Sentencia nº 0181-2014 de Sala de Lo Civil, Mercantil de la Corte Nacional de Justicia (2012), 7 de Octubre de 2014

TRABA DE LA LITIS. PRETENSIÓN. Argumentando que los demandados han incurrido en el cometimiento de un cuasi delito civil que ha ocasionado un evidente daño y perjuicio de conformidad a los artículos 2214, 2217 y 2229 del Código Civil, la actora demanda, se ordene a E.I.L.R., médico traumatólogo; J.F.G.R., médico anestesiólogo y E.I.E.A., médico cirujano, el resarcimiento al que tiene derecho por un valor cuantificable en ciento treinta y un mil dólares 131.000, más los gastos judiciales, honorarios profesionales e intereses; ofrece reconocer abonos parciales que se probaren ante la urgencia de contar con dinero emergente para cubrir los gastos de recuperación y nueva operación. La demandante, en el libelo señala haber sufrido angustias, las cuantifica pero no demanda reparación de daño moral, limitándose la acción a la indemnización por daños y perjuicios patrimoniales, diferente a la de daño moral o extrapatrimonial. EXCEPCIONES.- Los demandados proponen las excepciones de negativa de los fundamentos de hecho y de derecho; improcedencia de la acción ordinaria de supuestos daños y perjuicios; falta de derecho; nulidad procesal por violación de solemnidades sustanciales y falta de legítimos contradictores; RECONVIENEN el pago de treinta mil dólares por obligarlos a litigar, a la contrademanda la actora opone la excepción de negativa pura y simple. TERCERO. DE LOS HECHOS A PROBARSE. Al narrar los hechos, la actora refiere la actuación de los médicos demandados, en los siguientes términos: “…falta de atención, profesionalismo, cuidado, seguimiento y monitoreo de los principales indicadores y reacción de su organismo, … no se precavió lo que técnicamente debió precaverse o evitarse; por descuido, negligencia…”; asegura que no se colocó la prótesis en el lugar adecuado; que el origen de sus padecimientos está en el sangrado profuso en la cirugía, la no reposición de sangre, lo que le provocó hipovolemia, cuya consecuencia es la injuria renal aguda, que la obligó a tratamientos y diálisis, con gastos cuantiosos. Agrega que se le dio una dosis medicamentosa tóxica, que faltó rehidratación, tratamiento alimenticio y vitaminas; hechos que deben ser probados y que además deben constituir la causa de los daños y perjuicios provocados, daño emergente y lucro cesante, (gastos ocasionados y ganancias no percibidas), cuyo monto también debe ser probado. La intervención quirúrgica realizada a la demandante, su necesidad y la práctica de ésta por los médicos demandados, no han sido objeto de discusión, por lo que se tienen como hechos probados en el proceso. Con la prueba documental presentada, copias certificadas de títulos e informes, se ha probado la calidad de profesionales en medicina de los demandados y su calificación de especialistas en las ramas relacionadas con la traumatología, ortopedia, y anestesiología, en la que cada uno interviene, los que acreditan formación y conocimientos necesarios. Las copias certificadas del expediente de fiscalía muestran que la actora fue víctima de lesiones, las que le llevaron a la intervención quirúrgica, en consecuencia de su mal estado de salud. Las copias certificadas de las historias clínicas, de la Clínica Santa Clara de Milagro, San Francisco de Guayaquil y A. de Guayaquil, dan fe de los problemas de salud que afectaron a la actora luego de la operación, anemia, complicación de los riñones, retiro de la prótesis por luxación, la atención médica que recibió y, los medicamentos administrados. La certificación del Dr. G.L.B., conferida a la actora sin fecha y agregada dentro del término de prueba, señala que la prótesis tiene una luxación de 12 días, afirmación que por la fecha de evaluación 20 de enero de 2010, (según la historia clínica) no coincide con la realidad, la prótesis se colocó el 11 de enero, habiendo transcurrido hasta la fecha de la evaluación únicamente nueve días, no pudiéndose establecer de ésta la efectividad de la luxación, la que consta probada con los exámenes de rayos x, no así su causa, ni la fecha en que se produjo. De la historia de la paciente, en la Clínica Alcívar, en la que se retiró la prótesis de T., no consta nada respecto a la medida de ésta, ni de una colocación indebida; sí de una fractura de trocánter mayor; la que se observa en la intervención quirúrgica (en el hospital A.) realizada el 4 de junio de 2010, meses después del supuesto evento dañoso por lo que no puede asegurarse que la actuación de los médicos demandados la haya producido, pues esta pudo ocurrir por cualquier motivo en el tiempo transcurrido entre las dos cirugías (incluso por el traslado de la paciente entre dos ciudades). La implícita impericia imputada no tiene sustento en virtud de los títulos que acreditan la formación de los demandados, así como no consta justificada con los informes médicos agregados por la actora, que sus problemas de salud sean producto de la impericia acusada, en lo que se refiere a la afectación traumatológica. En lo que respecta a la anemia e hipovolemia, que provocaron injuria renal aguda, y el sometimiento de la demandante a diversos tratamientos y diálisis, con gastos cuantiosos, que según su decir provienen de un sangrado profuso en la operación, la no reposición de sangre, y la aplicación de una dosis medicamentosa tóxica, falta de rehidratación, tratamiento alimenticio y vitaminas, posteriores a la intervención quirúrgica, en razón de que la abandonaron a la “atención de alguna enfermera que algún momento del día me visitaba además de la visita que realizó el Dr. Quevedo desde el día 14 hasta el 18 de enero quien suscribía la historia clínica.”, y al propio tiempo en la cirugía; al respecto, del proceso consta que se le ha suministrado siete (7) pintas de sangre, en corto tiempo, que se realizaron interconsultas médicas, para tomar los procedimientos médicos. En segunda instancia, el tribunal ordena la realización de un peritaje, cuyo informe consta agregado en el expediente (38 a 85 fs. del primer cuaderno de segunda instancia) en el que se señala que según presentaron el protocolo de cirugía y anestesia revisado no se complicaciones quirúrgicas ni anestésicas, el record operatorio (fs. 474 del quinto cuerpo de la primera instancia) se lee que existió

