicio ha sido valorada erróneamente; sobre la norma procesal de valoración de la
prueba que ha sido violentada señala que son las disposiciones del art. 115 del Código de
Procedimiento Civil y 128 del Código Tributario; señala el recurrente que el Tribunal no valora la
prueba bajo los criterios de la sana critica, luego detalla los hechos que han sucedido en el presente
caso desde la notificación de la liquidación de pago por diferencias hasta la presentación de las
excepciones a la coactiva, sin determinar la forma cómo ha sido violada la norma sobre valoración del
medio de prueba; tampoco es clara la argumentación de cuál es la norma sustantiva o material que ha
sido aplicada erróneamente o que no ha sido aplicada a consecuencia del yerro en la valoración
probatoria.
3.6.5 En virtud de lo señalado se determina que la argumentación presentada por el recurrente
respecto a la causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación, carece de técnica casacional, ya que no
contiene la proposición jurídica que ha establecido la línea jurisprudencial de esta Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario; consecuentemente no se configura dicho vicio.
3.7 Respecto al vicio de falta de aplicación del art. 56 del Código Tributario al amparo de la causal
primera del art. 3 de la Ley de Casación, se realiza el siguiente análisis:
3.7.1 Como se señaló ut supra la causal primera parte de hechos probados y como tal en la especie
tenemos lo siguiente: i) En el considerando TERCERO del fallo recurrido, de fojas 445 a 445 vuelta
se señala: “…De la revisión procesal que puede determinar que, de fs. 1 a 15 se ha acompañado a
las excepciones, la Liquidación de Pago por Diferencias en Declaraciones o Cruces de Informaci ón
No. 1090104GTRLPDA32001 de 26 de Julio del 2004, al encontrarse diferencias por Impuesto a la
Renta del período fiscal del 2000 y 2002; Anticipo de Impuesto a la Renta del año 2001, cuotas 1 y 2
y 2003 cuotas 1 y 2; e Impuesto al Valor Agregado por Enero, Abril, Mayo, Junio, Septiembre,
Octubre y Noviembre del 2002, lo cual junto a intereses y multa suman la cantidad de $ 53,883,45,
habiéndose detectado inconsistencias y/o diferencias de pago en las obligaciones mencionadas;
constando a fs. 16 la razón de su Notificación del 30 de Julio del 2004, habiéndola recibido el señor
Jaime Romero con cédula No. 1390244433-1, es decir que sí se notificó debidamente dicho
documento y admitida la notificación en la demanda, por lo tanto los valores mencionados debieron
ser cancelados mediante declaración sustitutiva de las respectivas declaraciones, no habiéndose
probado procesalmente que se lo haya hecho o presentado alguna impugnación” (el subrayado es de
esta Sala Especializada); ii) a fojas 445 vuelta consta que: “…la Unidad de Recaudaciones de la
Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, dentro del Proceso Coactivo No.
842-2004, dictó el respectivo Auto de Pago el 11 de Octubre del 2004; constando de fs. 24 que el
mismo fue citado mediante tres boletas los días 25 y 28 de Febrero y 1 de Marzo del 2005, las mismas
que fueron receptadas por el guardián Juan José Vásquez M., con cédula No. 091085651-7 citación
también admitida en la demanda, es decir que, fue legal y debidamente citado el Auto de Pago”; y, iii)
igualmente a fojas 445 vuelta consta que “…Dice el actor que el 10 de Agosto del 2004 presentó el
reclamo de impugnación y presenta el oficio constante a fs. 38, pidiendo se “detenga la emisión de
esos títulos”, pero de ninguna manera dicho oficio ostenta las características de un formal reclamo o
impugnación, pues carece de los requisitos establecidos en el Art. 119 de la codificaci ón del Código
Tributario, para ser considerado como tal, por tal motivo, al no pagar y/o no presentar la
declaración sustitutiva, esto dio origen a la emisión del Auto de Pago, el mismo que está sustentado
en el Art. 157 del mencionado Código Tributario, (…)”. (el subrayado es de esta Sala Especializada
de la Corte Nacional de Justicia).
