Sentencia nº 0135-2014 de Sala de Lo Civil, Mercantil de la Corte Nacional de Justicia (2012), 22 de Julio de 2014

VALIDEZ PROCESAL. El proceso se ha tramitado con sujeción a las garantías básicas del debido proceso, y en su desarrollo no se ha omitido solemnidades sustanciales que puedan influir en la decisión, ni se ha violentado el procedimiento propio del juicio ordinario, por lo que se declara su validez.

TRABA DE LA LITIS. La litis se traba con la pretensión de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio propuesta por G.E.A.F., de 37 años de edad, quien sostiene que desde el 20 DE AGOSTO DE 1986 se encuentra en posesión regular, única, con ánimo de señor y dueño, sin clandestinidad y en forma pacífica e ininterrumpida, a vista y paciencia de todos del inmueble que describe, el que, es de propiedad de F.J.M.A.G. y J. de J.R.P. quienes, asegura, hace más de veinte años le permitieron establecerse con posesión tranquila de dicho bien sin que hasta la presente fecha hayan procedido a reclamar este derecho de dominio; las excepciones de negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda porque al actor no le asiste derecho alguno, ya que los cónyuges demandados de buena fe le permitieron vivir en el mismo cuando el actor era un muchacho; y falta de derecho porque nunca ha estado como dueño del inmueble, sino como hijo de familia, con su padre que pagaba lo convenido por sí o por su mujer S.F., quien siguió pagando a la muerte de su cónyuge reconociendo a F.J.A.G. como dueño, depositando los valores convenidos hasta abril de 2006, para en junio ejercer la acción; así como como la reconvención de restitución del inmueble, el pago de los frutos y demás prestaciones y la negativa pura y simple de los fundamentos de la reconvención, la que señalan los actores es incompleta y extemporánea. Estos son los hechos sobre los cuales ha de sustentar y probar el derecho.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA. El actor, como prueba de su parte reproduce la documentación acompañada a la demanda, entre ésta, el certificado conferido por el Registrador de la Propiedad del cantón Guayaquil, con el que justifica que los demandados son los titulares de dominio del inmueble que pretende prescribir y aquellos reivindicar;

presenta los comprobantes de pago de servicios básicos, de pago de predio urbano a partir del año 1966, antes del nacimiento del demandante y año en que se adquiere el inmueble y comprobantes de pago del préstamo hipotecario, realizados a nombre del titular del dominio efectuados desde el año 1975 hasta el año 1983, los que el demandante sostiene en el escrito de fs. 234 numeral 2 literal c) fueron cancelados íntegramente por él, sin reparar que en el año 1975, debió tener seis años de edad, y no tenía aptitud para hacerlo y menos para poseer el inmueble; pues de la copia de su cédula de identidad (fs. 133) consta como nacido el 3 de diciembre de 1968, por lo que la documentación referida, nada prueba a su favor. Con la prueba testimonial aportada por el actor, justifica que ha vivido por más de veinte años en el inmueble y que se han realizado cambios de ventanas, pintura, sin saberse cuando, ni a cuenta de quien; pero también que vivió allí con sus padres y hermanos desde que era un pequeño de seis años de edad, lo que se corrobora con sus afirmaciones en la confesión judicial en la que manifiesta que cuando sus padres llegaron a habitar la villa descrita en la demanda, tenía siete años de edad, que desconoce la relación arrendaticia de su padre con su hermano J.A. ahora demandado; dice además que el que pagaba los dividendos al IESS era su padre así como los impuestos “por lo cual nosotros hemos tenido siempre los originales de los documentos” Sic, en contradicción a sus propias afirmaciones, lo que hace no creíbles sus dichos y afirmaciones tanto en la demanda cuanto en la prueba.

Los demandados como prueba de su parte, presentan la copia de la escritura pública, con la que justifican la titularidad del dominio sobre el inmueble del que el demandado sostiene estar en actual posesión, repreguntan a los testigos del actor, obteniendo establecer de sus declaraciones, que el demandante habitaba en el inmueble desde su niñez, en calidad de hijo de familia, a cargo de sus padres; con la documentación presentada a fojas 133 y 135, que el demandante nació el 3 de diciembre de 1968 y que su padre G.A.G. falleció el 30 de marzo de 1993, sobreviviéndole su madre, quien según las declaraciones de los propios testigos del actor habita con él, en el inmueble materia del litigio.