sangrado 300 a 400 cc, sin que ni en la historia clínica, ni en el informe realizado por el perito de la Fiscalía se establezca que el sangrado fue excesivo para la paciente dada su edad y contextura física, ni puede este tribunal determinarlo, pues es común en una operación; tampoco del informe del Dr. O.S. se establece concluyentemente, pues los eventos en la cirugía (sangrado excesivo que produjo hipovolemia) son meramente referidos así lo señala el nefrólogo Dr. O.S. en el informe médico que obra de autos: “Paciente femenina, 68 años de edad, sin antecedentes clínicos de importancia, fue intervenida quirúrgicamente por fractura de cadera en la ciudad de Milagro el 10 de enero de 2010, posterior a lo cual presenta un cuadro de Injuria Renal Aguda presumiblemente por hipovolemia (reducción del volumen sanguíneo efectivo porque refiere sangrado profuso intracirugìa), por lo que requiere según refieren sus familiares y la propia paciente la transfusión de dos unidades de glóbulos rojos, a pesar de lo cual no se soluciona la falla renal, y paulatinamente empieza a disminuir la diuresis horaria con la que la paciente presenta un cuadro de oligoanuria (400ml/día de orina) por varios días hasta que fue valorada el día 15-12010 al pedirse interconsulta con médico nefrólogo (Dr. O.S.M.) quien luego de examinarla procede a recomendar mantener una adecuada hidratación y evitar la utilización de medicamentos nefrotóxicos”(sic) El Dr. Omar Seminario establece como presuntiva la causa (por las referencias de la paciente y sus familiares) de la injuria renal aguda por hipovolemia y en interconsulta con médico hematólogo éste –siempre según el Dr. Omar Seminario “concluye que su cuadro anémico es secundario a freno medular intercurrencias debido a clínicas (cirugía, medicamentos tóxicos renales, hipovolemia, diálisis, etc)…”; nótese que la anemia se detecta en la Clínica San Francisco, en donde le hacen la transfusión de 7 pintas de sangre además de tratamiento medicamentoso, y que del propio informe del nefrólogo, se dice que el hematólogo concluye que la anemia es consecuencia inclusive de la diálisis proporcionada (esta se realiza en la Clínica San Francisco), el hematólogo da certeza de la existencia de cuadro anémico por intercurrencias clínicas; en tanto que el nefrólogo presume el evento de hipovolemia por los dichos de la paciente y de sus familiares. Es importante señalar que los autores de los informes médicos no concurrieron a rendir testimonio, que permita confirmar sus aseveraciones y den oportunidad a los demandados a impugnarlas, como tampoco ha sido llamado el médico hematólogo en el proceso para confirmar sus supuestos dichos. De modo que no se ha probado: 1) que haya existido durante la cirugía sangramiento de tal magnitud que ha provocado reducción del volumen sanguíneo efectivo cuya consecuencia ha sido la injuria renal aguda; 2) que ocurrido el supuesto sangramiento los médicos intervinientes no hayan provisto la cantidad de fluidos sanguíneos necesarios. Consta incorporado en el proceso historia clínica de la Clínica Santa Clara (fs. 476 a 477 del quinto cuerpo de la primera instancia) según la que, la paciente sale de quirófano en condiciones estables, con fecha 11 de enero de 2010 se ordena exámenes y se deja medicación por parte del médico traumatólogo; el día 12 el médico tratante Dr. León Rendón revisa a la paciente y en vista de los síntomas decide interconsulta con el intensivista D.Q., quien concurre el mismo día y evalúa a la paciente y deja nuevas indicaciones y medicación, decidiendo interconsulta con nefrología que se realiza el 15 de enero según acepta el Dr. O.S. en su informe médico e indica el procedimiento a seguir, es de notar que, para entonces el tratamiento de la paciente está a cargo del Dr. W.Q. especialista en medicina interna y tratante de la Clínica Santa Clara. ¿Es descuidada la actuación del Dr. E.I.L.R.? Si partimos de que el buen proceder del médico es realizar las interconsultas cuando se requieran conocimientos especializados, de los documentos incorporados al proceso, se evidencia que no, en tanto en cuanto al día siguiente de la operación al notar sintomatologías preocupantes decidió interconsulta con el médico intensivista a fin de dar la atención adecuada a los requerimientos de la paciente. La actora, a partir del día 12 de enero de 2010, fue atendida por el Dr. W.Q. quien decidió el plan a seguir, medicación y tratamiento, es decir, que la actora tuvo atención permanente y por el profesional adecuado a sus requerimientos;