3.7.2 Partiendo de los hechos probados tenemos que en el presente caso a la compañía INDUSTRIAS
FASA DE METALES Y PLÁSTICOS CIA. LTDA., el Servicio de Rentas Internas, en el ejercicio de
su facultad determinadora notifico el 30 de Julio del 2004, con la Liquidación de Pago por Diferencias
en Declaraciones No. 1090104GTRLPDA32001 de fecha 26 de Julio del 2004; sustentado en el art.
200 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario (vigente en ese tiempo), que
disponía que dicha liquidación era de cobro inmediato, incluso por la vía coactiva; en este punto es
importante mencionar que igualmente consta como hecho probado que la empresa actora no accionó
reclamo alguno contra la mencionada Liquidación, ya que el oficio que se presentó no tenía las
características de un formal reclamo o impugnación, pues carecía de los requisitos establecidos en el
art. 119 del Código Tributario.
3.7.3 El art. 157 del Código Tributario dispone que la acción coactiva se fundamenta en título de
crédito emitido legalmente, conforme a los artículos 149 y 150 o en las liquidaciones o
determinaciones ejecutoriadas o firmes de obligación tributaria; es decir la liquidación de pago por
diferencias es fundamento para iniciar el proceso coactivo, lo cual ocurrió en la especie;
consecuentemente se emitió el auto de pago en el proceso coactivo No. 842-2011, el 11 de octubre del
2004, debidamente notificado mediante tres boletas los días 25, 28 de febrero y 1 de marzo del 2005,
otorgándole el término de tres días al coactivado, para que pague las obligaciones tributarias o dimita
bienes.
3.7.4 El 4 de marzo de 2005, se presentó la demanda de excepciones al proceso de ejecución coactiva
No. 842-2004, la cual es resuelta por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 Segunda Sala, con sede en
Guayaquil; dentro del juicio de excepciones No. 2009-0681, el 18 de junio 2010, a las 09h45.
3.7.5 Al presentarse el juicio de excepciones a la coactiva, el proceso coactivo se suspende, de
conformidad con el art. 247 del Código Tributario, que establece: “Suspensión y medidas cautelares.-
La presentación de la demanda contencioso tributaria, suspende de hecho la ejecutividad del título de
crédito que se hubiere emitido. Por consiguiente, no podrá iniciarse coactiva para su cobro, o se
suspenderá el procedimiento de ejecución que se hubiese iniciado …” (El subrayado pertenece a esta
Sala). Esta situación, es ratificada por el segundo inciso del art. 56 del Código Tributario que dispone
“… No se tomará en cuenta la interrupción por la citación del auto de pago cuando la ejecución
hubiere dejado de continuarse por más de dos años, salvo lo preceptuado en el artículo 247, o por
afianzamiento de las obligaciones tributarias discutidas” (el subrayado es de esta Sala Especializada);
por lo que, la suspensión de la coactiva ocurre por mandato expreso de norma, suspensión que
continuará hasta que se resuelva el juicio de excepciones.
En concordancia con esta situación, el Código Tributario prevé también cómo debe considerarse a la
figura de la prescripción, así determina, que la suspensión explícita del art. 247 ibídem, constituye una
excepción a la regla contenida en el segundo inciso del art. 56 del Código Tributario, esto es, que sí
debe considerarse la interrupción con la citación con el auto de pago en el caso de la suspensión
regulada por el art 247 referido. Por tanto, no cabía argumentar la prescripción del procedimiento de
ejecución en el caso puntual, como lo ha hecho el recurrente.
3.7.6 En virtud de lo expuesto en el presente caso no se configura la falta de aplicación del art. 56 del
Código Tributario, al amparo de la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, ya que su
disposición no era aplicable al caso en análisis.
4. RESOLUCIÓN
4.1. Por las consideraciones precedentes, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES
DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR la sentencia emitida el 18 de junio 2010, a las 09h45, por
el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 Segunda Sala, con sede en Guayaquil; dentro del juicio de
excepciones No. 2009-0681.
4.2 Actué la doctora Ligia Marisol Mediavilla como Secretaria Encargada de la Sala Especializada de
lo Contencioso Tributario, en virtud de la acción de personal No. 206-UATH-2021-NB de fecha 1 de
marzo del 2021.
4.3 Sin costas.
4.4 Notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL