La protección de los derechos en la historia constitucional ecuatoriana
| Fecha | 18 Diciembre 2014 |
| Autor |
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Revista
N° 2, diciembre 2014
ISSN: 1390-9045
La protección de los derechos en la historia
constitucional ecuatoriana
The protection of rights in the Ecuadorian
constitutional history
Resumen Abstract
Una de las Instituciones Jurídicas que garantiza la
efectividad de los derechos fundamentales en el Ecuador
es la Acción de Protección; la misma que no adviene a
nuestra normatividad legal hasta la década de los 90,
sin embargo, no ha faltado quien sostenga que esta
institución jurídica ha estado presente dentro de todo
nuestro sistema constitucional. Todas estas expresiones, y
otras similares que han utilizado nuestras Constituciones,
son declaraciones muy generales y vagas. En primer
lugar es necesario analizar sus antecedentes históricos,
en segundo lugar podemos analizar cómo se realiza en
la actualidad, conocer cuál es la ley que la regula y el
objetivo que persigue esta acción.
One of the Legal Institutions guaranteeing here in
Ecuador effectiveness in fundamental human rights is
“Acción de P rotección” (Protection Action); the same
that didn’t befall to our legal normativity till the 90s.
Nevertheless, there is always someone upholding that
this legal institution has been present within our whole
constitutional system. All these expressions and similar
others used by our constitutions are general and vague
statements. For which is necessary first to analyze
its historical background. Only knowing this, we can
analyze how it is carried out nowadays, which is the law
regulating and the objective pursued by this action.
Palabras clave: Medio procesal extraordinario;
vulneración de derechos constitucionales; principios de
contradicción; derechos protegidos.
Keywords: Extraordinary procedural means, violation
of constitutional rights; principle of contradiction;
protected rights.
Galo Stalin Blacio Aguirre
Ph.D. en Fundamentos en Derecho Político por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia UNED, España
Docente de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la
Universidad Nacional de Loja
Correo electrónico: galo.ba@hotmail.com
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Galo Stalin Blacio Aguirre
La protección de los derechos en la historia constitucional ecuatoriana
I. Introducción
La protección de los derechos en el Ecuador,
en forma completamente funcional, no adviene a
nuestra normatividad legal hasta la década de los 90;
sin embargo, no ha faltado quien sostenga que esta
institución jurídica ha estado presente dentro de
todo nuestro sistema constitucional porque muchas
de las Constituciones prescriben que los ciudadanos
ecuatorianos tienen derecho a presentar quejas ante el
poder público: “reclamar respetuosamente sus derechos
ante la autoridad pública”.
Estas expresiones, y otras similares que han utilizado
nuestras constituciones, son declaraciones muy
generales y vagas, no constituyen ni el más remoto
antecedente de la autentica acción o demandada de
Amparo, en forma como fue instituida en México.
Si bien fue con la ley fundamental de 1967 cuando,
por primera vez en la historia de las constituciones
ecuatorianas, el amparo apareció llamado por su
nombre, eso no quiere decir que esta institución no
tenga antecedentes más distantes en la evolución de
nuestro constitucionalismo. Los tiene, desde luego, y
no puede ser de otro modo pues las instituciones, entre
ellas las jurídicas, no nacen de un día para otro, sino
que son el resultado de la maduración histórica, que
solamente se da a lo largo del transcurso del tiempo
para ser, y ojala decirlo no sea pecar de optimismo, pues
entendemos que ahora sí nos acercamos al momento en
el que Ecuador podrá tener, cuando menos coherente
y sólidamente diseñada en su estructura básica, una
institución de protección y defensa de los derechos.
Parece que ya contamos con experiencias suficientes
para permitirnos acertar en la ocasión en lo fundamental
en ese propósito, y que además, hay en nuestra Patria,
una corriente de opinión jurídica renovadora propicia
para este cambio, sin duda positivo, para el avance de
la sociedad ecuatoriana, hacia los grandes ideales de la
libertad y de la justicia.
Era imposible que al legislador del pasado se le
hubiese ocultado que no bastaba con proclamar
derechos y libertades, que era obligatorio, forzoso de
algún modo, tutelar su vigencia y asegurar su ejercicio.
La norma que los declara tenía que ser seguida por la
que los garantizaría, o al menos por la que anunciara
que se los protegería, para que fuesen realidad y no
acabasen en mera letra muerta.
La idea esencial generatriz de la institución del
amparo, no es otra que el Estado avale la realidad
y vigencia de los derechos y libertades que la misma
proclama, y reconozca el derecho de las personas a
demandar que se los respete.
En relación a nuestro objeto de estudio y a fin situar
la evolución de las Garantías Constitucionales, hemos
de incluir como antecedentes implícitos del Amparo, las
disposiciones constitucionales, que se han suscitado a
través de la historia jurídica del país.
II. El Amparo en las primeras Constituciones
del Ecuador
1.- La Constitución de 1830 estableció, de manera
tímida la necesaria garantía de los derechos. El Art. 66.
(República del Ecuador, 1830) establecía que:
Todo ciudadano puede reclamar respetuosamente
sus derechos ante la autoridad pública, representar al
Congreso y al Gobierno cuando considere conveniente
al bien general; pero ningún individuo ni asociación
particular podrá abrogarse el nombre de pueblo, ni
hacer peticiones en nombre de pueblo colectando
sufragios sin orden escrita de la autoridad pública. Los
contraventores serán presos y juzgados conforme a las
leyes.