profesional (Dr. Q.) que realiza a su vez las interconsultas que estima necesarias y procura recuperar la salud de la paciente. El estado de abandono y descuido que refiere la contendiente no es conforme a lo que consta en la historia clínica incorporada en autos. De la pericia médica ni en los informes que la recurrente quiere sean considerados se ha establecido que la injuria renal o la hipovolemia acusada sean producto de la administración de la anestesia, que durante la cirugía el anestesiólogo haya errado en el control de fluidos o de signos vitales o de la falta de control post cirugía del anestesiólogo; y el cirujano traumatólogo, después de derivar a la paciente al intensivista, se desvinculó de ella, lo cual si bien demuestra falta de interés éticamente reprochable, no alcanza a configurar negligencia por cuanto sus conocimientos traumatológicos no incidían en el tratamiento necesario para el daño renal. Por otra parte, el tantas veces citado informe del nefrólogo no señala cuáles son los medicamentos tóxico renales administrados o si las dosis han sido excesivas o menores a las apropiadas, ni el médico que las ordenó, como tampoco se establece que faltó rehidratación, tratamiento alimenticio y vitaminas, lo que tampoco se desprende de la pericia médica realizada por el Dr. Manzzini. QUINTO: ANÁLISIS NORMATIVO EN RELACIÓN CON LOS HECHOS.5.1. La actora fundamenta su demanda en los artículos 2214, 2217 y 2229 del Código Civil, que en su orden prescriben:

Art. 2214.- El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.

