TBI Ecuador – Bolivia: Caso Globalnet
| Páginas | 96-98 |
| Autor | Carlos Pástor Pazmiño,Anthony Pozo Barrera,John Cajas-Guijarro |
- Devastadora inversión -
- 96 -
TBI ECUADOR – BOLIVIA: Caso Globalnet
El tratado bilateral de inversión entre la República del Ecuador y la
República de Bolivia fue suscrito el 25 de mayo de 1995 bajo el mandato
del entonces presidente Sixto Durán Ballén y entró en vigor el 15 de junio
de 1997, en el Gobierno de Fabián Alarcón. Así como en casos anteriores,
este tratado estuvo en vigencia hasta el 16 de mayo del 2017, año en el
cual el Gobierno ecuatoriano dio por terminados 16 TBI mantenidos con
varios países.
El 4 de septiembre de 2006 se rmó un contrato entre Globalnet
(conformada por el Consorcio Únete Telecomunicaciones S.A. y Clay
Pacic S.R.L. de Bolivia) y Juan Carlos Solines Moreno, presidente en
ese entonces del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
Dicho contrato adjudicaba el valor de 11 573 478,76 millones de dólares a
Globalnet para que ejecutara un plan de conectividad en 1120 municipios
rurales y urbano marginales del país que no contaban con servicios de
telefonía ja, móvil e internet (El Telégrafo, 2013).
En junio de 2008, CONATEL dio por terminado el contrato con
Globalnet por incumplimientos técnicos, además que la entidad descubrió
que el consorcio boliviano no construyó ni un solo local y, al contrario,
subcontrató la administración de cabinas telefónicas y de internet para
no invertir en la edicación, operación y administración de los 1120
telecentros y estaciones remotas que debía instalar en el Ecuador. El
consorcio rmó subcontratos con presidentes de juntas parroquiales y
directores de escuelas y colegios de sectores rurales y urbano marginales.
A los mismos habitantes de dichas zonas los nombró “administradores”
de los telecentros y estaciones remotas, pero jamás les dio capacitación o
sueldo. Tampoco destinó un porcentaje del cobro de tarifas del servicio
telefónico y de internet a las parroquias y comunidades para hacer
sostenible el proyecto (El Telégrafo, 2013).
El consorcio no construyó locales propios, sino que visitó a líderes
parroquiales, dirigentes comunitarios y autoridades de centros educativos
para convencerles de destinar un local para dotarles de computadoras,
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