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Últimos documentos

  • Editorial
  • La teoría biocéntrica como fundamento protector de la naturaleza en la actividad económica

    Tras los impactos negativos y la destrucción generada por el hombre y las grandes industrias al medioambiente, se ha visto la necesidad que desde un plano socio-jurídico se busque la protección efectiva a la naturaleza, evitando daños irreversibles y controlando los efectos del cambio climático predominante en la sociedad actual, todo esto bajo una teoría que se centre principalmente en reconocer el entorno que rodea la vida del ser humano, sin dejar de observarlo como sujetos de derechos, es decir, observar también la naturaleza que lo rodea como sujeto de derechos en sí misma para su protección y conservación como medio indispensable de hábitat y vida, toda vez que se observa la estrecha conexión que guarda con el ser humano en torno a una protección efectiva por parte de los Estados. Todo esto con el fin de garantizar y amparar tanto los derechos de los seres humanos como la protección al entorno que lo rodea acorde a las obligaciones adquiridas relacionadas a la satisfacción y protección de los derechos humanos y por supuesto el cumplimiento de los fines internacionales y obligaciones en materia de desarrollo sostenible y acciones para combatir el cambio climático por parte de los Estados. Así mismo, por medio de las agendas globales pactadas desde un enfoque biocéntrico lo que se generaría es mayor protección y salvaguarda del medioambiente reconociendo la necesidad general de amparar a la naturaleza como un sujeto de derechos al ser esta fuente de la vida humana

  • La gran deuda vigente de Ecuador: el caso Sarayaku

    El caso del pueblo Kichwa Sarayaku vs. Ecuador es uno de los más icónicos y reivindicatorios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación al reconocimiento de la vulneración de los derechos colectivos, específicamente el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas sobre actividades que pongan en riesgo su vida o territorio. En este sentido el objeto de la presente investigación es exponer los motivos contextuales y jurídicos que llevaron a esta contienda internacional, para aportar en el debate jurídico que se desenvuelve en torno al incompleto cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconociendo la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano. Para ello se ha desarrollado un análisis histórico-político sobre los antecedentes del caso para abordar con perspectiva crítica los puntos resolutivos de la sentencia emitida por la Corte IDH, que diez años después de su emisión no han sido ejecutados

  • Análisis de la responsabilidad del Estado y las empresas en la protección de los derechos de la naturaleza en la jurisprudencia de Colombia y Ecuador

    El presente artículo analiza sentencias que declararon a componentes de la naturaleza como sujetos de derechos y ordenaron medidas para aplicarlos en Colombia, bajo una Constitución ecológica, y Ecuador, con una Constitución biocéntrica, desde el rol del sector empresarial. Trabaja con los casos de acciones constitucionales que han generado jurisprudencia vinculante en los dos países para identificar qué papel juegan las empresas en la protección de estos derechos que han sido eludidos bajo diferentes figuras como el forum non conveniens, estimulando la deliberación sobre la utilidad de los instrumentos internacionales a través de su presente aplicación y pertinencia

  • Paridad de género y democracia: la integración de los Concejos Municipales

    La paridad de género se considera el mecanismo jurídico de mayor importancia en defensa de la participación y representación política equitativa entre hombres y mujeres para la constitución de organismos públicos y decisorios de forma proporcional. El presente artículo se centra en el análisis de la incursión e impacto de la paridad de género en la legislación ecuatoriana y su repercusión en la estructuración de los organismos legislativos cantonales. Bajo una metodología cualitativa sobre el análisis y revisión documental se adopta el método inductivo, al describirse todos los fundamentos que sostienen el precepto de la paridad, como participación y representación política, igualdad formal, material y no discriminación, equidad y democracia. Se constata que la normativa jurídica defiende el ejercicio del sistema electoral bajo el principio de paridad de género, que configura el desarrollo de los diferentes procesos electorales con criterios de paridad, equidad, alternabilidad y secuencialidad que garantizan inclusión

  • La realidad penitenciaria en el Ecuador, sobrevivencia, descarte social de seres humanos o rehabilitación integral

