Sentencia nº 0469-2013-SL de Sala de Lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia (2012), 9 de Julio de 2013

JUICIO NO. 1195-2010 R469-2013-J1195-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO LABORAL JUICIO N° 1195-2010 CONJUEZ PONENTE: DR. A.A.G.Q., 9 de julio de 2013 a las 16H30 VISTOS: Practicado el sorteo de causas, e integrado legalmente este Tribunal, avocamos conocimiento del proceso en nuestra calidad de J.a y Conjueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. 1.- ANTECEDENTES: M.M.E.P., en calidad de apoderado de la demandada G.M.E.A.G. de la Empresa “Las Fragancias Cía. Ltda” inconforme con la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral, de la N. y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, confirmatoria del fallo de primer nivel que acepta parcialmente la demanda en el juicio que en su contra sigue: L.M.H.O., en tiempo oportuno interpone recurso de casación, razón por la cual la causa accede a análisis y decisión de este Tribunal, que para resolver por ser el momento procesal considera: 2.- COMPETENCIA.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver en materia de casación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 184 de la Constitución de la República, 172 en relación con el 191 del Código Orgánico de la Función Judicial, 1 de la Ley de Casación, y 613 del Código de Trabajo. Oficio No. 704-SG-CNJ de 11 de mayo de 2012; y en resolución No. 13-2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura de fecha 8 de marzo de 2012 y oficio No 851-SG-CNJ-I-J de 6 de mayo de 2013. Por licencia del Dr. W.M.S., interviene la Dra. A.P.C. según oficio No 1221-SG-CNJ-I-J de 28 de junio de 2013 3.- NORMAS DE DERECHO INFRINGIDAS, FUNDAMENTOS DEL RECURSO, Y CAUSALES ALEGADAS POR EL CASACIONISTA. 3.1 El recurrente considera que en la sentencia que impugna se han infringido los siguientes artículos: 115, 117, 120, 122, 273, 274, del Código de Procedimiento Civil, artículos 36, 42 numeral 1, 97, 111, 113, 152, 185, 588 y 635 del Código de Trabajo, numerales 1 y 4 del articulo 76 literal a) y I) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador .Fundamenta su recurso en las causal tercera y cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación.

JUICIO NO. 1195-2010 4.- CONSIDERACIÓNES ACERCA DEL RECURSO DE CASACIÓN.4.1 La casación reviste la forma de una verdadera demanda que se interpone contra la sentencia o auto, en este sentido esta sujeta a un rigor técnico, a una lógica jurídica especial, tanto en el planteamiento como en la fundamentación, acorde con lo que establezca la ley y la jurisprudencia en materia procedimental, que al incumplirse impide el estudio de fondo del recurso. La casación se caracteriza por ser un recurso: extraordinario por cuanto ataca la cosa juzgada de la sentencia dictada por el tribunal de alzada. Esencialmente formal, pues para que prospere requiere el cumplimiento estricto de las disposiciones de la ley. No es un recurso contra el proceso sino contra la sentencia ejecutoriada y sus efectos. El principal objetivo de la casación es conseguir que la autoridad jurisdiccional al resolver, ajuste sus actos al ordenamiento jurídico vigente. Su función no es enmendar el agravio o perjuicio inferido a los particulares con la sentencia o auto, o la vulneración del interés privado, cuanto atender a la recta, verdadera, general y uniforme aplicación de las leyes o doctrinas legales y jurisprudenciales obligatorias, de manera que garanticen la seguridad jurídica, pilar fundamental en el que se sustenta el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y la unificación de los criterios jurisprudenciales a través del desarrollo de precedentes fundamentados en fallos de triple reiteración. Solo en forma secundaria la casación defiende el interés privado, pues su misión es enmendar el arbitrio, abuso, exceso, o agravio inferido a la Constitución o a la ley en la sentencia. Acorde con lo expuesto por la doctrina, la Corte Constitucional del Ecuador en el caso N°0796-11EP, respecto del recurso de casación ha expresado: “…Es necesario señalar que en la forma como se encuentra establecido en la ley el recurso de casación, este es un recurso excepcional que exige un riguroso formalismo, el legislador limita su interpretación y lo rodea de presupuestos y requisitos especiales, de manera que el órgano judicial competente para conocerlo, la Corte Nacional de Justicia, esta limitada en su atribución de admitir o rechazar este recurso sin que por esta razón nos encontremos frente a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva o se trate de una forma de sacrificar la justicia por la sola omisión de formalidades…”. 