Ley Orgánica de extinción de dominio

1. La Procuraduría General del Estado;

2. El o los afectados; y,

3. La Fiscalía General del Estado.

En la etapa jurisdiccional, la Procuraduría General del Estado deberá presentar la demanda de extinción de dominio ante la jueza o juez competente en extinción de dominio, tasando la cuantía del bien o bienes objeto de extinción de dominio; así como intervenir en los actos procesales, acciones jurisdiccionales o constitucionales derivadas del procedimiento de extinción de dominio.

Competencia de la Fiscalía General del Estado.- Serán competentes para realizar la investigación patrimonial sobre extinción de dominio, de oficio, por denuncia o cualquier medio, la Fiscalía General del Estado directamente o a través de los agentes fiscales designados, mediante la conformación de unidades especializadas de extinción de dominio de la Fiscalía General y, actuarán como parte procesal especializada en la etapa judicial de la extinción de dominio y tendrá competencia en todo el territorio nacional.

La Fiscalía General del Estado iniciará de oficio la investigación patrimonial cuando se ponga en su conocimiento la existencia de bienes que puedan ser objeto del procedimiento de extinción de dominio por parte de la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la Policía Nacional, la Unidad de Análisis Financiero o cualquier institución pública.

Cuando existan bienes en distintos lugares, será competente la jueza o juez del lugar donde se encuentre el mayor número de bienes.

Cuando los bienes se encuentran en territorio extranjero, será competente la jueza o juez competente en extinción de dominio de la capital de la República del Ecuador.

En segunda instancia, será competente para conocer el recurso de apelación, la sala especializada en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, del lugar de la jurisdicción donde se encuentren los bienes investigados.

1. El bien o los bienes de origen, directo o indirecto, de una actividad ilícita;

2. El bien o los bienes que correspondan al objeto material de la actividad ilícita;

3. El bien o los bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumento u objeto material de actividades ilícitas;

4. El bien o los bienes que formen parte o constituyan un incremento sin sustento en su patrimonio, cuando existan hechos o circunstancias que permitan determinar que provienen de actividades ilícitas, de forma directa o indirecta;

5. El bien o los bienes que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas;

6. El bien o los bienes que, de acuerdo con las circunstancias en que fueron hallados, o sus características particulares, permitan establecer que están destinados a la ejecución de actividades ilícitas;

7. El bien o los bienes de origen lícito, material o jurídicamente confundidas con bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito;

8. Los que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes relacionados con actividades ilícitas;

9. Cuando los bienes utilizados en el cometimiento de actividades ilícitas hayan sido abandonados, siempre que no pertenezcan a un tercero de buena fe;

10. El bien o los bienes de la sucesión hereditaria o los bienes provenientes por acto entre vivos a título gratuito, cuando hayan sido producto de actividades ilícitas;

11. Cuando los bienes, frutos, productos o ganancias, provengan de la enajenación o permuta de otros que, se presume tienen su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas; y;

12. El bien o los bienes existentes en el Ecuador de propiedad de una sociedad residente o establecida en un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o que esté sujeta a un régimen fiscal preferente, a menos que el beneficiario o los beneficiarios finales justifiquen fehacientemente que la interposición de cualquier sociedad dentro de la cadena de propiedad tiene motivos económicos válidos o cuando la sociedad revele que la residencia de su beneficiario o beneficiarios finales no es Ecuador.

Se podrán aplicar uno o varios de estos presupuestos para la procedencia de la extinción de dominio, los mismos que no serán excluyentes entre sí.

1. En caso de los bienes corporales, muebles o inmuebles, se considerará afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue tener un derecho real sobre los bienes objeto del procedimiento de extinción de dominio;

2. Tratándose de los derechos personales o de crédito se considerará afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue estar legitimada para reclamar el cumplimiento de la respectiva obligación;

3. Respecto de los títulos valores o derechos fiduciarios se considerará afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue ser tenedor legítimo de esos bienes o beneficiario con derecho cierto; y,

4. Con relación a los derechos representativos de capital en una sociedad, se considerará afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue ser titular de algún derecho real sobre una parte o la totalidad de las cuotas, partes, acciones o participaciones que son objeto de extinción de dominio.

La fase inicial de investigación patrimonial o pre procesal estará a cargo de la Fiscalía General del Estado que contará con el apoyo de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes llevarán a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en esta Ley, quienes ejecutarán sus tareas bajo la dirección de la Fiscalía y dependerán administrativamente del ministerio del ramo.

