Acuerdos. CODIFICACIÓN MJDHC-DV-2018-0002-A, MJDHCDV-2018-0003-A, MJDHC-DV-2018-0001-A-0001 Expídese el “Instructivo para la o las convocatorias públicas nacionales de fondos concursables correspondientes al año 2018, para la transferencia de recursos públicos a personas jurídicas de derecho privado sin finesde lucro para el fortalecimiento de la atención integral a víctimas de violencia de género en el Ecuador que brindan los centros de atención integral y casas de acogida”
| Número de Boletín | 328 |
| Sección | Acuerdos |
| Emisor | Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos |
2 – Lunes 17 de septiembre de 2018 Registro Ofi cial Nº 328
MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS
HUMANOS Y CULTOS
CODIFICACIÓN
Nro. MJDHC-DV-2018-0002-A
de 02 de febrero de 2018
Nro. MJDHC-DV-2018-0003-A
de 05 de marzo de 2018
Nro. MJDHC-DV-2018-0001-A-0001
de 02 de abril de 2018
Sra. Dra. Lucy Elena Blacio Pereira
VICEMINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS
HUMANOS Y CULTOS
Considerando:
Que la Convención para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por
la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de octubre
de 1979 y suscrita por el Ecuador el 17 de julio de 1980,
obliga a los Estados a adoptar leyes, políticas y programas
orientados a erradicar la discriminación contra la mujer;
Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscrito por el
Ecuador el 01 de octubre de 1995, en el artículo 8, literales
a) y d) establece lo siguiente: “a) fomentar el conocimiento
y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre
de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y
protejan sus derechos humanos, d) suministrar los servicios
especializados apropiados para la atención necesaria a la
mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los
sectores público y privado, inclusive refugios, servicios
de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y
cuidado y custodia de los menores afectados (...)”;
Que el numeral 125, letra a) de la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijín determina lo siguiente: “Medidas
que han de adoptar los gobiernos, incluidos los gobiernos
locales, las organizaciones populares, las organizaciones
no gubernamentales, las instituciones de enseñanza, los
sectores público y privado, en particular las empresas, y los
medios de información, según proceda: a) Establecer centros
de acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos
necesarios para auxiliar a las niñas y mujeres víctimas de
la violencia y prestarles servicios médicos, psicológicos y
de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a título
gratuito o de bajo costo, cuando sea necesario, además de
la asistencia que corresponda para ayudarles a encontrar
medios de vida sufi cientes”;
Que la Constitución de la República del Ecuador, en
su artículo 1, señala que: “El Ecuador es un Estado
constitucional de derechos y justicia, social, democrático,
soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república
y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía
radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de
la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder
público y de las formas de participación directa previstas en
la Constitución (...)”;
Que el artículo 3 numeral 1 de la norma constitucional
establece entre los deberes primordiales del Estado, el
de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce
de los derechos establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales;
Que el artículo 11, numeral 2, de la Constitución determina
que: “Todas las personas son iguales y gozarán de los
mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá
ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento,
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural,
estado civil, idioma, religión, ideología, fi liación política,
pasado judicial, condición socio-económica, condición
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar
VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente,
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley
sancionará toda forma de discriminación”;
Que el artículo 35 de la Constitución de la República del
Ecuador, preceptúa que: “Las personas adultas mayores,
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y
quienes adolezcan de enfermedades catastrófi cas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada
en los ámbitos público y privado. La misma atención
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil,
desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará
especial protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad”;
Que el artículo 66 de la Constitución de la República
del Ecuador, establece que: “Se reconoce y garantizará a
las personas: (...) 3.- El derecho a la integridad personal
incluye: “b) Una vida libre de violencia en el ámbito público
y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para
prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia,
en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños
y adolescentes, personas adultas mayores, personas
con discapacidad y contra toda persona en situación de
desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán
contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual”;
Que el artículo 70 de la Constitución dispone que: “El
Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la
igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo
especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque
de género en planes y programas, y brindará asistencia
técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”;
Que el artículo 78 de la Constitución de la República del
Ecuador determina que: “Las víctimas de infracciones
Págs.
