REGLAMENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

Corresponde al conjunto de análisis macroeconómicos, técnicas de proyección econométricas y metodologías de programación Financiera, bajo el marco de política económica basado en los principios de estabilidad económica, sostenibilidad fiscal y garantía de la estabilidad del esquema monetario. El objetivo de la programación macroeconómica es evaluar la interrelación y los canales de transmisión de los sectores fiscal, externo, monetario y financiero para proponer estrategias que permitan responder a desequilibrios macroeconómicos provocados por choques internos o externos sobre el crecimiento y el empleo.

La presentación de la información de la programación macroeconómica se hará bajo principios y formatos internacionalmente aceptados para cada sector de la economía, con el objeto de evaluar la consistencia de las interrelaciones de los sectores, así como entre las variables macroeconómicas de flujos, stocks y otros movimientos.

La programación pronosticará escenarios macroeconómicos y presentará la estimación de escenarios macroeconómicos anual y plurianual, para un periodo no menor de 4 años, que identifiquen el comportamiento de los principales agregados de los sectores real, externo, monetario-financiero y fiscal; y presentará las proyecciones para el crecimiento económico, inflación anual promedio y fin de período, balanza de pagos desagregada por principales cuentas, entre las más relevantes. La determinación del proceso de programación macroeconómica y su contenido, constarán en la norma técnica que se establezca para el efecto.

La programación macroeconómica deberá ser utilizada de forma obligatoria para la elaboración de la programación fiscal a cargo del ente rector de las finanzas públicas.

La programación macroeconómica será presentada mediante el documento de programación macroeconómica que contendrá al menos: información macroeconómica por cada sector del año anterior, perspectivas para el año en curso; la programación macroeconómica para cuatro años, factores externos e internos que inciden sobre el desempeño macroeconómico; y, un análisis de sensibilidad con identificación de escenarios alternativos.

El ente rector de las finanzas públicas y el Banco Central del Ecuador, a través de una participación coordinada, serán responsables de la elaboración y actualización de la programación macroeconómica. Con el objeto de contar con información especializada se podrá requerir la colaboración de otras entidades públicas.

El ente rector de las finanzas públicas y el Banco Central del Ecuador, de forma coordinada, podrán solicitar a las entidades del sector público la información que consideren necesaria para elaborar y actualizar las estimaciones macroeconómicas. El ente rector de las finanzas públicas, en coordinación con el Banco Central del Ecuador, será el encargado de consolidar dicha información, validarla y verificar su consistencia. Todas las entidades del sector público tienen la obligación de cumplir con la provisión de información para la programación macroeconómica en los plazos, contenidos y formatos que determine la norma técnica.

La programación macroeconómica anual y plurianual será objeto de seguimiento, evaluación y actualización por parte del ente rector de las finanzas públicas y el Banco Central del Ecuador.

La aprobación, emisión y publicación de la programación macroeconómica y su actualización serán responsabilidad compartida entre el ente rector de las finanzas públicas y el Banco Central de Ecuador. La publicación del documento de programación macroeconómica se realizará a través de los sitios web oficiales del ente rector de las finanzas públicas y del Banco Central del Ecuador hasta el 15 de abril y su actualización hasta el 15 de septiembre del ejercicio fiscal correspondiente.

Un resumen del documento de programación macroeconómica deberá ser incluido en: el documento de programación fiscal plurianual y anual; y, en la programación presupuestaria cuatrianual.

ARTÍCULO (...). Interacción entre los ejercicios de programación macroeconómica y de programación fiscal. Son procesos que se desarrollan a través de la interacción continua entre los dos ámbitos y unidades responsables. La elaboración y actualización de la programación macroeconómica se sustentará, entre otras, en la estimación de un escenario fiscal plurianual base de la programación fiscal y tomará en cuenta las principales variables macroeconómicas estimadas cuatrianualmente en base a la información proporcionada por las diferentes entidades especializadas. Asimismo, los resultados de la programación macroeconómica servirán para proyectar variables fiscales relevantes para la elaboración y actualización del documento de programación fiscal.

Se constituye en la fase del ciclo presupuestario en la que, con base a los objetivos establecidos en la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad, los plazos para su ejecución y los criterios de sostenibilidad, optimización y calidad del gasto público.

La programación presupuestaria será un reflejo de la planificación institucional, planificación centrada en programas, proyectos, productos y actividades propias de la institución en función de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Las entidades responsables de la programación presupuestaria deberán elaborar su programación presupuestaria, sujetándose a las normas técnicas y directrices que para el efecto expida el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sobre la base de la Programación Fiscal y el Plan Nacional de Desarrollo, el ente rector de las finanzas públicas definirá las directrices, políticas y restricciones que las instituciones deberán seguir para la elaboración de sus proformas presupuestarias anuales y programaciones presupuestarias cuatrianuales institucionales.

Las directrices contendrán políticas y lineamientos que versarán sobre el tratamiento de los ingresos, egresos y financiamiento; activos y pasivos; techos presupuestarios globales, institucionales y de gasto, con una desagregación en egresos permanentes y no permanentes límite de crecimiento del gasto primario computable, así como criterios de sostenibilidad fiscal, optimización y calidad del gasto público.

Los techos globales, institucionales y de gasto serán de cumplimiento obligatorio para las fases de programación y formulación presupuestaria del Presupuesto General del Estado y de las empresas públicas de la Función Ejecutiva. Los techos correspondientes al primer ejercicio fiscal serán de carácter obligatorio, mientras que los techos de los tres ejercicios siguientes serán de carácter indicativo.

Para el año de posesión de la Presidenta o Presidente de la República, el ente rector de las finanzas públicas emitirá las directrices presupuestarias para preparar el presupuesto del ejercicio fiscal de ese año, hasta un mes después del inicio de su gestión.

En el año de posesión de la Presidenta o Presidente de la República, el ente rector de las finanzas públicas mediante acuerdo ministerial emitirá las fechas para la emisión de las directrices presupuestarias para preparar el presupuesto del ejercicio fiscal siguiente, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo y la programación fiscal plurianual y anual de inicio de gestión del Gobierno.

Para el resto de ejercicios fiscales del periodo de gobierno, el ente rector de las finanzas públicas elaborará las directrices presupuestarias y las expedirá hasta el 31 de mayo de cada año.

En el caso de elecciones anticipadas, por la aplicación de los artículos 130 o 148 de la Constitución de la República del Ecuador, mientras se aprueba el Presupuesto General del Estado y la Programación Presupuestaria Cuatrianual para el ejercicio presupuestario inmediato posterior al inicio de gestión; se utilizará, de ser requerido, el presupuesto codificado al 31 de diciembre del último presupuesto aprobado. Los insumos para la preparación de la proforma que se encuentren vigentes, podrán actualizarse conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

En los presupuestos del resto del sector público, con excepción de los gobiernos autónomos descentralizados, sus empresas públicas y sus entidades adscritas, se aplicará esta misma disposición con respecto al año de posesión de su máxima autoridad.

Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la Presidente o el Presidente de la República, regirá el monto total del presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior, particular que deberá ser notificado oficialmente por parte del Ministro o Ministra a cargo de las finanzas públicas a la Asamblea Nacional hasta el 15 enero, junto con un informe técnico. En los presupuestos del resto del sector público, se aplicará esta misma disposición, con su respectivo órgano legislativo.

En los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, sus empresas públicas y sus entidades adscritas, se aplicará esta misma disposición con respecto a su máxima autoridad en el año de posesión de la misma.

El ente rector de las finanzas públicas durante la ejecución del presupuesto prorrogado, podrá aumentar o rebajar ítems y partidas de ingresos y egresos que no incrementen el valor total fijado en el presupuesto inicial prorrogado, a su vez podrá iniciar procesos de optimización del gasto a los presupuestos institucionales durante la vigencia del presupuesto prorrogado que considere convenientes y oportunas. Si antes de que se apruebe el Presupuesto General del Estado ocurre una caída en los ingresos o endeudamiento que impida financiar el presupuesto de forma integral o cumplir con las reglas fiscales, el ente rector de las finanzas públicas, deberá hacer los ajustes para reducir los egresos respectivos para asegurar una eficiente y adecuada ejecución presupuestaria.

Las entidades del sector público que no pertenezcan al Presupuesto General del Estado deberán ajustar sus presupuestos en la proporción en la que se reduzcan sus asignaciones desde el Presupuesto General del Estado. Para el efecto de la reducción de los presupuestos de las entidades del sector público, el ente rector de las finanzas públicas, establecerá los lineamientos para que cada nivel de gobierno revise los techos presupuestarios por entidad.

Estas modificaciones durante la ejecución del presupuesto prorrogado serán incluidas en los informes de ejecución semestral.

Una vez aprobado el Presupuesto General del Estado por parte de la Asamblea Nacional, el ente rector de las finanzas públicas, en el término de 30 días, actualizará el presupuesto codificado a la fecha de aprobación del presupuesto del año en curso.

Hasta que se apruebe el Presupuesto Público de cada gobierno autónomo descentralizado del año en que se posesiona la autoridad de elección popular, regirá el Presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior.

Una vez aprobado el presupuesto público de cada gobierno autónomo descentralizado, de sus empresas públicas y sus entidades adscritas, por parte de sus respectivas instancias de aprobación conforme la legislación aplicable y a este reglamento, la Dirección Financiera correspondiente, en el término de 30 días, actualizará el presupuesto codificado a la fecha de aprobación del presupuesto del año en curso.

Es la etapa del ciclo presupuestario que permite expresar los resultados de la programación para el año siguiente a nivel de presupuesto anual bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios emitidos por el ente rector de las finanzas públicas, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo y comprensión y permitir su agregación y consolidación.

Los presupuestos se estructurarán según la ubicación que corresponda a las instituciones en la conformación del sector público; la naturaleza económica de los ingresos y gastos; las finalidades que se persiguen de estos últimos; sin perjuicio de otras clasificaciones que se estimen pertinentes en aplicación del principio de transparencia.

Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos que permiten organizar, registrar y presentar, la información que nace de las operaciones correlativas al proceso presupuestario, las mismas que tendrán el carácter de obligatorios para todo el sector público. Las clasificaciones presupuestarias se expresarán en los correspondientes catálogos y clasificadores que serán definidos y actualizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, considerando para el efecto los requerimientos institucionales, entre otros.

La aplicación de los clasificadores presupuestarios de ingresos y egresos emitidos por el ente rector de las finanzas públicas tendrán el carácter de obligatorios para todas las entidades del sector público.

El Presupuesto General del Estado, los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, los de las empresas públicas, de las entidades de seguridad social, y los de la banca pública, contendrán todos los ingresos, egresos y financiamiento. Los presupuestos serán consistentes con el respectivo Plan Nacional de Desarrollo, programación presupuestaria cuatrianual, programación fiscal, planes institucionales, directrices presupuestarias y reglas fiscales.

En el financiamiento de los presupuestos se deberá incluir los valores proyectados correspondientes a las aplicaciones y fuentes de financiamiento por: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, atrasos e instrumentos de liquidez, que impliquen variaciones de los saldos en las cuentas contables al finalizar el ejercicio fiscal.

En los presupuestos de las entidades públicas se deberán prever las asignaciones para el cumplimiento de sus obligaciones legales tanto las convencionales como las contractuales, incluyendo las obligaciones de ejercicios anteriores, cuotas y aportes correspondientes a compromisos internacionales, y el servicio de la amortización e intereses de la deuda pública. Además, dentro del presupuesto de inversión se deberán identificar las asignaciones para proyectos de inversión pública de aquellas destinadas para el cumplimiento de obligaciones de proyectos de gestión delegada, incluidas las derivadas de contratos de asociaciones público- privadas.

ARTÍCULO (...). Anexos justificativos a la Proforma. El ente rector de las finanzas públicas elaborará la proforma del Presupuesto General del Estado de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas definidas para el efecto. La proforma del Presupuesto General del Estado deberá contener los anexos conforme el artículo 99 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas incluidos los criterios de calidad del gasto público y otros que determine el ente rector de las finanzas públicas.

En la proforma del Presupuesto General del Estado se harán constar los programas y proyectos de inversión que estén incluidos en el Plan Anual de Inversiones, de conformidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y este Reglamento, los que se sujetarán a los techos de gasto establecidos por el ente rector de las finanzas públicas, con sus fuentes de financiamiento.

Para el resto de entidades del sector público, en sus proformas constarán los programas y proyectos de inversión que sean aprobados por las instancias correspondientes en los planes de inversión anuales y plurianuales.

En todos los casos, la inclusión de programas y proyectos de inversión en la Proforma Presupuestaria, deberán estar acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y con los criterios de sostenibilidad fiscal, optimización y calidad del gasto que se emitan para el efecto por el ente rector de las finanzas públicas.

Las entidades del sector público podrán realizar donaciones o asignaciones no reembolsables a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, destinadas a investigación científica, educación, salud, inclusión social y donaciones para la ejecución de programas o proyectos prioritarios de inversión en beneficio directo de la colectividad, priorizados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en el caso de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado o por la instancia correspondiente para el resto de entidades públicas.

En el caso de que se traten de asignaciones de gasto permanente no requerirán ser priorizados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

Estas asignaciones deben constar en los respectivos presupuestos institucionales, en el ámbito de competencia de cada entidad pública. Para este efecto deberán considerar lo siguiente:

1. Toda transferencia a organismos privados debe responder a un proceso de Planificación que permita evidenciar con claridad los objetivos, metas, productos y/o servicios públicos que están prestando a través de organismos privados;

2. Las transferencias de recursos para la ejecución de entes privados deberán ser exclusivamente para temas en el ámbito de las competencias de cada entidad pública otorgante, de conformidad con la Ley;

3. En los convenios debe estipularse claramente el plazo de vigencia de la donación, es decir, que no sea de renovación tácita e indefinida;

4. Las transferencias a universidades privadas se harán exclusivamente a través de la entidad nacional encargada de la educación superior, ciencia, tecnología e innovación, en el caso de la Función Ejecutiva;

5. No se podrán efectuar transferencias para propósitos respecto de los cuales las instituciones deberían realizarlos a través de procesos de contratación pública;

6. Previo al proceso de renovación de un convenio para una transferencia se deberá evaluar los resultados obtenidos; y,

7. Para el caso de las entidades que pertenecen al Presupuesto General del Estado, se debe enviar copia simple del convenio al Ministerio de Economía y Finanzas, para seguimiento y registro.

