Codificación 30. Ley de pensiones de las fuerzas armadas

Se establecen pensiones militares de retiro, invélidas y montepío, así como gratificaciones e indemnizaciones para los miembros de las Fuerzas Armadas y de sus herederos, de acuerdo con las prescripciones de esta Ley.

Los beneficiarios de pensiones de retiro, invalidez y montepío militar tendrán también derecho al pago de una décimotercera y una décimocuarta pensiones, de acuerdo con la escala establecida en el Art. 2 del Decreto No. 954 de fecha 7 de agosto de 1973, únicamente en calidad de bonificación.

Las pensiones militares constituyen un derecho adquirido por la acumulación de cuotas descontadas del respectivo sueldo.

Los miembros de las Fuerzas Armadas en goce de pensión de retiro, podrán ejercer cargos sujetos al régimen del Seguro Social Obligatorio de cualquiera de las dos Cajas de Previstos y percibir simultáneamente el sueldo o salario respectivo y la pensión de retiro hasta el límite fijado en los Estatutos de las Cajas de previsión para los jubilados de ellas.

El exceso de pensión, sobre dicho límite, en los casos de percepción simultánea de pensión y sueldo o salario, y mientras dure ésta, quedará en favor de la Caja que se encuentra sirviendo la pensión o en favor del Estado, cuando sea este el que pague la pensión.

Las pensiones militares son inembargables salvo en el caso de alimentos debidos por ley.

La situación de disponibilidad de los oficiales de las Fuerzas Armadas termina por:

1. - Retiro voluntario;

2. - Retiro forzoso, en razón de la edad;

3. - Retiro forzoso, en razón de incompetencia profesional;

4. - Fallo definitivo que declare su mala conducta; y,

5. - Separación forzosa del servicio, ordenada por sentencia ejecutoriada.

Todo oficial puede solicitar su retiro al Ministro de Defensa Nacional, de acuerdo con lo prescrito en esta Ley, en la de Servicio Militar y Trabajo Obligatorio en las Fuerzas Armadas y en la de Situación Militar y Ascenso.

El retiro forzoso por límite de edad comprende a los oficiales que, en el respectivo grado, cumplieren las edades siguientes:

Subteniente .................... 35 años

Teniente........................ 40 años

capitán......................... 45 años

Mayor........................... 48 años

Teniente Coronel................ 54 años

Coronel......................... 58 años

General......................... 60 años

El límite de edad para oficiales, de servicios es:

Para los oficiales inferiores, 50 años; y,

Para los oficiales superiores, 60 años.

El retiro forzoso, por incompetencia profesional de los oficiales, se impedirá por resolución del Presidente de la República, previa comprobación de tal incompetencia en la forma determinada por la Ley de Situación Militar y Ascenso.

Cuando por fallo definitivo, dictado conforme a la Ley de Situación Militar y Ascenso, se declare comprobada la mala conducta de un oficial, este pasará al retiro.

El oficial que, por fallo definitivo de un juez o tribunal militar y común, fuere condenado por delito a una pena que lleve consigo, necesariamente, la separación del servicio de las Fuerzas Armadas, será colocado en situación de retiro por el Ministro de Defensa Nacional.

Para tener derecho a pensión de retiro, los oficiales necesitan comprobar como base, mediante las respectivas copias de las Listas de Revista de Comisario, no menos de quince años de servicio activo y efectivo, sin abonos, excepto los indicados en el Art. 30. Para computar la base anterior, se tomarán en cuenta los servicios civiles, siempre que estos sean menores a los prestados en las Fuerzas Armadas de conformidad con el Art. 122.

El Oficial que se retirare con quince años o más de servicio tendrá derecho a una pensión mensual correspondiente al sueldo de su grado a la fecha del decreto de baja, de acuerdo con la siguiente escala:

Desde 15 hasta 18 años inclusive 3.05%

Desde 19 hasta 21 años inclusive 3.11%

Desde 22 hasta 24 años inclusive 3.17%

Desde 25 hasta 27 años inclusive 3.25%

Desde 28 hasta 30 años inclusive 3.33%

Este porcentaje se computará por cada año de servicio activo; inclusive los abonos que determina esta Ley y el tiempo de servicios en la administración civil, si lo hubiere.

Para tener derecho a pensión de retiro, los oficiales pilotos aviadores y los oficiales especialistas de a bordo necesitan comprobar como base, mediante las respectivas copias de las Listas de Revista de Comisario, no menos de diez años de servicio activo y efectivo, sin abonos; de los cuales ocho años serán de actividad de vuelo.

El oficial piloto aviador y los oficiales especialistas de abordo con diez o más años de servicio, tendrán derecho a una pensión mensual de retiro correspondiente al sueldo de su grado a la fecha de su baja, de acuerdo con la siguiente escala:

Desde 10 años 3.15%

Desde 11 hasta 13 años, inclusive 3.18%

Desde 14 hasta 16 años, inclusive 3.33%

Desde 17 hasta 19 años, inclusive 3.37%

Desde 20 hasta 22 años, inclusive 3.43%

Desde 23 hasta 24 años, inclusive 3.57%

Desde 25 hasta 26 años, inclusive 3.60%.

Para los casos de retiro por incompetencia profesional, mala conducta o el contemplado en el Art. 9, el cómputo de la pensión se sujetará a la escala señalada en el Art. 10.