4.2. Las infracciones las formula bajo el amparo de las causales tercera y cuarta de la Ley de Casación; la tercera, que trata de los errores in iudicando o violación indirecta de la Ley, que se produce cuando el juzgador aplica en forma indebida, no aplica, o realiza una interpretación errada de normas jurídicas expresas que regulan la valoración de la prueba. Sin embargo no es suficiente la acusación de este error, sino que además haya servido de medio para que en la sentencia se produzca violación indirecta de una norma de derecho; situación que en JUICIO NO. 1195-2010 ningún caso salvo ciertas circunstancias, permite en casación revisar los hechos que se encuentran fijados en la sentencia recurrida, pues esta labor pertenece en forma exclusiva al tribunal de instancia. En relación a la causal cuarta tenemos que por el principio dispositivo consagrado en el Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, la sentencia o resolución del juez o jueza, debe concretarse a dar respuesta objetiva a lo solicitado por el demandante y a la defensa del demandado, esto es al conflicto que surge como consecuencia de las pretensiones y excepciones planteadas, sin exceder esos límites; así como no puede dejar de resolver los puntos de discusión traídos a su conocimiento y sometidos a su decisión, so pena de incurrir o cometer un yerro in procedendo, que se provoca por incongruencia en la sentencia, que se verifica en los siguientes casos: cuando decide mas allá de lo pedido estamos frente a plus o ultra petita; si decide sobre puntos ajenos a la controversia otorgando algo distinto a lo pedido, existe extra petita; o cuando DEJA SIN DECIDIR algún punto de la demanda o de las excepciones MINIMA O CITRA PETITA, como sucedería en la especie si es que efectivamente el tribunal de instancia hubiese obrado de esta manera. 5.- ANALISIS DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES FORMULADAS: fundamentada en la causal tercera de la Ley de Casación la recurrente impugna: 5.1. TIEMPO DE SERVICIOS.- La casacionista acusa que en el fallo existe falta de aplicación del contenido de los artículos 115, 117, 121, 122 del Código Procesal Civil y Art. 635 del Código del Trabajo, manifestando que el Tribunal de Alzada considera que la relación laboral entre las partes se ha dado de manera ininterrumpida, cuando con las pruebas aportadas ha demostrado lo contrario; y, así sostiene a fojas 41 del cuaderno de segundo nivel: “… queda demostrado que la actora nunca laboró de manera continua, sino hubo la interrupción de los 10 meses 13 días de la relación laboral y como consecuencia la primera relación laboral se encuentra prescrita período de diciembre de 1997 al 15 de enero del 1999…” ( sic), al respecto se hace el siguiente análisis: a) De fojas 575 a 577 constan dos contratos de trabajo “a prueba” el primero suscrito con fecha 1 de diciembre de 1997 y el segundo de fecha 28 de noviembre del 2000; b) A fojas 578 de los autos, consta un acta de finiquito efectuada en la ciudad de Cuenca el 15 de enero de 1999; documento que, según manifiesta la casacionista en su escrito de impugnación de la sentencia, se encuentra con reconocimiento de firma y rúbrica por parte de la accionante; esta circunstancia constituye una falacia argumentativa contenida en su recurso ( fjs 41 del cuaderno segundo nivel), puesto que tal aseveración no consta del referido instrumento; c) utilizar la confesión judicial de la JUICIO NO. 1195-2010 actora para probar la prescripción alegada violenta el precepto probatorio como tal, toda vez que este, se refiere a la declaración o reconocimiento que hace una persona contra si misma; en este sentido no cabria que esta persona se declare a si misma prescrita. Además, en materia laboral esta establecido como opera la prescripción siendo ésa (forma), la que debe probar el excepcionante; es decir que para sostener la alegación de prescripción requiere demostración material de el cese de la relación laboral; esta prueba debe hacerla la demanda para justificar su excepción y que no puede provenir de la confesión judicial de la actora; cuando es el mismo demandado quien alega que existen dos contratos de trabajo celebrados entre las partes litigantes, por lo tanto, era necesario sostener la excepción de prescripción a partir del cese de la relación laboral materialmente, es decir que el tiempo transcurrido se contará a partir de la interrupción definitiva de la relación laboral; confesión judicial .