Los consejos o gabinetes sectoriales de política, en el caso de la función ejecutiva; los consejos provinciales y regionales y los concejos municipales o metropolitanos en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados; mediante resolución establecerán los criterios y orientaciones generales que, enmarcándose en la señalado en este artículo, deberán observar sus entidades dependientes para la realización de las indicadas transferencias. Las entidades de la Función Ejecutiva que no pertenezcan a un consejo o gabinete sectorial de política deberán ser priorizadas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

El Estado podrá realizar donaciones a otros Estados en el caso de emergencias y catástrofes internacionales, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad, con la determinación del monto y destino de los recursos donados.

Se podrá establecer asignaciones presupuestarias no reembolsables a favor de organismos internacionales y/o a sus representantes ecuatorianos, exclusivamente de aquellos en los que el Ecuador sea miembro siempre que se cuenten con los recursos presupuestarios suficientes para atender tal obligación.

Las proformas presupuestarias de las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado, remitidas al ente rector de las finanzas públicas, serán sometidas al análisis y validación de su consistencia técnica presupuestaria y de los lineamientos emitidos en las directrices sobre los techos presupuestarios globales, institucionales y de gasto considerando las prioridades institucionales definidas, su alineación a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y la progresividad y garantía de derechos constitucionales.

En lo referido a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido incorporados en el Plan Anual de Inversiones (PAI), o que hubieren obtenido la prioridad por parte del ente rector de la planificación, de conformidad con la normativa vigente. Dichas proformas deben elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la programación fiscal, las directrices presupuestarias con los techos y la Programación Presupuestaria Cuatrianual institucional correspondiente. Toda planificación de gasto permanente y gasto no permanente de las entidades, deberá observar el techo de gasto comunicado por el ente rector de las finanzas públicas. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, deberán elaborar su Plan de Ejecución de Obras.

Para el caso en que las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado que no hayan remitido su proforma presupuestaria dentro del plazo establecido, el ente rector de las finanzas públicas la elaborará por su cuenta, considerando entre otros, el presupuesto codificado vigente y los lineamientos contenidos en las directrices sobre los techos presupuestarios globales, institucionales y de gasto, su alineación a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y la progresividad y garantía de derechos constitucionales.

Como parte de dicho proceso se deberán efectuar los ajustes necesarios para que exista la debida coherencia de la proforma presupuestaria con los techos presupuestarios institucionales y de gasto.

El contenido básico de la presentación de la proforma del Presupuesto General del Estado será definido a través de la respectiva norma técnica emitida por el ente rector de las finanzas públicas.

Para el resto de instituciones del sector público, se aplicará esta norma en lo que sea pertinente.

La máxima autoridad institucional y el responsable de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las unidades administrativas y de Planificación, serán responsables de elaborar la programación y formulación presupuestaria institucional.

ARTÍCULO (...). Excedentes al cierre del ejercicio fiscal anterior. Los valores considerados como excedentes del año fiscal anterior, deberán corresponder a los que fueron registrados en sus estados financieros como resultado de ese ejercicio fiscal y serán revisados por el ente rector de las finanzas públicas, sobre la base de la normativa técnica que este emita para el efecto.

ARTÍCULO (...). Asignación presupuestaria para contingencias fiscales. El ente rector de las finanzas públicas deberá incluir en la proforma del Presupuesto General del Estado una asignación en el gasto que constituirá el Fondo de Contingencias del Presupuesto General del Estado, con el objeto de atender las posibles contingencias generadas por la materialización de riesgos fiscales. La fuente de financiamiento de dicho gasto será evaluada por el ente rector de las finanzas públicas.

El Fondo de Contingencias se conformará por provisiones específicas y generales.

1. Provisiones Específicas: Aquellas vinculadas a riesgos fiscales identificados, analizados, cuantificados y priorizados, incluyendo aquellos derivados de los contratos de asociación público-privada y gestión delegada que cuenten con dictamen previo de sostenibilidad y riesgos fiscales.

   1. provisiones para riesgos fiscales con alta probabilidad de materialización, que hayan sido aprobadas por el ente rector de las finanzas públicas para lo cual se observarán las Normas Internacionales Contables del Sector Público;

   2. provisiones para riesgos fiscales en donde la probabilidad de no materialización sea mayor a la de materialización, o baja probabilidad de materialización, y que el ente rector de las finanzas públicas haya aprobado su cobertura con este mecanismo; para lo cual, se asignará un nivel de provisión en función de la metodología emitida por el ente rector de las finanzas públicas.

2. Provisiones Generales: serán aquellas que se deriven de una de las siguientes metodologías o una combinación de las mismas: la política de prevención, mitigación y gestión de riesgos fiscales; el monto promedio de los riesgos fiscales materializados con impacto sobre los ingresos y gastos fiscales del Presupuesto General del Estado de los últimos 5 ejercicios fiscales; los ingresos y egresos probables asociados por la materialización de eventos imprevistos o no identificados futuros, resultado del análisis de riesgos fiscales; otros que el ente rector de las finanzas públicas defina para el efecto. Estas provisiones serán de carácter general y no estarán ligadas a eventos específicos y podrán utilizarse según los objetivos de la política económica del Estado.

   Las provisiones específicas serán exclusivamente utilizadas para el caso de materialización de los riesgos por los cuales fueron constituidas, sin posibilidad de reducción, reasignación o eliminación. Las provisiones generales constituidas dentro del fondo de contingencia podrán modificarse según necesidad y justificación determinada por el ente rector de las finanzas públicas, con el fin de cubrir la materialización de otros riesgos fiscales.

   El monto determinado para la asignación para contingencias fiscales no podrá ser superior al 3% del gasto total del Presupuesto General del Estado luego de descontar el porcentaje correspondiente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

   ARTÍCULO (...). Uso de la asignación para contingencias fiscales. El ente rector de las finanzas públicas podrá realizar modificaciones presupuestarias con cargo a la asignación de contingencias fiscales para atender únicamente la materialización de los riesgos fiscales, previo informe motivado donde se sustente la cuantificación del riesgo fiscal materializado y el uso acumulado de la asignación para contingencias que resulte de esta aplicación.

   El reporte de la materialización de riesgos fiscales deberá ser utilizado para la comprobación de los eventos imprevistos, así como del monto del gasto adicional para la mitigación correspondiente.

   Las asignaciones serán aprobadas previo informe técnico de la unidad requirente y de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias. Al final del ejercicio fiscal la asignación no utilizada se liquidará.

   Estas modificaciones no podrán incrementar el techo presupuestario global del Presupuesto General del Estado, salvo en los casos de gastos relacionados a la atención de los estados de excepción.

   El seguimiento y evaluación de estas modificaciones presupuestarias deberá incluirse en los informes semestrales de ejecución del Presupuesto General del Estado y deberá incluir las acciones y planes de mitigación.

   Los procedimientos para la utilización de la citada asignación deberán emitirse por la norma técnica correspondiente

   ARTÍCULO ... Mecanismos de pago por la materialización de riesgos fiscales - En caso de materialización de riesgos fiscales, incluyendo los derivados de los contratos de asociación público-privadas y gestión delegada, se deberá observar:

1. Para aquellos riesgos con provisiones específicas en el Fondo de Contingencias del Presupuesto General del Estado o con cobertura mediante fideicomisos, garantías de terceros u otros mecanismos, las entidades responsables deberán emitir los informes de justificación que correspondan y solicitar la ejecución de los mecanismos de cobertura en la parte de obligación que sea exigible. En caso de que las provisiones o coberturas especificas no sean suficientes para cubrir con las obligaciones exigibles por materialización de riesgos fiscales, se podrá complementar con la utilización de las provisiones generales del Fondo de Contingencias del Presupuesto General del Estado.

2. En caso de que el riesgo materializado no tenga provisiones específicas en el Fondo de Contingencias del Presupuesto General del Estado, u otros mecanismos de cobertura como los indicados en el numeral anterior, la entidad responsable deberá coordinador con el ente rector de las finanzas públicas para la determinación del mecanismo que permita el cumplimiento de las obligaciones exigibles, tales como uso de provisiones generales del Fondo de Contingencias del Presupuesto General del Estado, incorporación en el presupuesto general del Estado de ejercicios fiscales posteriores, reorganización del presupuesto institucional de la entidad responsable u otros que se contemplen en la normativa que emita el ente rector de las finanzas públicas. Se podrá optar por uno de esos mecanismos o varios de ellos para cubrir las obligaciones exigibles generadas por la materialización de un mismo riesgo. La determinación del mecanismo para el cumplimiento de la obligación exigible, deberá contar con un informe de justificación, considerando las particularidades especificas del riesgo materializado.

   ARTÍCULO (...). Límites para riesgos fiscales derivados de Asociaciones Público-Privadas y otros contratos de gestión delegada. El ente rector de las finanzas públicas como parte de la política de prevención, mitigación y gestión de riesgos fiscales, establecerá de manera bianual los límites máximos del valor presente neto de riesgos fiscales derivados de contratos de asociación público-privados y de gestión delegada que el Estado podrá asumir, así como también el valor presente neto máximo de pagos firmes que el Estado podrá comprometer por los contratos de gestión delegada que pudiere suscribir. Los límites serán establecidos como porcentaje del PIB nominal del año inmediato anterior publicado por el Banco Central del Ecuador. Este valor será comunicado a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas para su conocimiento y ejercicio de sus funciones.

   Las obligaciones firmes vinculadas a los contratos de asociación público-privada o de gestión delegada no podrán superar el treinta y cinco por ciento (35%) del presupuesto de inversión de cada entidad delegante. Para este límite no serán consideradas las obligaciones exigibles producto de materialización de riesgos fiscales.

   En las entidades que no forman parte de la administración pública central, el límite de compromisos firmes y contingentes que podrían asumir en sus respectivos programas de proyectos de Asociación Público-Privada y gestión delegada, podrán será fijados en ejercicio de sus competencias por los órganos de aprobación que correspondan, tomando como referencia la guía técnica que expida el ente rector de las finanzas públicas. En las entidades del sector de la seguridad social, los límites determinará el ente rector de ese sector.

   ARTÍCULO (...). Presupuestación de contingentes de gestión delegada como pagos firmes. Los pasivos contingentes o riesgos fiscales derivados de contratos de asociación público-privada o gestión delegada, con una probabilidad de materialización del noventa por ciento o superior, o con certidumbre en su materialización pero incertidumbre en el monto en caso de su materialización, las Entidades Delegantes deberán considerar los rubros razonablemente estimados como pagos ciertos o firmes e incluirlos en su presupuesto institucional hasta el límite establecido en este Reglamento, para aprobación del ente rector de las finanzas públicas. Se consideran pagos ciertos o firmes aquellos destinados a pagos por disponibilidad, pagos por uso, peajes sombra, subsidios a la inversión, pagos por obra, pagos por ingresos mínimos garantizados y otros de similar naturaleza.

   Así mismo, sobre los riesgos fiscales derivados de contratos para la inversión pública, se propenderá, dentro de sus posibilidades lógicas de mercado y urgencia de pago, a incluir dentro de las estipulaciones contractuales que los pagos por sus materializaciones sean programados para ser pagados mediante pagos firmes con el Presupuesto General del Estado de ejercicios fiscales posteriores. En esta categoría se considerarán a los pagos derivados de una terminación anticipada de los contratos de obra pública o de gestión delegada incluyendo asociaciones público-privadas.

   ARTÍCULO (...). Materialización de pasivos contingentes. El ente rector de las finanzas públicas o entidades delegantes, podrán solicitar al ente rector de la planificación nacional, la priorización e inclusión en el Plan Anual de Inversiones, de proyectos de inversión pública para el pago obligaciones firmes o materialización de pasivos contingentes, derivados de contratos de gestión delegada incluidas asociaciones público-privadas.

   ARTÍCULO (...). Anticipos a los excedentes proyectados al cierre del ejercicio fiscal en curso. Los valores producto de una mayor recaudación de ingresos, o de una optimización, priorización, redefinición o baja ejecución de gastos durante el ejercicio fiscal en curso, podrán ser considerados como parte de los excedentes proyectados al cierre de ese ejercicio fiscal, siempre y cuando no comprometan la operatividad de la empresa pública. Estos recursos deberán ser considerados como Anticipos de Excedentes y ser transferidos a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, previa solicitud del ente rector de las finanzas públicas y aprobación de los directorios institucionales.

   ARTÍCULO (...). Liquidación de excedentes generados en el ejercicio fiscal anterior. La Empresa Pública Nacional o la Entidad Financiera, hasta el 31 de marzo del año en curso, deberá realizar la liquidación de los excedentes y de los anticipos transferidos al Tesoro Nacional en el ejercicio fiscal anterior, con el objetivo de validar los montos que inicialmente se proyectaron por ese concepto, durante la ejecución del ejercicio fiscal anterior, en base a la norma técnica emitida para el efecto. Para ello, hasta el 31 de marzo del año en curso se deberá reportar al ente rector de las finanzas públicas la información financiera correspondiente a dicho ejercicio fiscal para su validación, sobre la base de la norma técnica que emita para el efecto el ente rector de las finanzas públicas.

   ARTÍCULO (...). Dictamen vinculante respecto a los planes de inversión y reinversión de las empresas públicas. Durante el proceso de formulación de la Proforma del Presupuesto General del Estado, el ente rector de las finanzas públicas revisará los planes de inversión y reinversión de las empresas públicas, quienes acogerán de manera obligatoria, las observaciones y ajustes producto de dicha revisión.