MOTIVACIÓN. Es evidente, que, el actor A.F. tuvo acceso a la villa referida a los 7 años de edad, acompañando a sus progenitores, como hijo de familia, y en esa condición no pudo adquirir la calidad de poseedor, por el solo transcurso del tiempo y la obtención de la mayoría de edad. La posibilidad de tornarse en poseedor, desconociendo la permanencia de sus progenitores en el inmueble en cualquier calidad, no puede demostrarse por su sola afirmación; el actor debió probar que cuando tenía plena capacidad, a través de algún acto que marque el cambio de situación, tomó para sí, con el ánimo de señor y dueño, por sobre sus padres la posesión del inmueble; lo cual no consta demostrado en el proceso. Como no consta debidamente establecida la calidad en la que, los progenitores del demandante, ocuparon el inmueble de la litis, cuya posesión no se ha alegado, ni se ha pretendido añadirla a la del demandante, en los términos previstos en el artículo 732 del Código Civil, ni ha señalado el demandante que la ha tomado para iniciarla al fallecimiento de su padre ocurrido el 30 de marzo de 1993 (fs. 135 del segundo cuaderno de primera instancia); en cuyo caso a la fecha de la demanda no habrían transcurrido los 15 años fijados en el artículo 2411 del Código Civil, para que opere la prescripción.

Por lo tanto, en el proceso no consta probada la calidad de señor y dueño del actor, durante el tiempo necesario para acceder al dominio por prescripción pues, estos requisitos deben concurrir copulativamente.

La capacidad, regulada en el Título Segundo del Libro Cuarto del Código Civil, la tienen generalmente todas las personas, excepto aquellas señaladas en el artículo 1463 ibídem, que en su inciso segundo dispone: “Son también incapaces los menores adultos(…) Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes.”; y con respecto a la capacidad para ejercer la posesión el artículo 738 del Código Civil prescribe: "Los que no pueden administrar libremente lo suyo, no necesitan de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con tal que concurran en ello la voluntad y la aprehensión material o legal; pero no pueden ejercer los derechos de poseedores sino con la autorización que competa. Los dementes y los infantes son incapaces de adquirir por su voluntad la posesión, sea para sí mismos o para otros."

Indudablemente, la norma transcrita, permite la posesión de los relativamente incapaces limitada a las cosas muebles, en cuanto a su adquisición, no así a su ejercicio para lo cual, requieren autorización.

Al respecto, L.R.C., expresa: "Es evidente que el inciso 1o. consigna una norma especialísima, aplicable sólo a la posesión de cosas muebles, y que ella comporta una excepción a la regla general sobre la incapacidad de ciertas personas carentes de la edad necesaria o de conocimiento y voluntad para administrar libremente lo suyo, excepción que les otorga la facultad de por sí mismos adquirir la posesión de bienes muebles. Pero esta excepción, como toda excepción a una norma general es de estricta interpretación e incomunicable a otros casos que no sean los paladinamente puntualizados, como así nos lo dice el conocido principio jurídico a este respecto elaborado por la ciencia del derecho: Por consiguiente, la objetividad del inciso 1o. excluye de su normatividad a la posesión de inmuebles por los incapaces, absolutos o relativos..." (ESTUDIOS DEL LIBRO II DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Pp. 138, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1980, Tomo II)

Prevista en nuestra legislación dos calidades de posesión, la regular procedente del justo título y la irregular definida en el artículo 723 del Código Civil, como aquella carente de alguno de estos requisitos, no puede ser ejercida por incapaces relativos. Sobre el tema, también Rivas Cadena sostiene: "…sobre la posesión regular no cabe duda alguna que ésta está vedada a todo incapaz. Esto último porque es incuestionable que en ningún caso un incapaz puede por sí sólo tomar la posesión regular, ya que para ello precisaría de un justo título inscrito; y un incapaz obviamente no puede obtener uno válido que le fundamente dicho estado posesorio".