El oficial que se retirare por haber llegado al límite de edad tendrá derecho el tres treinta y tres por ciento (3,33%) del sueldo de su grado, por cada año de servicio, computado de conformidad con el inciso final del Art. 10.

La pensión del oficial que fuere colocado en interdicción civil, por alguna de las causas determinadas en los Arts. 36 del Código Penal Militar, 57 del Código Penal, o por cualquier otro motivo, la percibirán su cónyuge y demás personas determinadas en el Art. 39 en el modo y forma en el establecidos, mientras dure la interdicción.

El oficial reincorporado tendrá derecho a una nueva pensión de retiro, después de permanecer en filas por lo menos dos años, contados desde la fecha de la reincorporación hasta la de la disponibilidad, previa a la nueva separación.

Cuando el tiempo de servicio posterior a la reincorporación fuese menor de dos años, será computado de acuerdo con el sueldo asignado al grado correspondiente a la fecha de la baja anterior.

No tendrán valor alguno para los efectos de esta Ley, las rectificaciones de las fechas de reincorporación, disponibilidad o baja, ni las insubsistencias de estas situaciones, que no se ajusten a las disposiciones legales.

A los oficiales en situación de retiro que prestaren sus servicios en los Cuerpos de Policía se les computará, para los efectos del retiro, como tiempo de servicio, el que hubieren prestado en estos Cuerpos, para poder reabrir su expediente y obtener nueva pensión, siempre que llenaren los requisitos de la Ley.

Los oficiales asimilados pueden acogerse, a su arbitrio, al retiro conforme a esta Ley o a la de Jubilación Civil, de acuerdo a la Ley del Seguro Social Obligatorio.

Los individuos de tropa en servicio activo tendrán derecho a pensión de retiro al tiempo de su separación, sujetóndose a la siguiente escala:

Con quince años de servicio activo y efectivo, sin abonos, al cincuenta y cinco por ciento (55%) de su sueldo;

Con veinte años de servicio activo y efectivo, sin abonos, al setenta por ciento (70%) de su sueldo;

Con veinte y cinco años de servicio activo y efectivo, inclusive abonos, hasta por cinco años, al ochenta y cinco por ciento (85%) de su sueldo; y,

Con treinta años de servicio activo y efectivo, inclusive ahorros, hasta por diez años, al ciento por ciento (100%) de su sueldo.

La pensión de retiro de los suboficiales se computará sobre el sueldo que perciban al momento de la calificación, sea este el de su grado o el de subteniente, teniente o capitán, asignado de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 574, de 31 de diciembre de 1948, siempre que hubiesen aportado a la Caja de Pensiones sobre la base de dichos sueldos, no menos de veinticuatro imposiciones mensuales.

Los suboficiales y clases tendrán derecho a que se compute la pensión de retiro sobre el sueldo del grado con el que se separen de las Fuerzas Armadas, siempre que hubieren servido en dicho grado por lo menos un año. En caso contrario, la pensión se computará sobre el sueldo del grado anterior.

Para los efectos del inciso 1o. del Art. 15, el individuo de tropa reincorporado, deberá servir ininterrumpidamente tres años antes de la nueva separación.

Los herederos de un militar que falleciere hallándose en Servicio Activo en las Fuerzas Armadas, o en Servicio Pasivo con pensión de Retiro o de Invalidez, tendrán derecho a montepío Militar, en conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Al personal de tropa en servicio activo y pasivo de las Fuerzas Armadas se le hará el mismo descuento del cinco por ciento para montepío.

Tienen derecho a montepío:

1. La viuda y los hijos legítimos e ilegítimos del militar fallecido.

   La viuda recibir una cuota igual a la de un hijo legítimo;

2. A falta de viuda e hijos, la madre legítima o ilegítima;

3. A falta de todas los indicados anteriormente, las hermanas solteras, legítimas e ilegítimas.

   Exclúyese del beneficio de pensión de montepío a las hijas del causante que no mantuvieren el estado civil de solteras.

En concurrencia de dos o más beneficiarios que estuvieren en el mismo caso, el ilegítimo percibirá la mitad de la cuota que corresponda al legítimo.

No se reconoce el derecho de sucesión al tratarse de pensiones de montepío, salvo que se trate de padres cuya indigencia se comprobare.

La pensión de montepío que corresponda a los herederos de un militar que fallezca después de haber servido cinco años en las Fuerzas Armadas, se fijará de acuerdo con la siguiente escala:

1. Con cinco a catorce años de servicio - para cuyo cómputo se incluirán los abonos que reconoce esta Ley y el tiempo de servicio en la administración civil, si lo hubiere -, el uno cincuenta por ciento (1,50%) del sueldo que haya gozado al tiempo de su separación de las Fuerzas Armadas, por cada año de servicio; y,

2. Con quince o más años de servicio, computados en la misma forma anterior, el setenta y cinco por ciento (75%) de la pensión que le correspondiere, o de la que haya disfrutado el fallecido en situación de retiro, o de invalidez.

Para acreditar derechos a las pensiones puntualizadas, si acaso no estuvieren en goce de ellas, será menester la comprobación de cinco años de servicio activo, por lo menos, justificados con listas de Revista de Comisario, sin perjuicio de lo dispuesto en el último inciso del Art. 37.

Al mismo porcentaje tendrán derecho los deudos del militar que muriere en goce de una pensión de invalidez de primera clase.

Los militares retirados hasta el 4 de diciembre de 1948, con un sueldo menor de seiscientos sucres, tendrán derecho a los siguientes aumentos:

Hasta cien sucres de pensión, el ciento por ciento;

De doscientos uno a trescientos sucres, el sesenta por ciento;

De trescientos uno a cuatrocientos sucres, el cuarenta por ciento;

De cuatrocientos uno a quinientos sucres, el veinte y cinco por ciento; y,

De quinientos uno a seiscientos sucres, el veinte por ciento.

Los herederos del oficial que falleciere en alguno de los casos que se indican a continuación, tendrán los siguientes porcentajes de su sueldo, como pensión de montepío;

1. - En acción de guerra internacional, o en defensa de un gobierno constitucionalmente establecido, el ochenta por ciento (80%).

2. - En accidente de vuelo ocasionado en actos del servicio, el ochenta por ciento (80%); y,

3. - Por contener un motín, o por cualquier accidente producido en el cumplimiento del servicio, el sesenta por ciento (60%).

Este derecho se concede también a los herederos de los individuos de tropa que murieren en actos del servicio.

Para los casos contemplados en este artículo, no será necesaria la base de cinco años prevista en el Art. 37.

Los oficiales y tropa que actuaren en las campañas iniciadas en los años de 1883, 1895, 1896 y 1906, obtendrán un aumento del cuarenta por ciento sobre sus actuales pensiones, previa comprobación de haber actuado en dichas campañas y siempre que la pensión de que actualmente disfruten sea menor de doscientos sucres. El mismo porcentaje en las pensiones que les corresponda tendrán los oficiales e individuos de tropa que, sin haber gozado hasta hoy de pensión alguna y por haber actuado en dichas campañas, comprobaren cinco años de servicio activo, con lista de revistas, hojas de servicios o pruebas supletorias, inclusive abonos por acciones de armas legalmente comprobadas.

Los herederos de los militares retirados que hubiesen obtenido su pensión, por haber intervenido en las campañas de 1883, 1895 y 1896, tendrán derecho a una pensión de montepío equivalente al sesenta y cinco por ciento de la pensión que hubieren percibido los retirados al tiempo de su fallecimiento, sin consideración al tiempo de servicios que hubieren tenido en filas; pensión que en ningún caso será menor de la que actualmente perciben aumentada en un cuarenta por ciento.

Las pensiones de montepío concedidas con diferente criterio de calificación se conformarán a lo establecido en este artículo al fallecimiento del militar retirado.

Los jefes, oficiales e individuos de tropa que hubieren hecho la campaña y librado acciones durante los años 1895 a 1900 inclusive, en uno u otro bando de la contienda armada, percibirán como única pensión de retiro militar, un cincuenta del sueldo asignado en el presupuesto actual para cada uno de los grados de las Fuerzas Armadas en servicio activo.

Para acogerse a los beneficios determinados en el inciso anterior, deberén los interesados comprobar, en sus expedientes militares, su actuación en una de las campañas de los años indicados; su participación en una o más acciones de guerra; tener ocho años de servicio activo y efectivo, inclusive abonos por dichas acciones de armas o haber sido calificado en la primera o segunda clase de invalidez y tener por lo menos sesenta y siete años de edad.

Si el fallecimiento ocurriere dentro de los seis meses posteriores al accidente, por heridas provenientes de las causas determinadas en el Art. 44, los herederos gozarán también de la misma pensión correspondiente a cada caso.

La viuda, los hijos varones menores de edad, legítimos o ilegítimos y las hijas solteras legítimas o ilegítimas del individuo de tropa que falleciere en acción de guerra internacional, o en defensa de un gobierno constitucionalmente establecido; y, a falta de aquéllos, su madre, siempre que hubiere vivido a su cargo y careciere de bienes, tendrán derecho a pensión de montepío equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) del sueldo de que gozaba aquél al tiempo de su fallecimiento.

A igual pensión tendrán derecho las personas comprendidas en el inciso anterior, cuando el individuo de tropa hubiere muerto dentro de los seis meses siguientes, a consecuencia de las heridas recibidas en aquéllas acciones.

Si hubiere fallecido a consecuencia de un accidente ocurrido en ejercicio directo de sus funciones, los herederos tendrán derecho, por una séla vez, a una gratificación equivalente a seis meses del sueldo de que gozaba el individuo de tropa.

Si el fallecimiento ocurriere en la región Oriental o en el Archipiélago de Colón, la gratificación será equivalente a ocho meses de sueldo.

En concurrencia de dos o más beneficiarios que estuvieren en el mismo caso, cada uno de los ilegítimos recibirá la mitad de la cuota que corresponda a cada uno de los legítimos.

Se pierde el derecho a la pensión de montepío, por:

1. - Fallecimiento del beneficiario;

2. - Matrimonio de la viuda, de las hijas o de las hermanas, y por llegar a la mayor edad los hijos, o haber contraído matrimonio antes de llegar a ella; y,

3. - Mala conducta de la viuda, declarada por los jueces ordinarios.

Exceptúase a los hijos varones del causante, de cualquier edad, incapacitados para el trabajo en forma absoluta y permanente, quienes tendrán derecho a pensión de montepío militar o continuarán percibióndola, siempre que hubieren vivido a cargo y cuidado del militar fallecido.

Los hijos varones del causante que se hallaren comprendidos en el artículo anterior, que no hayan tenido derecho a montepío militar o lo hubieren perdido por haber llegado a la mayoría de edad, podrán solicitar la concesión de este derecho o la reapertura de sus expedientes, dentro del tiempo previsto en el Art. 120 de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, a partir de la vigencia de este Decreto.