   De manera posterior, y una vez que la Asamblea Nacional haya aprobado el Presupuesto General del Estado, el ente rector de las finanzas públicas comunicará a las empresas públicas de la Función Ejecutiva, el monto estimado que por concepto de excedentes: a) deberán transferirse al Presupuesto General del Estado, y b) deberán financiar sus planes de inversión y reinversión.

El Presupuesto General del Estado y los presupuestos de las demás instituciones del sector público serán aprobados conforme las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias y técnicas pertinentes.

Si la Asamblea Nacional aprueba la proforma presupuestaria y la programación presupuestaria cuatrienal sin observaciones, o en su defecto no se pronuncia sobre la misma en los plazos establecidos, la Presidencia de la República dispondrá su promulgación en el Registro Oficial.

Si la Asamblea Nacional tiene observaciones respecto a la proforma presupuestaria y/o la programación presupuestaria cuatrienal, el Ministerio de Economía y Finanzas pondrá a consideración de la Presidenta o del Presidente de la República dicho evento, para enviar una nueva propuesta, ratificar la propuesta original o aceptar la propuesta de la Asamblea.

Una vez aprobados los presupuestos del resto de entidades del sector público, conforme a la legislación aplicable y a este reglamento, estos serán enviados al Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo de 30 días contados a partir de su aprobación, para su conocimiento y consolidación en medio electrónico.

En caso de incumplimiento el Ministerio de Economía y Finanzas dispondrá al Banco Central o al Banco Público correspondiente la aplicación de créditos o débitos con cargo a las cuentas/subcuentas que mantienen dichas entidades a fin de mantener la consistencia antes citada. Dichos bancos deberán efectuar estas transacciones de manera inmediata sin requisito previo adicional.

Con fines de registro de información, las instituciones que no forman parte del Presupuesto General del Estado enviarán al Ministerio de Economía y Finanzas sus presupuestos aprobados, en forma física y magnética, en el transcurso de los 30 días posteriores a su aprobación. La unidad encargada del Ministerio de Economía y Finanzas receptará y recopilará a dicha información.

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de proveer los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.

Constituyen instrumentos esenciales de la administración financiera pública y de la ejecución presupuestaria, las normas, el clasificador presupuestario de ingresos y egresos, los catálogos, las herramientas informáticas y las estadísticas presupuestarias de cada entidad del sector público, entre otros.

Una vez aprobado el Presupuesto General del Estado, el ente rector de las finanzas públicas establecerá una programación financiera mensual inicial basada en el plan financiero del Tesoro Nacional y particularidades propias del funcionamiento misional las entidades.

La programación financiera de la ejecución del Presupuesto General del Estado deberá contener cuotas periódicas de compromiso y devengado, así como las aplicaciones y fuentes de financiamiento, de conformidad con los techos presupuestarios y la norma técnica respectiva.

Las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado podrán modificar su programación financiera mensual inicial, dentro de los márgenes establecidos en la norma técnica que se emita para el efecto, teniendo en cuenta su plan de compromisos y devengos y sin superar los techos presupuestarios, sin necesidad de la autorización previa del ente rector de las finanzas públicas.

En función de los techos presupuestarios y proyecciones de ingresos y financiamiento, el ente rector de las finanzas públicas revisará y aprobará las modificaciones de las programaciones financieras de la ejecución presupuestaria que superen los márgenes referidos en el inciso anterior y si es necesario, las reajustará o las rechazará de ser el caso.

Para el Presupuesto General del Estado, basándose en la programación fiscal y su actualización, así como, en el Plan Financiero del Tesoro Nacional, y para el mejor cumplimiento de las reglas fiscales, el ente rector de las finanzas públicas podrá actualizar las cuotas periódicas de compromiso y devengo del año presupuestario que se ejecuta. Las modificaciones de las programaciones financieras solicitadas que superen los márgenes durante la ejecución por las instituciones deberán informar de sus causas y requieren de autorización previa del ente rector de las finanzas públicas.

El resto de las entidades que no conforman el Presupuesto General del Estado deberán realizar de manera obligatoria su programación financiera anual, la que deberá contener cuotas periódicas de compromiso y devengo del gasto según lo dispuesto en las normas técnicas emitidas por el ente rector de las finanzas públicas.

La máxima autoridad de cada entidad del sector público y los servidores o servidoras encargadas del manejo financiero institucional serán responsables por el control interno, la gestión y el cumplimiento de objetivos y metas, así como de observar estrictamente las disposiciones contenidas en el presente reglamento y las normas técnicas respectivas emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La certificación presupuestaria plurianual implica un precompromiso al techo presupuestario disponible de los siguientes años, iniciando por el año actual o el inmediato siguiente. Se podrá emitir certificaciones presupuestarias plurianuales en gasto de inversión, únicamente para programas y/o proyectos de inversión incluidos en el plan plurianual de inversión vigente a la fecha y en gastos permanentes y de capital, de conformidad con las normas técnicas que emitan conjuntamente el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

Las certificaciones plurianuales deberán enmarcarse en los techos determinados en la programación presupuestaria cuatrianual aprobada por la Asamblea Nacional, y a los techos presupuestarios por la unidad de administración financiera, emitidos de conformidad con la norma técnica expedida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Si finalizado el año fiscal en el cual se emitió la certificación presupuestaria plurianual, no se han generado los compromisos respectivos, esta se entenderá por anulada.

Una vez generado el compromiso para el que se emitió la certificación plurianual, la institución tiene la obligación de registrar y afectar el techo presupuestario en los correspondientes presupuestos, tanto del año vigente como de los años inmediatos siguientes.

En el caso de afectación a los presupuestos de los siguientes años, el responsable financiero institucional verificará obligatoriamente durante los primeros diez días del mes de enero del año respectivo, que los valores comprometidos en años anteriores se encuentren afectados en el presupuesto del ejercicio vigente. No podrá certificar o comprometer recursos nuevos, mientras no haya realizado dicha verificación.

Las entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado, podrán solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas certificaciones presupuestarias plurianuales cuando los recursos provengan de dicho presupuesto. En el caso de programas y proyectos de inversión deberán constar en el plan plurianual de inversión vigente.

Las entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado, podrán emitir certificaciones presupuestarias plurianuales de conformidad con las siguientes reglas:

1. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, el techo de certificaciones presupuestarias plurianuales para inversión será como máximo lo correspondiente a inversiones de las transferencias asignadas por ley, del Estado Central del año anterior al que se certifica. Dicho techo deberá ser aprobado por el órgano legislativo correspondiente de cada gobierno autónomo descentralizado;

2. En el caso de la banca pública y de las empresas públicas, los techos de las certificaciones presupuestarias plurianuales serán aprobados por los respectivos directorios, de conformidad con la norma técnica que se expida para el efecto; y,

3. En el caso de las instituciones de la seguridad social, los techos de las certificaciones presupuestarias plurianuales serán aprobados por los respectivos consejos directivos, de conformidad con la norma técnica que se expida para el efecto.

Respecto a los proyectos del plan plurianual de inversión, ninguna entidad u organismo del sector público, así como ningún servidor público, contraerá compromisos celebrará contratos o convenios, autorizará o contraerá obligaciones, respecto de recursos financieros, sin que exista la respectiva certificación plurianual.

ARTÍCULO (...). Certificación presupuestaria del Presupuesto General del Estado para Proyectos bajo modalidades de delegación al sector privado. En los proyectos aprobados bajo la modalidad de asociación público-privada o cualquier otra modalidad de delegación al sector privado, el ente rector de las finanzas públicas, podrá certificar y comprometer recursos originados en pagos por disponibilidad o cualquier otro mecanismo que incluya aportes públicos.

La certificación presupuestaria deberá considerar la programación fiscal cuatrianual vigente, sobre la base de la cual el ente rector de las finanzas públicas fijará los límites máximos de recursos para los contratos. La certificación se realizará por un monto total respecto a los pagos ciertos por servicios e inversión y se determinará un valor para cada ejercicio fiscal del periodo de vigencia de la programación fiscal plurianual. Además, se aplicará por ítem presupuestario en el presupuesto de la entidad delegante administradora del contrato.

Las certificaciones plurianuales serán emitidas como asignación en gastos corrientes, capital o inversión y de financiamiento, según corresponda de acuerdo a la naturaleza del gasto y las normas presupuestarias. Se podrán aprobar reprogramaciones de las certificaciones presupuestarias, debidamente justificadas, siempre que no incrementen el monto total del proyecto, se disponga de recursos en la caja fiscal, se demuestre el devengo en el gasto, no se concentre más del 5% de ese monto en el periodo fiscal vigente y no superen el límite establecido en la normativa vigente. No podrán acumularse espacios presupuestarios de ejercicios fiscales anteriores y tampoco reclasificarse los espacios certificados entre gastos permanentes y no permanentes.

Las certificaciones correspondientes a gastos relacionados a programas y proyectos de inversión se emitirán luego de que el ente rector de la planificación nacional incluya los valores correspondientes en el Programa de Inversiones Anual y Cuatrienal.

Si la certificación presupuestaria excede el periodo de 4 años, el ente rector de las finanzas públicas y el ente rector de la planificación nacional deberán incluir en cada nueva programación presupuestaria cuatrienal los valores restantes correspondientes al cuatrienio respectivo, hasta la extinción del compromiso, conforme la programación de la entidad delegante que administra el contrato.

Sobre la base de la certificación presupuestaria plurianual emitida, se podrán establecer compromisos financieros para cada ejercicio fiscal.

ARTÍCULO (...). Las entidades públicas delegantes responsables de ejecutar contratos bajo la modalidad de asociación Público - Privada u otras modalidades de delegación al sector privado, deberán otorgar la certificación presupuestaria y establecer los compromisos plurianuales, de acuerdo a la programación cuatrienal aprobada por la Asamblea Nacional.

Las empresas públicas constituidas por la Función Ejecutiva no podrán ejecutar su presupuesto aprobado sin haber suscrito el convenio de excedentes con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Cada entidad del sector público podrá emitir certificaciones presupuestarias anuales solamente en función de su presupuesto aprobado. La certificación presupuestaria anual implica un compromiso al espacio presupuestario disponible en el ejercicio fiscal vigente. Los compromisos generados pueden modificarse, liquidarse o anularse, de conformidad con la norma técnica expedida para el efecto.

Ninguna entidad u organismo del sector público, así como ningún servidor público, contraerá compromisos celebrará contratos o convenios, autorizará o contraerá obligaciones, respecto de recursos financieros, sin que exista la respectiva certificación anual o plurianual según sea el caso, salvo los casos previstos en el artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

El compromiso se reconoce o materializa cuando la autoridad competente formaliza el acto administrativo por el cual conviene con terceros la provisión de bienes o servicios, transferencias o subvenciones, pudiendo consistir inclusive en documento del funcionario competente que los autoriza, o se fundamenta en la contratación respectiva.

Este acto produce la afectación de la asignación presupuestaria del año en curso por el monto del compromiso que se estima se materializará en obligación durante el ejercicio fiscal vigente.

Las entidades mantendrán registro actualizado de los valores comprometidos plurianualmente de conformidad con la norma técnica que el Ministerio de Economía y Finanzas emita para el efecto.

El monto reconocido como compromiso no podrá anularse, pero puede aumentar o disminuir cuando justificadamente ha variado la expectativa de reconocimiento de obligaciones hasta la finalización del ejercicio.

Las instituciones podrán proponer reprogramaciones financieras de compromisos, en función de su presupuesto aprobado y las regulaciones que para el efecto emita el Ministerio de Economía y Finanzas.

La anulación total o parcial de un compromiso implica la anulación de la certificación presupuestaria por el monto equivalente. La anulación total o parcial de la disponibilidad presupuestaria comprometida en un anticipo ya otorgado, o cuyo espacio se requiera para la normal ejecución del programa y/o proyecto durante el ejercicio fiscal vigente se constituye en nula.

El reconocimiento de la obligación o devengado se establece mediante acto administrativo expreso, en el que la autoridad reconoce una obligación a un tercero, como consecuencia de la recepción de los bienes, obras y servicios previamente convenidos o contratados, adquiridos por autoridad competente.

El devengamiento podrá generarse y registrarse simultáneamente con la generación del compromiso presupuestario, en el caso de que la obligación se produzca sin la contraprestación respectiva, de acuerdo con lo que dispongan las normas técnicas. La obligación causará la afectación del compromiso y del devengado por el mismo monto.

Si el Ministerio de Economía y Finanzas comprueba que las empresas constituidas por la Función Ejecutiva no han ejecutado el presupuesto programado por razones no justificadas, ordenará a la Banca Pública un débito inmediato de las cuentas de las empresas públicas a la cuenta Única del Tesoro Nacional para garantizar el manejo integrado de la liquidez del sector público y/o la disminución de las transferencias del Presupuesto General del Estado hacia la empresas según sea el caso. Dichos Bancos deberán acatar dicha disposición sin requisito previo adicional.

Son los cambios en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las cantidades asignadas, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de cada: uno de los componentes de la partida presupuestaria.

En los casos en que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación a la programación de la ejecución presupuestaria, se deberá realizar su correspondiente reprogramación.

Las modificaciones presupuestarias son: i) cambios en el monto total aprobado por el respectivo órgano competente; ii) inclusión de programas y/o proyectos de inversión no contemplados en el Plan Anual de Inversión y iii) traspasos de recursos sin modifica el monto total aprobado por el órgano competente. Estas modificaciones pueden afectar a los ingresos permanentes o no permanentes y/o egresos permanentes o no permanentes de los Presupuestos. El primer tipo de modificación puede corresponder a un aumento o a una disminución.

Para el Presupuesto General del Estado las modificaciones presupuestarias que alteran el monto total de los ingresos y gastos, en el Presupuesto General del Estado aprobado por la Asamblea Nacional, sin tener que pedir su autorización, solamente pueden realizarse conforme a la ley. La misma regla aplica en caso de decrementos.

El Ministerio de Economía y Finanzas, emitirá la norma técnica que regulará los procedimientos correspondientes y ámbitos de competencia de las modificaciones presupuestarias.

ARTÍCULO (...). Modificaciones al Presupuesto General del Estado por parte de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional únicamente aprobará aumentos de ingresos, egresos y financiamiento que modifiquen los niveles fijados en el Presupuesto General del Estado que superen el porcentaje de aumento facultado al ejecutivo con las excepciones establecidas en el Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas. El Presidente de la República, a requerimiento del ente rector de las finanzas públicas, solo podrá proponer a la Asamblea "Nacional la aprobación de los incrementos al Presupuesto General del Estado durante la ejecución del mismo.

Las citadas modificaciones al Presupuesto General del Estado deberán fundamentarse en la propuesta del ente rector de las finanzas públicas en una exposición general sobre su justificación, detalle de las modificaciones propuestas al Presupuesto General del Estado aprobado, además deberá evidenciarse que se dispone del respectivo financiamiento.

El trámite para modificación al Presupuesto General del Estado ante la Asamblea Nacional se iniciará con la solicitud de modificación que incluirá una exposición general sobre su justificación, especificación de las modificaciones propuestas al Presupuesto General del Estado aprobado y otros asuntos que se determinen por el ente rector de las finanzas públicas.

La Asamblea Nacional aprobará u observará el incremento conforme el trámite previsto en el artículo 295 de la Constitución de la República del Ecuador.

Las entidades podrán solicitar la actualización del dictamen de prioridad de los estudios, proyectos y/o programas en cualquiera de los siguientes casos:

1. Para alineación a un nuevo Plan Nacional de Desarrollo;

2. Para incrementar más del 15% el monto priorizado en el dictamen vigente, siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestaria del ente rector de las finanzas públicas; o,

3. Para suscribir y/o modificar las condiciones de los contratos de préstamo, convenios o instrumentos de cooperación no reembolsable a fin de continuar la ejecución de los estudios, programas o proyectos de inversión pública.

Las instituciones no podrán solicitar la modificación de los objetivos de los programas y/o proyectos de inversión pública. Sin embargo, durante el proceso de actualización, las metas propuestas pueden ser incrementadas o su redacción modificada para una mayor claridad. Así mismo, se podrá incrementar componentes sin modificar los que se encuentren en ejecución. Finalizado el periodo de vigencia de la prioridad o actualización, la entidad deberá proceder con el cierre y/o baja según corresponda.

Para el cumplimiento del presente artículo, el ente rector de planificación y el ente rector de las finanzas públicas emitirán las normativas que regulen los procedimientos correspondientes, en el marco de lo previsto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

ARTÍCULO (...). Inclusión de convenios por prestación de servicios de proveedores del estado. Las entidades del Presupuesto General del Estado que suscriban cualquier tipo de convenios por pago de prestación de servicios a proveedores, deberán contar con montos referenciales y techos presupuestarios institucionales y de gasto para la construcción de proformas institucionales y ejecución presupuestaria. Los montos establecidos para el efecto no deberán superar los valores máximos establecidos por el ente rector de las finanzas públicas. Dichos convenios incluyen aquellos que son destinados para la prestación de servicios de salud.

Del mismo modo, se priorizarán aquellas obligaciones que fueron contraídas mediante procesos competitivos regulados por el ente rector del Sistema Nacional de Contratación Pública para regularizar la suscripción de convenios de pago en las entidades del Presupuesto General del Estado.

La suscripción de convenios por prestación de servicios de proveedores del Estado, estará sujeta a la disponibilidad de presupuestaria a través de los techos presupuestarios establecidos para el efecto. Los convenios de las entidades deberán ser suscritos nuevamente de acuerdo a la normativa técnica que emita el ente rector de finanzas públicas.

ARTÍCULO (...).- Actualización de dictamen de prioridad.

Las modificaciones presupuestarias del plan anual de inversiones podrán ser solicitadas al ente rector de la planificación, el cual emitirá un dictamen favorable sobre incrementos de los presupuestos de inversión totales de una entidad ejecutora, únicamente a nivel de programa y/o proyecto, en el marco de lo dispuesto en el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Uno de los requisitos necesarios para este procedimiento será contar con la disponibilidad presupuestaria emitida por el ente rector de las finanzas públicas.

Con el dictamen favorable del ente rector de la planificación, el ente rector de las finanzas públicas procederá a realizar la modificación presupuestaria en función del espacio presupuestario, los techos respectivos y otros elementos que considere pertinentes.

Las modificaciones presupuestarias, relacionadas a traspasos de recursos de una entidad a otra y/o entre estudios, programas y proyectos de inversión pública se realizarán en función de los lineamientos establecidos por el ente rector de la planificación nacional.

Los presupuestos institucionales pueden ser objeto de aumentos y/o disminuciones de los ingresos y gastos. El ente rector de las finanzas públicas emitirá la norma técnica que regulará los procedimientos correspondientes y ámbitos de competencia. Los aumentos y disminuciones de ingresos y gastos se deberán registrar en los sistemas informáticos integrados de administración financiera que utilice cada entidad.

Estos aumentos y disminuciones deberán sujetarse: a techos globales, institucionales y de gasto; y, a los límites establecidos para las modificaciones presupuestarias: determinados en el Código de Planificación y Finanzas Públicas.

No se incluirá en los Planes Anuales de Inversiones iniciales los anticipos entregados en años anteriores y que no han sido devengados. Estos se incluirán durante la ejecución presupuestaria de conformidad con los límites que establece la ley. En el caso del Presupuesto General del Estado el Ministerio de Finanzas deberá asignar los montos de los anticipos no devengados en años anteriores respecto a erogaciones permanentes y/o no permanentes, ante el pedido de la entidad ejecutora, sin necesidad de dictámenes adicionales, con su incremento presupuestario e inclusión de programa o proyecto de ser necesario, mismos que no implican erogación de caja adicional. Antes de realizar la solicitud, la entidad ejecutora debe verificar en el caso de erogaciones provenientes del plan de inversiones, que los anticipos correspondan a programas y/o proyectos que formaron parte de los planes de inversión de los presupuestos de inversión de los años respectivos.

Las transferencias de recursos de programas y/o proyectos de inversión que formen parte del Plan Anual de inversión y que se realicen entre instituciones públicas del Presupuesto General del Estado, se realizarán de conformidad con la norma técnica que emita el ente rector de planificación en coordinación con el ente rector de las finanzas públicas.

El Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del Presupuesto General de Estado, podrá asignar recursos de dicho presupuesto a favor de entidades de derecho público fuera del Presupuesto General del Estado, con sujeción a la codificación del mismo.

Las demás entidades que conforman la función Ejecutiva, deberán observar las siguientes normas:

1. Las asignaciones en favor de los gobiernos autónomos descentralizados se realizarán a través del Banco del Estado;

2. Las asignaciones a universidades se realizarán a través de la SENECYT; y

3. Las asignaciones a Bancos Públicos distintos del Banco del Estado y las que tienen como destinatarios las entidades de Seguridad Social, se realizarán a través de cada entidad.

Para regular estas asignaciones el Ministerio de Economía y Finanzas emitirá la norma técnica correspondiente.

La transferencia de las competencias y sus respectivos recursos, se realizará de acuerdo al cronograma dispuesto en el Plan Nacional de Descentralización y conforme lo dispuesto en las respectivas resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Competencias. Estos recursos deben obligatoriamente constar en el Presupuesto General del Estado tanto en el ingreso como en el egreso de acuerdo a lo dispuesto al artículo 80 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos por las instituciones a nivel global, sectorial e institucional y que son producto de la ejecución presupuestaria y del cumplimiento de la Planificación, el ente rector de las finanzas públicas y la entidad rectora de la planificación, coordinarán este proceso en el ámbito de sus competencias.

Se entiende por seguimiento presupuestario al proceso de monitoreo de la ejecución presupuestaria de las entidades que conforman el sector público, y por evaluación al conjunto de procedimientos que permiten determinar los resultados físicos y financieros obtenidos, sus efectos, relevancia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad.

Los procesos de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria contemplan el análisis del grado de ejecución y medición de los resultados en las transacciones de todas las entidades públicas y los impactos de la gestión presupuestaria en la economía y en la sociedad en los ámbitos global, sectorial e institucional, en concordancia con los términos y plazos definidos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y este reglamento.

Durante el desarrollo de estos procesos todas las entidades sujetas al Sistema Nacional de Finanzas Públicas bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas tendrán los siguientes objetivos:

1. Generar información oportuna para la toma de decisiones de las máximas autoridades institucionales;

2. Fomentar el compromiso de los servidores públicos a rendir cuentas ante los ciudadanos;

3. Impulsar el mejoramiento permanente de la gestión presupuestaria de las entidades públicas;

4. Medir el grado de eficacia y eficiencia del gasto en función de metas y productos;

5. Analizar el grado de cumplimiento de la programación plurianual;

6. Medir la efectividad del uso de los recursos asignados a fin de lograr los objetivos propuestos en las principales iniciativas gubernamentales;

7. Dotar de elementos de juicio para la adopción de medidas correctivas desde el ámbito presupuestario, incluyendo restricciones temporales o permanentes de gastos específicos en el marco de las disponibilidades, de verificarse el incumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia del gasto; y,

8. Establecer el impacto del cumplimiento de los objetivos planteados en los programas y proyectos.

Para realizar el seguimiento y evaluación presupuestaria se utilizarán los siguientes instrumentos:

1. Planes de Desarrollo, Planificación Institucional, escenario fiscal de mediano plazo, presupuestos anuales y plurianuales;

2. Las normas técnicas que expida el Ministerio de Economía y Finanzas;

3. Políticas, estrategias, directrices y metas que establezca la entidad rectora de las finanzas públicas en el ámbito de sus competencias;

4. Informes de ejecución presupuestaria; y,

5. Los demás establecidos en las normas que emitan el ente rector de las finanzas públicas o la entidad rectora de la planificación, en el ámbito de sus competencias.

Los órganos competentes dentro de la estructura de cada entidad estarán obligados a entregar/ingresar en los formatos o sistemas informáticos dispuestos para este propósito, toda la información requerida para efecto del seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto de la entidad por parte del ente rector de las finanzas públicas dentro del calendario que éste hubiera fijado, según las normas técnicas e instrucciones que emita periódicamente.

Asimismo, los datos suministrados serán tratados por cada órgano competente para la entrega de la información agregada en el nivel institucional de acuerdo con el artículo 120 de este Reglamento.

El seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria tiene los siguientes niveles:

Nivel Institucional. Constituye el análisis, seguimiento y evaluación física y financiera de cumplimiento de las metas y objetivos, de la eficiencia y eficacia del gasto en los programas, proyectos y actividades institucionales.

Nivel Sectorial. Contiene el análisis de la ejecución de programas, proyectos y actividades en relación a los objetivos y metas sectoriales.

Nivel Global. Comprende el análisis financiero global de la ejecución de ingresos y gastos del Presupuesto frente a sus previsiones? al Plan Anual de Inversiones y al Plan de Desarrollo.

Los procesos de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria comprenderán los siguientes elementos:

1. Grado de cumplimiento de las metas y objetivos. Se determinarán las variaciones ocurridas, con la identificación de las causas de la desviación a través de la correcta aplicación de los indicadores;

2. Grado de eficiencia. Se relaciona con el uso óptimo de los recursos en los programas, actividades y proyectos de las instituciones; y

3. Ajustes para solucionar desvíos. Determinación de correctivos para solucionar las desviaciones encontradas.

Para efectuar el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria y la calidad del gasto público se utilizarán las metas e indicadores de programa y productos institucionales y/o, en su caso, medios de verificación, diseñados de manera coordinada por cada entidad, con el ente rector de las finanzas públicas y el ente rector de la planificación.

El ente rector de las finanzas públicas para el Presupuesto General del Estado y las demás entidades del sector público no financiero y seguridad social en cada nivel de gobierno presentarán informes trimestrales de seguimiento de la ejecución presupuestaria y elementos de calidad del gasto público, de conformidad con las normas técnicas pertinentes que serán publicadas por parte del ente rector de las finanzas públicas. Los informes de ejecución presupuestaria incluirán un resumen de las principales modificaciones presupuestarias del periodo reportado. Estos informes de ejecución se utilizarán para elaborar los informes trimestrales de seguimiento de las reglas fiscales.

El ente rector de las finanzas públicas publicará el informe de ejecución de presupuestaria trimestral del Presupuesto General del Estado a los 60 días de finalizado el trimestre, salvo en el periodo que coincide con el semestral donde se presenta este. Este plazo también será aplicado para publicación de los informes de ejecución presupuestaria y elementos de calidad del gasto público del resto de niveles de Gobierno.

Adicionalmente, el ministro o ministra a cargo de las finanzas públicas efectuará la evaluación financiera global semestral del Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del o la Presidente de la República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días de terminado cada semestre. Para ello, el ente rector de la planificación y el ente rector de las finanzas públicas analizarán la información de evaluación institucional, elaborarán y formularán, cuando así se considere pertinente, recomendaciones concretas para la racionalización de la asignación de recursos presupuestarios, modificaciones presupuestarias, reprogramaciones de la ejecución e insumos para las siguientes fases de programación y formulación de las proformas presupuestarias.

En el caso de que las entidades no hubieren suministrado información para la evaluación, en forma oportuna y con las características solicitadas, se aplicarán sanciones incluyendo lo que determina el artículo 181 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Cada entidad rectora de política pública determinará, en su propia estructura, la unidad administrativa más adecuada para medir, evaluar (ex ante, resultados e impacto) la efectividad y calidad del gasto público y su mejora, sobre la base de los lineamientos y metodologías que emita el ente rector de las finanzas públicas.

Los lineamientos, directrices, normas técnicas y priorizaciones (agenda) para efecto de la medición, evaluación de la efectividad, calidad y eficiencia del gasto público y su mejora serán emitidos por el ente rector de las finanzas públicas, aplicados de manera obligatoria por las unidades de efectividad y calidad del gasto; y, tanto su cumplimiento como resultados serán reportados al ente rector de las finanzas públicas.

Será responsabilidad de la máxima autoridad la definición de la unidad responsable y dotarle de los medios adecuados para el cumplimiento de su misión.

ARTÍCULO (...). Seguimiento, medición, evaluación y mejora de la calidad del gasto. Para el seguimiento, medición, evaluación y mejora de la calidad del gasto, las entidades del Presupuesto General del Estado, deberán reportar de manera periódica, al ente rector de las finanzas públicas, el detalle de las adquisiciones de bienes y servicios ejecutados y por ejecutarse, a fin de verificar el cumplimiento de criterios de optimización, austeridad y eficiencia del gasto público. Para este fin, el ente rector de las finanzas públicas emitirá los lineamientos y directrices correspondientes en coordinación con el ente rector de la contratación pública.

El ente rector de las finanzas públicas, en función de las condiciones fiscales y restricciones económicas del país, emitirá las directrices y lineamientos correspondientes, a fin de que las entidades re prioricen sus adquisiciones, en función de la disponibilidad del presupuesto del Estado a través de las regulaciones presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULO (1)... Sanción por no cumplir las obligaciones de entrega de información. En el caso de que las entidades no hubieren suministrado los datos o información en forma oportuna y con las características requeridas por el ente rector de las finanzas públicas o, en su caso, por el Comité Técnico de Coordinación de la Planificación y las Finanzas Públicas o, en general, no hubiera cumplido con las normas técnicas o instrucciones para el seguimiento y evaluación, se aplicarán las sanciones previstas en los artículos 180 y 181 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, del siguiente modo según corresponda:

(a) En caso de incumplimiento en los tiempos previstos por la norma, se aplicará a los funcionarios o servidores públicos responsables dentro de la unidad administrativa, el máximo de la sanción señalada en la norma por cada ocasión en que se produzca; y,

(b) En caso de cumplimiento parcial o no acorde a las características requeridas, se aplicará el veinte y cinco por ciento de la remuneración que percibe el funcionario o servidor responsable, por cada semana o fracción de semana, hasta el cumplimiento pleno de la obligación que motiva la infracción.

Para este propósito, el ente rector de las finanzas públicas remitirá a la máxima autoridad de la entidad omisa, el informe sobre el incumplimiento de las obligaciones dentro de los quince días subsiguientes a la conclusión del periodo de cada remisión de datos o información. Bajo responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad omisa respectiva se ha de aplicar la sanción, una vez cumplido el procedimiento debido, al servidor o servidores públicos infractores.

ARTÍCULO (2)... Comité Técnico de Coordinación de la Planificación y las Finanzas Públicas. el ente rector de las finanzas públicas y el ente rector de la planificación, integrarán un Comité Técnico de Coordinación de la Planificación y Finanzas Públicas para el ejercicio de las competencias que impliquen la coordinación interinstitucional de las responsabilidades conjuntas determinadas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y, su estructura estará determinada en conjunto por las máximas autoridades de cada órgano rector.

El Comité Técnico de Coordinación de la Planificación y las Finanzas Públicas será convocado y coordinado por el ente rector de la planificación o de las finanzas públicas, en atención a la materia de que se trate en la convocatoria. Particularmente, en el caso del seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo será liderado por el ente rector de la planificación, mientras que, para el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria y calidad del gasto público, lo presidirá el ente rector de las finanzas públicas.

Este Comité podrá formular recomendaciones concretas para la racionalización de la asignación de recursos presupuestarios en la formulación presupuestaria o, en su caso, los correctivos o modificaciones a los instrumentos de planificación, sobre la base de los informes de seguimiento y evaluación.

No obstante, su misión general le corresponderá al Comité Técnico de manera especial:

(a) Definir los medios para evitar duplicidad en requerimientos de datos e información a las entidades.

(b) Producir, de ser necesario, informes conjuntos que puedan servir para la toma de decisiones de las autoridades a cargo de los procesos de planificación y de presupuestación.

(c) Simplificar los procesos administrativos y de evaluación para la incorporación de programas y proyectos en la planificación anual y plurianual de inversión.

(d) Las demás que le sean encomendadas por las máximas autoridades del ente rector de las finanzas públicas y el ente rector de la planificación.

El Ministerio de Economía y Finanzas emitirá las directrices que contendrán las normas e instrucciones específicas para la clausura y liquidación presupuestaria, que constituye la última fase del ciclo presupuestario.

El ejercicio presupuestario del año fiscal se clausurará el 31 de diciembre de cada año.

Las entidades como requisito previo para el cierre contable del ejercicio fiscal correspondiente, efectuarán los ajustes y regulaciones que permitan depurar los saldos de las cuentas que utilizan, entre otras: la de anticipos de fondos (incluidas las de fondos rotativos, cajas chicas fondos a rendir cuentas y fondos para fines específicos), las provisiones para incobrables, amortización de inversiones diferidas y prepagos, consumos de existencias, depreciaciones, acumulaciones de costos en proyectos y programas de inversión.

Se prohíbe contraer compromisos y obligaciones o efectuar movimientos presupuestarios con cargos a presupuestos de ejercicios clausurados.

Los ingresos que se perciban posteriores a esa fecha se considerarán como parte del presupuesto vigente al tiempo en que se cobren, aun cuando se hubieran originado en un período anterior.

En el caso de existir compromisos de años anteriores que no generaron obligación total o parcial en el ejercicio a clausurarse se deberá asignar el espacio presupuestario en el grupo de gasto correspondiente en el nuevo ejercicio fiscal que se desea ejecutar, para lo cual la institución deberá reasignar su presupuesto aprobado del año vigente para dicho grupo de gasto. Este proceso no obliga al ente rector de finanzas públicas a incrementar el techo presupuestario institucional.

En el caso de que asignaciones presupuestarias respectivas fueran insuficientes, la entidad deberá disminuir en una cuantía idéntica otros ítems y partidas presupuestarias, de manera que el techo presupuestario institucional no se vea afectado por esta convalidación. En el caso de anticipos otorgados en ejercicios anteriores, el registro presupuestario del gasto correspondiente en ejercicios siguientes con cargo a esos anticipos, identificará como financiamiento la amortización del anticipo otorgado en ejercicios anteriores.

Las entidades públicas deberán obligatoriamente comprometer durante los primeros 10 días de cada ejercicio fiscal, los recursos correspondientes a la ejecución de contratos no finalizados en el anterior ejercicio. El monto a comprometer será el necesario para su normal ejecución en el ejercicio fiscal vigente y el techo presupuestario institucional no se podrá superar como consecuencia de la incorporación.

Las obligaciones que se determinen como legalmente exigibles generadas y devengadas en ejercicios anteriores y que se encuentren pendientes de pago al 31 de diciembre del año correspondiente, deberán reflejarse en la contabilidad de las entidades como cuentas por pagar. Estas obligaciones de ejercicios anteriores para las que hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia se imputarán a créditos del ejercicio corriente a solicitud de cada entidad y con autorización del ente rector de las finanzas públicas, para la fase de pago, y sin afectar a los techos presupuestarios.

La liquidación del presupuesto comprende el conjunto de operaciones que realizan las instituciones para expresar y presentar a las autoridades y a la ciudadanía, la información financiera consolidada sobre la ejecución presupuestaria realizada en el transcurso de un ejercicio fiscal hasta la fecha de su clausura, sustentada en las transacciones de caja y los estados financieros.

Para el caso de las instituciones que forman parte del Presupuesto General del Estado, la liquidación presupuestaria la realizará el ente rector de las finanzas públicas hasta el 1 de marzo del año siguiente, con base en la información registrada por las instituciones. Para el resto de las instituciones del sector público, la liquidación la deberá realizar cada institución y será legalizada por su máxima autoridad financiera y remitida al ente rector de las finanzas públicas en el formato que éste disponga, como máximo el 1 de marzo del año siguiente.

La liquidación del presupuesto cumple los siguientes objetivos:

1. Concluir el ciclo presupuestario de cada ejercicio fiscal;

2. informar sobre el resultado del movimiento presupuestario de ingresos y de gastos sobre la base de los estados financieros;

3. Establecer déficit o superávit y su respectivo financiamiento; y,

4. Determinar el cumplimiento de las normas que rigen el proceso de ejecución presupuestaria.

La liquidación presupuestaria de las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado y de las empresas públicas de la Función Ejecutiva, se expedirá hasta el 1 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que se expidan para el efecto por parte del ente rector de las finanzas públicas. Para el resto del sector público aplicará el mismo plazo y el acuerdo o resolución de liquidación será remitido al ente rector de las finanzas públicas.

El ente rector de las finanzas públicas deberá programar, establecer mecanismos de financiamiento, presupuestar, negociar, contratar, registrar, controlar, contabilizar y coordinar la aprobación por parte del Comité de Deuda y Financiamiento en lo relativo a la ejecución de operaciones de endeudamiento público, de administración de deuda pública y operaciones conexas para una gestión eficiente de la deuda; así como otras operaciones de financiamiento público.

En concordancia con lo establecido en el artículo 123 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, no se considerarán como endeudamiento público a efectos de autorización del comité de deuda y financiamiento, sin perjuicio de su reporte estadístico conforme a estándares internacionales, los siguientes:

1. Los convenios de pago que contemplen o no costos, cuya entrada en vigencia no provoque de forma inmediata una extinción de las obligaciones ni traspaso de propiedad;

2. Los derechos contractuales originados o vinculados a operaciones ordinarias que no requieran garantía soberana. Cuando el objeto de dichas operaciones sea el financiamiento de un programa o proyecto de inversión o el refinanciamiento de deuda pública en mejores condiciones, las mismas deberán tener dictamen favorable y previo del ente rector de las finanzas públicas y ser puestas en conocimiento del comité de deuda y financiamiento;

3. Las obligaciones pendientes de pago que sean canceladas en el mismo ejercicio fiscal de su devengo. En el caso de las cartas de crédito, cuyo vencimiento pase de un ejercicio fiscal a otro, no serán consideradas dentro del endeudamiento público, considerando su naturaleza de corto plazo;

4. Cualquier título valor con un plazo de menos de trescientos sesenta (360) días. Cuando el objeto de los títulos valores de menos de 360 días sea el financiamiento de un programa o proyecto de inversión o el refinanciamiento de deuda pública en mejores condiciones, su emisión deberá ser autorizada por el comité de deuda y financiamiento;

5. Para el caso de las empresas públicas, se excluyen todos los contratos de mutuo del tipo crédito con proveedores que no requieran garantía soberana, dentro de lo cual se incluyen los contratos de mutuo por capital de trabajo firmados entre una empresa pública y un proveedor que atienden el giro específico de negocio de la primera, para la compra de insumos o productos a menos de 360 días, siempre que no requieran garantía soberana. La venta anticipada de un bien o servicio de una empresa pública, siempre que no se generen costos financieros, no se considerará deuda pública; y,

6. Si no se requiere garantía soberana, para el caso de banca y las entidades de intermediación financiera públicas se excluyen todas las operaciones que realicen para solventar sus necesidades de liquidez y aquellas destinadas a la intermediación financiera.

7. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 126 del Código Orgánico Monetario y Financiero, los Títulos del Banco Central (TBC) no constituyen endeudamiento público, indistintamente de su plazo. A si mismo todos los créditos de liquidez y de balanza de pagos que contrate el Banco Central del Ecuador, por su naturaleza y destino de los recursos, no se consideran endeudamiento público.

Las obligaciones que se generen entre entidades públicas y el ente rector de las finanzas públicas por la aplicación de Convenios Subsidiarios y/o de Restitución de Valores, al estar asociados a una operación de endeudamiento público previamente registrada, no deberán considerarse como endeudamiento público de la entidad que asume la obligación, con el objeto de evitar un doble registro.

Los convenios de consolidación de deuda serán definitivos cuando provengan de balances debidamente auditados, generando afectación presupuestaria definitiva, como lo establece el último inciso del artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y provisionales, cuando provengan de documentos justificativos debidamente firmados por el representante legal o los servidores que tengan dicha facultad, según sea el caso. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá reliquidar el monto de la consolidación provisional una vez entregada la información financiera auditada. El Ministerio de Economía y Finanzas no procesará solicitud de pago alguna si no cuenta con los documentos antes descritos.

En el caso de que no se disponga de los convenios de consolidación de deuda definitivos y se requiera realizar el pago, el registro se hará como un anticipo de fondos sin necesidad de compromiso y afectación presupuestaria. Cuando se reliquide el monto de la consolidación provisional, una vez entregada la información debidamente auditada, se registrará presupuestariamente y se amortizará el anticipo.

Los pasivos contingentes son aquellos que tienen su origen en hechos específicos que pueden ocurrir o no.

Los pasivos contingentes solo se constituirán en deuda pública, de acuerdo con la ley, cuando se verifique el hecho o condición que determina su exigibilidad, en el monto correspondiente de la parte de la obligación que fuera exigible. Para la emisión pasivos contingentes se requerirá de la aprobación del Comité de Deuda y Financiamiento.

El ente rector de las finanzas públicas expedirá la normativa técnica para la revelación y el proceso de aprobación de pasivos contingentes.

ARTÍCULO (...). Manejo de pasivos. Se considerará como manejo de pasivos al proceso encaminado a ejecutar operaciones cuyo objetivo sea mejorar determinadas características de la deuda en línea con los objetivos de gestión de deuda, coyuntura favorable y/o sostenibilidad de deuda. Dentro de estas operaciones se encuentran, entre otras, la reestructuración, refinanciación, renegociación, reperfilamiento, intercambio, sustitución, conversión, retiro de deuda, operaciones de cobertura de riesgos, y todas aquellas de similar naturaleza.

El ente rector de las finanzas públicas podrá ejecutar operaciones de manejo de pasivos en las que existan o no flujos monetarios.

