Sobre Libertad, Liberales y Libertarios: Distinciones entre el Liberalismo Clásico y el Libertarianismo Contemporáneo
| Autor | Sebastián Albuja |
| Páginas | 77-85 |
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En las últimas décadas, el pensamiento libertarianista ha adquirido cierto protagonismo en el mundo académico y en el ámbito político1. Los defensores del libertarianismo se han autoproclamado los verdaderos herederos del liberalismo clásico, y han sostenido que el liberalismo actual no plantea ni defiende adecuadamente las ideas fundamentales del liberalismo clásico. Para los libertarianistas modernos, el liberalismo de esta época, en todas sus variaciones, distorsiona los ideales del liberalismo clásico, mientras que el libertarianismo entiende e interpreta de manera precisa lo que el liberalismo clásico supone en nuestros días.
En este ensayo cuestiona y critica esta posición asumida por el libertarianismo moderno. Para ello, en primer lugar, explicaré de manera breve la posición liberal clásica sobre el rol legítimo del estado y la autoridad, propuesta por John Locke y John Stuart Mill, haciendo una breve referencia a la "Carta sobre la Tolerancia" de Locke y al libro "Sobre la Libertad" de Mill. Luego trataré de explicar la posición del libertarianismo actual acerca los límites del poder y la actividad estatal, haciendo referencia a las ideas propuestas por Robert Nozick.
Sobre la base de estas dos secciones, trataré de argumentar que la idea de que el liberalismo clásico de Locke y Mill desemboca necesariamente en el libertarianismo actual, del cual Nozick es quizá el más sólido defensor, es imprecisa y descansa sobre premisas incorrectas. Finalmente, intentaré hacer una crítica al argumento de Nozick en defensa del "estado mínimo" (nightwatchman state).
La "Carta sobre la Tolerancia" de Locke y "Sobre la Libertad" de Mill son dos piezas clave que contienen los argumentos fundacionales en defensa de la libertad. Estos autores parten de la premisa de que la libertad es un valor superior y que, por lo tanto, debe ser preservada a toda costa. Es decir, Locke y Mill no se ocupan de explicar y demostrar, a través de mecanismos de fundamentación moral, por qué la libertad es un valor superior que debe ser privilegiado frente a otros, como por ejemplo, el valor de la comunidad o de lo comunal2. Para estos dos autores,
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la mejor manera de proteger la libertad individual es determinar con precisión su alcance y sus límites. Adicionalmente, es imprescindible desarrollar mecanismos adecuados para evitar que el Estado limite la libertad. Sin estos mecanismos, señalan estos dos autores, el poder estatal necesariamente violará la esfera individual de libertad3.
En su Carta, Locke desarrolla la distinción fundamental entre la naturaleza de dos instituciones: las organizaciones religiosas y el estado. A partir de esta distinción, Locke estructura los límites que se deben imponer a la autoridad estatal. La primera parte de su Carta despliega argumentos más bien religiosos y emotivos para fundamentar su posición de que los asuntos religiosos son de competencia exclusiva de la iglesia4. Sobre la base de estos argumentos, Locke hace un llamado a los encargados del poder, mayoritariamente cristianos en esa época: para ser consecuentes con los ideales y valores cristianos, deben abstenerse de decidir sobre las preferencias religiosas de los individuos bajo su gobierno.
Después de esta argumentación religioso-emotiva, Locke adopta un método puramente filosófico, por medio del cual señala que la función del gobierno debería estar limitada a la protección de ciertos intereses civiles5. Tales intereses civiles son aquellos relacionados con la seguridad física y el derecho a la propiedad. El poder estatal debe servir solamente para proteger tales intereses. Cualquier otra atribución dada al estado, conforme a Locke, es innecesaria e ilegítima.