La Junta Calificadora de Servicios Militares, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, dispondrá que la Junta de médicos informe sobre la incapacidad del peticionario y arbitrará las medidas necesarias para la aplicación de este Decreto.

La viuda, las hijas y las hermanas solteras, para percibir sus pensiones deberén presentar, cada año, la información sumaria o cualquiera otra prueba legal que acredite su respectivo estado civil.

Del mismo modo, los guardadores harán constar la existencia de los huérfanos que están a su cuidado.

Si, concedida la pensión de montepío a dos o más herederos comprendidos en uno de los casos mencionados en el Art. 39, alguno de ellos perdiere su derecho, por cualquiera de las causas señaladas en el Art. 50, la cuota de este heredero acrecerá proporcionalmente a la de los demás que continuaren con derecho a pensión.

En caso de que la viuda perdiere, por mala conducta, su derecho a la pensión de montepío, la parte que le corresponda acrecerá a la de los menores, si los hubiere; y se nombrará, previamente, guardador para ellos.

Se computará como tiempo de servicio, para el efecto de acrecer las pensiones militares, el abono de un año y medio por cada acción de armas en que hubiere tomado parte un oficial o un individuo de tropa de las Fuerzas Armadas, siempre que fueren citados en los documentos oficiales de campaña emanados del Comando Superior. Este requisito será indispensable para comprobar la asistencia a las acciones de armas con posterioridad al 29 de Julio de 1926.

La asistencia a una acción de armas anterior a la fecha indicada en el precedente inciso, se comprobaré mediante la respectiva prueba testimonial que tenga calidad de plena, de conformidad con la Ley; prueba que deberá guardar perfecta armonía con las listas de revista de comisario y con los partes y más documentos existentes en las oficinas militares sobre dichas acciones de armas, cuyas copias legalizadas se agregarán al expediente.

En caso de que los partes solicitados no existieren o estuvieren mutilados en su parte principal, se agregará al expediente la certificación legal, junto con la prueba testimonial.

De no haber sido citados en los partes oficiales, los interesados podrán presentar su reclamo dentro de los sesenta días siguientes a la publicación del parte. Vencido este plazo no tendrán derecho a reclamo alguno.

Para los efectos del abono que establece este artículo, se considerarán como definitivos los decretos ejecutivos expedidos, enumerando las acciones de armas que dan derecho al abono.

Tendrán derecho al abono determinado en el inciso primero del Art. 54:

1. El personal de la Marina Nacional que efectuare desembarcos con fuerzas militares, o que condujere tropas de desembarco, bajo el fuego del enemigo; y,

2. El personal de la misma Marina embarcado en naves que tomen parte en acciones de armas.

Para los efectos de dicho abono será indispensable llenar los requisitos previstos en esta Ley.

Los oficiales de la Fuerza Aárea tendrán derecho al abono de un mes por tres o más horas de vuelo que efectuaren mensualmente, lo cual se comprobaré mediante la copia certificada de las listas de vuelo conferidas por el Ministerio de Defensa Nacional, conforme se hace con las listas de revista de comisario.

Para los efectos del inciso precedente, los jefes de los aeropuertos militares de la República, enviarán mensualmente, por órgano del Comando de Aviación, sendos ejemplares de dichas listas de vuelo al Ministro de Defensa Nacional, al Jefe del Primer Departamento y a la Junta Calificadora de Servicios.

Los oficiales pilotos que hubieren obtenido sus títulos en la Escuela Militar de aeronáutica del Ecuador o en escuelas de aviación del extranjero, así como aquéllos que obtuvieren el canje del brevet civil por el militar, previo los correspondientes exámenes, percibirán mensualmente el cincuenta por ciento (50%) del sueldo como gratificación de vuelo.

Para tener derecho al pago de la antedicha gratificación de vuelo, será necesario que los oficiales pilotos hubieren volado, por lo menos, tres horas en el mes, en cumplimiento de sus funciones profesionales.

En caso de no haberse completado el tiempo de vuelo mánimo exigido en el inciso precedente, por falta de materiales aeronáuticos, tendrán derecho a percibir la misma gratificación.

Si un oficial piloto sufriere algún accidente en actos del servicio, o a consecuencia del mismo contrajere una enfermedad que le obligue a permanecer hasta tres meses sin actividad de vuelo, o alejado de sus funciones, tendrá derecho a dicha gratificación durante todo aquél tiempo.

Cuando un oficial de la Fuerza Aárea Ecuatoriana falleciere en actos del servicio por accidente aviatorio, el Estado, por medio del Ministerio de Defensa Nacional, abonará a los herederos llamados en el orden y la forma que determina esta Ley, la cantidad de veinte mil sucres, a título de indemnización, sin perjuicio de la pensión a que tengan derecho, conforme a esta Ley.

Los oficiales de la Fuerza Aárea Ecuatoriana que por accidente aviatorio en actos del servicio, sufrieren lesiones que les imposibiliten continuar en el ejercicio de sus funciones profesionales, tendrán derecho a percibir diez mil sucres en concepto de indemnización, previo informe de la Junta de médicos designada por la Junta Calificadora de Servicios en la que el médico de aviación será miembro nato. Si dichos oficiales fallecieren por causa de estas mismas lesiones, o por grave enfermedad adquirida en actos del servicio y a consecuencia de el, sus herederos tendrán derecho a percibir la indemnización señalada en el artículo anterior, en el orden y forma indicados en esta Ley.

