Procesos de juridificación y defensa del agua en el sur andino del Ecuador

AutorCarlos Quizhpe, Ivette Vallejo
CargoInvestigador independiente (Ecuador)/Profesora investigadora. Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio, FLACSO Ecuador
Páginas33-56
Procesos de juridif‌icación y defensa del agua
en el sur andino del Ecuador
Processes of juridif‌ication and defense of water in the southern
Andean region of Ecuador
Mgtr. Carlos Quizhpe. Investigador independiente (Ecuador).
(carloshqp@hotmail.com) (https://orcid.org/0000-0002-6708-7564)
Dra. Ivette Vallejo. Profesora investigadora. Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio, FLACSO
Ecuador. (ivallejo@f‌lacso.edu.ec) (https://orcid.org/0000-0002-6649-4336)
dossier de investigación
ÍCONOS Revista de Ciencias Sociales • n.º 72 • vol. XXVI (1er. cuatrimestre) • ISSN: 1390-1249 • e-ISSN: 1390-8065
enero-abril 2022 • www.revistaiconos.ec
https://doi.org/10.17141/iconos.72.2022.5033 • Páginas 33-56
Resumen
En un contexto en que el extractivismo minero se profundiza en América Latina, en el presente artículo se
abordan los itinerarios de acción colectiva que poblaciones locales del sur andino ecuatoriano han seguido
para la defensa del agua ante los proyectos Río Blanco y Loma Larga en Quimsacocha, ubicados en el cantón
Cuenca, provincia Azuay. Dentro de tales itinerarios transitó en cortes una acción de protección que obtuvo
fallo positivo y logró frenar el proyecto Río Blanco y se concretaron dos consultas populares –Girón y
Cuenca–. Estas experiencias hacen parte de lo que llamaremos procesos de juridicación en defensa del agua,
en los cuales se disputan visiones y ontologías acerca de la relación humanos-entorno natural. Para recopilar
la información recurrimos a entrevistas en profundidad a comuneras y miembros de colectivos ecologistas, a
la cartografía social y a la revisión documental. En el artículo se discute la complejidad de las demandas frente
a la megaminería en lo jurídico y las dinámicas de poder que se entretejen en la exigibilidad de derechos
colectivos y de la naturaleza. También se analiza el soporte que en el ámbito jurídico ofrecen a los procesos de
juridicación las acciones de movilización que ocurren en paralelo. Se trata de una contribución a los debates
sobre justicia ambiental y justicia hídrica en dimensión crítica.
Descriptores: consultas populares; despojo; Ecuador; judicialización; justicia ambiental; minería.
Abstract
In a context in which mining extractivism is expanding in Latin America, this article deals with the collective
action agendas that local populations in the southern Andean region of Ecuador have followed to defend
water against the Rio Blanco and Loma Larga projects in Quimsacocha, located in the Cuenca canton,
Azuay province. Within such agendas, an injunction was led in the courts, which obtained a positive ruling
and managed to stop the Río Blanco project, and two popular consultations were held –Girón and Cuenca.
ese experiences are part of what we will call processes of juridication in defense of water, in which visions
and ontologies about the human-nature relationship are disputed. To compile information, we resorted to
in-depth interviews with community members and members of ecological collectives, social mapping and
document review. is article discusses the complexity of the demands against mega-mining in legal terms
and the power dynamics that are interwoven in the enforceability of collective rights and the rights of nature.
It also analyzes the support oered in the legal sphere to processes of juridication by mobilization actions
that take place in parallel. e article contributes to critical debates on environmental justice and water
justice.
Keywords: popular consultations; dispossession; Ecuador; judicialization; environmental justice; mining.
Recibido: 03/05/2021 • Revisado: 03/08/2021
Aceptado: 13/10/2021 • Publicado: 01/01/2022
Carlos Quizhpe e Ivette Vallejo
ÍCONOS 72 • 2022
Páginas 33-56ISSN: 1390-1249 • e-ISSN: 1390-8065
34
1. Introducción
Desde principios del siglo XXI América Latina ha experimentado una acelerada re-
primarización derivada, aunque con uctuaciones, de los altos precios internacio-
nales de los commodities (Burchardt et al. 2016).El augurado balance positivo del
neoextractivismo (Ocampo 2015) contrasta con las desigualdades generadas, con el
reforzamiento de la ilusión desarrollista y con el despojo de territorios convertidos
en zonas de sacricio (Lander 2014; Svampa 2019). Desde 2015 la región entró en
recesión (CEPAL 2017) al complicarse aún más la situación por la reciente pande-
mia del covid-19. Estas son justicaciones que utilizan los Estados para exibilizar
normativas ambientales, agilizar concesiones y ampliar las zonas extractivas a n de
atraer inversión extranjera.
Entre el periodo 2007-2017 se inauguró en Ecuador la minería a gran escala,
problemática que abordamos en este artículo con el objetivo de analizar dentro de los
itinerarios de acción colectiva que envuelven a comunidades y coaliciones rurales-ur-
banas, el recurso de litigios y demandas de consulta popular dentro del ámbito de lo
jurídico en el sur andino del país, así como sus alcances, limitaciones y las compleji-
dades en que discurren derechos humanos y de la naturaleza.
A lo largo de la etapa republicana la minería ha tenido incipiente participación en
la economía nacional1 con actividades de minería artesanal a pequeña escala efectua-
das por poblaciones locales en varias zonas del país. Algo similar sucedió a partir de
la década de los 80 con el surgimiento de una minería informal no regularizada en
provincias como Zamora Chinchipe y El Oro. No fue sino hacia 1995 cuando con el
auspicio del Banco Mundial irrumpió la minería a gran escala al incentivarse la am-
pliación de áreas e intensidad de la minería subterránea, en el marco del Proyecto de
Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA) que mapeó reservas de
minerales en varias provincias –El Oro, Azuay, Zamora Chinchipe e Imbabura– para
benecio de empresas extranjeras que iniciaron estas exploraciones.2
En el gobierno de Rafael Correa, tras un Mandato Minero3 que puso freno y re-
visó concesiones, la Constitución de 2008 determinó que los recursos minerales son
estratégicos e inalienables. La Ley de Minería promulgada en 2009 colocó al Estado
como principal regulador de la actividad, delegó en el Ministerio de Ambiente la
revisión de estudios de impacto ambiental, señaló procesos de participación a ser
garantizados, así como la vigilancia y monitoreo de impactos ambientales de la ex-
tracción (Leifsen et al. 2017).
1 Antes del periodo colonial señoríos étnicos efectuaban minería aurífera de barequeo en zonas ribereñas y aprendieron a fundir metales
–oro, plata y cobre– para elaborar artículos con nes ornamentales y ceremoniales. Durante la Colonia el sector minero constituyó
una aportación principal a la economía española.
2 A la par se pretendió regularizar la producción de la minería a pequeña escala.
3 El Mandato Minero emitido en 2008 por movilización social y ecologista detuvo provisionalmente la minería a gran escala y redenió
los términos de las concesiones mineras revirtiendo más de 4000 de ellas (Moore y Velásquez 2012). Además, prohibió la minería en
las cabeceras de cuencas hídricas, protegió los bosques y reconoció el derecho de las comunidades afectadas a realizar una consulta.

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