- A la confesión judicial d) Indivisibilidad de la rendida por la actora se la debe considerar de manera indivisible, ya que el Art. 142 del Código de Procedimiento Civil, expresa: "La confesión prestada en un acto, en los juicios civiles, es indivisible, debe hacerse uso de toda la declaración o de ninguna de sus partes, excepto cuando hayan graves presunciones u otra prueba contra la parte favorable al confesante”, es decir, que la indivisibilidad de la confesión judicial implica que "El mérito de la confesión judicial no puede dividirse, en perjuicio del confesante, admitiéndola en una parte y rechazándola en otra, ya que están ligadas unas con otras." (V.C.E., Sistema de Práctica Procesal Civil. Tomo 3); de allí que, no solo indica los tiempos y acepta la forma en la que ha venido laborando dentro de la empresa, -según expresa la casacionista en su recurso- sino que también se conoce que su trabajo fue permanente; e) Dentro del término de prueba la actora presenta una certificación conferida por el señor A.Á.M., Presidente las Fragancias de la Compañía Cía. Ltda. (fs. 704), de la que se desprende que: “(…) labora en esta Empresa; en calidad de Consultora; desde el 1 de diciembre de 1997 hasta la presente fecha.(…)”; documento firmado y fechado “Cuenca 7 de abril del 2006”; mismo que, por no haber sido redargüido de falso ni objetada su legitimidad en el juicio, tiene valor probatorio y hace plena fe en cuanto a su veracidad y en todo su contenido. Por lo dicho, el Tribunal estima que el fallo impugnado contiene una correcta aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba; al considerar que la relación laboral se ha dado de manera ininterrumpida, sin que por lo tanto, se evidencie el vicio denunciado. En tal virtud, se desecha este cargo. 5.2. DESAHUCIO: En relación a la impugnación realizada al fallo por cuanto en él se reconocen los rubros relativos al desahucio, este Tribunal observa: a) El Art.184 del JUICIO NO. 1195-2010 Código del Trabajo, dice: “desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato…”, debiendo satisfacerse su pago conforme lo dispone el inciso segundo del Art. 185 del Código del Trabajo, que señala: “…Mientras transcurra el plazo de treinta días en el caso de la notificación de terminación del contrato de que se habla en el artículo anterior pedido por el empleador, y de quince días en el caso del desahucio solicitado por el trabajador, el inspector de trabajo procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones y la notificación del empleador no tendrá efecto alguno si al término del plazo no consignare el valor de la liquidación que se hubiere realizado…” en el caso que se analiza, la actora presenta esta solicitud de desahucio ante el Inspector del Trabajo, notificando con el mismo a la Administradora del local en donde prestaba sus servicios, mas no, a la representante legal de la empresa; circunstancia que según la demandada no era procedente al amparo del art. 36 del Código del Trabajo y, procediendo a presentar trámite de visto bueno en su contra cuya resolucion consta de fjs. 712 a 713 ; y , con el mismo tenor se excepcionó dentro del presente juicio, esto es ilegitimidad de personeria; quedando impaga la obligación que le correspondía a la accionante por el desahucio. En este contexto, la acusación de falta de valoración de prueba cabe siempre que del proceso consten recaudos probatorios aportados por la recurrente que aseguren que cumplió con el pago de sus obligaciones; pero que éstos no fueron tomados en cuenta, siendo esa la razón por la que el J. dispone el pago por este concepto. La afirmación de que debía demandarse a la representante legal y no a la administradora del local, no exime al empleador de sus obligaciones, mas aún, si se tiene en cuenta que el Art. 36 del Código del Trabajo ha sido motivo de analisis y Resolución mediante Fallos de Triple Reiteración en el sentido de que el trabajador puede dirigir la demanda en contra de quien ejerce funciones de dirección y administración; no, obligatoriamente, solo contra el representante legal, coincidiendo que dicha resolución es precisamente para evitar que los representantes legales utilicen este artificio para evadir las reclamaciones de sus trabajadores. De allí que la excepción de ilegitimidad de personería planteada por la accionada - en conocimiento del fallo reiterativo Supremo,1 dado con mucha antelación al desahucio presentado por la trabajadora- atenta a la norma contenida en el Art. 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, en especial por el modo de ejercer la defensa. Es importante, que las partes litigantes debatan en el juicio con total buena fe y lealtad procesal sin buscar evadir sus obligaciones o retardar la solución del conflicto entre las partes;

1 Jurisprudencia Corte Suprema, fallos de Triple reiteración tomo II, septiembre 2004, gaceta judicial No 12 serie XVI pp.9-18.