2.- La Constitución de 1835 (República del Ecuador,
1835) o Carta de Ambato, llamada así por ser promulgada
en la Convención de Ambato en su Art. 93 expresaba:
…que nadie puede ser preso o arrestado
sino por la autoridad competente a menos que
sea sorprendido cometiendo un delito en cuyo
caso cualquiera puede conducirle a la presencia
del juez. Dentro de 12 horas, a lo más, del
arresto de alguna persona, expedirá el juez
una orden firmada el que se exprese los motivos
de la prisión, y si debe estar o no incomunicado
o preso, a quien le dará copia de esta orden, El
juez que faltare a esta disposición y el alcalde
que no le reclamare, será castigados como reos
de detención arbitraria.
3.- La Constitución de 1843 (República del Ecuador,
1843) recogía en su Art. 52 como atribuciones de la
Comisión Permanente:
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1. Velar sobre la obser vancia de la Constitución
y las Leyes dirigiendo al Poder Ejecutivo; bajo su
responsabilidad en el caso de omisión, las reclamaciones
correspondientes, hasta por segunda vez, dando cuenta
al Congreso de su próxima reunión;
2. Recibir, y preparar para el Congreso, los
recursos de quejas, que se interpongan contra los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia...
4.- La Constitución de 1852 (República del Ecuador,
1852) señalaba en su Art. 123 que:
Todo ciudadano tiene la facultad de reclamar sus
derechos ante los depositarios de la autoridad
pública, con la de moderación y respeto debido; y todos
tienen el derecho de representar por escrito al Congreso
o Poder Ejecutivo, cuando consideren conveniente a
bien público.
Además el Art. 125 del mismo cuerpo legal señalaba
que: “todo ciudadano puede reclamar ante el Congreso
o el Poder Ejecutivo toda infracción de la Constitución
o de las leyes.”
5. La Constitución de 1861 establecía en su Art. 106
que:
Nadie puede ser preso y arrestado sino por la
autoridad competente; a menos que sea sorprendido
cometiendo un delito, en cuyo caso cualquiera puede
conducirle a la presencia del juez dentro de 25 horas a
lo más, del arrestado de alguna persona el juez expedirá
una orden firmada en la que se exprese los motivos de
la prisión y si debe o no estar incomunicado, de la cual
se le dará copia. El juez que faltare a esta disposición
y al alcalde que no reclamare, serán castigados como
reos de detención arbitraria. (Tobar Donoso, J., Larrea
Holguín, J, 1980).
6.- La Constitución de 1869 recogía en su Art. 104:
“todo ecuatoriano puede reclamar ante el Congreso, el
Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, contra las infracciones
de la Constitución y de las leyes, e introducir a la Cámara
de Representantes una acusación contra cualquier alto
funcionario.” (Trabuco, 1999).
7.- La Constitución de 1878 establecía en el Art. 17
(República del Ecuador, 1878):
La nación garantiza a los ecuatorianos: 6º.- la
seguridad individual; y, en consecuencia, 2º.- nadie
puede ser preso ni arrestado si por orden de autoridad
competente a menos que haya cometido un delito,
caso en el que cualquiera puede conducirle a presencia
de dicha autoridad. Cuando hay arresto, dentro de 24
horas, a lo más de este, en que lo dispone debe expedir
una orden firmada en que exprese los motivos de la
prisión. La autoridad que no la diere, y el guardián de la
prisión que no la reclame, serán castigados
como reos de prisión arbitraria.
El Art. 19 establecía que (República del Ecuador,
1878) “Los empleados públicos que violaren cualquiera
de las garantías declaradas en esta Constitución serán
responsables con sus bienes, por los daños y prejuicios
que causaren…”
8.- La Constitución de 1884 recogía en su Art. 37 que:
Los empleados públicos que violaren cualquiera de
las garantías declaradas en esta Constitución, serán
responsables con sus bienes, por los daños y prejuicios
que causen; y respecto de los crímenes o delitos
que violándolas, cometieren, se observarán estas
disposiciones:
1.- Podrán ser acusados sin necesidad ni fianza ni
firma de abogado.
2.-Las penas no serán susceptibles de indulto, rebaja
ni conmutación, durante el periodo constitucional en que
se hubiere cometido la infracción, ni en el siguiente; y,
3.- Las acciones similares y civiles que nazcan de los
crímenes y delitos, y las penas impuestas no principiarán
a prescribir sino después de dichos periodos. (Tobar
Donoso, 1980).
9.- L a Constitución de 1897 señalaba en su Art. 39
(República del Ecuador, 1897) que:
Los empleados públicos que violaren cualquiera de
las garantías declaradas en esta constitución, serán
responsables con los bienes de los daños y prejuicios
que causaren, y, respecto de los crímenes y delitos que
cometieren contra tales garantías, se observarán las
disposiciones siguientes:
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Galo Stalin Blacio Aguirre
La protección de los derechos en la historia constitucional ecuatoriana
1.- Podrán ser acusados por cualquier persona,
sin necesidad de fianza ni firma de abogado, en los
Tribunales de justicia;
2.- Las penas que se impongan no serán susceptibles
de indulto, rebaja ni conmutación, durante el periodo
constitucional en el que se hubiere cometido la
infracción y,
3.- Los crímenes o delitos, acciones criminales y
penas impuestas, no prescribirán, ni empezarán, a
prescribir sino después de dichos periodos.
