El (ab)uso de garantías jurisdiccionales constitucionales como mecanismo de anulación de actos administrativos
| Autor | Alexandra Sierra García |
| Cargo | Abogada por la Universidad de las Américas, con especialidad en Contratación Pública y Modernización del Estado |
| Páginas | 58-64 |
58 REFLEXIONES
EL (AB)USO DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES CONSTITUCIONALES
COMO MECANISMO DE ANULACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
Alexandra Sierra García
Resumen
Las garantías jurisdiccionales pueden entenderse como
un mecanismo que permite a las personas prevenir la
vulneración de sus derechos constitucionales, exigir repa-
ración en caso de que estos hayan sido transgredidos, o
el cumplimiento de algún derecho que se haya negado.
Tanto la Constitución de la República del Ecuador como
la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional disponen los medios por los cuales se
pueden ejercer las mencionadas garantías y los requisitos
para ello. Uno de los principales problemas de la justicia
actual es el uso desmedido de estos mecanismos para, de
forma arbitraria, solventar cuestiones que correspo nden a la
justicia ordinaria, y que, disfrazados de vulneraciones de
derechos constituciones, han permitido que se resuelva
en la esfera de lo constitucional aquello que le correspon-
de a la justicia administrativa. La nulidad de actos ad-
ministrativos a través del (ab)uso de las garantías juris-
diccionales se ha convertido en un asunto común, siendo
el juez constitucional un reemplazo forzado de los tri-
bunales contencioso-administrativos. Así, se ha invocado
de manera caprichosa el derecho al debido proceso o a
la seguridad jurídica como base para apelar a lo consti-
tucional a aquello que corresponde a lo administrativo;
cuestión que se ha convertido en el modus operandi de
quienes buscan burlar a la justicia pero cuya gravedad
radica en los jueces constitucionales que permiten que
ello prospere.
Palabras clave: garantías jurisdiccionales, derechos
constitucionales, actos administrativos, nulidad.
Abstract:
ere is no doubt that the Public Administration
is governed by the principle of legality, as deter-
mined by article 226 of the Constitution and arti-
cle 14 of the Organic Administrative Code. In this
context, public ocials, and any person who pro-
vides services for the Public Administration, will
have the obligation to observe the legal system
in its entirety in the fulllment of its functions,
which implies not only abiding by the regulations
but also by principles such as that of legitimate
condence or the observance of the rule of stop-
pel, within the framework of discretion. e afo-
rementioned does not escape the actions that may
be carried out by the administrators of the con-
tracts covered by the regulations of the National
Public Procurement System, and that imply secu-
rity for the State providers in their development.
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