JUICIO NO. 1195-2010 consecuentemente, este Tribunal determina la procedencia del pago por desahucio, por considerar que la prueba ha sido debidamente analizada por el Tribunal juzgador.Por la causal cuarta el recurso de casación impugna el fallo aduciendo que en él se resuelven asuntos que no fueron materia de la demanda; al respecto este Tribunal observa: 5.3. DESPIDO INTEMPESTIVO.- En relación a la impugnación realizada al fallo por cuanto en él se reconocen los rubros relativos al despido intempestivo, este Tribunal precisa determinar dos aspectos: el primero referente a la existencia de despido intempestivo y el otro al desahucio; las consecuencias jurídicas entre estas dos figuras que a la postre interrumpen la relación laboral, difieren una de la otra. Así para que proceda la indemnización por despido intempestivo es necesario probar que la ruptura de la relación laboral fue una decisión unilateral del empleador, siendo éste un hecho, que cierto, debe ser demostrado, no pudiendo concedérselo sobre la base de conjeturas o supuestos. En cuanto al desahucio éste es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra, que su voluntad es la de dar por terminado el contrato, como en el caso sub judice; consecuentemente al haber solicitado la ex trabajadora que la terminación de la relación laboral se produjera mediante desahucio, ello no puede asimilarse a una ruptura unilateral de relaciones laborales, ni sancionarse al empleador por una decisión de la trabajadora, que tiene plenos efectos previstos taxativamente en la ley (Art. 185 C.T.) , lo que demuestra que no hay fundamento ni en los hechos ni en el derecho, para hacerse beneficiaria de las indemnizaciones por despido intempestivo, aún más, confrontado el texto de la demanda, esta no contempla entre sus pretensiones la indemnización por despido intempestivo; 5.4. BENEFICIOS SOCIALES.La casacionista disiente del fallo en cuanto ordena el pago de los beneficios sociales, según el considerando cuarto que dice: “(…) no se ha probado de autos que la parte demandada haya cancelado los beneficios sociales reclamados, por lo que es procedente el pago de los mismos con los intereses legales pertinentes(…)”; confrontada la sentencia con el expediente tenemos a) Obra de fojas 761 del cuaderno de primer nivel, como parte del trámite de consignación de pago No 223-02-08 una comunicación que dirige la Inspectora de Trabajo de la provincia del Guayas con fecha Guayaquil febrero 8 de 2008 a la Coordinadora de procesos de Gestión Financiera que solicita se deposite la cantidad de 413.57 dólares que corresponden al cheque No 672 de la cuenta No 02-07400246-1 Banco Produbanco siendo la Empresa que consigna las Fragancias Cía. Ltda , por concepto de liquidación de haberes a favor de L.M.H.O. b) A fojas 24 del cuaderno de segunda Instancia, figura la petición de la actora L.H. de fecha 17 de abril del 2009, para que se le cancele la liquidación efectuada dentro del JUICIO NO. 1195-2010 tramite de consignación solicitada por la empresa demandada; c) Consta dentro del referido tramite de consignación, el oficio de la Inspectora de Trabajo Ab. M.B.B., mediante el cual dispone a la señora Coordinadora de Procesos de Gestión Financiera del Ministerio de Relaciones Laborales, que pague a la orden de L.M.H. la cantidad de 413,57 dólares correspondientes a la liquidación, deposito que se lo realizará a la cuenta que mantiene en el Produbanco la actora, según consta del referido oficio fechado el 23 de abril de 2009. De lo descrito se desprende que los valores que por concepto de beneficios sociales ordenan pagar los Jueces de Instancia, podrían duplicar lo ya consignado por la demandada; por lo que se acepta el cargo denunciado y se dispone que los valores por concepto de beneficios sociales sean reliquidados conforme establece la ley, tomando en cuenta la consignación referida, para efectos de intereses legales que correspondan al momento de la ejecución del fallo. 5.5. PAGO DE UTILIDADES: La casacionista manifiesta que: “(…) la Sala al mandar a pagar un valor por concepto de utilidades, y que es el valor reclamado al azar por la parte actora ($1.200,00), en el presente caso viola de manera clara el Art. 76 nuestra 97 del Código de Trabajo Constitución (…) tampoco la Sala observa o aplica el Art.