10.- La Constitución de 1906 recogía en su Art.- 98
(República del Ecuador, 1906) que:
Son atribuciones y deberes del Consejo del Estado:
1.- Velar por la observancia de la Constitución y de
las leyes.- y proteger las garantías constitucionales,
excitando para su respeto e inviolabilidad al
poder ejecutivo, a los Tribunales de Justicia y a las
autoridades a quienes corresponda.
11. La Constitución de 1929 instituía en el Art. 117
que (República del Ecuador, 1929):
Son atribuciones y deberes de Consejo de Estado:
1.- Velar por la observancia de la Constitución y de las
leyes; y. Especialmente, de las garantías constitucionales,
excitando, para el efecto, en el caso necesario, al Poder
Ejecutivo a los Tribunales de Justicia o a cu al qu ie r
otra autoridad.
Una somera revisión del proceso histórico del control
constitucional en el Ecuador informa que:
Las cartas políticas de 1851, 1869, 1878, 1906, y 1929
establecieron algún tipo control difuso, siguiendo el
patrón o modelo norteamericano. Las Constituciones de
1851, 1906 y 1929 fundaron los denominados Consejos
de Estado, que tuvieron parecidas funciones a las de
los posteriores tribunales de garantías constitucionales
pero sumamente limitadas y, así por ejemplo, estaban
impedidos de declarar la inconstitucionalidad de las
leyes y de otras normas jurídicas.
Esos Consejos de Estado se estatuyeron siguiendo el
modelo francés. (Tribunal Constitucional del Ecuador,
2008).
12. La Constitución de 1945 señalaba en su Art. 160
que (República del Ecuador, 1945):
Son atribuciones y deberes del Tribunal de Garantías
Constitucionales:
1.- Velar por el cumplimiento de la Constitución y de
las leyes, en especial de las garantías
constitucionales, excitando para ello al Presidente de la
República y demás funcionaros y autoridades de Poder
Público…
2.-Conocer que las quejas que formule cualquier
persona, natural o jurídica, por quebrantamiento de la
Constitución o de las leyes, preparar la acusación contra
los funcionarios responsables; salvo lo dispuesto en la
ley penal; presentar al Congreso para que este, según
los casos, los enjuicie u ordene enjuiciarlos.
13. La Constitución de 1946 República del Ecuador)
indicaba en el Art. 146 que:
Son atributos y deberes de Consejo de Estado: 1º.-
velar por la observancia que la Constitución y las leyes,
y, especialmente, proteger las garantías constituciones,
incitando para su respecto e inviolabilidad al Presidente
de la República, a los Tribunales de la Justicia y a las
demás autoridades de quienes corresponda.
III. El Amparo en la Constitución ecuatoriana
de 1967 y su desarrollo posterior
El acontecimiento más importante en la protección
de los derechos en el Ecuador, se produce en la
Constitución de 1967 (República del Ecuador, 1967),
específicamente en el artículo 28 que señala:
Sin perjuicio de otros derechos que se derivan de la
naturaleza de la persona, el Estado le garantiza 15ª El
derecho de demandar el Amparo jurisdiccional, sin
perjuicio del deber que incumbe al Poder Público de
velar por la observancia de la Constitución y las leyes.
Constituye el punto de partida de la institucionalidad
del Amparo en el Ecuador por su importancia histórica.
Ordoñez dice al respecto (Ordoñez Espinosa, 1995):
Era la primera vez que en una Carta Ecuatoriana
aparecía mencionada por su nombre la institución de
amparo. Por cierto, nada más que mencionada: no había
en el texto constitucional del 67, ni hubo en ninguna ley
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expedida a raíz de él, desarrollo alguno de esa norma.
Además, dada la breve vigencia de esa Constitución que,
promulgada en el Registro Oficial Nro. 133 del 25 de
mayo de aquel año, de hecho quedo abrogada por el
golpe de estado que el 22 de junio de 1970 instauró
la última dictadura del Dr. José Velasco Ibarra, no hubo
ni siquiera tiempo para que llegare a aplicarse aquel
novedoso derecho procesal a demandar el amparo
jurisdiccional.
Aunque su vigencia duró apenas un poco más de dos
años, ya que fue abolida por una dictadura civil. Desde
entonces, la Constitución lo borró constitucionalmente.
Hay que recalcar que en la vida Constitucional
ecuatoriana, antes de la inclusión del Amparo, existía
sólo “el derecho de petición”, y se lo ejercía en el
estricto sentido de la palabra: pedir, no exigir; lo que
facultaba implícitamente a las autoridades a ignorarlo
o guardar silencio, por no existir la fuerza legal que
ordene su cumplimiento.
Fue también importante la Constitución de 1978 que
al modificar las competencias del Tribunal de Garantías
Constitucionales avanza en la protección de los derechos
en el Ecuador (República del Ecuador, 1978):
Art. 141.- compete al Tribunal de Garantías
Constitucionales: 3º.- Conocer de las quejas que
formule cualquier persona natural o jurídica por
quebrantamiento de la Constitución que atente contra
los derechos y libertades garantizados por ella y de
encontrarlas fundadas, observar a la autoridad y
organismo respectivo como se observa en el numeral
anterior.