La fase judicial o procesal, estará a cargo de la jueza o juez competente que se iniciará a partir de la presentación de la resolución de pretensión de extinción de dominio.

Iniciará de oficio, por denuncia o cualquier medio y tendrá como fines, los siguientes:

1. Identificar, localizar y ubicar los bienes que se encuentren inmersos en el o los presupuestos para la procedencia de la extinción de dominio;

2. Acreditar que concurren uno o más de los presupuestos de procedencia de extinción de dominio;

3. Identificar a los posibles titulares de derechos sobre los bienes que se encuentren en el o los presupuestos de procedencia de extinción de dominio y establecer el lugar donde podrán ser notificados;

4. Acreditar el vínculo entre los titulares de derechos sobre los bienes y el o los presupuestos de procedencia de extinción de dominio; y,

5. Obtener los medios de prueba necesarios para determinar la existencia o no de la buena fe exenta de culpa en el afectado.

En el desarrollo de esta fase, la o el Fiscal o el Procurador General del Estado o su delegado podrán solicitar la prohibición de enajenar a la jueza o juez competente, quien convocará a audiencia en el plazo de dos (2) días de realizada la solicitud, para otorgar dicha medida.

La boleta contendrá la prevención de designar a una o un defensor privado o público y señalar casilla judicial o dirección electrónica para las notificaciones.

A fin de preservar los derechos del o los afectados que residan en el exterior, la notificación se realizará mediante exhorto a las autoridades consulares, de conformidad con la legislación vigente y las normas procesales del Estado requerido.

La notificación procederá conforme las reglas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal.

1. Si los bienes, aparentemente, pertenecen a una misma persona, al mismo núcleo familiar o al mismo grupo empresarial o societario;

2. Si existen nexos de relación común entre los titulares de los bienes que permiten inferir la presencia de una identidad o unidad patrimonial o económica, tales como la utilización de testaferros u otros similares;

3. Si se refiere a bienes que presenten identidad en cuanto a la actividad ilícita de la cual provienen o para la cual están siendo destinados, y,

4. Si después de una evaluación costo-beneficio se determine que se trata de bienes respecto de los cuales no se justifica realizar un proceso de extinción de dominio individual para cada uno de ellos, debido a su escaso valor económico, a su abandono, o su estado de deterioro.

No se podrá oponer reserva de ningún tipo a los requerimientos de información que realice la Fiscalía en el marco de una investigación patrimonial.

Inoponibilidad de secreto o reserva.- La o el Fiscal podrá solicitar, previa autorización judicial, acceso a las bases de datos privadas, en búsqueda de la información necesaria para el inicio de la investigación patrimonial, cruces de información en la base de datos de entidades financieras, y en general, en todas aquellas involucradas con la operación, fe pública, registro y control de derechos patrimoniales, salvo las excepciones contempladas en la ley y en tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado.

Dentro de las investigaciones con fines de extinción de dominio no será oponible la reserva bancaria, bursátil y tributaria, ni se impedirá el acceso a la información contenida en la base de datos.

Terminará con la resolución de pretensión de extinción de dominio o con la resolución de archivo emitida por la jueza o juez, previa solicitud de la o el Fiscal a cargo de la investigación.

En el caso de que la investigación versara sobre varios bienes y en la resolución de pretensión de extinción de dominio se determina que solo algunos son de origen ilícito o injustificado o destino ilícito, la extinción de dominio procederá únicamente sobre aquellos bienes.

En aquellos casos en que los bienes sujetos al procedimiento de extinción dominio se encuentren fuera del país o se dificulte la obtención de la prueba, la o el Fiscal podrá solicitar a la jueza o juez una prórroga para la fase de investigación patrimonial, no mayor a seis (6) meses.

