Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Acción Contra la Corrupción(Cod. AN-2021-1980 / AN-SVAM-2021-0002-M)
| Fecha de registro | 24 Enero 2021 |
| Fecha | 24 Enero 2021 |
| Autor de la iniciativa | SIMBAÑA VILLARREAL ABDON MARCELO(ASAMBLEISTA / ASAMBLEA NACIONAL) |
| Emisor | Comisión de Justicia y Estructura del Estado |
| Estatus | En trámite(Revisión en Comisión para Primer Debate) |
Memorando Nro. AN-SVAM-2021-0006-M
Quito, D.M., 11 de febrero de 2021
PARA: Sr. Mg. César Ernesto Litardo Caicedo
Asambleísta
ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. AN-SVAM-2021-0002-M
De mi consideración:
Remito el siguiente alcance al Memorando Nro. AN-SVAM-2021-0002-M de fecha 24 de enero de
2020.
Aprecio la atención y gestión debida.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,
Documento firmado electrónicamente
Sr. Abdon Marcelo Simbaña Villarreal
ASAMBLEÍSTA
Anexos:
- proyecto_de_lor_de_acción_contra_la_corrupción_con_cambios_.pdf
Copia:
Sr. Dr. Javier Aníbal Rubio Duque
Secretario General
1/1
* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción
Firmado electrónicamente por:
ABDON MARCELO
SIMBANA
VILLARREAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas
para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los
derechos humanos, distorsiona los mercados, afecta la calidad de vida y permite el florecimiento
de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.
Si bien la corrupción se da en todos los países, sus efectos perjudican y son especialmente
devastadores para aquellos en vías de desarrollo. La corrupción incide significativamente a las
personas de escasos recursos, ya que desvía los fondos destinados al crecimiento y desarrollo de
la población, lo cual afecta la capacidad de los gobiernos en ofrecer los diferentes servicios
básicos hacia la comunidad, alimentando la desigualdad y la injusticia social, desalentando la
inversión nacional y extranjera, por lo que la corrupción es un problema que conlleva a un bajo
rendimiento y un obstáculo para salir de la pobreza.
Todo acto en contra de la honestidad se considera corrupción; Ésta puede darse en los altos
niveles de gobierno, permitiendo a los líderes de los países beneficiarse a expensas del bien
público. La corrupción se da cotidianamente con el abuso de ciertas reglas comunes en la
interacción de las relaciones entre ciudadanos, existe corrupción cuando se manipulan las
políticas públicas en la asignación de recursos y bienes, so pretexto de ayudar a grupos más
vulnerables y lo que realmente sucede es que sirve para sostener el poder, estatus y riqueza de
un privilegiado grupo gobernante.
Los principales costos de la corrupción se pueden identificar en cuatro sectores: 1. En el frente
político la corrupción es un obstáculo importante para la democracia y el estado de derecho. En un
sistema democrático, las oficinas y las instituciones pierden su legitimidad cuando se usan
indebidamente para obtener ventajas privadas. Esto es perjudicial en las democracias
establecidas, pero más aún en las nuevas emergentes. Es sumamente difícil desarrollar un
liderazgo político responsable en un clima corrupto; 2. Económicamente, la corrupción agota la
riqueza nacional. Los políticos corruptos invierten los escasos recursos públicos en proyectos que
alinearán sus bolsillos en lugar de beneficiar a las comunidades, y priorizar proyectos de alto perfil
tales como represas, centrales eléctricas, tuberías y refinerías sobre proyectos de infraestructura
menos espectaculares pero más urgentes como escuelas, hospitales y carreteras. La corrupción
también obstaculiza el desarrollo de estructuras de mercado justas y distorsiona la competencia,
lo que a su vez disuade la inversión; 3. Socialmente, disminuye la confianza de la gente en el
sistema político, en sus instituciones y en su liderazgo. Un público desconfiado o apático puede
convertirse en otro obstáculo para desafiar la corrupción; y, 4. La degradación ambiental es otra
consecuencia de los sistemas corruptos. La falta o el no cumplimiento de los reglamentos y leyes
ambientales significa que los recursos naturales preciosos se explotan descuidadamente, y los
sistemas ecológicos enteros son devastados. Desde la minería hasta la extracción de madera, las
compañías de todo el mundo continúan pagando sobornos a cambio de una destrucción sin
restricciones. (Transparencia Internacional https://www.transparency.org/what-is-corruption/#costs-
of-corruption).