Se declara especialmente punible el desacato de las
observaciones del Tribunal, pudiendo inclusive pedirse
la remoción de quien o quienes incurran en el
mismo, al respectivo superior jerárquico, sin perjuicio
de la acción penal a que hubiere lugar.
La Ley reglamentará el ejercicio de estas atribuciones
y los límites de la competencia del Tribunal respeto
de los órganos jurisdiccionales ordinarios. (Del texto
que incluye la reforma contenida en la ley No. 20,
promulgada en el Registro Oficial No.93, del 23 de
diciembre de 1992, Codificación de la Constitución
Política de la República del Ecuador, publicada en el
Registro Oficial No. 183 del 5 de mayo de 1993):
Art. 146.- Compete al Tribunal de Garantías
Constitucionales 2. Conocer las quejas que
formulare cualquier persona natural o jurídica contra
los actos de las autoridades públicas que violaren sus
derechos y libertades garantizados por la Constitución.
La Constitución Política de la República del Ecuador, al
señalar que garantiza los derechos humanos, se refiere a
la persona humana como ser individual y social. Al hablar
de garantías constitucionales, designa la protección
procesal de los derechos humanos en particular, y de los
preceptos constitucionales, en general.
El Estado entrega, mediante el Amparo, un
instrumento de defensa legal frente a las autoridades
que vulneren, abusen o manejen arbitrariamente su
poder y representación contra los ciudadanos – en
forma personal o colectiva -, de allí el interés jurídico
para mantener vigente la integridad de la Constitución
(Tribunal Constitucional del Ecuador, 2008):
Las Constituciones de 1945, 1967, 1978 establecieron
los Tribunales de Garantías Constitucionales que tenían
la atribución de suspender una ley por inconstitucional,
pero la decisión final quedaba en el poder político
discrecional del Congreso de la República. Se producía
una dicotomía: El Congreso resolvía en última instancia
sobre la inconstitucionalidad de una Ley dictada por el
mismo órgano controlado.
IV. La Reforma Constitucional de 1995
Tras su fugaz presencia en la Carta Fundamental
de 1967, el nombre del Amparo desapareció de la
legislación ecuatoriana de rango constitucional durante
más de cuarto de siglo, pues fue solamente en 1993
cuando la Corte Suprema de Justicia, con la autoridad
que le dio la Disposición Transitoria Vigésima de la Ley
No. 20, publicada en el Suplemento No. 93 del R.O del 23
de diciembre de 1992, expidió las normas para regular
el Control Constitucional en el Régimen de Transición.
(Estatuto Transitorio del Control Constitucional),
promulgado en el (República del Ecuador, 1993), en el
cual se instituyó la “demanda de Amparo”, y con ello
se establecieron normas para el ejercicio del derecho
de Amparo, al cual se había referido la Constitución de
1967 en la forma sumaria antes dicha.
El Estatuto abre las dos vías para el ejercicio del Control
Constitucional, por un lado la vía de la “demanda contra
normas inconstitucionales”, orientada a conseguir
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La protección de los derechos en la historia constitucional ecuatoriana
la suspensión total o parcial de leyes, decretos-
leyes, decretos, tratados o acuerdos internacionales,
resoluciones, acuerdos u ordenanzas afectados de
inconstitucionalidad, y una segunda vía consistente
en la “demanda contra violación de garantías: quejas o
demanda de amparo”, endereza contra la violación de la
libertad o de cualquier otro derecho garantizado por la
Constitución.
Posteriormente al ponerse en marcha en el año de
1994 el proceso de cambio global de la Constitución,
el Ejecutivo integró una comisión para que formulase
un proyecto de reformas a la Carta Magna Fundamental.
Esta comisión cumplió el cargo y entregó su proyecto
al Presidente de la República, quien lo aceptó y, con
reformas, lo remitió al Congreso Nacional para que éste
lo tramitase dentro de los términos aprobados en la
Consulta Popular de 28 de agosto de 1994.
El Art. 42 del proyecto enviado por el Ejecutivo al
Congreso mediante oficio No. 94-5278-DAJ-T.1444, de
4 de octubre de 1994, dedica un artículo, relativamente
amplio, a la acción de Amparo. Este artículo constituye
el Parágrafo I del Título II de los derechos, deberes y
garantías-. De la primera parte de dicho proyecto, el
parágrafo que allí propone dice así:
Toda persona podrá acudir ante los jueces de Amparo
o, en su faltan ante el juez de lo civil y requerir la
adopción de medidas urgentes destinadas a hacer cesar,
o evitar la comisión o remediar inmediatamente las
consecuencias de un acto ilegítimo de autoridad de la
administración pública violatorio de cualquiera de los
derechos constitucionales consagrados en el artículo
19 de esta Constitución y que pueda causar un daño
inminente y grave o irreparable.
