Texto definitivo aprobado por el Pleno
| Fecha de última tramitación | 20 de Agosto de 2021 |
Página 1de 341
EL PLENO
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca
al ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un
Estado constitucional de derechos y justicia y que es necesario
realizar cambios normativos que respondan coherentemente al
espíritu de la Constitución;
Que en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la Constitución
es la Norma Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico y, por lo tanto, las normas y los actos del
poder público deben mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales;
Que el literal b), numeral 3, del artículo 66 de la Constitución de la
República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas una vida
libre de violencia en el ámbito público y privado y ordena la adopción
de medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de
violencia; en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y
adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad
y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad;
idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la
explotación sexual;
Que la Constitución, de conformidad con el artículo 75, reconoce a las
personas el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con
sujeción a los principios de inmediación y celeridad, y que en ningún
caso quedarán en indefensión;
Que el artículo 76 de la Constitución ordena que en todo proceso en el
que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, como
en el caso de los penales, se asegurará las garantías que integran el
debido proceso, garantías de la defensa para la persona procesada y
garantías para las víctimas, que deben ser canalizadas a través de la
ley penal;
Que la Constitución reconoce a las personas privadas de libertad, de
conformidad con el artículo 51, el derecho a no ser aisladas, a
comunicarse, a recibir visitas, a declarar sobre el trato recibido, a
contar con recursos humanos y necesarios para gozar de salud
integral, a la atención de sus necesidades educativas, laborales,
productivas, culturales, alimenticias y recreativas, y a recibir
atención preferente y especializada en el caso de personas adultas
mayores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, con
Página 2de 341
capacidades especiales, enfermas o adolescentes;
Que la Constitución prescribe en el artículo 78 que las víctimas de
infracciones penales tendrán derecho a protección especial, a no ser
revictimizadas y a que se adopten mecanismos para una reparación
integral que incluya el conocimiento de la verdad, restitución,
indemnizaciones, rehabilitación, garantía de no repetición y
satisfacción del derecho violado;
Que de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución las acciones por
infracciones de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra,
desaparición forzada de personas y agresión a un Estado serán
imprescriptibles;
Que de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, las acciones y las
penas por las infracciones de peculado, cohecho, concusión y
enriquecimiento ilícito son imprescriptibles;
Que de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 396 de la Constitución,
las acciones legales para perseguir y sancionar los daños
ambientales son imprescriptibles;
Que de conformidad con el artículo 76 de la Constitución se debe
establecer la debida proporcionalidad entre las infracciones y las
sanciones penales, deben existir sanciones no privativas de la
libertad, las que tienen que respetar los derechos de las personas y
ser impuestas mediante procedimientos adversariales, transparentes
y justos;
Que el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de Ejecución
de Penas y Rehabilitación Social fueron promulgados antes de la
entrada en vigencia de la actual Constitución y que sus normas,
deben ser actualizadas y adecuadas a las nuevas exigencias del
Estado constitucional de derechos y de justicia;
Que el derecho penal adjetivo debe garantizar la existencia de un sistema
adversarial, que cuente con fiscales que promuevan el ejercicio de la
acción penal dentro de los principios y fundamentos del sistema
acusatorio, con defensoras y defensores públicos que patrocinen
técnicamente a las personas acusadas de cometer una infracción y a
las personas que, por su estado de indefensión o condición
económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de
defensa legal para la protección de sus derechos ,y con juezas y
jueces que dirijan el proceso y sean garantes de los derechos de los
participantes procesales;
Que para cumplir lo dispuesto en el artículo 201 de la Constitución, es
Página 3de 341
impostergable sustituir el actual sistema de ejecución de penas por
otro que tenga como prioridad el desarrollo de las capacidades de las
personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y
cumplir sus responsabilidades al recuperar su libertad,
rehabilitándose y reinsertándose en la sociedad;
Que el sistema penal en su componente sustantivo mantiene tipos
obsoletos, pues no responde a las necesidades actuales de la
población; en su componente adjetivo es ineficiente y no ha logrado
afianzar procesos justos, rápidos, sencillos, ni tampoco ha
coordinado adecuadamente las acciones entre todos sus actores; y,
en su componente ejecutivo no ha cumplido con sus objetivos y se
ha convertido en un sistema burocrático y poco eficaz, lo que
justifica una reforma integral y urgente al Sistema Penal en su
conjunto;
Que en la consulta popular de 7 de mayo de 2011, el pueblo se pronunció
sobre temas relativos al procedimiento penal: la caducidad de la
prisión preventiva y medidas sustitutivas a la privación de libertad;
y, a la necesidad de tipificar el enriquecimiento privado no
justificado y la no afiliación al IESS de los trabajadores en relación
de dependencia;
Que la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 84 de la
Constitución, tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente,
las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la
Constitución e instrumentos internacionales;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide el
siguiente:
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
LIBRO PRELIMINAR
NORMAS RECTORAS
TÍTULO I
FINALIDAD
Artículo 1.- Finalidad.- Este Código tiene como finalidad normar el poder
punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el
procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba