Auto nº 0090-2009 de Ex Sala de Lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia (2008), 31 de Marzo de 2009
| Número de resolución | 0090-2009 |
| Fecha | 31 Marzo 2009 |
| Número de expediente | 0068-2009 |
RESOLUCIÓN No. 90-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA.- Quito, a 31 de marzo de 2009.- A las 08H45.VISTOS (068-2009): Conocemos la presente causa como Jueces de la Sala de lo Civil, M. y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en virtud de lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 544, de 9 de marzo de 2009; en el numeral 4, literales a) y b), del apartado IV, DECISIÓN, de la Sentencia Interpretativa 001-08-Sl-CC, dictada por la Corte Constitucional, el 28 de noviembre de 2008, publicada en Suplemento del Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre del mismo año, debidamente posesionados, el día 17 de diciembre del año que precede, ante el Consejo Nacional de la Judicatura; y, en concordancia con el Art. 5 de la Resolución Sustitutiva aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en sesión de 22 de diciembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009; y, los Arts. 184, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y 1 de la Ley de Casación. En lo principal radicada la competencia en esta Sala, por ser la única de la materia, viene a su conocimiento, el recurso de hecho interpuesto por la demandada, V.D.C.C.B., (fojas 12 del cuaderno de segunda instancia), vista la negativa de conceder el recurso de casación (fojas 11 del cuaderno de segunda instancia), de la sentencia pronunciada por la entonces Segunda Sala de lo Civil, M., I. y Materiales Residuales de la Ex Corte Superior de Justicia de Guayaquil el 03 de marzo de 2008, a las 10h30, y que confirmó la subida en grado, (fojas 4 a 5), en el juicio ejecutivo que, por cobro de pagaré a la orden, sigue contra E.A.A.C. el Dr. E.V.A., en su calidad de Procurador Judicial del BANCO BOLIVARIANO C.A.. Corresponde decidir acerca de la admisibilidad del recurso planteado, que fuera concedido por el Tribunal inferior el 22 de mayo del 2008, a las 14h22, y al efecto, se considera: PRIMERO.- El Art. 2 de la Ley de Casación, reformado prescribe: “Art. 2.- Procedencia. - El recurso de casación procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento dictados por las cortes superiores, por los tribunales distritales de lo fiscal y lo contencioso administrativo. Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en el fallo, o contradicen lo ejecutoriado...”. La disposición transcrita se refiere a los “procesos de conocimiento”, que no han sido definidos por el legislador, ni tampoco lo ha hecho con claridad la jurisprudencia nacional; sin embargo, el Presidente de la República, actuando como colegislador, en el veto con que objetó la Ley Reformatoria a la Ley de Casación, veto al que se allanó el Congreso Nacional pasando con ello a constituirse en la vigente Ley Reformatoria a la Ley de Casación, promulgada en el Registro Oficial No. 39, de 8 de abril de 1997, expresó que procesos de conocimiento son el ordinario y el verbal sumario, y no lo es el ejecutivo; quedando zanjada toda duda y discusión al respecto.