1. Los argumentos de hecho y de derecho que fundamentan el o los presupuestos de procedencia de la extinción de dominio;

2. La identificación, descripción y valoración económica de los bienes objeto de extinción de dominio;

3. El nexo causal entre los bienes y la actividad ilícita o el incremento sin sustento en su patrimonio;

4. El nombre, los datos de identificación y el domicilio de los afectados, terceros reconocidos en el proceso, o las razones que imposibilitan su localización;

5. El anuncio de pruebas y las pruebas obtenidas en la fase de investigación patrimonial que sustenten la pretensión de extinción de dominio;

6. Indicación de las medidas cautelares ordenadas en la fase de investigación patrimonial; y,

7. La petición de extinción de dominio sobre los bienes.

1. Se acredite que los titulares de derechos sobre los bienes que llegaren a identificarse no presentan ningún nexo de relación de procedencia de extinción dominio;

2. No se logre identificar bienes que puedan ser objeto de extinción de dominio, conforme lo que establece el artículo 6 de esta Ley;

3. Se acredite que los bienes investigados o que lleguen a ser identificados no se encuentran enmarcados en una de las causales de extinción de dominio; y,

4. Cuando se demuestre que los bienes cuestionados se encuentran a nombre de terceros y estos han sido adquiridos de buena fe.

Si se ratifica se archivará, si se revoca se designará a un nuevo Fiscal para que continúe con la fase de Investigación Patrimonial.

La jueza o juez dispondrá la publicación de la resolución de archivo de la investigación patrimonial en el Registro Oficial, a manera de reparación, siempre que no exista oposición del afectado, sin perjuicio de otras acciones reparatorias civiles o penales que le asistan al afectado ante denuncia sin fundamento.

El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso precedente, constituye infracción grave y será sancionada conforme lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial.

1. Prohibición de enajenar;

2. Retención; e,

3. Incautación.

Solicitud de medidas cautelares en la fase de investigación patrimonial.- Durante la etapa de investigación patrimonial, la o el fiscal o el Procurador General del Estado o su delegado, a fin de precautelar los bienes materia de la investigación, podrán solicitar a la jueza o juez competente las medidas cautelares de prohibición de enajenar y/o la retención de dinero o derechos representativos de capital, o cualquier instrumento.

Una vez recibida la solicitud, la jueza o juez competente dentro del plazo de dos (2) días convocará a audiencia en la cual resolverá sobre la petición de medida cautelar.

De la enajenación anticipada de bienes.- A solicitud del Procurador General del Estado o su delegado, la jueza o juez de primera instancia autorizará la venta anticipada de los bienes sujetos a medidas cautelares en la fase judicial, cuando éstos corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse, o cuya conservación y cuidado signifique perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración. Lo mismo sucederá cuando se trate de semovientes u otros animales.

En caso de que la jueza o juez determine la omisión de algún requisito formal en la pretensión, concederá a la o el Fiscal el término de cinco (5) días para subsanarla.

La notificación procederá conforme las reglas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal.

Si el afectado señaló casilla judicial o dirección electrónica en la fase de investigación patrimonial la jueza o juez notificará a dicha casilla o dirección electrónica; caso contrario, la citación con la acusación particular se realizará personalmente entregándole la boleta correspondiente. Si no está presente en el lugar señalado para la citación, se le citará mediante tres (3) boletas entregadas en su residencia o domicilio, en tres (3) días distintos.

A fin de preservar los derechos del o los afectados que residan en el exterior, la citación se realizará mediante exhorto a las autoridades consulares, de conformidad con la legislación vigente y las normas procesales del Estado requerido.

1. Que quien solicite, justifique no conocer su existencia sino hasta ese momento.

2. Que la prueba solicitada sea relevante para el proceso.

En una primera fase se tratará lo siguiente:

1. Verificar la legitimación, determinar las partes procesales.

2. Resolver sobre cuestiones de competencia y procedibilidad.

3. Calificación de la admisibilidad de la prueba.

   En la segunda fase de la audiencia se realizará lo siguiente;

4. Exposición de alegatos iniciales.

5. Presentación y práctica de pruebas.

6. Exposición de alegatos finales.

   Cumplido lo anterior, la jueza o juez dictará sentencia y declarará el cierre de la audiencia.

Excepcionalmente y cuando la complejidad del caso lo amerite podrá suspender la audiencia hasta por diez (10) días para emitir su decisión oral. Al ordenar la suspensión determinará el día y la hora de reinstalación de la audiencia. La sentencia escrita motivada se notificará a las partes en el término de diez (10) días.

En caso de improcedencia de la pretensión, la jueza o juez ordenará la revocatoria de las medidas cautelares que se hayan impuesto. Sí se hubiere procedido con la enajenación anticipada de bienes, la jueza o juez dispondrá la entrega al afectado del valor íntegro resultado de la enajenación.

Si en sentencia se declara la improcedencia de la pretensión de extinción de dominio, ésta será publicada en el Registro Oficial y en los portales web del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado, a manera de reparación, siempre que no exista oposición del afectado.