Los oficiales especialistas de la Fuerza Aárea tendrán derecho a la gratificación del cuarenta por ciento (40%) de su sueldo, siempre que se hallen en ejercicio de sus actividades.

Se entiende por oficial especialista el profesional que, con un tiempo no menor de un año de servicio en la Fuerza Aárea Ecuatoriana, fuere declarado tal, mediante el respectivo Decreto Ejecutivo, a solicitud de la Comandancia General de aeronáutica, aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional.

Los cadetes de aviación que cursaren en los escuadrones básico y Avanzado, tendrán derecho a la gratificación de cien y doscientos sucres mensuales, respectivamente, siempre que hubieren cubierto la base de tres o más horas de vuelo.

El personal de tropa especialista de Aviación percibirá las siguientes gratificaciones.

El cuarenta por ciento (40%) del sueldo de su grado, el que hubiere obtenido el brevet de primera clase;

El treinta por ciento (30%) del sueldo de su grado, el que hubiere obtenido el de segunda clase; y,

El veinte por ciento (20%) del sueldo de su grado, el que hubiere obtenido el de tercera clase.

Constituyen la tropa especialista de Aviación, aquéllos que hayan obtenido sus brevets en escuelas nacionales o extranjeras de aviación.

Ningún miembro de la Fuerza Aárea Ecuatoriana podrá percibir más de una de las gratificaciones contenidas en esta Ley; las mismas que estarán exentas de todo descuento o imposición legal y serán abonadas juntamente con sus haberes.

El personal de tropa especialista de Aviación, para los efectos del retiro, se acogerá a lo dispuesto en el Art. 19, pudiendo computarse, para la base de los veinte años de servicio, los respectivos abonos de vuelo, de conformidad con el Art. 56.

Hácense extensivos a los Miembros de la Fuerza Terrestre que prestan sus servicios o han sido dados el pase a la Fuerza Aárea Ecuatoriana, los beneficios contemplados en el Art. 62 de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas y en los Decretos Ejecutivos Nos. 56 y 926, de 14 de enero de 1949, y 11 de mayo de 1961, respectivamente, a partir de la fecha de su incorporación al correspondiente Reparto de la FAE, en virtud del pase o prestación de servicios, siempre que desempeñan funciones de carácter técnico o posean el Título o Diploma de la Especialidad Respectiva.

El egreso que ocasione el presente Decreto, se aplicará al Fondo de Operación del Presupuesto de la Fuerza Aárea.

Los cadetes y los individuos de tropa de la Fuerza Aárea Ecuatoriana que, por accidente aviatorio, sufrieren lesiones que les imposibiliten continuar en el ejercicio de sus funciones profesionales, tendrán derecho a percibir cinco mil sucres, en concepto de indemnización, previo informe de la Junta de médicos Militares, designada por la Junta Calificadora de Servicios, en la que el médico de Aviación será miembro nato; y en caso de fallecer por causa de estas mismas lesiones, o por grave enfermedad adquirida en actos del servicio y a consecuencia de el, los herederos tendrán derecho a percibir diez mil sucres a título de indemnización, en el orden y forma que determina la Ley.

Los suboficiales y sargentos en servicio activo en el ejército, la Aviación, o la Marina, a partir del cuarto año de servicio en el grado, percibirán la gratificación de cincuenta sucres mensuales; y, la de cien sucres mensuales, como máximo, a partir del octavo año.

Los cabos en servicio activo en el ejército, la Aviación o la Marina, a partir del cuarto año de servicio en el grado, percibirán gratificación mensual de veinticinco sucres; y, la de cincuenta sucres mensuales, como máximo, a partir del octavo año.

Los miembros de las Fuerzas Armadas que se hubieren educado por su propia cuenta en establecimientos de instrucción militar en el exterior y que comprobaren debidamente este particular, tendrán derecho a que se les tome en cuenta, para los efectos del retiro, el tiempo que hayan estudiado, siempre que posteriormente hubieren servido cinco años en las Fuerzas Armadas y que depositaren el cinco por ciento (5%) del sueldo que hubieren gozado en el tiempo indicado.

Los militares en servicio activo que obtuvieren el reconocimiento de abono, pagarán por dicho abono los aportes previstos en el Art. 102 y en la letra c) del Art. 104.

De todo lo referente a pensiones militares, gratificaciones e indemnizaciones conocerá, en primera instancia, la Junta calificadora de Servicios, y, en apelación, la Corte de Justicia Militar.

La declaración del procurado solo podrá ser decretada por el Congreso Nacional.

La Junta Calificadora de Servicios Militares y Pensiones tendrá su sede en la Capital de la República y estará integrada por:

- El Director de las Reservas;

- El Auditor General de Guerra;

- El respectivo Jefe del Departamento Personal del Estado Mayor de la Fuerza a la que perteneció el interesado o el causante, de cuya solicitud o expediente conozca la Junta; y,

- Un Delegado de la contraloría General de la Nación; y,

- Un Delegado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Presidirá este Organismo el Oficial de mayor jerarquía o antigüedad entre los integrantes.

Actuará como Secretario de la Junta un Abogado, capitán de Justicia Militar.

En caso de falta o impedimento del Auditor General de Guerra, le sustituirá el Fiscal General Militar.

La Junta Calificadora sesionará ordinaria y obligatoriamente por lo menos una vez por semana.