Debido a que las creencias religiosas son asunto puramente individual, siempre y cuando no violen las leyes civiles6 y los derechos de terceros, el estado debe abstenerse de obligar a los ciudadanos a respetar y observar cualquier religión particular, y, consecuentemente, no tiene la facultad de prohibir la práctica pública7de ceremonias religiosas. Locke argumenta que la fe no puede ser creada por vía del mandato legal y del uso de la fuerza, puesto que, si lo es, necesariamente será falsa e hipócrita. La libertad para adoptar un credo religioso y practicarlo en público no es un asunto que le concierne al estado, cuyo ámbito de acción se reduce a proteger los intereses civiles de los individuos. Para Locke, finalmente, el estado debe abstenerse de progeter a los individuos de su propia negligencia o falta de cuidado8.
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En suma, para Locke, el rol del estado se reduce a garantizar la seguridad física de los ciudadanos, dejando todo el resto de esferas a la libre elección individual.
Para Mill, la tensión entre la libertad individual y la autoridad estatal es un "juego de suma cero", es decir, libertad y autoridad están en una relación inversamente proporcional: mientras mayor autoridad tiene el estado, menor es el grado de libertad individual del que gozan los ciudadanos, y viceversa. Esta relación mutuamente excluyente entre libertad y autoridad hace imprescindible determinar los límites tanto de la libertad como del nivel de autoridad del estado. Para Mill, la falta de un mecanismo generalmente aplicable, a través del cual se pueda delimitar el campo de acción de libertad y autoridad lleva a una contradicción atroz: la libertad es protegida cuando no debería serlo, y negada cuando debería ser permitida. Para corregir esta situación, Mill estructura un principio universal del cual se pueden deducir los casos en los que la acción estatal está legitimada y aquellos en que no lo está.
Este principio propone, esencialmente, que el estado sólo está legitimado a invadir la esfera de libertad de los individuos con el fin de evitar que éstos perjudiquen a terceros. Es el principio del "daño o perjuicio a terceros". En otros términos, las acciones de los ciudadanos sólo deben y pueden ser prohibidas si de alguna mane-ra van en contra de los intereses de otros. Excepcionalmente, Mill concede que el estado puede intervenir para prohibir ciertos actos que conciernen solamente al individuo que los realiza, pero sólo si tales actos pueden dañar a otros indirectamente9.
Después de formular el principio universal del "daño o perjuicio a terceros", Mill lo contextualiza aplicándolo a algunas situaciones específicas. Al hacerlo, encuentra casos simples y casos difíciles. Estos últimos lo llevan a admitir ciertas excepciones al principio, algunas de las cuales parecen razonables. Sin embargo, otras son definitivamente un poco más ad hoc, es decir, parecen algo forzadas—con el fin de salvar el principio, ciertamente. Algunos ejemplos de este último tipo de excepciones son: a) Nadie puede firmar un contrato según el cual consienta en convertirse en el esclavo de alguien más10; b) No se debe permitir el matrimonio si los participantes en este contrato no tienen la capacidad económica para sostener a su prole; c) Los actos "indecentes" no deben ser permitidos; d) Los padres de familia deben estar obligados a matricular a sus hijos en la escuela11.
Robert Nozick, un filósofo de los derechos12, aborda el mismo tema: los límites que
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la libertad individual y la autoridad deben tener, y los roles admisibles para el estado. Para este autor, el rol del estado se encuentra limitado—o debe estarlo—a las funciones de "proteger a los individuoos de la fuerza, el robo, el fraude, y al cumplimiento de los contratos. Cualquier estado más extensivo viola los derechos de las personas a no ser forzadas a hacer ciertas cosas, y está injustificado"13. Esta última afirmación es un elemento crucial de su esquema de pensamiento.
Para Nozick, las actitudes paternalistas del estado deben ser frontalmente rechazadas. Es decir, el estado no tiene ninguna competencia ni facultad para señalar a los individuos qué decisiones tomar en aquellos ámbitos que incumben a su vida privada. En el mismo sentido, el estado no está legitimado para forzar a la gente a ayudar a terceros14.
Esta idea tiene repercusión directa en el ámbito de los impuestos. Para Nozick, cualquier forma de imposición constituye un mecanismo de altruismo forzado: al cobrar impuestos, el estado obliga a aquellos que...
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