Provincia de Manabí: Que articula la veeduría permanente de control de los permisos de aprovechamiento forestal y declaratoria de la política provincial de repoblamiento forestal para conservación de los ecosistemas

Fecha de publicación23 Diciembre 2020
Número de Gaceta1417
SecciónOrdenanza Provincial
instrumentationOrdenanza Provincial
Miércoles 23 de diciembre de 2020 – 15Registro Ocial – Edición Especial Nº 1417
1
ORDENANZA QUE ARTICULA LA VEEDURÍA PERMANENTE DE CONTROL
DE LOS PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN LA
PROVINCIA DE MANABÍ Y DECLARATORIA DE LA POLÍTICA PROVINCIAL
DE REPOBLAMIENTO FORESTAL PARA CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución de la República del Ecuador otorga mayor autonomía y
descentralización a los gobiernos autónomos descentralizados, con el objetivo
soberano, de que estos niveles de gobierno instauren políticas públicas de acuerdo a
sus realidades socioeconómicas y culturales.
Como establece la Constitución, es de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios
naturales degradados, en ese mismo orden de ideas, la Carta Magna otorga la
competencia de la gestión ambiental provincial a los Gobiernos Provinciales.
Del mismo modo, la Carta Fundamental Ecuatoriana, reconoce principios ambientales y
políticas de gestión ambiental, que deben ser de obligatorio cumplimiento por parte del
Estado en todos sus niveles de gobierno y por todas las personas naturales o jurídicas
en el territorio nacional.
Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la finalidad de recuperar y conservar
la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable.
Las áreas protegidas son reconocidas mundialmente como la principal estrategia para
la conservación de la diversidad biológica o biodiversidad. Al mismo tiempo,
contribuyen al bienestar humano y a la reducción de la pobreza, puesto que ayudan a
conservar los recursos naturales y a mantener los servicios ambientales que sustentan
la vida de millones de personas.
En consecuencia, las áreas protegidas no solo aportan a conservar ecosistemas,
especies y diversidad genética sino que también suministran múltiples servicios
ambientales para las poblaciones rurales y urbanas, tales como: protección y
regulación de recursos hídricos, regulación del clima, protección de los suelos,
prevención de desastres naturales, protección de la belleza paisajística y provisión de
atractivos naturales y culturales; y, conservación de espacios para expresiones
religiosas y espirituales.
Intrínsecamente, el ejercicio de las competencias de gestión ambiental, el ambiente y la
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un
sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la
defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria
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ORDENANZA QUE ARTICULA LA VEEDURÍA PERMANENTE DE CONTROL
DE LOS PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN LA
PROVINCIA DE MANABÍ Y DECLARATORIA DE LA POLÍTICA PROVINCIAL
DE REPOBLAMIENTO FORESTAL PARA CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución de la República del Ecuador otorga mayor autonomía y
descentralización a los gobiernos autónomos descentralizados, con el objetivo
soberano, de que estos niveles de gobierno instauren políticas públicas de acuerdo a
sus realidades socioeconómicas y culturales.
Como establece la Constitución, es de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios
naturales degradados, en ese mismo orden de ideas, la Carta Magna otorga la
competencia de la gestión ambiental provincial a los Gobiernos Provinciales.
Del mismo modo, la Carta Fundamental Ecuatoriana, reconoce principios ambientales y
políticas de gestión ambiental, que deben ser de obligatorio cumplimiento por parte del
Estado en todos sus niveles de gobierno y por todas las personas naturales o jurídicas
en el territorio nacional.
Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la finalidad de recuperar y conservar
la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable.
Las áreas protegidas son reconocidas mundialmente como la principal estrategia para
la conservación de la diversidad biológica o biodiversidad. Al mismo tiempo,
contribuyen al bienestar humano y a la reducción de la pobreza, puesto que ayudan a
conservar los recursos naturales y a mantener los servicios ambiental es que sustentan
la vida de millones de personas.
En consecuencia, las áreas protegidas no solo aportan a conservar ecosistemas,
especies y diversidad genética sino que también suministran múltiples servicios
ambientales para las poblaciones rurales y urbanas, tales como: protección y
regulación de recursos hídricos, regulación del clima, protección de los suelos,
prevención de desastres naturales, protección de la belleza paisajística y provisión de
atractivos naturales y culturales; y, conservación de espacios para expresiones
religiosas y espirituales.
Intrínsecamente, el ejercicio de las competencias de gestión ambiental, el ambiente y la
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un
sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la
defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria

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