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Lunes 17 de septiembre de 2018 – 3Registro Ofi cial Nº 328
penales gozarán de protección especial, se les garantizará
su no revictimización, particularmente en la obtención y
valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier
amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán
mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin
dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y
la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no
repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá
un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y
participantes procesales”;
Que el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de
la República del Ecuador señala que: “Las Ministras
y Ministros de Estado, además de las atribuciones
establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría
de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los
acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su
gestión”;
Que el artículo 225 de la Constitución establece que el
sector público comprende: “Los organismos y dependencias
de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral,
de Transparencia y Control Social, las entidades que
integran el régimen autónomo descentralizado, los
organismos y entidades creados por la Constitución o la ley
para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación
de servicios públicos o para desarrollar actividades
económicas asumidas por el Estado, las personas jurídicas
creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos
descentralizados para la prestación de servicios públicos”;
Que el artículo 226 de la Constitución determina: “Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos que actúen en virtud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley
tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento
de sus fi nes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución”;
Que el artículo 227 de la Constitución de la República
del Ecuador dispone que: “La administración pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige por
los principios de efi cacia, efi ciencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planifi cación, transparencia y evaluación”;
Que el artículo 331, inciso segundo de la Constitución
de la República del Ecuador determina que: “Se prohíbe
toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de
cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las
mujeres en el trabajo”;
Que el artículo 341 de la Constitución de la República del
Ecuador establece: “El Estado generará las condiciones
para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus
vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos
en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad
y la no discriminación, y priorizará su acción hacia
aquellos grupos que requieren consideración especial por
la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación
o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o
de discapacidad”;
Que el artículo 393 de la Constitución de la República del
Ecuador determina que: “El Estado garantizará la seguridad
humana a través de políticas y acciones integradas, para
asegurar la convivencia pacífi ca de las personas, promover
una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y
discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La
planifi cación y aplicación de estas políticas se encargará a
órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno
(...)”;
Que el artículo 155 del Código Orgánico Integral Penal
establece que: “Se considera violencia toda acción que
consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado
por un miembro de la familia en contra de la mujer o
demás integrantes del núcleo familiar. Se consideran
miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja
en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes,
descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el
segundo grado de afi nidad y personas con las que se
determine que el procesado o la procesada mantenga o
haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos,
conyugales, de Convivencia, noviazgo o de cohabitación”;
Que el artículo 11, numeral 9, ibídem determina que las
víctimas de las infracciones gozará de los siguientes
derechos a “(…) recibir asistencia integral de profesionales
adecuados de acuerdo con sus necesidades durante el
proceso penal”;
Que el artículo 57 del Código de Planifi cación y Finanzas
Públicas establece que: “Los planes de inversión son la
expresión técnica y fi nanciera del conjunto de programas
y propuestas de inversión, debidamente prior izados,
programados y territorializados, de conformidad con las
disposiciones de este código. Estos planes se encuentran
encaminados a la consecución de los objetivos del régimen
de desarrollo y de los planes del gobierno central y los
gobiernos autónomos descentralizados”;
Que el artículo 104 del Código Orgánico de Planifi cación
y Finanzas Publicas determina: “(...) Prohíbase a las
entidades y organismos del sector público realizar
donaciones o asignaciones no reembolsables, por cualquier
concepto, a personas naturales, organismos o personas
jurídicas de derecho privado, con excepción de aquellas que
correspondan a los casos regulados por el Presidente de la
República establecidos en el “Instructivo” de este Código,
siempre que exista la partida presupuestaria (...) “;
Que el artículo 2 de la de Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, manifi esta que: Las disposiciones de
esta Ley rigen para las instituciones del sector público
determinadas en los artículos 225, 315 y a las personas
jurídicas de derecho privado previstas en el artículo 211 de
la Constitución;
Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, señala que: “Se entenderán por recursos
públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones,
participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes,
subvenciones y todos los derechos que pertenecen al
Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de
la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos,
donaciones y entregas que, a cualquier otro título realicen a
favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales
o jurídicas u organismos nacionales o internacionales.
