Ordenanzas Provinciales. Gobierno Provincial de Santa Elena: De aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para la administración 2019 - 2023
| Número de Boletín | 1781 |
| Sección | Ordenanzas Provinciales |
| Emisor | Gobiernos Autónomos Descentralizados |
Martes 7 de diciembre de 2021Registro Ocial - Edición Especial Nº 1781
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ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRIOTORIAL DEL GAD PROVINCIAL, PARA LA
ADMINISTRACIÓN 2019 -2023
JOSE DANIEL VILLAO VILLAO
PREFECTO PROVINCIAL DE SANTA ELENA
CONSIDERANDO
Que, los numerales 5 y 6 del artículo 3 de la Constitución de la República
establecen como deberes primordiales del Estado planificar el desarrollo
nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la
redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen
vivir; y, promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio,
mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización;
Que, el artículo 83 de la Constitución de la República establece entre los
deberes de los ciudadanos, el promover el bien común y anteponer el interés
general al interés particular, conforme el buen vivir; y, asumir las funciones
públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y
a la autoridad, de acuerdo con la ley;
Que, el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador menciona
que todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar,
formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos
previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean
necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las
comunidades, pueblos y nacionalidades.
Que, el numeral 2 del artículo 85 de la Constitución de la República dispone
que la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y
servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la
Constitución, se regularán sin perjuicio de la prevalencia del interés general
sobre el interés particular. Cuando los efectos de la ejecución de las políticas
públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen
con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá
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