En el Ecuador los actos de corrupción han sido una constante en los diferentes gobiernos de
turno. Empero es necesario hacer énfasis en los últimos 14 años de administración, por el hecho
de que jamás en la historia del país, se manejaron tantos recursos económicos como sucedió en
la década del Ex Presidente de la República, Rafael Correa y el continuismo de su sucesor Lenín
Moreno.
Con una devastada institucionalidad, leyes creadas para facilitar la contratación a dedo, cero
independencia de funciones, ausencia de control por parte de los organismos destinados para
aquello y militantes de un partido político siendo cómplices, se desató una red de corrupción que
afecta y continuará afectando al Ecuador por varios años más.
“En arca abierta el justo peca”. Lo dijo Correa a fines del año 2016, para explicar el escándalo de
corrupción en la Refinería de Esmeraldas, donde el ex gerente recibió coimas para adjudicar
contratos e incluso contrató a compañías registradas con su nombre en Panamá, según se supo
con la publicación de los “Panama Papers".
Poco después estalló el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que en Ecuador involucra el
pago de coimas por 33,5 millones de dólares y por el que incluso el ex Contralor Carlos Pólit, la
máxima autoridad de control del Estado, está acusado de “concusión”, o de aceptar favores.
“La corrupción es generalizada en los países en desarrollo, no porque su población sea distinta de
la de otros países sino porque las condiciones la propician”, indica un estudio de Transparencia
Internacional.
A la corrupción NO cabe ingenuamente equipararla a las falencias propias de la naturaleza
humana, porque tal criterio podría entenderse como una aceptación tácita de ella por ser algo
“natural”. Comprenderla en sus causas no implica justificarla ni volverla permisible. Sin equívoco
alguno, los poderes públicos deben dar ejemplo de luchar contra ella. La impunidad la incentiva.
De mil maneras, desde los inicios autoritarios del actual gobierno, se le ha recordado que un
elemento fundamental de la democracia es la división e independencia de los poderes, que un
poder sin contrapesos se corrompe fácilmente, que el ejercicio de la ética exige la eficacia del
control, más aún cuando las enormes sumas de dinero a disposición del Estado han multiplicado
la codicia.
Conforme ya se estableció en líneas anteriores la corrupción atenta contra la legitimidad de las
instituciones públicas, la sociedad, el orden moral y la justicia así como el desarrollo integral de la
persona y el progreso económico de la Nación. El desarrollo sano de una democracia
representativa, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de la función pública, y la
libertad y el Estado de Derecho debe estar encaminado a evitar vicios en la gestión pública, el
deterioro de la moral social y el estancamiento en el desarrollo de la economía del país, por
consiguiente, a continuación presento el proyecto de “Ley Orgánica Reformatoria de acción
contra la corrupción” que contiene cambios fundamentales a la Ley Orgánica del Servicio
Público, al Código Integral Penal y a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, con el
objeto de tomar las acciones y medidas para desarrollar estrategias y construir un compromiso
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
Cabe indicar que el siguiente proyecto introduce cambios fundamentales a los tipos penales
respecto de los delitos contra la administración pública; también propicia la adopción de medidas
de transparencia eficiente en el cumplimiento de deberes y obligaciones de las y los funcionarios y
servidores públicos; instrumentaliza además la aplicación del marco internacional para el combate
contra la corrupción; y, prevé la recuperación de los recursos públicos sustraídos del erario
nacional que se encuentren tanto en el país como fuera del mismo.
EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3, numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el
Registro Oficial Nro. 449 de 20 de octubre de 2008, señala: “Son deberes primordiales del
Estado: (…) 8. Garantizar a sus habitantes el derecho (...) a vivir en una sociedad democrática y
libre de corrupción.”;
Que el artículo 11, numeral 9, ibídem, determina: “(…) 9. El más alto deber del Estado consiste en
respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.El Estado, sus
delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública,
estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o
deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus
funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.
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