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4 – Lunes 17 de septiembre de 2018 Registro Ofi cial Nº 328
Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser
administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades
civiles, compañías mercantiles y otras entidades de
derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su origen,
creación o constitución hasta tanto los títulos, acciones,
participaciones o derechos que representen ese patrimonio
sean transferidos apersonas naturales o personas jurídicas
de derecho privado, de conformidad con la ley”;
Que el artículo 6 de la Ley para Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres, manifi esta que: “El Estado
es responsable de garantizar el derecho de las mujeres:
niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres mayores, a
una vida libre de violencia. La sociedad, la familia y la
comunidad, son responsables de participar de las acciones,
planes y programas para la erradicación de la violencia
contra las mujeres, emprendidos por el Estado en todos
sus niveles y de intervenir en la formulación, evaluación,
y control social de las políticas públicas que se creen para
el efecto”;
Que el señor Presidente Constitucional de la República del
Ecuador por medio del artículo 1 del Decreto Ejecutivo
Nro. 620 de 10 de septiembre de 2007, dispuso: “Declarar
como política de Estado con enfoque de Derechos Humanos
para la erradicación de la violencia de género hacia la niñez,
adolescencia y mujeres, para lo cual se elaborará un plan
que permita generar e implementar acciones y medidas,
que incluyan mecanismos de coordinación y articulación
interinstitucional en todos los niveles del Estado”;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de
noviembre de 2007, publicado en el Registro Ofi cial
Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, el señor
Presidente Constitucional de la República del Ecuador creó
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410 de 30 de junio de
2010, publicado en el Registro Ofi cial Nro. 235 de 14 de julio
de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República
del Ecuador, cambió la denominación de “Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos”, por “Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos”;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 544 de 11 de noviembre
de 2010, publicado en el Registro Ofi cial Nro. 329 de 26
de noviembre de 2010, el señor Presidente Constitucional
de la República del Ecuador reglamentó el artículo 104
del Código Orgánico de Planifi cación y Finanzas Públicas,
facultando a los Ministerios a realiza transferencias directas
de recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas
de derecho privado, exclusivamente para la ejecución de
programas o propuestas de inversión en benefi cio directo
de la colectividad señalando adicionalmente que los
consejos sectoriales de política en los casos de la función
ejecutiva, mediante resolución, establecerán los criterios
y orientaciones generales que deberán observar dichas
entidades para la realización de las indicadas transferencias;
Que el inciso segundo del artículo 4 del Decreto Ejecutivo
Nro. 1522 de 17 de mayo de 2013 el señor Presidente
Constitucional de la República del Ecuador dispuso:
“Las competencias, atribuciones, programas y propuestas
que hasta el momento ejercía el Viceministerio de
Gobernabilidad del Ministerio del Interior, también serán
transferidas a la Secretaría Nacional de Gestión de la
Política, con excepción de aquellos relativos a la promoción
de las garantías democráticas, justicia y derechos humanos,
que se transferirán y por tanto serán ejercidas y ejecutadas
por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos”,
en este contexto, se determinó que los programas y
propuestas que venía ejecutando la Dirección de Genero
del Ministerio del Interior migrarán hacia el Ministerio de
Justicia Derechos Humanos y Cultos;
Que a través de la Disposición Transitoria Cuarta del
Decreto Nro. 1522 de 17 de mayo de 2013 se dispuso: “(...)
Las competencias, atribuciones, programas y propuestas
relativos a la promoción de las garantías democráticas,
justicia y derechos humanos que actualmente se ejercen a
través de las Gobernaciones Provinciales, se transferirán
al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
Estas competencias se ejercerán a través de la estructura
desconcentrada que corresponda, para lo cual deberán
implementarse las reformas necesarias”;
Que el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 438 de
27 de agosto de 2014 expedido por el señor Presidente
Constitucional de la República del Ecuador (reformatorio
del Decreto 1522 de 17 de mayo de 2013) determina lo
siguiente: “Respecto de la violencia de género en contra
de mujeres, niñez y adolescencia, el Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos defi nirá y coordinará la
ejecución de la política pública en el marco de la garantía de
derechos humanos; y el Ministerio del Interior ejercerá las
facultades de gestión y control en el ámbito de la seguridad
ciudadana”;
Que el inciso segundo del artículo 3 del Decreto Ejecutivo
Nro. 438 de 27 de agosto de 2014, establece : “(...) En
función de lo dispuesto en el presente Decreto Ejecutivo,
el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
presidirá y coordinará interinstitucionalmente la ejecución
del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia
contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres”;
Que por medio del Decreto Ejecutivo Nro. 489 publicado en
el Registro Ofi cial Suplemento Nro. 383 de 26 de noviembre
de 2014 , el señor Presidente Constitucional de la República
expidió el Reglamento al Código Orgánico de Planifi cación
y Finanzas Publicas, mismo que en el artículo 89 dispone
que: “Las entidades del sector público podrán realizar
donaciones o asignaciones no reembolsables a favor de
personas naturales o jurídicas de derecho privado sin fi nes
de lucro, destinadas a investigación científi ca, educación,
salud, inclusión social y donaciones para la ejecución de
programas o propuestas prioritarios de inversión en benefi cio
directo de la colectividad, priorizados por la Secretaría
Nacional de Planifi cación y Desarrollo en el caso de las
entidades que conforman el Presupuesto General del Estado
o por la instancia correspondiente para el resto de entidades
públicas. En el caso de que se traten de asignaciones de
gasto permanente no requerirán ser priorizados por la
Secretaría Nacional de Planifi cación y Desarrollo. Estas
asignaciones deben constar en los respectivos presupuestos
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