que contempla: Participación de Trabajadores en utilidades de la empresa (…). Corresponde entonces a cada uno de los trabajadores justificar estos presupuestos. El Tribunal de instancia, por su parte, al efectuar el análisis respecto de la procedencia de este derecho expone: “… tampoco se ha probado que la demandada haya cancelado a la actora el porcentaje legal de las utilidades que le corresponden, siendo procedente ordenar su solución…”. Al respecto se analiza: a) de fojas 786 a 801, (primer nivel) consta la documentación remitida por la Superintendencia de Compañías, de la que se establece el monto de las utilidades que alcanzó la empresa durante tres ejercicios económicos incluido el 2007 ; y , b) La enunciación de la casacionista de que la parte actora jamás aportó prueba alguna para demostrar monto de utilidades y su distribución, cabe aquí entonces hacernos los siguientes cuestionamientos: i) ¿A quién le concierne demostrar? ; ii) ¿Quién está capacitado para probar determinados supuestos que se ventilan en un juicio?; iii) ¿Quiénes poseen información para explicar un acto o hecho? . Estas determinaciones a las que las partes y el juzgador se enfrentan habitualmente en el quehacer jurídico, han sido consideradas como los aspectos más valiosos del derecho procesal probatorio moderno; es así que el actori incumbit onus probandi´, encarna que quien alega los hechos debe probarlos. Sin embargo esto no debe convertirse en un obstáculo inmóvil e inmutable que no admita examinar y ponderar en un caso particular. Debe tenerse en cuenta que JUICIO NO. 1195-2010 quién, de conformidad con la realidad económica, social, jurídica, se encuentra en posesión de los recursos probatorios, está obligado a presentarlos, teniendo en cuenta además que si el derecho, en sí mismo, examina elementos de atenuante probatorio, verbigracia, la inversión de la carga de la prueba, los hechos notorios, los indicios, presunciones, etc.,; entonces al J. le corresponde relacionar los principios acostumbrados del derecho probatorio con las circunstancias fácticas que envuelven al hecho para conceder el derecho. Analizar contrariamente a los anotados, evidencia que al no proporcionar esta información la parte que la posee, se quebrantarían los derechos de la trabajadora que, dentro de la prueba peticionada por ésta, alcanza únicamente a justificar la existencia de las utilidades que obtuvo la empresa; entonces, correspondía a la accionada justificar el monto que alcanzaba cada uno de sus trabajadores y en cuanto a que el rubro de utilidades se encontraba satisfecho sin que esto signifique vulbnerar el principio de legalidad o dispositivo; en definitiva no se atenta al debido proceso, por ser el pago de utilidades, una obligación legal que no requiere para su común cumplimiento, de disposición judicial, basta el precepto contenido en los articulos del Código del Trabajo: 97 “Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas…”, y 105 “Plazo para pago de utilidades.