"Este juicio lo apoyamos en las siguientes consideraciones: 1o.) El art. 757, como ya se lo ha hecho visible, no comprende en su normatividad a la posesión de inmuebles por parte de incapaces. 2o.) Ningún precepto del Código habla expresamente, permitiéndolo, de este tipo de posesión. 3o.) Es principio jurídico que las personas a quienes la ley declara incapaces son inhábiles para realizar actos jurídicos válidos. Este principio evidencia la imposibilidad de los incapaces de poseer inmuebles, imposibilidad, a nuestro ver, implícita en el sistema del Código; imposibilidad justificada, porque la posesión de un inmueble, dada la relevancia de la función social de la posesión inmobiliaria (sic) y la misma complejidad fáctica de ella, requiere la realización de actos posesorios continuos, eficaces y conscientes, que revelen capacidad de trabajo y madurez conciencia cabal; es decir plena concordancia entre el corpus y el animus. Estas complejas capacidades no pueden conllevar los mencionados incapaces: no es imaginable siquiera que un niño de ocho años, v. g., esté en opción de poseer un inmueble. 4o.) La misma definición de posesión, acuñada por el art. 734. En ella destaca en cuanto factor de preeminente relevancia, como sabemos, el intencional, esto es el ánimo de señor y dueño que debe adentrar el poseedor. Este ánimo de señorío y apropiación de una cosa mueble es quizá presumible, aún como representación síquica primaria y hasta como reflejo condicionado, en el incapaz mayor de 7 años que no es demente y que aprehende la cosa para hacerla suya, pues la sencillez y primitividad del acto le posibilita para ello. Este seguramente es el pensamiento del art. 757. (actual 738 del Código Civil) Más esa simplicidad intencional no cabe se de en la posesión de un bien raíz. Aquí el acto anímico es más complejo; adentra mayor hondura; exige mayor perspicuidad, más persistencia en el propósito y más aptitud para la realización de actos materiales (producción, cultivo, etc.) de suyo difíciles. Pues de tales intención y actos le supone la ley, con sobradas razones, incapaz a todo aquel que declara inhábil para administrar sus bienes. Por todo eso incuestionablemente le excluye de la posibilidad de asumir la posesión irregular de inmuebles, dejándolo aún, con respecto a estos, inmerso en la incapacidad general. Por lo que explicado queda, a nuestro juicio, según el sistema del Código, ni siquiera un menor adulto (mayor de 14 años si es varón y de 12 si es mujer)

puede tomar la posesión de inmuebles.” (ESTUDIOS DEL LIBRO II DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Pp. 139 - 140, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1980, Tomo II)

Este Tribunal considera además, que, cuando la Ley fija el lapso de tiempo necesario para la prescripción lo hace en años calendario, de trescientos sesenta y cinco días cada uno, en el caso en análisis, el actor al afirmar que está en posesión desde el 20 de agosto de 1986, y ser poseedor por más de 20 años, justifica la idea de que su alegada posesión inició en minoridad, cuando no tenía capacidad legal para hacerlo y convivía en el inmueble con sus padres, como hijo de familia, no por cuenta propia.

Cuando un menor ocupa un inmueble como hijo de familia, lo hace en estado de subordinación a la calidad con la que ingresan sus padres, así, si sus progenitores ingresan como arrendatarios, esa particularidad acompaña su permanencia en el inmueble, porque el simple transcurso del tiempo no cambia la mera tenencia en posesión según lo dispuesto en el artículo 731 del Código Civil, en armonía con lo señalado en el artículo 734 ibídem, que señala la continuidad en el estado de tenencia y posesión, la manera en que se tiene la cosa persiste hasta el momento de alegarse, de modo que, la mera tenencia no puede cambiarse a posesión por la simple voluntad del tenedor ni por el solo transcurso del tiempo.

Para que el mero tenedor cambie esa naturaleza a posesión, el propio artículo 731 antes citado, señala una excepción: “El simple lapso no muda la mera tenencia en posesión; salvo el caso del Art. 2410 regla 4.”Sic. Limitando la excepción a los supuestos de la regla 4, por tanto, en ningún otro caso la mera tenencia puede volverse posesión.