Cuando el número de asuntos a resolverse fuere considerable, el Ministro de Defensa Nacional establecerá un calendario adecuado para las sesiones de la Junta y nombrará, por acuerdo ministerial, uno o más abogados a fin de que cooperan con el Fiscal General en el estudio de los asuntos, y dictaminen sobre los mismos.

Los jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas, desde el momento en que ingresen al servicio activo de las armas, y los individuos de tropa, desde la fecha en que hubieren completado las bases para ser acreedores a pensiones militares, están obligados a enviar a la secretaría de la Junta Calificadora todos los documentos necesarios para formar sus expedientes de servicios y pensiones, expedientes que se guardarán en ella para su calificación oportuna. La secretaría vigilará dicho envío, a fin de que se lo efectúe con la debida regularidad, en tal forma que al finalizar cada año se halle completo el expediente.

La Junta Calificadora de Servicios y la Corte de Justicia Militar dictarán sus respectivos reglamentos internos y los someterán a la aprobación del Presidente de la República.

Corresponde a la Junta Calificadora:

1. Tramitar, dentro del término y en la forma establecidos en este Título, las solicitudes de retiro e invalidez; y,

2. Decretar los reconocimientos médicos que fueren necesarios.

El individuo, militar o civil, al servicio de las Fuerzas Armadas, que hubiere contraído enfermedad o sufrido heridas o lesiones por causa o en actos del servicio, deberá denunciarlo a la Junta Calificadora, dentro de los seis meses siguientes al día en que sufrió las heridas o lesiones o advirtió la enfermedad, detallando las circunstancias en que ocurrieron e indicando los medios de comprobarlas. Pasado ese plazo perderá el derecho a cualquier beneficio que pudiere tener por tales hechos. Recibida la denuncia, la Junta ordenará la práctica de las diligencias que creyere convenientes para establecer la verdad de lo denunciado y determinará si se ha probado o no el derecho a los beneficios legales.

Para justificar la invalidez, la prueba fundamental será el informe de la Junta de médicos, al cual deberá agregarse uno o más de los siguientes documentos, según los casos:

1. El Certificado expedido por el médico de la repartición a que hubiere pertenecido el invélido, por el que se establezca que ingreso a las Fuerzas Armadas gozando de salud;

2. El certificado del superior que se hubiere encontrado en el acto que causo la invalidez; y,

3. Los partes que fueron elevados después de las acciones de armas, o con relación al suceso que hubiere causado la invalidez.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, funcionará en Quito una Junta de médicos compuesta de un médico del Hospital Militar de Quito y de dos médicos de la guarnición de esta Capital, nombrados anualmente.

Funcionará también en la Capital de la República, una Junta Superior de médicos compuesta del Director General de Sanidad Militar, del Director del Hospital Militar de Quito y de tres médicos del ejército nombrados cada año.

Los miembros de la Junta de médicos y los de la Junta Superior serán nombrados por el Presidente de la República.

La Junta Calificadora de Servicios podrá nombrar Juntas ad hoc de médicos para los reconocimientos que hubieren de hacerse fuera de Quito, cuando los invélidos por reconocerse comprobaren, con certificados médicos, hallarse físicamente imposibilitados para trasladarse a la Capital de la República.

En reglamento especial se determinará lo relativo al funcionamiento de todas las Juntas de médicos y al reemplazo de los integrantes de las mismas, en caso de ausencia.

El solicitante o el Fiscal General podrá pedir, dentro del término de quince días, a la Junta Superior de médicos la revisión de los informes emitidos por la Junta de médicos de la Capital, o por las Juntas ad hoc.

De no solicitarse la revisión dentro del término indicado, estos informes serán definitivos.

El informe emitido por la Junta Superior de médicos se considerará definitivo.

La Junta Superior de médicos estará facultada para dirimir las cuestiones médico legales y los puntos que fueren considerados dudosos o que necesitaren especiales interpretaciones en lo referente a la invalidez.

La concesión de pensiones militares, gratificaciones e indemnizaciones de que habla esta Ley, podrá gestiónarse personalmente o por apoderado.

Toda solicitud se presentará en la secretaría de la Junta Calificadora con los documentos necesarios, si estos no reposaren en los archivos de la misma. Se dará traslado de ella al Fiscal General, quien dictaminará dentro de los tres días siguientes, debiendo someter su dictamen a consideración de la Junta en la sesión inmediata posterior, y pudiendo intervenir en las discusiones de ella, pero sin voto en las deliberaciones.

Si, antes de informar, el Fiscal General observare que faltan documentos para el debido estudio del asunto, ordenará que la secretaría notifique al interesado, para que los presente en el término de treinta días, a contar de la fecha de la notificación; y, una vez presentados o vencido ese término, emitirá su informe.

El Secretario notificará la resolución al interesado y al Fiscal General Militar, quienes podrán apelar de ella dentro de los quince días siguientes. En este caso, se enviará inmediatamente todo lo actuado a la Corte de Justicia Militar, cuya resolución causará ejecutoria.

Ejecutoriada la resolución, el Secretario de la Junta Calificadora procederá a dar cumplimiento a los trámites necesarios.

Tanto la resolución de la Junta Calificadora como la de la Corte de Justicia, se dictará dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud, en la primera instancia, o de la recepción del expediente, en la segunda.

Los oficiales en servicio pasivo que tuvieren derecho a pensión, podrán solicitarla de acuerdo con las disposiciones legales.

En este caso y según lo estatuido en el Art. 122, deben computarse los servicios civiles en su primera calificación.