- La parte que corresponde individualmente a los trabajadores por utilidades se pagará dentro del plazo de quince días, contados a partir de la fecha de liquidación de utilidades, que deberá hacerse hasta el 31 de marzo de cada año…” . La argumentación de que la trabajadora “(...), jamás probo el numero de trabajadores que laboraban en el año 2007 en la empresa para el supuesto pago del 10% y pero aun de las cargas familiares no solo de su persona sino de todos los trabajadores que tenían derecho al 5% de las utilidades (…) “(sic); devendría en injusta, pues la empresa jamás facilitaría intereses. Por lo los elementos tendientes a justificarlo, por ser contrario a sus analizado y en atención a que este Tribunal considera que la sentencia impugnada no adolece del vicio denunciado se rechaza el cargo. 5.6. MULTA DEL ART. 588.- En el considerando Quinto del fallo objetado, la Sala Provincial condena a la empresa demandada al pago de la multa contenida en el Art. 588 del Código de Trabajo, por cuanto concluye que se ha violentado el principio de buena fe y lealtad procesal, referido en el Art. 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, al evidenciarse la violación del Art. 332 de la Constitución de la República y Art. 152 del Código Laboral; criterio que unido a la disposición constante en el Art. 5 ibídem lleva a concluir a los juzgadores la existencia de temeridad y mala fe procesal en la forma de litigar de los accionados; al respecto este Tribunal considera que los JUICIO NO. 1195-2010 criterios de valoración de la prueba y de las actuaciones de las partes, corresponden exclusivamente al Tribunal de Instancia, que una vez practicada la confrontación entre la sentencia impugnada y las actuaciones que tienen relación con la impugnación, no se advierte contravención alguna de las normas citadas por la recurrente, toda vez que no es una indemnización con cargo a lo dispuesto en el Art. 154 inciso final del Código del Trabajo, sino una sanción por la temeridad y mala fe, con la que estiman, los jueces de instancia se ha litigado al tenor del Art. 588 del Código de la Materia, en atención a la presentación de pruebas como el acta de finiquito elaborada y firmada en Cuenca o la actuación en el trámite por desahucio. Es necesario destacar que la Sala Provincial no comete extra petita porque no se pronuncia sobre el embarazo de la actora como pretensión, pues , esta no esta contemplada en la demanda pero, si advierte este punto como otro aspecto para fallar en la forma de la norma ya citada; por lo dicho, si la recurrente discrepa con los criterios de valoración utilizados por los jueces de instancia, ello no implica necesariamente violación normativa, toda vez que la discrepancia con los criterios valorativos de los juzgadores no constituye, de por sí, materia casable, porque la Ley expresamente exige que para ello es necesario que se infrinjan posiciones jurídico positivas que regulan la apreciación de la misma, lo que en el caso sub judice no se evidencia. 6.- DECISIÓN EN SENTENCIA: Por lo expuesto este Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, integrado para resolver este caso, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA”, casa la sentencia en los términos consignados en los numerales 5.3. Y 5.4 de este fallo.- devuélvase el 50% de la caución a la demandada y la diferencia entréguese a la actora.N. y devuélvase.-f) Dr. A.M.A.G.C.N., Dra. P.A.S., JUEZA NACIONAL, Dra. A.P.C., CONJUEZA NACIONAL, Dr. O.A.B.S.R..-

JUICIO NO. 1195-2010 LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY.- CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL JUICIO NO. 1195-2010 VOTO SALVADO: Dra. P.A.S. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- Sala de lo Laboral.Quito, 09 de julio del 2013, a las 16h30.VISTOS.- Avocamos conocimiento de la presente causa en nuestra calidad de J.a y Conjueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, en virtud de haber sido designados y posesionados el 26 de enero de 2012; de la distribución y organización de las Salas prevista en el Art. 183 del Código Orgánico de la Función Judicial realizada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y designados para actuar en esta Sala.PRIMERO.-