Acuerdos. 0125 Créase la Comisión Técnica Nacional a cargo de los listados de “Los más buscados por delitos de corrupción”
| Número de Boletín | 57 |
| Sección | Acuerdos |
| Emisor | MINISTERIO DE GOBIERNO |
2 – Miércoles 9 de octubre de 2019 Registro Ofi cial Nº 57
Págs.
SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2019-0258 De-
clárese el cierre del proceso de
liquidación de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Educadores del Guayas Ltda.,
en liquidación ............................................. 46
No. 0125
María Paula Romo Rodríguez
MINISTRA DE GOBIERNO
Considerando:
Constitución de la República del Ecuador, es deber
primordial del Estado ecuatoriano “Garantizar a sus
habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad
integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de
corrupción”,
Que el numeral 4 del artículo 83 de la Norma Fundamental
indica que son deberes y responsabilidades de las
ecuatorianas y los ecuatorianos, sin prejuicio de otros
previstos en la Constitución y la ley, “Colaborar en el
mantenimiento de la paz y de la seguridad”;
Que el numeral 1 del artículo 154 de la mencionada Carta
Magna establece a las y los ministros de Estado, además
de las atribuciones establecidas en la ley: “1. Ejercer la
rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y
expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que
requiera su gestión (...)”;
Que el artículo 158 de la Constitución de la República
del Ecuador manifi esta que, la protección interna y el
mantenimiento del orden público son funciones privativas
del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional;
Que el artículo 163 de la misma Norma, dispone que “La
Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil,
armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional
y altamente especializada, cuya misión es atender la
seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre
ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas
dentro del territorio nacional. Los miembros de la Policía
Nacional tendrán una formación basada en derechos
humanos, investigación especializada, prevención,
control y prevención del delito y utilización de medios
de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la
fuerza (…)”;
Que el artículo 226 de la Norma ibídem, consagra el
principio de legalidad al siguiente tenor: “Las instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias
y facultades que les sean atribuidas en la Constitución
y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para
el cumplimiento de sus fi nes y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;
Que el artículo 227 de la Constitución de la República del
Ecuador, señala que la administración pública constituye
un servicio a la colectividad que se rige entre otros, por los
principios de efi ciencia y efi cacia;
Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 261 de la
Constitución de la República del Ecuador es competencia
exclusiva del Estado central, la defensa nacional,
protección interna y orden público;
Que la Constitución de la República del Ecuador en su
artículo 233 establece que, ninguna servidora ni servidor
público estará exento de responsabilidades por los actos
realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus
omisiones, y serán responsables administrativa, civil y
penalmente por el manejo y administración de fondos,
bienes o recursos públicos. Además de que todo servidor
público será sujeto a sanciones establecidas por delitos de
peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito;
Que el artículo 393 de la misma Norma determina que
“El Estado garantizará la seguridad humana a través
de políticas y acciones integradas, para asegurar la
convivencia pacífi ca de las personas, promover una cultura
de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación
y la comisión de infracciones y delitos. La planifi cación
y aplicación de estas políticas se encargará a órganos
especializados en los diferentes niveles de gobierno”;
Que el Código orgánico integral penal, en su “SECCION
TERCERA Delitos contra la efi ciencia de la administración
pública”, tipifi ca en el artículo 278 el delito de “Peculado”;
en el artículo 279 el delito de “Enriquecimiento ilícito”;
en el artículo 280 el delito de “Cohecho”; en el artículo
281 el delito de “Concusión”; en el artículo 285 el delito
de “Tráfi co de infl uencias”; en el artículo 286 el delito de
“Oferta de realizar tráfi co de infl uencias”; en el artículo
289 el delito de “Testaferrismo”
Que el artículo 528 del Código Orgánico Integral Penal
señala que, nadie podrá ser aprehendido sino por los
agentes a quienes la ley impone el deber de hacerlo, salvo
el caso de fl agrancia, de conformidad con las disposiciones
que en éste constan;
Que el artículo 2 del Código Orgánico de Entidades de
Seguridad Ciudadana y Orden Público, ordena que sus
disposiciones son de aplicación obligatoria en todo
el territorio nacional y se rigen al mismo, entre otras
entidades la: “1. Policía Nacional (…)”;
Que el artículo 3 ibídem, determina que las entidades
reguladas en el Código Orgánico de Entidades de
Seguridad Ciudadana y Orden Público, de conformidad
con sus competencias, tienen la fi nalidad de garantizar la
seguridad integral de la población, mediante la ejecución
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