Los servicios que pasen de los diez meses se considerarán como un año completo para los efectos de la pensión, tanto para los oficiales como para la tropa.

La Concepción de los títulos de retiro o de invalidez será acordada por el Ministro de Defensa Nacional y llevarán las firmas de este último y del Subsecretario de Defensa Nacional, debiendo expresarse en ellos la clase de retiro o invalidez.

Para que las oficinas pagadoras puedan satisfacer la pensión decretada, será necesario que los títulos lleven el "anotado" de la Sección Documentación del Primer Departamento de Personal y Archivo del Ministerio de Defensa Nacional.

Los acuerdos que expidiere el Ministro de Defensa Nacional sobre concesión de pensiones de retiro o invalidez, deberén ceñirse a los fallos de la Junta Calificadora de Servicios Militares y Pensiones, o a los de la Corte de Justicia Militar, en su caso.

El servicio activo y efectivo se comprobaré con las listas de revista de comisario autenticadas por los extinguidos Tribunales de Cuentas, por la contraloría General, las Jefaturas de Zona, o el Ministerio de Defensa Nacional. Estas listas, el último despacho militar del interesado y las hojas de servicio elaboradas en el Ministerio de Defensa Nacional, se agregarán al expediente.

A falta de listas de revista de comisario, se faculta a la Junta Calificadora de Servicios para que, de acuerdo con las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, acepte las correspondientes pruebas testimoniales que acrediten dichos servicios.

La falta de despacho constitucional o de título de asimilación, en su caso, podrá suplirse con la copia de la correspondiente anotación de cualesquiera de las siguientes entidades: el Ministerio de Defensa Nacional, la contraloría General de la Nación, y los extinguidos Tribunales de Cuentas y tesorerías de Hacienda.

Cuando un militar falleciere en servicio activo, los herederos presentarán la solicitud a la Junta Calificadora de Servicios, acompañando al Despacho Constitucional, o a la copia fehaciente de éste, los documentos que acrediten legalmente la viudez o el parentesco, según el caso; y los documentos previstos en la Ley que acrediten los servicios prestados en las Fuerzas Armadas y en la administración civil, los que acrediten el derecho a abonos, y los demás que fueren necesarios para los efectos contemplados en esta Ley.

El cónyuge, los hijos legítimos e ilegítimos, la madre y las hermanas solteras del militar que desapareciere en accidente aviatorio acaecido en acto de servicio, o a consecuencia de aquél, tendrán derecho, con la preferencia establecida por el Art. 39, a percibir el setenta por ciento (70%) del sueldo de su respectivo familiar desaparecido, por el tiempo de cuatro años, a partir de la fecha del desaparecimiento; y deberén acogerse, después de los cuatro años, a esta Ley, para los casos de montepío, gratificación e indemnización, siempre que hubieren obtenido la sentencia judicial por la que se declare la muerte presunta del desaparecido.

Los Oficiales pagadores, previa resolución de la Junta Calificadora, deben pagar el setenta por ciento (70%) antes indicado, a las personas que acreditaren su calidad de herederos, con la respectiva copia conferida por el Registro Civil o con otras pruebas fehacientes; y seguirán haciendo las deducciones legales por los conceptos de retiro y montepío, ahorro y mortuoria, las que se remitirán a la Caja de Pensiones; y el treinta por ciento (30%) restante, la asignación de rancho fiscal y más emolumentos los reintegrarán al Tesoro Nacional.

Cuando el militar falleciere fuera del servicio activo sin derecho a pensión de retiro, la solicitud de montepío se sujetará al trámite establecido en el inciso primero del artículo anterior.

Los herederos del militar que falleciere en goce de la pensión de retiro o de invalidez, elevarán la petición a la Junta Calificadora de Servicios, agregando a los documentos que acrediten la defunción, la viudez o el parentesco, el expediente a base del cual le fue concedida la pensión, si lo tuvieren en su poder.

Para el caso del acrecimiento contemplado en el Art. 52, los interesados solicitarán de la Junta Calificadora de Servicios, la concesión de una nueva pensión, solicitud que será tramitada y resuelta por dicha junta.

Los títulos de montepío llevarán las firmas del Ministro de Defensa Nacional y del Subsecretario; el "anotado" de la Sección Documentación del Primer Departamento de Personal y Archivo del Ministerio de Defensa Nacional. Sin estos requisitos, ninguna oficina pagadora podrá abonar la pensión de montepío so pena de responsabilidad personal y pecuniaria del Oficial Pagador.

Para la Concesión de las pensiones de montepío, en lo que no estuviere reglado en este Título, se observará el procedimiento determinado n el Título VIII, en lo que fuere aplicable.

Concedidas o negadas las pensiones de retiro, de invalidez o de montepío, o las gratificaciones o las indemnizaciones determinadas en esta Ley, podrán ser revisados los expedientes, si en la prueba anterior hubiere error, falsedad u omisión, o se encontrare error de célculo en el cómputo de la pensión, gratificación o indemnización, ya sea que provengan de parte de los interesados o de las oficinas de trámite; lo que deberá comprobarse con instrumentos públicos.

Para los efectos de este artículo no se tomarán en cuenta los servicios civiles posteriores a la primera calificación, los que serán considerados de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 123, y en la Ley de Seguro Social Obligatorio.

Las pensiones concedidas a los generales, con anterioridad al 9 de enero de 1961, tendrán derecho a la actualización prevista en el artículo anterior, para cuyo efecto la Junta Calificadora de Servicios Militares y Pensiones procederá a reabrir los respectivos expedientes.