1. La relación de los hechos investigados.

2. La identidad o individualización de los bienes objeto del proceso.

3. Indicación de la pretensión formulada por la Fiscalía.

4. Análisis de los alegatos presentados por los sujetos procesales.

5. Los argumentos de hecho y de derecho, haciendo expresa referencia a la valoración de las pruebas practicadas y de la causal o causales invocadas para extinguir el dominio.

6. La decisión final tomada por la jueza o el juez.

Obligación de cooperar.- En todas las etapas del procedimiento de extinción de dominio, las entidades, organismos e instituciones públicas y privadas estarán obligadas a cooperar y deberán remitir la información o documentación requerida por la o el Fiscal o la jueza o juez en el término de dos (2) días, o señalar el lugar en donde pueda encontrarse, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que tuviere lugar.

Cooperación internacional.- El procedimiento de extinción de dominio establecido en la presente Ley, servirá para dar cumplimiento de las obligaciones de cualquier forma de cooperación judicial, penal, policial o administrativa, bajo la aplicación del principio de reciprocidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los convenios, tratados o acuerdos suscritos, ratificados por el Ecuador, o en virtud de cualquier otro instrumento de cooperación jurídica internacional suscrito por cualquier autoridad de orden nacional o que se propicie en virtud de redes de cooperación entre autoridades homólogas de ambos Estados.

Reglas de cooperación.- Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables en todo procedimiento de cooperación judicial internacional en los temas de investigación, localización, identificación, afectación y trámite de acciones con fines de comiso, recuperación de activos, extinción de dominio o cualquier otra institución jurídica similar, para lo cual se aplicará el principio de reciprocidad.

Obtención de cooperación internacional.- Con el objeto de garantizar la persecución de bienes ilícitos en el extranjero, con fines de extinción de dominio para su posterior recuperación, la o el Fiscal General del Estado o a quien designe para el efecto, podrá solicitar a los órganos o entidades públicas competentes para que requieran cualquier tipo de cooperación judicial, policial o administrativa, de conformidad con los procedimientos establecidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador.

De ser el caso, el Estado ecuatoriano, a través de las entidades competentes, dispondrá los recursos necesarios para compensar a la jurisdicción requerida por los gastos ocasionados.

Una vez presentada la solicitud de asistencia judicial internacional debidamente motivada, la o el Fiscal General del Estado, o a quien designe para el efecto, podrá adoptar medidas cautelares sobre bienes o disponer los actos de investigación que sean requeridos, siempre que los procedimientos, estén contemplados en el ordenamiento jurídico nacional, y no sean contrarios a la Constitución o a las excepciones contenidas en los instrumentos de cooperación judicial internacional invocadas para su aplicabilidad.

Validez de sentencia extranjera.- El reconocimiento y ejecución de las sentencias de extinción de dominio o similares sobre bienes que se encuentren en el territorio nacional dictadas por autoridades judiciales extranjeras y que sean, pretendidos por vía de cooperación judicial internacional, estarán sujetos a la normativa vigente y a lo establecido en los instrumentos internacionales suscritos, aprobados y ratificados por Ecuador, o en ausencia de estos al principio de reciprocidad internacional.

Distribución de bienes.- En virtud de la cooperación internacional recíproca a través de tratados, convenios o acuerdos suscritos, aprobados y ratificados por el Estado ecuatoriano, podrán distribuirse o repartirse los bienes producto de la extinción de dominio, que sean objeto de sentencia definitiva emitida por autoridad nacional o extranjera, según lo establecido en los respectivos instrumentos internacionales aplicados en cada caso, con excepción de que trate de la recuperación de fondos públicos.

Ente administrador de bienes.-El ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público, además de las facultades y atribuciones previstas en la normativa vigente, asumirá la administración de los bienes muebles e inmuebles, dinero en efectivo, inversiones nacionales e internacionales, y demás productos financieros o bursátiles sobre los cuales recaigan las medidas cautelares y las sentencias judiciales de extinción de dominio que se emitan conforme la presente Ley.

Instancia de coordinación.- El Presidente de la República designará una instancia encargada de la coordinación para la política nacional en materia de administración de bienes o activos especiales y de disponer que, de acuerdo a la normativa vigente, se conformen, de manera semestral veedurías ciudadanas a los procesos de enajenación de bienes de propiedad del Estado adquiridos mediante un proceso de extinción de domino (sic) y el mantenimiento de los bienes bajo la administración del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público que no han sido comprados o que la ley no permite su venta.

