Acuerdos. MJDHC-CGAJ-2018-0099-A Karen Jasmín Bobadilla Lopez
| Número de Boletín | 404 |
| Sección | Acuerdos |
| Emisor | Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos |
18 – Viernes 11 de enero de 2019 Registro Ofi cial Nº 404
b) la gestión y asignación de los recursos que se requieran.
DEROGATORIA
Deróguese expresamente el Acuerdo Ministe1ial No. 457
de 18 de marzo 2013, publicado en el Registro Ofi cial No.
924 de 2 de abril2013.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Acuerdo entrará en vigencia desde su
suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro
Ofi cial y de su ejecución se encargará el titular de
la Coordinación General de Planifi cación y Gestión
Estratégica.
Dado en Quito, D.M., a los 17 día(s) del mes de Diciembre
de dos mil dieciocho.
f.) Sr. Ing. Carlos Enrique Pérez García, Ministro de
Energía y Recursos Naturales No Renovables.
MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS
NATURALES NO RENOVABLES.- Es fi el copia del
original.- 28 de diciembre de 2018.- f.) Ilegible, Secretaria
General.
Nro. MJDHC-CGAJ-2018-0099-A
Sr. Mgs. Santiago Esteban Machuca Lozano
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA
JURÍDICA - DELEGADO DEL MINISTRO DE
JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
Considerando:
Que la Constitución de la República del Ecuador, en
su artículo 1 señala que: “El Ecuador es un Estado
constitucional de derechos y justicia, social, democrático,
soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república
y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía
radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder
público y de las formas de participación directa previstas
en la Constitución (…)”;
Que el artículo 11 de la Carta Magna, establece que el
ejercicio de los derechos se regirán entre otros por lo
determinado en el siguiente principio, numeral 5 señala:
“(…) en materia de derechos y garantías constitucionales,
las servidoras y servidores públicos, administrativos o
judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación
que más favorezcan su efectiva vigencia.”;
Que el artículo 35 de la Norma Suprema, establece que
las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes,
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas
privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades
catastrófi cas o de alta complejidad, recibirán atención
prioritaria y especializada en el ámbito público y privado;
Que la Constitución, dispone en el artículo 154 que las
ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones
establecidas en la ley, les corresponde: “1. Ejercer la
rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y
expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que
requiera su gestión”;
Que la República de Guatemala, y la República del
Ecuador, se adhieren a la Convención Interamericana de
Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero,
suscrita en la ciudad de Managua, Nicaragua el 9 de junio
de 1993;
Que en el Suplemento del Registro Ofi cial Nro. 180 de
10 de febrero del 2014 se publicó el Código Orgánico
Integral Penal, mismo que entró en vigencia después de
ciento ochenta días contados a partir de su publicación
en el mencionado registro, los artículos 727 y siguientes
determinan el procedimiento de repatriación de personas
condenadas o privadas de la libertad en diferentes Centros
penitenciarios;
Que el artículo 727 señala que: “Las sentencias de la
jurisdicción nacional, en las que se impongan penas
privativas de libertad podrán ser ejecutadas en el país de
origen o nacionalidad de la o del sentenciado. Así mismo,
las sentencias de justicia penal extranjera que impongan
penas privativas de libertad a ecuatorianos, podrán
ser ejecutadas en el Ecuador, de conformidad con los
instrumentos internacionales o al amparo del principio de
reciprocidad internacional”;
Que el artículo 728 de la norma ibídem, en su numeral
1 expresa que: “Corresponderá decidir el traslado de la
persona sentenciada al Ministerio rector en materia de
justicia y derechos humanos, decisión que se pondrá en
conocimiento del Juez de Garantías Penitenciarias para
su ejecución”;
Que el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo,
dispone que: “El ejercicio de las competencias asignadas
a los órganos o entidades administrativos incluye, no solo
lo expresamente defi nido en la ley, sino todo aquello que
sea necesario para el cumplimiento de sus funciones”;
Que el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo,
establece que: “La competencia es irrenunciable y
se ejerce por los órganos o entidades señalados en el
ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación,
avocación, suplencia, subrogación, descentralización
y desconcentración cuando se efectúen en los términos
previstos en la ley”;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de
noviembre de 2007, publicado en el Registro Ofi cial,
Suplemento No. 220 de 27 de noviembre de 2007,
el Presidente Constitucional de la República, creó el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que con Decreto Ejecutivo Nro. 410 de 30 de junio de
2010, publicado en el Registro Ofi cial No. 235 de 14 de
julio de 2010, el Presidente Constitucional de la República
cambió la denominación de: “Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos” por la de: “Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos”;
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