Para las operaciones canje de deuda y refinanciamiento, en los casos en lo que haya flujos monetarios, los mismos se darán únicamente como un mecanismo para poder implementar la operación, y, por lo tanto, únicamente ocuparán espacio presupuestario para su registro por el resultado neto; al respecto el ente rector de las finanzas públicas emitirá la norma técnica respectiva.

ARTÍCULO (...). Estrategia de Deuda Pública de Mediano Plazo. El ente rector de las finanzas públicas elaborará y actualizará la Estrategia de Deuda Publica de Mediano Plazo. La estrategia deberá ser actualizada por lo menos cada cuatro años y podrá ser actualizada en cualquier momento en el caso de variaciones significativas en sus supuestos. La estrategia deberá incluir:

1. Los mecanismos para la operatividad de los objetivos de la gestión de la deuda pública. Los objetivos de la gestión de la deuda pública son asegurar que: (i) las necesidades financieras siempre se satisfagan oportunamente, (ii) sus costos de endeudamiento sean lo más bajos posible a mediano y largo plazo, consistente con un grado de riesgo prudente y; (üi) se promueva el desarrollo del mercado doméstico de deuda.

2. La estrategia de endeudamiento a mediano plazo. La estrategia a mediano plazo se basará en los mecanismos y objetivos de gestión de la deuda referidos en el numeral anterior y tendrá en cuenta:

1. El costo y riesgo implícito en la cartera de deuda actual.

2. Futuras necesidades de financiamiento,

3. La programación macroeconómica,

4. La programación fiscal,

5. Condiciones del mercado; y

6. Otros factores que puedan ser relevantes para el desarrollo de la estrategia.

La cobertura institucional, aprobación y otros detalles de la Estrategia de Deuda Publica de Mediano Plazo serán determinados por el ente rector de las finanzas públicas mediante normativa técnica.

ARTÍCULO (...). Publicación de la Estrategia de Deuda Pública de Mediano Plazo. La Estrategia de Deuda Pública de Mediano Plazo así como sus actualizaciones deberán ser publicadas por el ente rector de las finanzas públicas. Para la estrategia de deuda pública de mediano plazo, así como para cada actualización, el ente rector de las finanzas públicas deberá presentar el documento de la estrategia de deuda pública de mediano plazo, el cual presentará las principales metas, objetivos e instrumentos para la gestión de la deuda, así como las acciones relevantes que orientarán la consecución del financiamiento.

El documento de la estrategia de deuda pública de mediano plazo se publicará en el sitio web del ente rector de las finanzas públicas.

Las operaciones de endeudamiento y otras operaciones conexas para la gestión de la deuda se realizarán de conformidad con la estrategia y sus revisiones.

ARTÍCULO (...). Plan anual de endeudamiento del Presupuesto General del Estado. El ente rector de las finanzas, incluirá como un anexo al Plan Financiero del Tesoro Nacional, tanto en su emisión como en sus actualizaciones, el Plan anual de endeudamiento del Presupuesto General del Estado. El plan de endeudamiento incluirá, como mínimo y en términos generales, las potenciales operaciones de endeudamiento planificadas durante el año, los instrumentos de endeudamiento a utilizar, un calendario indicativo, así como un análisis de la ejecución de la Estrategia de Deuda Pública de Mediano Plazo y riesgos asociados. Los términos previstos en el plan de endeudamiento constituyen una previsión de la ejecución del endeudamiento, en tal sentido, podrá presentar cambios en función de la coyuntura nacional e internacional, así como de las necesidades del país.

El ente rector de las finanzas públicas hasta sesenta (60) días después de finalizado cada mes elaborará los estados agregados y consolidados de la deuda pública y otras obligaciones del sector público, de los sectores, de los subsectores y de otras agrupaciones definidas en la norma técnica. Todas las entidades públicas elaborarán y remitirán al ente rector de las finanzas públicas los estados agregados y consolidados institucionales de la deuda pública y otras obligaciones cada mes en el plazo de hasta 30 días después de finalizado cada mes, en formatos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Los estados agregados y consolidados de la deuda pública y otras obligaciones deberán incluir:

1. El endeudamiento público, de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y este reglamento;

2. Los títulos valores con vencimientos menores a trescientos sesenta (360) días;

3. Los anticipos pactados en los contratos comerciales de venta de productos;

4. Los pasivos derivados de convenios de liquidez;

5. Los derechos contractuales originados o vinculados a operaciones ordinarias, y

6. Las obligaciones pendientes de pago del ejercicio fiscal en curso y obligaciones de pago registradas de los presupuestos clausurados de ejercicios anteriores.

Los estados agregados y consolidados de la deuda pública y otras obligaciones y sus componentes deberán ser reportados estadísticamente conforme a estándares internacionales. También se deberá incluir como anexo al reporte estadístico la información referente a los pasivos contingentes.

Los estados de la deuda pública y otras obligaciones servirán de base para calcular los indicadores y límites de las reglas fiscales para la deuda pública y otras obligaciones dispuestas en el Código de Planificación y Finanzas Públicas y en este reglamento.

El ente rector de las finanzas públicas podrá solicitar a las entidades del sector público la información que considere necesaria para elaborar los estados agregados y consolidados de la deuda pública y otras obligaciones. El ente rector de las finanzas públicas será el encargado de consolidar dicha información, validarla y verificar su consistencia. Todas las entidades del sector público tienen la obligación de cumplir con la provisión de información para elaborar los estados agregados y consolidados de la deuda pública y otras obligaciones en los plazos, contenidos y formatos que determine este reglamento o la norma técnica.

Las entidades financieras públicas remitirán, mensualmente, información relacionada con el movimiento y saldo de la deuda contraída y otras obligaciones registradas con ellas por las entidades y organismos del sector público, así como las inversiones realizadas en los instrumentos financieros emitidos o estructurados por ellas.

La información recibida deberá ser procesada y registrada en el Sistema de información Oficial de las finanzas públicas y en las plataformas correspondientes del Sistema Informático Integrado de administración financiera para el Presupuesto General del Estado.

Adicionalmente, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Banco del Estado deberán remitir de manera obligatoria un reporte de saldos y movimiento de deuda pública de las entidades públicas que no forman parte del Presupuesto General del Estado, de conformidad con su competencia y en los formatos establecidos de manera mensual.

Se observará lo establecido en el artículo 15 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118 último inciso y del artículo 123 séptimo inciso del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el ente rector de las finanzas públicas podrá reasignar en la ejecución presupuestaria los recursos de deuda que originalmente estaban destinados a un fin, siempre y cuando el nuevo destino cumpla con los siguientes requisitos:

1. Que se enmarque en lo previsto en el artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas;

2. Que cumpla con el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y;

3. Que se trate de créditos de libre disponibilidad.

El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 126 del Código se verificará exclusivamente en la liquidación presupuestaria.

En caso de que el ente rector de las finanzas públicas utilice recursos de créditos con destino específico para optimizar la liquidez del Estado, deberá reponer dichos recursos en un periodo que no afecte la normal ejecución del programa o proyecto que es destino específico de dicho crédito.

De conformidad con el artículo 74, numeral 27, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá aprobar el otorgamiento de garantía soberana en operaciones de endeudamiento público, siempre y cuando las instituciones del sector público tengan capacidad de pago y cumplan con los límites de endeudamiento, en los casos que, determine el Comité de Deuda y Financiamiento Público. Para el cálculo y análisis de la capacidad de pago que realice el Ministerio de Economía y Finanzas y las instituciones financieras, deberá considerarse obligatoriamente la deuda flotante. Las entidades beneficiarías de garantía soberana deberán subscribir el convenio de restitución de valores que para el efecto emitirá el Ministerio de Economía y Finanzas como parte de las normas técnicas respectivas.

Para el resto de entidades que no son gobiernos autónomos descentralizados ni pertenecen al Presupuesto General del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas emitirá la norma técnica para el límite de endeudamiento, incluidas las titularizaciones y emisión de otros valores.

De conformidad con el artículo 74, numeral 27, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá aprobar el otorgamiento de garantía soberana en operaciones de endeudamiento público, siempre y cuando las instituciones del sector público tenga capacidad de pago y cumplan con los límites de endeudamiento, en los casos quo, determine el Comité de Deuda y Financiamiento Público. Para el cálculo y análisis de la capacidad de pago que realice el Ministerio de Economía y Finanzas y las instituciones financieras, deberá considerarse obligatoriamente la deuda flotante. Las entidades beneficiarias de garantía soberana deberán subscribir el convenio de restitución de valores que para el efecto emitirá el Ministerio de Economía y Finanzas como parte de las normas técnicas respectivas.

Cuando fuere necesario adoptar medidas para que no se sobrepasen los límites de endeudamiento público establecidos, el Ministerio de Economía y Finanzas emitirá las normas técnicas para la elaboración del plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal para un período de 4 años, el mismo que deberá ser implementado por las entidades públicas que hayan sobrepasado los límites de endeudamiento público y que podrá ser ajustado anualmente.

Las entidades y organismos que reciben recursos de financiamiento del Presupuesto General del Estado coordinarán con el Ministerio de Economía y Finanzas la gestión del endeudamiento público, no existirá destino específico para el endeudamiento más allá de lo establecido en la Constitución y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas durante la ejecución asignará estos recursos a los programas y proyectos que cuenten con los requisitos establecidos, sin que se necesite de ninguna aprobación o instrumento adicional.

Cuando las entidades y organismos que no pertenecen al Presupuesto General del Estado requieran al Ministerio de Economía y Finanzas el inicio de trámites para alcanzar financiamiento Proveniente de operaciones de endeudamiento público, deberán presentar la solicitud respectiva en la que se incluirá un resumen ejecutivo del programa; proyecto de inversión en infraestructura y/o con capacidad de pago, la prioridad otorgada, la inclusión en su banco de proyectos, el costo y los flujos financieros del mismo, los flujos financieros de la entidad y la demás información inherente al caso, requerida por el Ministerio de Economía y Finanzas en sus normas técnicas. Mismos procedimiento aplicará para las Universidades Públicas.

Tratándose de emisiones y colocaciones de bonos u otros títulos valores, incluidas las titularizaciones, se anexará a la documentación para la aprobación del Comité de Deuda Pública, o de la máxima autoridad institucional de la entidad, cuando no se requiera de dicho comité la resolución con la cual el Ministerio de Economía y Finanzas concedió la aprobación a que se refieren los artículos 142 y 144 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

La aprobación de los términos y condiciones financieras de operaciones de deuda pública y la autorización de las contrataciones pertinentes que se efectúen como instrumentos de financiamiento será emitida por el Comité de Deuda y Financiamiento, previo informe del Ente rector de las finanzas públicas. El pronunciamiento del Comité de Deuda y Financiamiento se referirá únicamente a las condiciones financieras de los contratos de endeudamiento. Cuando se trate de operaciones de endeudamiento, cuyo monto sea menor al 0,15% del Presupuesto General del Estado, no se requerirá autorización del Comité de Deuda, sino del ente rector de finanzas públicas o quien ejerza la delegación emitida o que emitiera el Comité de Deuda y Financiamiento.

Cuando se trate de operaciones de endeudamiento que vinculen directa o indirectamente bienes, derechos, flujos futuros y en general activos públicos, la autorización deberá ser otorgada tomando en cuenta el análisis integral, considerando el beneficio económico y/o financiero que se genere para el Estado en su conjunto, a partir de las operaciones vinculadas o la estructura.

Las modificaciones sustanciales de los términos y condiciones financieras establecidas en los instrumentos jurídicos con los que se contrataron operaciones de endeudamiento público serán autorizadas por el Comité de Deuda y Financiamiento previa aprobación del Ente rector de las finanzas públicas.

Las modificaciones no sustanciales de términos y condiciones financieras establecidas en los instrumentos jurídicos señalados, serán autorizadas por el Ente rector de las finanzas públicas, previa presentación del informe técnico respectivo.

Para el efecto, el Comité de Deuda determinará mediante resolución cuáles se consideran modificaciones sustanciales y no sustanciales, conforme al numeral 5 del artículo 140 del COPLAFIP.

Las entidades y organismos del Estado, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción u otorgamiento de los contratos, convenios o instrumentos generadores de endeudamiento público, a los que se refiere el artículo 123 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, deberán comunicarlos al Ministerio de Economía y Finanzas a fin de efectuar su registro. Para el efecto adjuntarán la copia certificada del documento original y cualquier información que se establezca en la normativa secundaria que expida el Ministerio de Economía y Finanzas. El registro se realizará en los sistemas creados para ese fin, su contenido se publicará en la forma y periodicidad que determine el ente rector de las finanzas públicas.

Dentro del mismo plazo el ente rector de las finanzas públicas efectuará el registro de los pasivos contingentes respectivos.

Ninguna entidad u organismo del Estado podrá iniciar trámites para desembolsar recursos de endeudamiento si previamente no ha cumplido la obligación de registro previsto en este artículo. En caso de requerimiento por parte del Ente rector de las finanzas públicas, el representante de la entidad u organismo deberá certificar el cumplimiento de esta obligación.

El ente rector de las finanzas públicas, previo a la autorización del Comité de Deuda y Financiamiento, aprobará o recomendará mediante resolución la emisión de títulos valores, así como sus términos y condiciones financieras, en base de los informes técnico y jurídico que emitirán las áreas respectivas.

Toda emisión de bonos, en moneda de curso legal o extranjera, se negociará en forma universal, a través de las bolsas de valores y/o plataformas de negociación. Se exceptúan de la negociación en forma universal a las transacciones que se realicen en forma directa entre entidades y organismos del sector público. La entidad emisora deberá enviar de manera gratuita y hasta 48 horas después la información de las condiciones financieras por cada operación a las bolsas de valores para el registro correspondiente.

Todos los tipos de títulos valores del Estado Central para su emisión deberán observar los principios de trasparencia y estandarización expedidos por el ente rector de las finanzas públicas en cumplimiento de la normativa vigente.