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público;

2. Dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público;

3. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y resoluciones aplicables a la administración de Activos Especiales;

4. Designar a los responsables de los procesos, subprocesos o unidades administrativas del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público;

5. Emitir políticas de gestión y estrategia, a fin de fortalecer el desarrollo institucional;

6. Generar, negociar y aplicar instrumentos internacionales de cooperación para la extinción de dominio de los bienes de origen o destino ilícito o injustificado que se encuentren en el exterior, asegurando la existencia de convenios con la mayor cantidad de países, dando preferencia a aquellos considerados para Ecuador como paraísos fiscales;

7. Emitir resolución motivada de aprobación de enajenación de bienes sobre los cuales exista sentencia ejecutoriada de extinción de dominio; y,

8. Las demás funciones y atribuciones que se le asigne por ley.

1. Supervisar la utilización de los bienes que constituyen activos especiales que se encuentren en proceso de extinción de dominio previniendo la ocupación ilegal de los mismos.

2. Colaborar con la autoridad jurisdiccional y con la Fiscalía General del Estado en la fase de investigación patrimonial de bienes.

3. Gestionar el cumplimiento de las órdenes de devolución o restitución de los bienes incautados o sobre los cuales no se ha comprobado que sean bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito en procesos de extinción de dominio.

1. Contar con la resolución motivada de la máxima autoridad del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público que disponga la enajenación del bien.

2. Establecer un precio base de los bienes, para lo cual se contará con el valor constante en el informe técnico pericial practicado en la etapa de investigación patrimonial.

3. Utilizar como modalidades para la enajenación la subasta ascendente, venta al mejor oferente, o cualquier otro mecanismo previsto en la normativa vigente.

El ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público tendrá un registro permanente de los procesos de enajenación dentro del cual deberá incluir nombres de los oferentes, adjudicatario, valor, modalidad de enajenación, integrantes de veeduría.

Este registro será actualizado constantemente y estará en el portal web del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público.

En el caso de enajenación anticipada de bienes se estará a lo dispuesto en este artículo.

Los fondos serán depositados en una Subcuenta de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y serán destinados conforme lo establecido en la presente Ley.

Los recursos de este Fondo Especial son distintos y no complementarios, a los que el Estado asigna a los sectores de salud y educación por mandato constitucional.

1. Los que por su estado de conservación no se les pueda dar otro destino;

2. Los que se encuentren en evidente estado de descomposición, adulteración o contaminación que no los hagan aptos para ser consumidos o que puedan resultar nocivos para la salud de las personas;

3. Los que, por su volumen, la enajenación, disposición o donación resulte inviable por las repercusiones negativas que se pudiesen tener en el mercado interno;

4. Los que la jueza o el juez determine que deban ser destruidos; y,

5. Respecto de los cuales exista disposición legal que ordene su destrucción.

En toda destrucción se deberán observar las disposiciones de seguridad, salud, protección al medio ambiente y demás que resulten aplicables. La Autoridad Administradora, deberá probar fehacientemente la destrucción de dichos Bienes.

1. Los bienes muebles e inmuebles deberán ser monetizados en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días posteriores a la inscripción de transferencia de dominio a favor del Estado;

2. Los bienes muebles que no hayan logrado ser monetizados en tres procesos de enajenación, se pondrán a disposición de las entidades del Estado según la naturaleza del bien y las necesidades institucionales, dando prioridad el cumplimiento de finalidades sociales relacionadas con la educación y salud;

3. El dinero en efectivo, las inversiones nacionales e internacionales y demás productos financieros, serán transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional; y,

4. Los bienes inmuebles que no hayan logrado ser monetizados en tres procesos de enajenación serán administrados por el ente encargado de la gestión inmobiliaria del sector público, entidad que los destinará, de acuerdo con las necesidades, a programas de salud y educación o de ser necesario para la utilización de entidades públicas.

Gastos de la administración de Bienes.- Cuando la naturaleza de los bienes lo permita, los gastos en que incurra el ente encargado de la gestión inmobiliaria del sector público en la administración y enajenación de bienes sujetos a un procedimiento de extinción de dominio, se pagarán con cargo a los productos, rendimientos, frutos y accesorios de los bienes que se pusieron a disposición para su administración, según la normativa que se emita para el efecto.