    El sistema penitenciario ecuatoriano atraviesa una grave crisis, sin que se vislumbre una solución definitiva tanto en lo estructural como en materia de derechos humanos de las personas privadas de libertad. El ejercicio del poder punitivo del Estado se ha centrado en el uso de la prisión como mecanismo privilegiado, desconociendo prácticas alternativas que pudieran asegurar de mejor manera los derechos humanos y racionalizar la ejecución de la pena, por lo que se considera pertinente la aplicación de un enfoque multidisciplinario que haga frente a un problema multicausal, como es la crisis referida, que debe ser entendida como un reflejo de la conflictividad social y la pugna entre el Estado y los grupos delictivos. Los aspectos fundamentales relacionados con esas ideas se analizan en el presente artículo, con base en una revisión documental y estadística de la situación actual que permite avizorar un futuro más complejo de no adoptarse medidas apropiadas que garanticen la funcionalidad del sistema y los derechos de los privados de libertad

  • Resistencia social y uso progresivo de la fuerza en las manifestaciones sociales

    Que los ciudadanos puedan resistirse a la opresión de un poder tiránico o puedan protestar contra las medidas del gobierno en una sociedad democrática, es un derecho reconocido desde los inicios de la modernidad, y, como tal, ha sido incorporado a la mayoría de los textos constitucionales actuales. El presente artículo tiene como objetivo analizar las tensiones que se generan entre el uso progresivo de la fuerza en las marchas y protestas que se realizan en el Ecuador, y el ejercicio del derecho constitucional a la resistencia reconocido en la Constitución de la República de Ecuador, 2008, mediante el examen de los conceptos y categorías relacionadas con el tema y el marco normativo vigente aplicable tanto al ejercicio del mencionado derecho como al uso progresivo y proporcional de la fuerza por los miembros de la Policía Nacional. El resultado es una sistematización de las tensiones que se producen entre el derecho a la protesta social y la actuación del Estado ecuatoriano. Desde el punto de vista metodológico se realiza una revisión documental para caracterizar la situación actual que vive el país, frente a las protestas ciudadanas que se desarrollan por las inconformidades respecto a las políticas públicas que han adoptado los gobiernos de turno

  • El derecho a la propiedad privada frente a los tributos con efectos confiscatorios

    La confiscación en materia tributaria en la Constitución del Ecuador no está taxativamente prohibida, únicamente la que pueden llegar a soportar inmuebles que hayan sido declarados de utilidad pública y estén siendo expropiados. Ante esta situación, la Corte Constitucional reconoce el principio de no confiscatoriedad, en materia tributaria, señalando que, aunque no haya sido constitucionalizado, el régimen tributario sí es continente del mismo, por consiguiente, las autoridades están en la obligación de aplicarlo y respetarlo permanentemente. En este contexto, pese a que el derecho a la propiedad privada está protegido por la Constitución, existen numerosos casos, principalmente en el plano seccional, que pretenden cobrar tributos excesivos que atentan contra el derecho a la propiedad, desconociendo de forma directa el pronunciamiento de la Corte Constitucional. El irrespeto a la capacidad contributiva de los contribuyentes, de la misma forma como al derecho que estos tienen a que se respete su mínimo vital exento, los coloca en un plano negativo, pues no se atiende a su aptitud real para contribuir, así como tampoco se les otorga la opción de satisfacer sus necesidades básicas, primeramente, sino que se demanda la satisfacción de un tributo excesivo. Finalmente, es menester destacar que el núcleo del derecho a la propiedad privada tiene tres categorías: uso, goce y disposición

  • El daño moral en los contratos asociativos empresariales

    Dentro del mundo jurídico mercantil, los contratos empresariales tienen un papel protagónico porque, a través de ellos, los empresarios pueden articular sus actuaciones y modular sus comportamientos comerciales en pro del cumplimiento de sus determinados objetivos empresariales, operativos, comerciales y asociativos. Para el caso particular de los contratos asociativos empresariales, más allá del evidente objetivo de lucro, la cooperación mutua de empresarios busca la creación de una imagen que impulse el desempeño comercial de la asociación, en general, y de cada empresario, en particular. Además, podría servir como estímulo para la creación de una sana reputación comercial. Sin embargo, a pesar de que todo contrato asociativo nace con la intención de lograr un efectivo cumplimiento de las obligaciones recogidas en el contrato, siempre es latente la posibilidad de un incumplimiento. Este último no solo afectará al empresario que incumple, sino a toda la asociación en su generalidad ya que, al actuar de forma conjunta, todos los empresarios participantes ponen en riesgo, aparte de su inversión, su propio nombre, imagen y reputación como comerciantes. Por ello, un incumplimiento que pueda afectar la reputación de todo el grupo de empresarios tendrá que ser resarcido conforme a las reglas de la responsabilidad civil, debido a que atenta a su derecho humano al buen nombre

  • Colaboradores

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