“Art. 2217.- Si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito, salvo las excepciones de los Arts. 2223 y 2228. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso.” “Art. 2229.- Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta.” (…) Sostiene la actora que los daños sufridos en su salud, son consecuencia del cuasidelito, negligencia, con la cual actuaron los médicos que intervinieron en la operación efectuada para la incorporación de una prótesis, en su cadera. En el lenguaje común se entiende por negligencia a la falta de previsión o cuidado; nuestro Código Civil, en el artículo 29, distingue tres especies de culpa o descuido: “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa, en materias civiles, equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa.” La negligencia según la Ley Orgánica de la Salud es el retardo, la omisión de los actos necesarios para conservar la salud de su paciente que es la obligación de los médicos.

De las normas legales transcritas devienen los elementos que configuran la negligencia que genera la obligación legal de indemnización por los daños causados, así el deber de cuidado, su quebrantamiento, la causalidad y los daños. En el caso en análisis, los médicos a cargo de la intervención quirúrgica, estaban obligados por su profesión, en relación a la salud de su paciente: 1. A tomar las medidas necesarias previas a la operación, (antecedentes de enfermedades, exámenes de sangre, radiografías, electrocardiograma, medicamentes ingeridos, en este caso requerimientos de la prótesis, información al paciente de los procedimientos a tomarse, sus riesgos; contar con su consentimiento; presupuestos cumplidos, según prueba documental); 2. Al momento de la operación, pericia, (instrumentos, anestesia, control de signos) (la historia clínica no presenta novedades al respecto); 3. Cuidado posoperatorio, implica la vigilancia sobre los efectos de la anestesia y el control rápido y efectivo de las complicaciones que se presentan. El éxito de un tratamiento médico, sin duda depende además de un procedimiento óptimo, del estado general de salud del paciente y de su capacidad de recuperación. De la prueba actuada en el proceso, consta que la paciente ingresó a la cirugía con lesiones producidas por un ataque violento; los médicos tomaron las medidas necesarias previas a la operación quirúrgica, se hicieron los exámenes requeridos, se informó a la paciente de los riesgos y se obtuvo su consentimiento; la operación se desarrolló en condiciones normales; los problemas surgen luego de ésta y, según el informe pericial no son consecuencia del quebrantamiento del deber de cuidado por parte de los médicos que intervinieron, la paciente efectivamente sufrió daños en su salud física y seguramente sufrimientos morales por sus condiciones, pero no se ha establecido un nexo de causalidad con algún hecho u omisión que conlleve negligencia por parte de los médicos que realizaron la intervención.

