Resolución Nº ARCOTEL-2022-0142 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2022
| Año | 2022 |
| Fecha | 20 Abril 2022 |
P á g i n a 1 | 15
RESOLUCIÓN No. ARCOTEL- 2022-0142
COORDINACION GENERAL JURIDÍCA
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES
DR. JUAN CARLOS SORIA CABRERA MSc.
COORDINACION GENERAL JURÍDICO
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA - ARCOTEL
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: “Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución
y la ley (…).”;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra que: “La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación.”;
Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho
a la seguridad jurídica fundamentada en el respeto a la Constitución y en la
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes;
garantías básicas del debido proceso determina que: “En todo proceso en el que se
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al
debido proceso que incluirá entre otras las siguientes garantías básicas: 1.
Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento
de las normas y los derechos de las partes (…)”;
administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en
la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función
Judicial.”;
Que, la sentencia No. 32-21-IN/21 de 11 de agosto de 2021 expedida por el Pleno de la
Corte Constitucional del Ecuador señala: “(...) todo órgano del poder público tiene,
no solo el deber de ceñir sus actos a las competencias y procedimientos
jurídicamente establecidos (legitimidad formal), sino también el deber de motivar
dichos actos, es decir, de fundamentarlos racionalmente (legitimidad material)”;
Que, la sentencia No. 1158-17-EP/21 de 20 de octubre de 2021 expedida por el Pleno
de la Corte Constitucional del Ecuador establece varias pautas para examinar
cargos de vulneración de la garantía de la motivación. Esas pautas incluyen un
criterio rector, según el cual, toda argumentación jurídica debe tener una estructura
mínimamente completa (de conformidad con el Art. 76, número 7, letra l de la
Constitución). Las pautas también incorporan una tipología de deficiencias
motivacionales; es decir, de incumplimientos de dicho criterio rector: la inexistencia,
la insuficiencia y la apariencia; esta última surge cuando la argumentación jurídica
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