Alegada por el demandante la actual posesión, justificada por los actores la titularidad del dominio del bien singular, opera la reivindicación acorde el artículo 933 del Código Civil y, no probados los presupuestos para que opere la prescripción procede la restitución del inmueble a los titulares del dominio. DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal de la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA” CASA, la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, M., y Materias Residuales de la Corte Provincial de Guayas, declara sin lugar la acción de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio y con lugar la acción reivindicatoria planteada como reconvención. Disponiéndose la restitución del inmueble, singularizado en la demanda, en el plazo que señale el juez de primera instancia. No ha lugar el pago de daños y perjuicios por no haberse justificado, ni los frutos de la cosa, al no haber declarado al demandante poseedor de mala fe. Sin costas. N. y devuélvase. ff) Dra. M.R.M.L., Dr. P.I.R., Dr. W.A.R., JUECES NACIONALES; y, Dra. Lucía T.P., SECRETARIA RELATORA que certifica.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original. Quito, 22 de julio de 2014.

Dra. Lucía T.P. SECRETARIA RELATORA REGISTRO OFICIAL ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN Quito, 13 de agosto de 2014 En el juicio ordinario No. 620-2012 que por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio sigue GONZALO ALVEAR FOSORIERO contra F.J.A. GALLEGOS Y OTRA, se ha dictado lo que sigue:

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL JUEZA PONENTE: M.R.M.L.Q., 13 de agosto de 2014, las 10h51 VISTOS: (Juicio 620 -2012) Para resolver los recursos horizontales de aclaración y ampliación interpuestos por G.E.A.F., este tribunal precisa que: 1.1. El artículo 282 del Código Procedimiento Civil dispone que la aclaración tendrá lugar si la sentencia fuese obscura; supuesto no presente en la que se impugna; el párrafo segundo del numeral quinto al que apunta la petición, es absolutamente claro al referirse al vicio de indebida aplicación. Las normas jurídicas aplicadas al fallo casado corresponden al Título de la Prescripción, éstas, como se señala en el texto, deben aplicarse cuando los hechos pueden subsumirse dentro de las hipótesis contenidas en esas normas, de lo contrario, redundan en indebidamente aplicadas, su explicación se encuentra explicitada en forma motivada en el fallo. Las sentencias de instancia pueden incurrir en error por “falta de aplicación”, por “indebida aplicación” o por “errónea interpretación”, por lo que el uso de la palabra “errado” resaltada en la petición no justifica la aclaración solicitada. 1.2. La ampliación procede cuando en la sentencia no se hubieren resuelto alguno de los puntos controvertidos o se hubiere omitido decidir sobre frutos, intereses o costas; en la que se analiza, emitida por este Tribunal, se han resuelto todos los puntos materia de la litis; sobre la referencia a que el fallo de segundo nivel, no menciona los artículos 2410 y 2411 del Código Civil, invocados por la recurrente, este Tribunal señala que las disposiciones de tales normas legales se encuentra en el texto del considerando cuarto de la sentencia, bajo la numeración del articulado del Código Civil anterior a la codificación del año 2005, cuando se hace constar el artículo 2434. 1.3. El artículo 16 de la Ley de Casación dispone que, de encontrarse procedente el recurso se casará la sentencia y se expedirá la que en su lugar corresponda. Este tribunal al encontrar fundado el recurso, casó la sentencia y en su lugar actuando como tribunal de instancia dictó sentencia de mérito, en un fallo debidamente motivado, de redacción clara, concreta e inteligible para las partes procesales, resolviendo uno a uno los puntos materia del litigio, por lo que no procede su aclaración y ampliación. N.. ff) Dra. M.R.M.L., Dr. P.I.R., Dr. W.A.R., JUECES NACIONALES; y, Ab. G.N.C., SECRETARIA RELATORA (E) que certifica.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original. Certifico. Quito, 20 de agosto de 2014.

Dra. Lucía T.P. SECRETARIA RELATORA uito, 20 de agosto de 2014.

Dra. Lucía Toledo Puebla SECRETARIA RELATORA

RATIO DECIDENCI"1. Este Tribunal considera que, cuando la Ley fija el lapso de tiempo necesario para la prescripción lo hace en años calendario, de trecientos sesenta y cinco días cada uno, en el caso en análisis, el actor afirma que está en posesión por más de 20 años, justificando que su posesión se inició en minoría de edad, cuando no tenía la capacidad legal para hacerlo y convivía en el inmueble con sus padres, como hijo de familia, no por cuenta propia. 2. El demandante alego actual posesión, y los actores la titularidad del dominio del bien singular, opera la reivindicación acorde el artículo 933 del Código Civil y, no habiéndose probado los presupuestos para que opere la prescripción procede la restitución del inmueble a los titulares del dominio."