En conclusión, la impericia comprende la ignorancia del médico, la torpeza, la insuficiencia de conocimientos, técnica y experiencia para la práctica médica; la imprudencia resulta la indolencia, el abandono de los deberes de cuidado y diligencia, actuar sin las precauciones mínimas exigidas en cada caso, la imprudencia es contraria al buen sentido. En la negligencia se desacatan las normas básicas de la profesión, dejando de realizar, o retardando lo que se debe hacer en detrimento de la salud del paciente. Quedan por tanto sin responsabilidad los actos o consecuencias dañosas que se presentan a pesar de mediar los cuidados adecuados en la circunstancia particular. El peritaje constante en el proceso, tiene conclusiones que no favorecen las pretensiones de la actora pues considera que se han cumplido con los procedimientos médicos adecuados tanto en valoraciones diarias permanentes (visitas a la paciente), procedimientos pre y post operatorios y que no ha detectado fallas que hayan incidido en las complicaciones post quirúrgicas como la información adecuada antes de dar su consentimiento para el tratamiento quirúrgico. La ciencia médica es falible en tanto es una ciencia inexacta pues influyen diversos factores biológicos, reacciones particulares, predisposición anímica entre otros, algunos de ellos imprevisibles, sin que se pueda por tanto precisar la exactitud de la respuesta de cada individuo ante los mismos estímulos, dada la complejidad del ser humano. Dentro de esos imprevistos, de los riesgos de la cirugía, estaba entre otros la injuria renal aguda, dolencia que no ha logrado probarse sea imputable a la actuación culposa de los médicos participantes. Aún más, consta de la pericia médica, (fs. 40 de la segunda instancia) que en exámenes realizados en la Clínica Alcívar el 9 de junio del 2010 las pruebas renales se encuentran dentro de parámetros normales, y los complementarios sin novedad dando de alta a la paciente.

Tampoco se ha podido verificar que la recurrente se halle confinada y sin movilidad o que el daño renal haya sido permanente. Este Tribunal concluye que las actuaciones de los médicos demandados no constituyen actos ilícitos y en consecuencia no generan la obligación de indemnizarlos. A pesar de no haberse deducido acción de daño moral, en la forma prevista por la ley, se deja sentado, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2232 inciso tercero del Código Civil, al no constituir la actuación de los demandados acción u omisión ilícita, provocante del daño sufrido por Eudomilia Rueda Camacho, no hay lugar a la reparación por daños meramente morales. Con respecto a la reconvención propuesta por los demandados, del proceso no consta probado que la demandante haya ejercido la acción de reparación de daños y perjuicios por el mero hecho de entablarla y menos con malicia, los daños en su salud y los gastos en que ha incurrido justifican su planteamiento. No se ha probado que la intervención de los demandados en el juicio les haya provocado daños y perjuicios que deban ser reparados. DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal de la Sala de lo Civil y M. de la Corte Nacional, “ ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, declara sin lugar la demanda y sin lugar la reconvención. Sin costas ni multas. Hágase saber. ff) Dra. M.R.M.L., P.I.R. y E.B.C., Jueces de la Sala de lo Civil y M. de la Corte Nacional de Justicia; y, Dra. Lucía T.P., Secretaria Relatora que certifica.

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

DRA. LUCIA DE LOS R.T.P. SECRETARIA RELATORA e ley.

DRA. LUCIA DE LOS REMEDIOS TOLEDO PUEBLA SECRETARIA RELATORA

RATIO DECIDENCI"1. “ Una resolución judicial motivada resuelve los puntos fijados por las partes en la demanda y en la contestación a la misma, explicando con razonamientos lógicos y coherentes con un lenguaje sencillo las normas y principios de derecho que ha aplicado a los hechos relatados en el proceso. “Luego del análisis de la sentencia objeto del recurso, este Tribunal obtiene que en ellas se sientan dos premisas y una conclusión que no corresponden a las mismas. … De lo analizado deviene que la sentencia impugnada no se encuentra debidamente motivada, porque la conclusión a la que arriba es incoherente con las premisas que la sustentan, vulnerando además y como consecuencia de ello a la tutela judicial efectiva pues no hay un pronunciamiento que resuelva la indemnización de daños y perjuicios planteada, la del Tribunal de instancia resuelve una de daño moral.” 2. La impericia dentro de la profesión médica comprende su ignorancia, torpeza, insuficiencia de conocimientos, técnica y experiencia para practicar la medicina actuando sin las precauciones mínimas; siendo la imprudencia contraria al buen sentido. Al contrario la negligencia existe un desacato a las normas básicas de la profesión, ya que se dejan de hacer o se retardan las acciones pertinentes para rescatar la salud del paciente. “Quedan por tanto sin responsabilidad los actos o consecuencias dañosas que se presentan a pesar de mediar los cuidados adecuados en la circunstancia particular”."