Gobierno Provincial de Manabí: Que promueve la política pública de participación de los actores de la economía popular y solidaria, artesanos, micro y pequeñas unidades productivas, en los procesos de contratación pública a través de los procedimientos de feria inclusiva

Fecha de publicación13 Agosto 2021
Número de Gaceta1644
Viernes 13 de agosto de 2021 Edición Especial Nº 1644 - Registro Ocial
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ORDENANZA QUE PROMUEVE LA POLÍTICA PÚBLICA DE
PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y
SOLIDARIA, ARTESANOS, MICRO Y PEQUEÑAS UNIDADES
PRODUCTIVAS, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE
EJECUTA EL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ A TRAVÉS DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE FERIA INCLUSIVA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Propender al desarrollo de la provincia constituye un aspecto clave en el marco de las
competencias de un Gobierno Provincial, cuya misión se orienta a la promoción del
desarrollo integral y equitativo de la provincia.
De acuerdo con el documento “Impacto financiero del COVID-19 en Ecuador: desafíos
y respuestas”, emitido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) La crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 podría llevar a
la mayor contracción de la economía ecuatoriana en su historia, con una caída del PIB de
entre un 7.3% y un 9.6%, según las estimaciones el Banco Central de Ecuador, o una
contracción del 10.9% según el FMI (Banco Central de Ecuador, 2020a; FMI, 2020a).
Frente a esta situación, si bien es cierto existen una serie de medidas propuestas para salir
al paso de los efectos de la COVID-19 en la economía, los Gobiernos Autónomos
Descentralizados deben dar respuesta, a través de sus políticas públicas, para la
generación de un mercado público más competitivo y democrático, en aras de lograr la
reactivación económica tan necesaria en la era post - pandemia.
Para alcanzar en parte la reactivación referida, y anclado al eje de infraestructura, en el
marco de los objetivos institucionales, el Gobierno Provincial de Manabí debe generar
los mecanismos para que existe una participación democrática en los procesos de
contratación pública, en el marco de los principios constitucionales, priorizando los
productos y servicios nacionales, de manera especial los provenientes de la economía
popular y solidaria, y de las micro y pequeñas unidades productivas.
En tal sentido, se desprende que el Prefecto Provincial tiene la competencia,
responsabilidad y atribución para proponer actos normativos, amparados en el ejercicio
de la autonomía consagrada en la Constitución y la Ley, que permiten viabilizar la
participación de los beneficiarios directos en el contexto de los procesos de contratación
pública, de tal manera que, no se generen trabas que obstaculicen el acceso al trabajo y a
la obtención de ingresos lícitos por parte de los actores de la economía, quienes requieren
una acción del Estado y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que incentive la
redistribución y eliminación de desigualdades en el acceso a los factores de producción,
entre los sectores discriminados.
Las políticas públicas se las define como el resultado o producto, destinadas a solucionar
o mitigar necesidades de un determinado sector. Desde un sentido más amplio, son
aquellas decisiones que el Estado toma o deja de tomar en atención a su capacidad y
gestión política.

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