V. La Ley de Control Constitucional de 1997
y la Constitución de 1998
La Ley de Control Constitucional, publicada en el
Registro Oficial Nro. 99 de 2 de julio de 1997 (República
del Ecuador, 1997), antes de la promulgación de nuestra
Carta Magna de 1998 y que, fuera calificada con jerarquía
y carácter de Ley Orgánica, la misma que fue publicada
en el Registro Oficial del 8 de marzo del 2001 dice:
…Con el objetivo de establecer normas
claras y precisas para garantizar los derechos de
las personas, a través de la Acción de Amparo
y proteger las garantías ciudadanas frente a
los actos abusivos, autoritarios, arbitrarios,
conductas prepotentes, intolerantes, ilegales de
la autoridad pública.
Instaura un mecanismo de protección de los
derechos en Ecuador. Acción, es la definición que
le da la Constitución a esta garantía, por cuanto no
tienen ningún precedente jurídico; y, recurso, cuando
de la resolución del juez competente, se apela ante el
Tribunal Constitucional.
Según Baldeni (Baldeni, 1977):
El amparo es una garantía de raíz constitucional que
tiene por objeto proteger los derechos reconocidos por
la Constitución y su ejercicio contra toda limitación,
restricción o amenaza arbitraria o contraria a la ley,
generada por la actividad de órganos estatales o por
particulares. Se trata de una garantía destinada a
salvaguardar todas las libertades del hombre, con la sola
excepción de la libertad física que está tutelada por el
hábeas corpus.
La primera disposición transitoria constante en
el texto codificado de la Constitución Política de la
República, consigna la necesidad de que se dicten las
leyes necesarias para la aplicación de las reformas
constitucionales; que para la actuación del Control
Constitucional resulta indispensable el establecimiento
de normas claras que regulen el funcionamiento del
Tribunal Constitucional” Para Bayona Triviño “El Tribunal
Constitucional no juzga asuntos de legalidad sino
violaciones a la norma fundamental, el amparo procede
cuando hay violación de preceptos constitucionales”.
(Bayona Triviño, 2007).
1. La Ley de Control Constitucional
El papel que cumple el Tribunal Constitucional, se
deriva de su misión fundamental de contralor de la
constitucionalidad del ordenamiento jurídico, así como
el de asegurar la eficacia de las normas constitucionales,
y de modo especial de los derechos y garantías
establecidas a favor de las personas.
Dentro de la Ley de Control Constitucional, el
Gobierno y los legisladores han contemplado la Acción
de Amparo Constitucional para que las personas hagan
valer sus derechos y, los representantes legítimos de una
colectividad, podrán proponer una Acción de Amparo
ante el Órgano de la Función Judicial, designado por
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la Ley (jueces y tribunales). Así mismo, puede hacerlo
cualquier persona natural o jurídica cuando se trata de
la defensa del medio ambiente, tal como lo establece el
Art. 46 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional (República del Ecuador 2009).
También podrá ser objeto de amparo la no
expedición de un acto o la no ejecución de un hecho,
si tales omisiones causaren o puedan causar los efectos
señalados en el inciso anterior.
La competencia para conocer y resolver la Acción de
Amparo, será cualquier juez de lo civil o los tribunales
de instancia de la sección territorial en que se consume
o pueda producir sus efectos el acto ilegítimo violatorio
de los derechos constitucionales protegidos.
Se podrá interponer la acción ante juez o tribunal
de lo penal, en días feriados o fuera del horario de
atención de juzgados y tribunales, o en circunstancias
excepcionales, que deberán ser invocadas por el
solicitante y calificadas por dicho juez o tribunal, en los
cuales radicará entonces la competencia privativa de la
causa.
En ningún caso habrá inhibición del juez o tribunal
ante el cual se interponga el Amparo, salvo cuando
entre estos y el peticionante exista incompatibilidades
de parentesco u otras señaladas en la ley.
Éste Amparo también podrá ser interpuesto cuando se
atenten o violen derechos consagrados en instrumentos
internacionales vigentes:
1. Por Propios Derechos.- La Constitución Política,
prevé la presentación del Amparo por el ofendido,
por sus propios derechos, para proteger sus derechos
subjetivos constitucionales individuales, siendo
necesario que el accionante, a más ostentar la titularidad
del derecho violentado o amenazado, justifique su
condición de agravado, para ser considerado legitimado
activo. (legitimación ad causam).
2. Por Agente Oficioso.-La agencia oficiosa
o gestión de negocios ajenos se define como: …
La intromisión voluntaria y gratuita en uno o varios
negocios ajenos, sin el consentimiento del titular del
mismo, ni por autoridad de la ley, pero que ésta permite
para evitarle daños mayores, o proveerle un beneficio,
y del cual se derivan derechos y obligaciones recíprocas
entre el gestor y el dueño del negocio.
3. Por Medio de Apoderado.- La Ley de Control
Constitucional (Art. 48) establece que los accionantes
de Amparo Constitucional pueden ser interpuestas por
un apoderado, pero no señala como debe otorgarse
el poder para que éste se encuentre debidamente
legitimado. Hay que señalar que el agraviado no está
obligado a presentar el amparo personalmente, y
aún continuar su tramitación en todas sus fases, sino
que puede hacerlo por medio de su representante
libremente designado.
