Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Reformas al COIP del 2021 vs. Principio de proporcionalidad
| Páginas | 1-19 |
| Fecha | 01 Enero 2025 |
| Autor | Dayana Lizeth Beltrán Ruiz |
R :
R COIP . P
Criminal Liability of Legal Persons:
2021 COIP Reforms vs. Proportionality Principle
D L B R
Investigadora independiente, Quito, Ecuador
Resumen
Con la reforma del año 2021, el COIP implementó un sistema exclusivo de circunstancias mo-
dicativas de la responsabilidad, es decir, circunstancias atenuantes y agravantes dentro de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero al no existir un mecanismo especíco de
aplicación para esta nueva herramienta, se remitió a la regla general de aumento o reducción de
las penas por tercios. En este contexto, la investigación aborda la relación que existe entre las
penas modulables e inmodulables de las personas jurídicas y los principios de proporcionalidad
y determinación de la pena. De esta manera, se encontró que la mayoría de las penas previstas
para las personas jurídicas son de carácter inmodulable, lo cual impide su aumento o reducción
conforme la regla general, violentando directamente la proporcionalidad.
Palabras clave
Derecho penal, Atenuantes y agravantes, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Principio
de proporcionalidad.
Abstract
With the reformation of the Código Orgánico Integral Penal in the year 2021, an exclusive
system of modifying circumstances of the crime namely, mitigating and aggravating circumstan-
ces within the criminal liability of legal persons was implemented. Not foreseeing an exclusive
mechanism of application for this new tool, it was remitted into the general rule of increase or
reduction of sentences by thirds. Within this context, the investigation addresses the relationship
that exists between the modular and the non-modular sentences of the juridical person and the
principles of proportionality and determination of said sentence. Finding that most foreseen
sentences for juridical persons are of non-modular structure, which prevents its increase or re-
duction, directly violating the mentioned principles.
Keywords
Criminal Law, Mitigating and Aggravating Circumstances, Criminal Liability of Legal Persons,
Proportionality Principle.
1 Una parte de la presente investigación se basa en una tesis publicada en la Universidad San Francisco de Quito USFQ, el 23 de
noviembre de 2023.
2 Abogada Summa Cum Laude por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Minor en Derecho Penal. Actualmente
ejerciendo funciones como abogada en libre ejercicio. Correo electrónico: dbeltranr@outlook.com. ORCID: https://orcid.
org/0000-0001-5285-9683.
3 La autora reconoce y agradece la mentoría del Ab. Juan Francisco Pozo Torres en el desarrollo de este artículo.
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Recibido: 07/11/2024 – Aceptado: 14/01/2025 – Publicado: 24/01/2025
Iuris Dictio N. 35 / e3692 / Publicación continua / Enero-junio, 2025
e-ISSN 2528-7834 / DOI: http://doi.org/10.18272/iu.i35.3692
Dayana Lizeth Beltrán Ruiz
Iuris DictioN.35 / Enero-junio, 2025. e-ISSN 2528-7834. DOI: http://doi.org/10.18272/iu.i35.3692
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Reformas al COIP del 2021 vs. Principio de proporcionalidad
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1. Introducción
La globalización y los avances tecnológicos han generado numerosas implicaciones en el derecho penal
corporativo, de las cuales se destacan el uso de empresas como instrumentos para la comisión de delitos.
Ante esta realidad, tanto la sociedad como los Estados en sí mismos han exigido la creación y adaptación
de responsabilidad criminal para las personas jurídicas, conforme lo señala Pozo (2018, p. 7). La res-
puesta a dicha exigencia se ha materializado mediante la incorporación de la gura de la responsabilidad
penal de la persona jurídica (RPPJ), en varios ordenamientos jurídicos alrededor del mundo.
Si bien en principio, para la implementación de este nuevo modelo de imputación, la
discusión estaba centrada en los modelos de atribución de responsabilidad penal, encauzado úni-
camente a cumplir con las exigencias de esta rama del derecho y sus instituciones. Actualmente, el
componente constitucional resulta el eje central a través del cual necesariamente se debe enfocar
la RPPJ. Es decir que, además de los lineamientos marcados por el derecho penal, se le añade la
aplicación de principios y exigencias constitucionales (González, 2022, p. 19), así como la crea-
ción de herramientas procesales adecuadas que hagan posible su ejecución. En contexto, Ecuador
incorporó en el año 2014 a su legislación penal la novedosa RPPJ (Mila, 2020, p. 153).
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en un primer acercamiento a este paradigma
estableció un catálogo de delitos que podrían ser atribuidos a la persona jurídica (PJ), y las penas
especícas que les correspondían. Sin embargo, con el paso de los años el legislador ecuatoriano
decidió ir más allá y enfocarse en el cómo de la RPPJ (Liñán y Pazmiño, 2021, p. 74). Es decir, no
solamente concibió la atribución de responsabilidad penal a la PJ, sino que abrió el camino para
crear mecanismos procesales aplicables exclusivamente a ella. En consecuencia, en el 2021 entró
en vigor la Ley Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción, que,
entre muchas otras cosas, añadió circunstancias atenuantes y agravantes propias para la PJ.
A pesar de que aquel constituye un hito signicativo, se debe notar que no se implementa-
ron mecanismos de aplicación exclusivos de atenuantes y agravantes para las PJ que tomen en cuenta
la naturaleza modulable o inmodulable de las penas que le corresponden (Lafuente y Pazmiño, 2021,
p. 83). Esta omisión debe examinarse desde varias ópticas. En primer lugar, es importante entender
la relevancia actual del problema, puesto que en un contexto en el que la criminalidad en el país ha
alcanzado cifras récord (Human Rights Watch, 2023). Como solución se ha impuesto el endure-
cimiento de las penas, las circunstancias modicativas del delito, aplicadas y enfocadas de manera
correcta dentro de la RPPJ, coadyuvarían a disminuir el impacto de la severidad de las sanciones que
le corresponden y que tienen como consecuencia nal la transgresión a principios constitucionales.
En segundo lugar, se debe recalcar que aplicar un atenuante o agravante tiene una repercusión
directa en el aumento o disminución de la pena impuesta; no obstante, si se enfrenta una pena para la PJ
que sea inmodulable, dicho aumento o disminución es imposible de ejecutar. Esto plantea una problemá-
tica crucial desde la perspectiva de la proporcionalidad y determinación de la sanción, ya que aun cuando
concurran circunstancias modicativas de la infracción penal, la pena no sufriría variación alguna.
En consecuencia, surge la siguiente interrogante: ¿qué penas exclusivas de la PJ son
susceptibles de aplicación de atenuantes y agravantes en concordancia con los principios de pro-
porcionalidad y determinación de la pena?
2. Persona jurídica vs. Persona natural
Para empezar con el análisis de las guras expuestas se debe indicar que la RPPJ no siempre
resulta fácil de denir y delimitar dentro del marco del derecho penal, al menos no al comparar
con las instituciones y sanciones creadas para ser aplicables a la persona natural. En consecuencia,
surgen naturalmente interrogantes respecto a si la PJ puede equipararse a la persona natural, en
qué medida puede hacerlo, y, por ende, qué derechos y principios le pueden ser aplicables.
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