Acuerdos. 011-2019 Deléguense facultades al Coordinador General Jurídico
| Número de Boletín | 505 |
| Sección | Acuerdos |
| Emisor | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información |
Lunes 10 de junio de 2019 – 17Registro Ofi cial Nº 505
No. 011-2019
EL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES Y DE
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Considerando:
de la República del Ecuador, consagra la libertad de los
ciudadanos a asociarse, reunirse y manifestarse en forma
libre y voluntaria;
de la República, confi ere a las Ministras y Ministros de
Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley,
la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo; así
como la facultad de expedir los Acuerdos y Resoluciones
Administrativas que requiera su gestión;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República
indica que: “Las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que
les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus
fi nes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución”;
Que, el artículo 227 ibídem dispone que: “La administración
pública constituye un servicio a la colectividad que se
rige por los principios de efi cacia, efi ciencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinación, participación, planifi cación, transparencia
y evaluación”;
Que, el primer inciso del artículo 233 de la Constitución
de la República, dispone: “Ninguna servidora ni servidor
público estará exento de responsabilidades por los actos
realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus
omisiones, y serán responsables administrativa, civil y
penalmente por el manejo y administración de fondos,
bienes o recursos públicos”;
Administrativo establece que los órganos administrativos
pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluída
la de gestión en: “Otros órganos o entidades de la misma
administración pública, jerárquicamente dependientes”;
Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su
artículo 30, reconoce “(…)todas las formas de organización
de la sociedad, como expresión de la soberanía popular
para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir
en las decisiones y políticas públicas y en el control social
de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades
públicas y de las privadas que presten servicios públicos;
organizaciones que podrán articularse en diferentes
niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de
expresión, y deberán garantizar la democracia interna, la
alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas
y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución
y la Ley”;
personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que
no se hayan establecido en virtud de una ley, o que no
hayan sido aprobadas por el Presidente de la República.”;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo
No. 339, de 23 de noviembre de 1998, en concordancia
con lo dispuesto en la letra k) del artículo 11 del Estatuto
del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva, a los Ministros de Estado les corresponde, de
acuerdo a la materia de su competencia, la aprobación
de estatutos y las reformas de los mismos, así como el
otorgamiento de personalidad jurídica de las fundaciones
o corporaciones conforme lo previsto en el Código Civil;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva indica: “Los
Ministros de Estado son competentes para el despacho
de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin
necesidad de autorización alguna del Presidente de la
República, salvo los casos expresamente señalados en
leyes especiales (…) Las delegaciones ministeriales a
las que se refi ere este artículo serán otorgadas por los
Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el
mismo que será puesto en conocimiento del Secretario
General de la Administración Pública y publicado en
el Registro Ofi cial. El funcionario a quien el Ministro
hubiere delegado sus funciones responderá directamente
de los actos realizados en ejercicio de tal delegación”;
Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva señala: “LA
DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES.- Las atribuciones
propias de las diversas entidades y autoridades de la
Administración Pública Central e Institucional, serán
delegables en las autoridades u órganos de inferior
jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por
Ley o por Decreto (…)”;
Que, el artículo 56 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva indica que:
“Salvo autorización expresa, no podrán delegarse las
competencias que a su vez se ejerzan por delegación”;
Que, el artículo 57 ibídem señala: “La delegación podrá
ser revocada en cualquier momento por el órgano que
la haya conferido y se extinguirá, en el caso de asuntos
únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya expedición
o ejecución se delegó”;
Que, el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone:
“RESOLUCIONES POR DELEGACION.- Cuando las
resoluciones administrativas se adopten por delegación,
se hará constar expresamente esta circunstancia y se
considerarán dictados por la autoridad delegante, siendo
la responsabilidad del delegado que actúa.”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de
octubre de 2017, publicado en el Registro Ofi cial No.
109 de 27 de octubre de 2017, se expidió el Reglamento
para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las
Organizaciones Sociales;
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