4. Intereses Colectivos y Comunitarios.- La
Constitución Política del Estado (Art. 95, 1er.inc.)
legitima al representante legitimado de una colectividad
para la interposición del Amparo, así mismo prevé la
interposición de la acción en contra de particulares,
cuando su “…conducta afecte grave y directamente un
interés comunitarios, colectivo o un derecho difuso” y
(Art. 95 3er.inc.) de la Constitución, por lo que se debe
determinar quiénes son los legitimados en la valoración
a cada uno de estos intereses o derechos.
5. Intereses Difusos.- Mientras que los derechos
colectivos pertenecen a un grupo determinado de
personas, no existe una colectividad perfectamente
individualizada, es una situación formada por una
serie indeterminada de sujetos que tienen un interés
común de satisfacer, “…. Es la indeterminación, la falta
de límites precisos en cuanto a la identificación de
las personas que lo componen, lo que convierte a ese
interés en difuso.
6. Defensor del Pueblo.- La Ley del Control
Constitucional (Art.48) señala entre los legitimados
para presentar una Acción de Amparo al “…Defensor
del Pueblo, sus adjuntos y comisionados en los casos
señalados en la Constitución y en la Ley…..”, es
necesario indicar que la Constitución señalan entre
las atribuciones conferidas al Defensor del Pueblo,
la de interponer Acciones de Amparo. (Art. 96, 1er.
inc.) señala que podrá “…promover o patrocinar el
hábeas corpus y la Acción de Amparo de las personas
que lo requieran…”, así mismo la Ley Orgánica de la
Defensoría del Pueblo (Art.2, letra a) menciona entre
sus atribuciones la de “promover o patrocinar los
recursos de Habeas Corpus, Habeas Data y de Amparo
de las personas que lo requieran”, sin señalar entre
ellas la de interponer acciones a favor de otra persona,
sino únicamente patrocinarlas a petición de quienes lo
soliciten, en este sentido se ha manifestado el Tribunal
Constitucional. Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo
13
Galo Stalin Blacio Aguirre
La protección de los derechos en la historia constitucional ecuatoriana
(Art. 8, letra g) señala que: “el Defensor del Pueblo
puede inter venir como parte en asuntos relativos a la
protección del medio ambiente y del patrimonio cultural,
con el fin de resguardar el interés de la colectividad”, de
lo que se puede concluir que éste no es legitimado para
interponer Acciones de Amparo como parte, salvo en los
casos que se refiera a protección del medio ambiente y
del patrimonio cultural, y cuando, naturalmente actúe
con poder o justificando agencia oficiosa.
VI. La Constitución de 1998
La Constitución codificada y aprobada el 5 de junio
de 1998, y que entró en vigencia desde agosto de ese
mismo año, en su artículo 95, al referirse a la garantía
del Amparo Constitucional (República del Ecuador.
1998), señala:
Del Amparo.- Cualquier persona, por sus propios
derechos o como representante legitimado de una
colectividad, podrá proponer una Acción de Amparo
ante el Órgano de la Función Judicial designado, la
misma que se tramitará en forma preferente y sumaria,
se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas
a cesar, evitar la comisión o e inmediatamente las
consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una
autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier
derecho consagrado en la Constitución o en un tratado
o convenio internacional vigente, y que, de modo
inminente, amenace con causar un daño grave.
También podrá interponerse la acción si el acto o
la omisión hubieren sido realizados por personas que
presten servicios públicos o actúen por delegación o
concesión de una autoridad pública. También se podrá
presentar Acción de Amparo contra los particulares,
cuando su conducta afecte grave y directamente un
interés comunitario, colectivo o un derecho difuso. Para
la Acción de Amparo no habrá inhibición del juez que
deba conocerla y todos los días serán hábiles.
El juez convocará de inmediato a las partes, para
oírlas en audiencia pública dentro de las veinticuatro
horas subsiguientes y, en la misma providencia, de
existir fundamento, ordenará la suspensión de cualquier
acto que pueda traducirse en violación de un derecho.
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes,
el juez dictará la resolución, la cual se cumplirá de
inmediato, sin perjuicio de que tal resolución pueda ser
apelada para su confirmación o revocatoria, para ante el
Tribunal Constitucional.
La ley determinará las sanciones aplicables a las
autoridades o personas que incumplan las resoluciones
dictadas por el juez; y a los jueces y magistrados que
violen el procedimiento de amparo, independientemente
de las acciones legales a que hubiere lugar. Para asegurar
el cumplimiento del amparo, el juez podrá adoptar las
medidas que considere pertinentes, e incluso acudir a la
ayuda de la fuerza pública.
“No serán aplicables las normas procesales que se
opongan a la Acción de Amparo, ni las disposiciones
que tiendan a retardar su ágil despacho” (Constitución
Política de la República del Ecuador, 1998)
1. Naturaleza del Amparo
El Amparo Constitucional no es un recurso,
entendiendo que el término es una derivación del verbo
“recorrer”, esto es, volver a correr lo que antes se ha
corrido. Es un recorrer de nuevo el camino ya hecho,
jurídicamente la palabra denota tanto el recorrido que
se hace nuevamente mediante otra instancia, como el
medio de impugnación por virtud del cual se recorre
un proceso. Desde esta óptica, el recurso pasa a ser
una revisión de un asunto previamente conocido. Eso
lo constatamos si recordamos el recurso de apelación,
de casación, de reposición, o de revisión. En el caso del
Amparo Constitucional no estamos frente aún recurso,
sino ante una acción, esto es, el poder jurídico que
incita y pone en movimiento al órgano jurisdiccional.
