Resolución Nº R.E-SERCOP-2026-0001 del Servicio Nacional de Contratación Pública, 20-01-2026
| Emisor | Servicio Nacional de Contratación Pública (Ecuador) |
| Número de resolución | R.E-SERCOP-2026-0001 |
| Fecha | 20 Enero 2026 |
RESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2026-0001
EL DIRECTOR GENERAL (E)
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador
(en adelante Constitución) dispone: “Se reconoce y garantizará a las personas:
(…) 25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad,
coeficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y
veraz sobre su contenido y características (…)”;
Que, el artículo 76 de la Constitución dispone: “En todo proceso en el que se
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
(…) 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al
momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal,
administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por
la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o
autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.
(…) l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en
que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de
hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores
responsables serán sancionados (…)”;
Que, el artículo 82 de la Constitución manda: “El derecho a la seguridad jurídica
se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas
previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”;
Que, el artículo 226 de la Constitución dispone: “Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de
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