Sin embargo, y además de lo dicho, es preciso señalar que el significado y alcance de tales expresiones se establece necesaria o inevitablemente por medio de la ciencia jurídica, por tratarse de un tecnicismo procesal. La doctrina distingue con claridad los procesos de conocimiento de los procesos de ejecución, tratándolos como dos especies distintas. Dice, por ejemplo, F.C., en su obra “Instituciones del Nuevo Proceso Civil Italiano”, tratando sobre el proceso de ejecución, que “Cuando el proceso tiende a procurar, en vez de la constitución o declaración de una situación jurídica, su actuación, esto es, la conformidad de la situación de hecho con la situación jurídica, se habla en vez de jurisdicción, de ejecución procesal. La palabra ejecución significa la adecuación de lo que es a lo que debe ser...“ (Traducción y notas de J.G., Bosch Casa Editorial, Barcelona, España, págs. 57 y 58). El procesalista argentino L.E.P. por su parte, afirma que “Desde el punto de vista de la finalidad perseguida mediante la pretensión que los motiva, corresponde distinguir tres tipos de proceso: de declaración, de ejecución y cautelares. El proceso de declaración, llamado también de conocimiento o de cognición, es aquél que tiene como objeto una pretensión tendiente a lograr que el órgano judicial (o arbitral) dilucide y declare, mediante la aplicación de las normas pertinentes a los hechos ale gados y (eventualmente) discutidos, el contenido y alcance de la - situación jurídica existente entre las partes. El efecto invariable y primario de los pronunciamientos que recaen en esta clase de procesos se halla representado, pues, por una declaración de certeza acerca de la existencia o inexistencia del derecho pretendido por el actor. (…) El proceso de ejecución, sin embargo, puede agotar autónomamente el cometido de la función judicial en el supuesto de los llamados títulos ejecutivos extrajudiciales, a los cuales la ley, en virtud de la peculiar fehaciencia que exhiben con respecto a la legitimidad de las obligaciones documentadas en ellos, asigne efectos equivalentes a los de una sentencia de condena, regulando, para hacerlos efectivos, un proceso substancialmente similar al de ejecución de sentencias. De lo hasta aquí dicho se desprende que mientras los procesos de conocimiento versan sobre un derecho discutido, en la base de todo proceso de ejecución, por el contrario, se encuentran un derecho cierto o presumiblemente cierto, cuya satisfacción se tiende a asegurar mediante el empleo de la coacción” (Palacio Lino, Derecho Procesal Civil, Tomo 1, N.G., Abeledo-Perrot Editorial, Buenos Aires, Argentina, págs. 304 y 306). TERCERO:
También la jurisprudencia ecuatoriana se ha manifestado poniendo de relieve las diferencias existentes entre los procesos de conocimiento y los procesos ejecutivos, y así, tenemos la siguiente: “El Art. 458 (actual Art. 448) del Código de Procedimiento Civil demuestra también la fundamental diferencia que existe entre los dos juicios, el ordinario (y, en general, todos los juicios declarativos) y el ejecutivo: aquél produce efectos irrevocables; éste permite que se pase al juicio ordinario para que se estudien las excepciones que no han sido materia de la sentencia en aquel” (Gaceta Judicial, Serie X, No. 8, Pág. 2835). CUARTO: Las leyes de casación, siendo procedimentales, son de derecho público estricto y de interpretación y aplicación exacta y restrictiva. En tal virtud, el Art.2, reformado, de la Ley de Casación, este recurso a las sentencias dictadas en los “procedimientos de conocimiento”, no encontrándose facultados los tribunales a comprender a las pronunciadas en los procesos de ejecución, dándoles un alcance que es legalmente prohibido. Por lo expuesto, en aplicación del inciso final del Art. 9, reformado, de la Ley de Casación, esta Sala de lo Civil, M. y Familia, rechaza el recurso de hecho al haberse interpuesto indebidamente el de casación, ordenando devolver el proceso al inferior para los fines de Ley. Con costas que se regularán conforme a la Ley. Intervenga el Dr. C.R.G. en calidad de S.R. de la Sala Notifíquese. F) Dr. C.R.R., Dr. M.S.Z., Dr. G.M.P., Jueces Nacionales.- F) Dr. C.R.G., S.R..
ator.
RATIO DECIDENCI"1. Las leyes de casación, siendo procedimentales, son de derecho público estricto y de interpretación y aplicación exacta y restrictiva, por lo que acorde con el Art. 2, reformado la procedencia del recurso de casación se delimita a las sentencias dictadas en los "procedimientos de conocimiento", no encontrándose facultados los tribunales a extenderla para comprender a las pronunciadas en los procesos de ejecución, dándoles un alcance que es legalmente prohibido."
