Ordenanzas Municipales. 041-2022 Cantón Pastaza: Que norma la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad
| Número de Boletín | 594 |
| Sección | Ordenanzas Municipales |
| Emisor | Gobiernos Autónomos Descentralizados |
Miércoles 2 de noviembre de 2022 Edición Especial Nº 594 - Registro Ocial
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ORDENANZA No. 041-2022
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En lo referente a la protección de las personas con discapacidad es deber del Estado
garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Para el efecto, se promueven políticas
públicas y normas para la prevención, atención integral y prioritaria en pro de la igualdad y
no discriminación.
La perspectiva de derechos con que se aborda la situación de las personas con
discapacidad en Ecuador y en el mundo es relativamente nueva. El enfoque de sujetos de
derechos es reciente y todavía es parte de una pugna activa por desmantelar la concepción
asistencialista y caritativa con que durante años se trató a esta población.
La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2004) prevé la protección especial de grupos
y personas en situación de vulnerabilidad, que incluye medidas especiales de protección e
integración, de distribución de los recursos, de acceso a los servicios esenciales y de no
discriminación. Se considera a las personas con discapacidad como una población en
situación de desventaja y, por tanto, objeto prioritario de atención. Las ciudades, mediante
políticas de afirmación positiva, deben suprimir los obstáculos de orden político,
económico, social y cultural que limiten la libertad, equidad e igualdad de los ciudadanos/as
e impidan el pleno desarrollo de la persona humana y su efectiva participación política,
económica social y cultural en la ciudad.
El acceso a la educación de este grupo poblacional es limitado, puesto que los centros
educativos regulares no cuentan con la infraestructura, herramientas tecnológicas y
capacitación metodológica para que los maestros atiendan las necesidades particulares de
estos estudiantes. Esto a su vez, genera una falta de profesionalización en las personas
con discapacidad, limitando su acceso al mercado laboral.
En el ámbito de la salud, muchas de las personas con discapacidad no tienen acceso a
atención médica especializada, especialmente en el sector rural. Además, por la poca
inclusión de este grupo de personas en el mercado laboral formal, carecen también de
seguridad social, que podría aportar también en el ámbito de la salud.
Pese a los intentos que se han emprendido para eliminar las barreras físicas, aún existe
poca accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios públicos, actividades
deportivas y recreativas, siendo el transporte público el que mayores problemas presenta.
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La exclusión y la discriminación a las personas con discapacidad aún son altos a nivel
nacional, siendo las mujeres las que mayormente han sufrido discriminación, abandono
familiar y mal trato, además de violencia física, sexual y psicológica.
Las personas con discapacidad diariamente experimentan barreras físicas, políticas,
sociales, económicas y culturales y formas de discriminación directa e indirecta que afectan
sus derechos humanos. Por este motivo es necesario impulsar en el cantón políticas
públicas que permitan la prevención de las discapacidades, la sensibilización de la
ciudadanía en la materia para combatir los prejuicios y estereotipos discriminatorios, la
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad y su atención
preferente y especializada
en salud, educación, trabajo e inclusión económica y social; la protección integral y especial
de sus derechos; la accesibilidad al entorno y a los medios de transporte y las exenciones
tributarias como acciones afirmativas que tienen el objetivo de transformar una situación
previa de desigualdad.
La Constitución del 2008 reconoció a las personas con discapacidad como uno de los
grupos de atención prioritaria y responsabilizó al Estado de garantizar el ejercicio de sus
derechos.
Es por eso que es necesario, que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Pastaza, cuente con una política pública encaminada a la protección y promoción de los
derechos de este grupo poblacional.
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