Las emisiones de títulos valores incluidas las titularizaciones de entidades públicas que se encuentran fuera del Presupuesto General del Estado serán inicialmente autorizadas por:

1. Para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, por el órgano de legislación del gobierno autónomo descentralizado, o su delegado;

2. En el caso de empresas públicas, el respectivo directorio, o su delegado;

3. Tratándose de la banca pública o entidad de intermediación financiera pública, por su Directorio, o su delegado; y.

4. Para las entidades de la seguridad social, por su respectivo Directorio o Consejo Directivo, o su delegado.

La respectiva entidad deberá obtener la aprobación, mediante resolución, del Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual se emitirá la norma técnica pertinente, sin perjuicio seguir el procedimiento descrito en el artículo 142 del Código de Planificación y Finanzas Públicas.

Toda emisión de bonos, en moneda de curso legal o extranjera, se negociará en forma universal, a través de las bolsas de valores y/o plataformas de negociación, Se exceptúan de la negociación en forma universal a las transacciones que se realicen en forma directa entre entidades y organismos del sector público. La entidad emisora deberá enviar de manera gratuita y hasta 48 horas después la información de las condiciones financieras por cada operación a las bolsas de valores para el registro correspondiente.

Todos los tipos de títulos valores de otras entidades y organismos del Estado para su emisión deberán observar los principios de trasparencia y estandarización expedidos por el ente rector de las finanzas públicas en cumplimiento de la normativa vigente.

Las entidades y organismos del sector público para realizar operaciones de endeudamiento externo, que requirieran de la garantía de la República del Ecuador, deberán presentar su solicitud con la información financiera de respaldo. El Ministerio de Economía y Finanzas estimará la capacidad de pago de esta deuda pública y verificará el cumplimiento de los límites de endeudamiento, incluyendo la nueva operación a contratarse.

La normativa relativa a la metodología para determinar la capacidad de pago, que será diferenciada en función de la naturaleza jurídica de la entidad u organismo que solicite la garantía, será expedida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Ministro o la Ministra encargada de las finanzas públicas emitirá la resolución con la que apruebe o rechace la concesión de la garantía, previo los informes técnico y jurídico.

El Ministro o la Ministra encargada de las finanzas públicas celebrará a nombre del Estado ecuatoriano el convenio o contrato a través del cual asuma la calidad de garante de la pertinente operación de crédito.

En el caso de que las entidades que no conforman el Estado Central, requieran de garantía soberana para perfeccionar sus operaciones de endeudamiento, deberán obligatoriamente suscribir con el Ministerio de Economía y Finanzas, un convenio de restitución de valores y un convenio de agencia fiscal, a fin de que el Banco Central del Ecuador procese los débitos que deban realizarse para servir dicha deuda, con cargo a sus disponibilidades de caja. El Banco Central del Ecuador deberá operativizar las disposiciones de dicho convenio el día en que se presentare un vencimiento y no se ordenare el pago respectivo, o en su defecto tan pronto exista disponibilidad de caja.

En el caso de que el Estado en su calidad de garante, con el fin de precautelar el manejo y gestión de la deuda pública, efectúe pagos a un acreedor por cuenta del garantizado, estos pagos deberán ser registrados de manera inmediata como subrogaciones del Estado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas como una cuenta por cobrar y como una cuenta por pagar por la entidad pública subrogada, sin perjuicio de que estos valores y registros sean modificados de acuerdo a los términos del convenio de restitución de valores.

ARTÍCULO (...). Prohibición de gravación global de rentas. Ningún contrato u operación de endeudamiento público podrá comprometer de forma directa o indirecta rentas, activos o bienes de carácter específico del sector público para asegurar o disponer los pagos del principal y/o intereses convenidos por las transacciones de endeudamiento público.

Para garantizar el cumplimiento de esta prohibición el Ente rector de las finanzas públicas tendrá la responsabilidad de vigilar que toda propuesta de financiamiento presentada por las entidades solicitantes no incluya dentro de sus condiciones, compromisos sobre las definiciones de:

- Rentas conforme al clasificador presupuestario vigente, y

- Bienes o activos conforme a:

- Registros contables de los estados financieros de las entidades, se incluye, activos no financieros, activos financieros y activos intangibles.

- Revelaciones sobre los recursos naturales no renovables.

Se excluye de esta disposición las operaciones que efectúa el Banco Central del Ecuador para el manejo de las reservas internacionales, y las demás operaciones de las instituciones del sistema financiero público, conforme a lo establecido en el artículo 123 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el artículo 135 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

ARTÍCULO (...). Excepciones a la prohibición de gravación global de rentas. Se podrá comprometer rentas, activos o bienes de carácter público únicamente en contratos u operaciones de endeudamiento público que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:

1. Que el contrato u operación esté vinculada directa y exclusivamente para financiar un proyecto que cuente con capacidad financiera de pago total de las obligaciones financieras y no financieras por su aplicación. El Proyecto no deberá requerir para su funcionamiento de transferencias sin contraprestación del Presupuesto General del Estado. Estas operaciones únicamente podrán comprometer los flujos y activos de cada proyecto. Para garantizar el cumplimiento de esta exclusión se deberán constituir unidades administrativas independientes o formatos de gerenciamiento del proyecto que permita identificar de forma clara su información financiera.

2. Que los bienes, derechos, flujos futuros y en general activos públicos estén vinculados directa o indirectamente a la obtención de un financiamiento para el Estado en condiciones más favorables que las de mercado. Para la aprobación de la operación de financiamiento, el Comité de Deuda y Financiamiento o el ente rector de las finanzas públicas en los casos que corresponda, deberá contar con los informes técnicos y legales elaborados por las entidades públicas competentes, así como un análisis integral generado por la entidad que gestione el financiamiento en el que se demuestre un beneficio económico y/o financiero para el Estado. Se entenderá que se ha producido un beneficio económico, entre otros casos, cuando el flujo integral neto para el Estado de las operaciones vinculadas sea mejor a aquel derivado de las operaciones consideradas individualmente o cuando el costo de oportunidad para el Estado de la operación financiera es menor si se ejecutan las operaciones vinculadas o estructuradas.

El análisis integral al que se refiere esta norma será objeto de los informes de cada órgano a cargo de las operaciones que se vinculan o que integran la estructura.

El Comité de Deuda y Financiamiento deberá incluir en su aprobación la referencia exacta sobre los compromisos de rentas, activos o bienes de carácter público de cada operación.

En ningún caso se otorgará garantías a entidades y organismos del Estado que se encuentren en mora en el pago de obligaciones originadas en operaciones de crédito público, cuenten o no éstas con la garantía del Estado ecuatoriano, o que se hallen en mora con el Estado.

En el evento que el Estado tenga que realizar pagos en su calidad de garante, el Ministerio de Economía y Finanzas adoptará de inmediato las acciones necesarias para la recuperación de los valores correspondientes.

Las negociaciones, inclusive la designación de negociadores y la contratación de endeudamiento público del Presupuesto General del Estado corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas y, por tanto, en ningún caso las entidades y organismos de tal Presupuesto, podrán negociar o gestionar por su propia cuenta financiamientos de naturaleza alguna. No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas, en los procesos de endeudamiento pertinentes, mantendrá la coordinación necesaria con aquellas entidades y organismos involucrados en el endeudamiento y/o en la ejecución de programas o proyectos financiados con operaciones de crédito público.

Cuando la ley lo permita, y previa autorización del ente rector de las finanzas públicas se excluirá de la prohibición del párrafo anterior a aquellas entidades del Presupuesto General del Estado con autonomía administrativa y/o financiera, que tengan capacidad de pago, y que asuman el servicio completo de la deuda.

Además, para el endeudamiento de entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado, será de responsabilidad de cada entidad prestataria las negociaciones, la designación de negociadores, la gestión y la contratación de endeudamiento público, la remisión de información sobre las características y condiciones financieras de las operaciones al ente rector de las finanzas públicas; así como el cumplimiento de la normativa legal vigente.

Las Resoluciones emitidas por el Comité de Deuda y Financiamiento y por el Ente rector de las finanzas públicas, en los procesos de contratación de endeudamiento público, son actos administrativos que no requerirán su publicación en el Registro Oficial.

Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, la negociación de los protocolos o convenios económicos o financieros a celebrarse con gobiernos o entidades estatales extranjeros, en los que se establezcan promesas o compromisos de endeudamiento de interés del Estado ecuatoriano o de sus entidades y organismos, y en los que se establezcan términos y condiciones financieras generales o referenciales de un financiamiento, ya se trate de financiamientos concesionales o de carácter comercial.

El Comité de Deuda y Financiamiento regulará los procedimientos de endeudamiento del resto de entidades fuera del Presupuesto General del Estado, pudiendo delegar algunas funciones a otras entidades públicas.

Cuando dentro del proceso de ejecución de contratos o convenios de .financiamiento celebrados por el Estado ecuatoriano, fuere necesario transferir en forma parcial o total, los derechos y obligaciones contractuales de éste a favor de la entidad ejecutora del proyecto o programa de inversión respectivo, o sea, necesaria la celebración de contratos o convenios de administración o de otra naturaleza, para operativizar un proyecto o programa, o para asegurar el uso de recursos y/o restitución de valores, el Ministerio de Fianzas establecerá los términos y condiciones de los mismos y procederá a la celebración de aquello, a nombre del Estado ecuatoriano.

Se consideran servicios especializados vinculados con las operaciones de endeudamiento público o de administración de deuda los siguientes:

1. Los servicios financieros vinculados a la estructuración, colocación, recompra, custodia, registro, inscripción, negociación o novación de deuda, consolidación, así como cualquier otro procedimiento, que se requiera en el marco del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para efectos de que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda realizar operaciones de endeudamiento público u operaciones de administración de deuda dentro y fuera del país;

2. Los servicios legales vinculados a la elaboración y/o negociación de contratos de deuda pública, preparación de prospectos y demás documentación legal necesaria para efectos de que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda realizar operaciones de endeudamiento público interno o externo u operaciones de administración de deuda; y,

3. Otros servicios de asesoría vinculados con las Finanzas Públicas.

Los procedimientos necesarios para la contratación de estos servicios especializados serán establecidos en la norma técnica que para el efecto se expida.

Se consideran servicios especializados vinculados con las operaciones de endeudamiento público o de administración de deuda los siguientes:

1. Los servicios de calificación de riesgo;

2. Los servicios de plataforma de información y negociación a tiempo real, tales como Reuters, Bloomberg, Redeval, CIMB, entre otros;

3. Los servicios financieros necesarios para posicionar de mejor forma a la República del Ecuador, a fin de lograr operaciones de endeudamiento público que mejoren el perfil de la deuda pública; y,

4. Los que eviten y minimicen la contratación de endeudamiento y sus costos financieros incluidos todos los instrumentos y derivados financieros.

Los procedimientos necesarios para la contratación de estos servicios especializados serán establecidos en la norma técnica que para el efecto se expida.

En el caso de pago de obligaciones derivadas de sentencias judiciales o laudos arbitrales, previo a su pago con títulos de deuda pública, las mismas deberán ser incluidas en un programa de preservación de capital, elaborado por el ente rector de economía y finanzas y priorizado por el ente rector de la planificación.

Cuando el pago se realice a través de Certificados de Tesorería o algún otro instrumento equivalente de manejo de liquidez de la caja fiscal que no sea considerado como un instrumento de deuda pública, no será necesario contar con un programa o proyecto de inversión.

La entrega de títulos valores se realizará a través del mecanismo de dación en pago, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 131 del Código Orgánico de Planificación y Financiamiento (sic) Públicas, para lo cual, se deberá suscribir un Convenio de Dación de Pago entre el deudor y el acreedor.

A través de este mecanismo, el ente rector de economía y finanzas podrá cancelar, por instrucción del organismo deudor, las obligaciones que mantengan entidades públicas del Presupuesto General del Estado (PGE) con terceros, así como las que mantengan entidades públicas de fuera del PGE con terceros. En este último caso, el ente rector de economía y finanzas podrá realizar el pago de la obligación con terceros, siempre que éste mantenga también obligaciones pendientes con la entidad pública deudora, de las cuales puedan descontarse dichos valores.

El monto máximo para el pago de obligaciones no pagadas y registradas de presupuestos clausurados y de obligaciones derivadas de sentencias judiciales o laudos arbitrales que se cancelen a través del mecanismo antes detallado, no podrá superar el monto equivalente al tres por ciento (3%) del Producto Interno Bruto por cada período fiscal.

La programación de caja es un instrumento financiero obligatorio en la administración de los recursos públicos que debe ser utilizado por las instituciones del sector público. Su periodicidad podrá ser diaria, semanal, quincenal, mensual o anual, según las necesidades de cada entidad.

El Ministerio de Economía y Finanzas elaborará la programación de caja del Presupuesto General del Estado con la finalidad de que sea considerada como insumo para las programaciones y reprogramaciones financieras institucionales.

La programación de caja para los ingresos se realizará en función de las proyecciones de los ingresos tributarios y no tributarios, así como de las proyecciones de desembolsos y colocaciones. Para este último caso, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá elaborar y remitir la programación correspondiente. Respecto de los ingresos fiscales generados por las instituciones se considerarán las estimaciones de ingresos efectuadas por las mismas.

La programación de caja para pagos se realizará sobre la base de las programaciones y reprogramaciones financieras de devengamiento, lo que permitirá la distribución de los ingresos proyectados acorde con la estacionalidad de los gastos del periodo.

La programación de caja permitirá identificar la necesidad de financiamiento de caja en el corto y mediano plazo, sobre cuya base se analizará y determinará con anticipación las fuentes alternativas para cubrir los déficits de caja.