(Zavala Egas J, 1999).
VII. Constitución de 2008
publicada en el Registro Oficial No. 449, del 20 de
octubre del 2008, ha modificado profundamente el
sistema de derechos en Ecuador, como más adelante
tendremos ocasión de estudiar, y también ha modificado
el campo de gestión de las acciones mediante las cuales
se garantiza la vigencia de los derechos consagrados en
la Carta Magna, así como la aplicación jerárquicamente
superior que se debe hacer de sus normas.
La actual Constitución es producto de un cambio
que exigía el país, de tal manera que para conocerla
y estudiarla hay que tener muy en cuenta la historia
política del Ecuador en los últimos diez años, por lo
14
Revista
N° 2, diciembre 2014
ISSN: 1390-9045
que hay que considerar que la Carta Magna del 2008,
no solamente refleja y capta la realidad de ese cambio,
sino que configura y previene el futuro político social de
nuestro país, pues en ella se encuentran plasmadas las
ideas de la mayoría de nuestro pueblo. (García Falconí
J. 2008)
De especial importancia es el Capítulo III del Título
III de la Constitución, que reconoce las garantías
jurisdiccionales. Sin embargo y en que a nuestro trabajo
respecta, de especial interés es el Art. 88 que regula la
acción de protección (República del Ecuador, 2008):
La acción de protección tendrá por objeto el amparo
directo y eficaz de los derechos reconocidos en esta
Constitución, y podrá interponerse cuando exista una
violación de derechos constitucionales, por actos u
omisiones de cualquier autoridad pública no judicial;
contra políticas públicas cuando supongan la privación
del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y
cuando la violación proceda de una persona particular,
si la violación del derecho provoca daño grave, si presta
servicios públicos impropios, si actúa por delegación
o concesión, o si la persona afectada se encuentra en
estado de subordinación, indefensión o discriminación.
De este modo, los derechos constitucionales
reclaman de consumo el goce y el prestigio pleno de
las garantías individuales para la efectiva vigencia
del Estado constitucional de derechos y justicia, y
para defender estos derechos tenemos las garantías
antes señaladas; esto era necesario para reforzar la
democracia, pues ésta se fortalece solamente cuando
existen mecanismos para reclamar nuestros derechos
violados, y de esta forma la nueva Constitución Política
reafirma los principios básicos y consolida su función
garantizadora en la vida práctica de la vigencia real de
los diversos derechos personales, colectivos y del buen
vivir. (García Falconí J. 2008)
La Acción de Protección protege los derechos que son
reconocidos en nuestra Constitución, siempre y cuando
estos derechos hayan sido violados o amenazados por
alguna autoridad pública o particular. Por medio de esta
acción se puede restaurar el derecho violado.
Surge a la vida jurídica como una reacción contra el
abuso de poder. Es el escudo jurídico del débil contra
el fuerte, del que carece de poder contra el que posee
y abusa de él. Es un instrumento jurídico creado por
el Estado moderno para controlar el ejercicio abusivo y
corrupto del poder. (Larrea Holguín, J, 2004)
Esta Acción es la antítesis del poder y frena su uso
corrupto, está es su razón de ser; su esencialidad, por eso
debe existir frente a todo poder: porque el poder tiende
a desconocer los derechos a abusar, a corromperlo todo
y a dominarlo todo. (Cueva Carrrión, L., 2009)
Por su origen, el poder es dominio y dominio absoluto,
para mitigarlos, se ha creado la Acción de Protección
como una tabla de defensa de los sujetos que impide su
naufragio en el mar proceloso del ejercicio del poder.
El ejercicio de esta acción impide el dominio y
el abuso total del poder porque es una barrera de
protección jurídica, sin ella, el poder lo arrasaría todo.
La Acción de protección, lo frena, lo racionaliza, lo
humaniza y lo vuelve a la normalidad y la atención; lo
ubica en su justa dimensión, en el lugar exacto donde
debe actuar y cómo y en qué medida debe descender a
la realidad social.
Desde el punto de vista de la generalidad podemos
observar que esta acción constitucional le da
fundamento y validez a la democracia, le confiere
sustancia, la humaniza, porque garantiza, en forma real
y práctica, los derechos de toda persona.
Con el establecimiento de la Acción de protección
se da cumplimiento, además, al mandato de seguridad
jurídica que es uno de los principales baluartes del
Estado moderno, aún más es uno de los enunciados
elementales del Estado Social de Derecho, aunque su
origen data del Estado de tipo liberal donde primaba
la importancia del sistema procesal por sobre la
persona. Bajo el esquema actual, debemos entender
a la seguridad jurídica como la idea de certeza sobre
el sistema jurídico que rige a determinada sociedad,
sistema jurídico expresado en disposiciones normativas,
que necesariamente son interpretadas por los entes que
administran justicia. La Acción de Protección protege
los derechos en forma directa y eficaz.
De forma directa porque el que debe protegerlos
actúa en forma vertical hacia el objetivo final, sin
pretenderse detener o detenerse en algún punto,
tal como el derecho es directo y recto, en la misma
forma el juez debe garantizar y proteger los derechos
a todo sujeto que recurre a él.De forma eficaz, porque
15
Galo Stalin Blacio Aguirre
La protección de los derechos en la historia constitucional ecuatoriana
la protección se hace de manera “Propia, adecuada o
efectiva para un fin.” Cuando se ha hecho efectivo un
propósito determinado, se podría hablar de que la
acción es eficaz, concretándose en forma práctica y
descender en auxilio de las personas actuando con
eficacia, seguridad, certeza y con prontitud.
Además de proteger los derechos rectamente, la
norma constitucional exige que se lo haga en forma
activa, fer vorosa y empleando todo el poder para
obrar hasta conseguir el objetivo final que no es otro
que proteger los derechos y hacerlo con certeza, con
seguridad, verdaderamente, realmente; si no se procede
así, la acción no puede concretarse y beneficiarse a los
sujetos.
La Acción de protección ecuatoriana tiene por objeto
proteger, favorecer, y patrocinar el ejercicio efectivo
de los derechos. Protección y proteger, nos da la idea
general de defensa, de amparo, de obtener defensa
de alguien que lo pueda conceder. Por lo tanto, quien
solicita protección debe recurrir a quien tiene poder
para que lo auxilie y le dé seguridad. La protección al
mismo tiempo que es una acción también es un derecho
y un derecho con rango constitucional.
Es una acción procesal oral, universal, informal y
sumaria que protege y garantiza judicialmente, en
forma directa y eficaz, de los derechos constitucionales,
los derechos conexos definidos por la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y en los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos cuando fueren vulnerados por
actos u omisiones de la autoridad pública no judicial,
por políticas o por personas particulares.
La acción que se define es de carácter universal
y de ella puede hacer uso todo sujeto de un Estado
porque éste tiene la obligación ineludible de proteger a
todos los sujetos sin distinción de raza, sexo, religión,
educación y pensamiento. Es una herramienta eficaz
creada por el Estado para proteger a los ciudadanos
cuando la autoridad pública o sus políticas o las
particulares irrespeten sus derechos constitucionales.
Lo fundamental es poder contar con una acción que
ampare a las personas contra actos violatorios a los
derechos humanos y que se encuentre consagrado en
la Carta Magna, ya que le otorga a dicha acción una
jerarquía del más alto nivel y le compromete al Estado
a cumplir los estándares internacionales señalados por
órganos como la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH); como son que: sea rápida, sencilla
y efectiva.
Para comprender mejor el significado de la Acción de
Protección es necesario hacer la diferencia entre ésta
y el principio de protección. Las principales diferencias
son las siguientes:
a) La Acción de Protección es una Acción
Constitucional, pertenece a la esfera del Derecho Procesal
Constitucional; en cambio, el principio de protección
se ubica dentro del mundo civil, concretamente en el
Derecho Procesal Civil.
b) La primera (Acción de Protección) tiene por
“Objeto el amparo directo y eficaz de los derechos
reconocidos en la Constitución” (Art. 88 de la
Constitución), es decir la violación de un derecho
constitucional que se encuentre consagrado en la Carta
Magna, puede ser motivo suficiente para que cualquier
persona interponga una acción de protección; en cambio
la segunda (el principio de protección) se refiere a la
nulidad de los actos procesales y según este principio,
la nulidad sólo puede ser alegada, cuando la parte que
la alega, corre el riesgo de quedarse en indefensión.
c) L a Acción de Protección se la interpone ante
los jueces constitucionales de protección; el principio
de protección actúa ante los jueces civiles.
VIII. Conclusiones
La Constitución reconoce la misión fundamental que
tiene el Estado de cumplir y hacer cumplir todas y cada
una de las normas establecidas en la Constitución y la
Ley.
Mediante la acción de protección se busca brindar
seguridad jurídica a los derechos de las personas,
reconocidos en la Constitución y la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de
forma sencilla, rápida y eficaz.
En la acción de protección la competencia no es
exclusiva sino concurrente, y esto debería cambiar
puesto que no todos los jueces están capacitados para
la resolución de esta acción.
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Revista
N° 2, diciembre 2014
ISSN: 1390-9045
En la vía ordinaria no está referido ningún
procedimiento para reparar las violaciones a los
derechos fundamentales.
El objeto de las sentencias en la acción de protección,
es hacer efectiva las garantías jurisdiccionales, así como
la reparación integral de los derechos constitucionales
vulnerados, establecer el alcance de dicha reparación,
así como debe especificar las circunstancias en que
debe cumplirse y en caso de no cumplirse se podría
llegar a la destitución del funcionario en caso de no dar
cumplimiento lo dispuesto en sentencia.
La Constitución nos brinda una gama de derechos
tan amplia, situados todos ellos en el mismo rango
jerárquico, y garantizados de tal manera, que la acción
de protección puede convertirse en un instrumento de
tutela de difícil e inservible aplicación. La abundancia
de derechos y su teórica sobreprotección; una
normativa legal demasiado sencilla y ambigua, y la
asignación de la competencia a todos los Juzgados, sin
tomar en consideración la materia de su conocimiento
y especialización, pueden dar lugar a que la acción de
tutela se convierta en un instrumento sin la validez de
tutela precisa para la que fue concebida.
Finalmente para plantear la acción de protección
o reclamar un derecho Constitucional no caduca ni
prescribe la acción ni los derechos.
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