ARTÍCULO (...). Ámbito del Plan Financiero del Tesoro Nacional. Los objetivos principales del Plan Financiero del Tesoro Nacional son: programar y evaluar la Programación de Caja del Tesoro Nacional, la gestión de activos y pasivos financieros, y asegurar el adecuado Financiamiento del Presupuesto General del Estado; para cumplir de manera oportuna con el pago de las obligaciones de conformidad con su vencimiento, procurando que el presupuesto se ejecute de manera eficiente. El Plan Financiero del Tesoro Nacional comprenderá: todos los recursos del Presupuesto General de Estado en moneda local o extranjera, incluidos los desembolsos de la deuda pública interna y externa; y, otros recursos: que son gestionados local o internacionalmente a través de la Cuenta Corriente Única del Tesoro y/o demás cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Plan Financiero deberá incluir un acápite de gestión para los atrasos de pagos de los gastos del Presupuesto General del Estado, el que detalle: flujos, saldos, políticas de gestión, cronogramas y prioridades de pago.

ARTÍCULO (...). Programación, formulación y aprobación del Plan Financiero del Tesoro Nacional. El Plan Financiero inicial del Tesoro Nacional se realizará sobre la base de las disponibilidades de caja, coherentes con la Proforma del Presupuesto General del Estado y la programación fiscal, y deberá incluir la definición de las metas, los recursos necesarios y los resultados proyectados de los recursos administrados por el Tesoro Nacional. La formulación consistirá en la presentación de los resultados mensuales previstos de la Programación de Caja anual. La exposición de información de los usos y fuentes para la gestión de los ingresos y obligaciones del Tesoro Nacional deberá ser elaborada en formatos estandarizados según el clasificador presupuestario y el manual de cuentas contables.

El Plan Financiero será aprobado por el ente rector de las finanzas públicas conforme a la norma técnica.

ARTÍCULO (...). Emisión y actualización del Plan Financiero del Tesoro Nacional. El ente rector de las finanzas públicas emitirá el Plan Financiero del Tesoro Nacional en la fecha de presentación de la proforma del Presupuesto General del Estado y será publicado como anexo de la misma. Los plazos, procesos e instrumentos para su emisión serán determinados por la norma técnica que se emita para el efecto.

La actualización del Plan Financiero del Tesoro Nacional será trimestral y se realizará dentro los primeros 15 días subsiguientes. Las actualizaciones semestrales se publicarán el 15 de enero y del 15 de julio de cada año.

ARTÍCULO (...). Contenido del Plan. El Plan Financiero del Tesoro Nacional contendrá al menos: los flujos de ingresos, gastos y financiamiento coherentes con la proforma, el presupuesto aprobado y la ejecución presupuestaria; el saldo inicial y final proyectado de la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional y otras cuentas administradas por este; los saldos iniciales y finales de las cuentas por pagar y atrasos; los saldos iniciales y finales de las inversiones y activos financieros; los saldos iniciales y finales del manejo de liquidez, las Notas del Tesoro y las metas del endeudamiento público por tipos, y en general todas las fuentes y usos relativas a la Programación de Caja.

La Cuenta Única del Tesoro Nacional es el instrumento operativo de manejo de los recursos públicos, vinculado al Sistema Único de Cuentas,

El Ministerio de Economía y Finanzas mantendrá en el banco depositario de los fondos públicos todos los recursos financieros, provenientes de cualquier fuente de ingresos que alimente el Presupuesto General del Estado, en la Cuenta Única del Tesoro Nacional y las subcuentas que corresponda.

Las empresas públicas, los gobiernos autónomos descentralizados, las entidades de la seguridad social y la banca pública gestionarán sus recursos a través de las cuentas especiales aperturadas en el depositario oficial.

La facultad para disponer la apertura de cuentas en el depositario oficial, de las entidades y organismos del sector público, excepto de la seguridad social, corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. El número de cuentas bancarias de las instituciones será el adecuado para sus operaciones.

En casos excepcionales y debidamente justificados previo autorización del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central del Ecuador , las empresas y las instituciones que no forman parte del Presupuesto General del Estado podrán mantener recursos por fuera de la banca pública.

La determinación y recaudación de los recursos establecidos en las disposiciones legales pertinentes para el financiamiento del Presupuestó General del Estado, de las empresas públicas, de los gobiernos autónomos descentralizados, de las entidades de seguridad social y de la banca pública será de responsabilidad de cada entidad o de los funcionarios encargados de su administración.

Todas las cuentas rotativas de ingresas o cuentas de recaudación que tengan las instituciones públicas no financieras, empresas públicas y las instituciones que no forman parte del Presupuesto General del Estado podrán mantenerse en el sistema financiero privado por un máximo de dos días.

La administración de los recursos mantenidos en las cuentas de las empresas públicas, de los gobiernos autónomos descentralizados, de la seguridad social y de la banca pública estará a cargo de las propias entidades.

El Ministerio de Economía y Finanzas dispondrá al Depositario Oficial de los recursos Públicos, la creación de tipos de cuentas, al interior del Sistema Único de Cuentas, que posibiliten identificar las fuentes de financiamiento o los requerimientos para el registro apropiado de los recursos financieros públicos.

Con excepción de las instituciones financieras públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas coordinando con el Banca Central autorizará la apertura y mantenimiento en el exterior de cuentas, para gestionar, conceder o realizar pagos, endeudamiento, inversión e interés de seguridad. El Banco Central del Ecuador, como agente financiero del Estado, aperturará dichas cuentas.

Cualquier información sobre los saldos o movimientos de las cuentas que las entidades públicas mantienen en el Banco Central del Ecuador, incluida la Cuenta Única del Tesoro Nacional, deberá ser proporcionada por el depositario al Ministerio de Economía y Finanzas.

Las entidades que conforman el Sistema Nacional de Finanzas Públicas podrán entregar el anticipo de sus contratos suscritos de manera progresiva y definiendo esquemas de devengamiento del mismo. Para tal efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas emitirá la norma técnica correspondiente.

El Ministerio de Economía y Finanzas, podrá anticipar las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados, solo en casos de fuerza mayor determinados, como la irrupción imprevista de desastre naturales, terremoto, inundaciones, necesidades fiscales apremiantes, entre otros, para cuya prevención, atenuación, mitigación o solución se requieran de tales recursos. Estos anticipos dependerán de la disponibilidad de caja.

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante acuerdo ministerial emitirá los montos y requisitos para que los gobiernos autónomos descentralizados accedan a estos anticipos.

A efectos de la aplicación del artículo 162 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se entenderá como Banca Pública a las instituciones del sistema financiero y de seguros creadas por ley, decreto o aquellas en las que el Estado o sus instituciones son accionistas únicos o mayoritarios. Con el fin de operativizar este artículo se emitirá la norma técnica correspondiente.

El Banco Central del Ecuador, vigilará el estricto cumplimiento de las estipulaciones contenidas en los convenios de corresponsalía suscritos con las entidades del Sistema Financiero Nacional y aplicará las sanciones que fueren pertinentes en caso de que las entidades del Sistema Financiero Nacional inobserven el cumplimiento del inciso tercero del artículo 299 de la Constitución de la República.

La recaudación de recursos públicos se realizará a través del Sistema Financiero Nacional corresponsal del depositario oficial, para luego ser transferidos a las cuentas en el Banco Central del Ecuador. En los convenios de corresponsalía suscritos entre el Sistema Financiero Nacional y el Banco Central, se establecerán las comisiones correspondientes por esta prestación de servicios, conforme a la tabla establecida por la Superintendencia de Bancos.

A efectos de la aplicación del inciso tercero del artículo 299 de la Constitución y del numeral 35 del artículo 75 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, todas las acciones y títulos valores emitidos por y en propiedad del sector público deberá custodiarse exclusivamente en el ente rector de las finanzas públicas o en los depósitos centralizados de valores de la banca pública.

Los pagos y transferencias de las obligaciones legalmente exigibles en que incurran las entidades del sector público, se realizarán a través de los mecanismos de acreditación desarrollados por el depositario oficial, en las cuentas de los beneficiarios finales aperturadas en el sistema financiero nacional o internacional, con sujeción a las normas técnicas que el Ministerio de Economía y Finanzas dicte para el efecto.

ARTÍCULO (...). Pago de atrasos. Todas las obligaciones financieras de las entidades que conforman el Sector Público que se hubiesen registrado como gastos en los presupuestos correspondientes, con la consecuente autorización de pago y en los que no se hayan cancelado el pago hasta la fecha de su vencimiento, serán incorporadas en la programación de caja y demás instrumentos de gestión de tesorería y deuda, para ejecutar el pago correspondiente.

ARTÍCULO (...). Determinación, reporte y gestión de atrasos. Para la determinación de los atrasos, las fechas de vencimiento de las obligaciones del sector público deberán ser registradas en el sistema informático de administración de las finanzas públicas de cada entidad. El ente rector de las finanzas públicas emitirá lineamientos técnicos, de cumplimiento obligatorio para las entidades del Sector Público, para la determinación de atrasos y la provisión de información de los atrasos generados en cada nivel de gobierno.

La unidad encargada de la Programación de Caja de cada entidad de sector público reportará mensualmente al ente rector de las finanzas públicas los flujos y saldos de atrasos, sus causas, mecanismos de control adoptados, programación de pagos prevista para el ejercicio en curso y siguiente, medidas de prevención y gestión de atrasos. Todo ello en el formato requerido por el ente rector de las finanzas públicas.

El ente rector de las finanzas públicas podrá publicar la información general de los atrasos de las entidades del Sector Público No Financiero y Seguridad Social.

El Ministerio de Economía y Finanzas será el encargado de los pagos al exterior autorizados por las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado, para lo cual se emitirá la normativa técnica correspondiente.

El Ministerio de Economía y Finanzas analizará y propondrá las opciones de inversión de la caja fiscal del Presupuesto General del Estado. El Ministro o Ministra encargada de las finanzas públicas autorizará y regulará las inversiones financieras de las instituciones del sector público no financiero.

La inversión de los activos internacionales del Banco Central del Ecuador en el extranjero será realizada de acuerdo con lo previsto en el Título III de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.

La inversión de los demás recursos financieros públicos del Presupuesto General del Estado en el extranjero solo podrá realizarse previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual se emitirá un informe completo que señale entre otros aspectos, la conveniencia y viabilidad financiera de la inversión.

Constituyen una herramienta financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya utilización oportuna le permite obtener recursos que contribuyan a administrar deficiencias temporales de caja. El Ministerio de Economía y Finanzas determinará las necesidades de colocaciones de corto plazo, para financiar deficiencias temporales de ingresos a la caja.

En función de que las Notas del Tesoro no constituyen endeudamiento público, el registro de los acervos de este instrumento será contable, y la variación de saldos al 31 de diciembre de cada año respecto a la misma fecha del año anterior, así como los costos financieros producto de su negociación tendrán cobertura y afectación presupuestaria. Los acervos contables serán incluidos en la liquidación presupuestaria de cada ejercicio fiscal en el formato Ahorro Inversión Financiamiento y en el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al segundo semestre que establece el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

La emisión de Notas del Tesoro se implementará a través de escritura pública, su plazo máximo será de hasta 359 días y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 123 del Código de Planificación y Finanzas Públicas el proceso de emisión no se sujetará al requerido para títulos valores representativos de deuda pública. Para la operatividad de la emisión, modificación, negociación, colocación, uso, registro y pago de las Notas del Tesoro el ente rector de las finanzas públicas emitirá la norma técnica correspondiente.

En conformidad con el artículo 171 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas las Notas del Tesoro serán reportadas estadísticamente conforme a estándares internacionales

ARTÍCULO (...). Límite para el saldo de las Notas del Tesoro. El ente rector de las Finanzas Públicas determinará el saldo máximo de Notas del Tesoro que permita administrar las deficiencias temporales de caja que se encuentren programadas en el Plan Financiero del Tesoro Nacional. Este saldo no podrá superar el valor equivalente al 8% de los gastos del Presupuesto General del Estado.

El ente rector de las finanzas públicas deberá revisar y actualizar anualmente el límite que aplica, en función de lo establecido en el presupuesto inicial o prorrogado de cada año, según corresponda.

Cuando dicho límite sea superior al monto máximo considerado en la o las escrituras de emisión de las Notas del Tesoro, no será necesario realizar ajustes a las mismas; mientras que cuando ese monto sea superior a dicho límite, será necesario realizar la o las modificaciones que sean requeridas para garantizar el cumplimiento del límite.

En caso de que, al inicio de un nuevo período fiscal el saldo inicial de las Notas del Tesoro se ubique por encima del valor permitido por el límite establecido para dicho período, el ajuste previsto deberá ser incluido en el Plan Financiero del Tesoro Nacional y deberá efectuarse durante los primeros tres meses del período fiscal, pudiendo realizarse una extensión del período de ajuste con los sustentos necesarios, pero que en ningún caso excederá el fin de dicho período fiscal.

ARTÍCULO (...). Informe anual de gestión de Notas del Tesoro. El ente rector de las finanzas públicas elaborará y presentará como anexo a la Proforma del Presupuesto General del Estado el informe anual de gestión de las Notas del Tesoro con información del ejercicio fiscal precedente y la ejecución hasta el mes inmediato anterior a la presentación de la proforma. El informe al menos presentará datos correspondientes a: tipo de tenedor, colocaciones, rendimientos, perfil de vencimientos y justificación de la emisión

Los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas y las entidades financieras públicas que decidan gestionar recursos públicos a través de fideicomisos deberán solicitar la autorización correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas. Previamente a la autorización, el Ministerio de Economía y Finanzas emitirá un informe acerca de la conveniencia o no de que se autorice el manejo de los recursos públicos a través de esta figura financiera. Estas entidades informarán semestralmente al ente rector de las finanzas públicas sobre la gestión de los recursos a través de tales fideicomisos.

Ningún fideicomiso público deberá mantener recursos por fuera de la banca pública e instituciones financieras cuyo capital accionario sea mayoritariamente con recursos públicos y sus inversiones se sujetarán a las disposiciones que sobre la materia emita el Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual emitirá una norma técnica.

El Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Banco Central del Ecuador, emitirán las políticas para el manejo integrado de la liquidez del sector público y las acciones que se deben adoptar sobre los excedentes de liquidez de las cuentas que conforman el Sistema Único de Cuentas, asegurando el óptimo manejo de los recursos financieros.