Los Oficiales que mediante nombramiento proveniente del Presidente de la República, hubieren ejercido el cargo de Ministros de la Corte de Justicia Militar durante dos años, para mejorar su pensión podrán reabrir sus expedientes de retiro para efectos de su nueva calificación, la que se efectuará computándose sobre el sueldo o base imponible, según el caso, vigente para el otorgamiento de la pensión de retiro a un Oficial de igual grado, a la fecha de separación de dicho cargo.

La disposición del inciso que antecede se aplicará a partir de Julio de 1962.

El procedimiento para el caso de reapertura de expedientes será el prescrito en los Títulos VIII y IX.

El derecho de solicitar reapertura de los expedientes de retiro, invalidez, montepío, gratificación o indemnización, prescribe en el tiempo de dos años, contados desde la fecha de la expedición del correspondiente Decreto Ejecutivo.

El militar en servicio activo aportará a la Caja Militar, por concepto de retiro y montepío, el once por ciento (11%) de sueldo, que le descontará mensualmente el respectivo pagador.

Pagará también el uno por ciento (1%) de su sueldo, para financiar el pago de las bonificaciones denominadas décimotercera y décimocuarta pensiones, tanto para los actuales como para los futuros beneficiarios de retiro, invalidez y montepío militares.

El militar que se encuentre en goce de pensión de retiro o de invalidez, aportará a la Caja Militar el ocho por ciento (8%) de la pensión que se le haya asignado.

Aportará también con el uno por ciento (1%) de su pensión para contribuir al funcionamiento de la décimotercera y de la décimocuarta pensiones.

Además, serán fondos de la Caja:

1. El aporte equivalente al diez por ciento del sueldo imponible de los militares, con el que contribuirá el Fisco y que costará en la asignación correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional del Presupuesto General del Estado;

2. Las aportaciones del Militar que se separe de la Institución Armada sin derecho a pensión de retiro, salvo la transferencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y,

3. El 10% del sueldo imponible del militar en servicio activo para habilitar tiempo por abono reconocido.

Los fondos destinados a la Caja Militar, se depositaren en la Caja de Pensiones.

La Caja Militar tomará a su cargo el pago de las pensiones militares que se concedan desde el primero de enero de 1958, debiendo continuar figurando en el Presupuesto del Estado, tanto las pensiones actuales, como las que se otorguen hasta esa fecha. La Caja Militar, cuya administración se encargue a la Caja de Pensiones, no pagará cantidad alguna sin que previamente se hayan consignado los fondos suficientes en la Caja de Pensiones para el oportuno pago de pensiones militares. Asimismo, la Junta Calificadora de Servicios Militares, antes de pronunciarse o resolver sobre la concesión de pensiones, solicitará un informe, en cada caso, a la Caja de Pensiones, a fin de asegurarse de que esta Institución ha consignado el Estado los fondos suficientes.

La administración de la Caja Militar se hará de acuerdo con las prescripciones contenidas en la Ley del Seguro Social Obligatorio y en los Estatutos de la Caja de Pensiones.

El Gerente de la Caja de Pensiones presentará, al 31 de diciembre de cada año, al Ministro de Defensa Nacional, el balance de las operaciones correspondientes a los fondos de la Caja Militar.

La Caja Militar tomará a su cargo el pago de pensiones de retiro que correspondan a militares que se separen del servicio con posterioridad al 9 de marzo de 1959, y que no hubieren gozado anteriormente de pensión de retiro. Asimismo, la Caja Militar estará obligada al pago de pensiones de montepío que correspondan a fallecimientos de militares en servicio activo, ocurridos con posterioridad al 9 de marzo e 1959, o las originadas por fallecimientos de retirados servidos por la Caja Militar, de acuerdo con esta Ley.

En caso de reincorporación operada a partir del 9 de marzo de 1959, en adelante, el aumento de la pensión de retiro que corresponda a un militar por el nuevo tiempo de servicio, a partir de su reincorporación, será abonado por la Caja Militar, debiendo el Estado continuar pagando la pensión de retiro causada por el tiempo de servicio prestado con anterioridad a la reincorporación.

La Caja Militar, con sus fondos, y el Ministerio de Defensa Nacional, con los del Presupuesto del Estado, según el caso, cada vez que se produjeren aumentos de los sueldos al personal militar en servicio activo, procederán en forma automética al pago de los aumentos de pensión de retiro, invalidez o montepío de acuerdo con las disposiciones constantes en el Art. 134.

Las pensiones de retiro, invalidez o montepío, en ningún caso serán inferiores al salario mánimo vital general, de conformidad con esta Ley.

Los militares en servicio activo, los retirados e invélidos con pensión, y los pensionistas de montepío contribuirán con al uno por ciento (1%) de los sueldos y pensiones que perciban, para formar un fondo que se denominará mortuorio, destinado al servicio de los siniestros que ocurrieren entre los afiliados.

La administración del fondo mortuorio y el pago de siniestros estarán a cargo de la Caja de Pensiones hasta que comience a funcionar la Caja Militar, y se harán de acuerdo con lo prescrito en los Estatutos de aquélla Caja.

A los oficiales egresados del Colegio Militar y más Institutos similares de las Fuerzas Armadas se les computarán como tiempo de servicio activo y efectivo, los tres últimos años de estudios realizados en dichos establecimientos.

A los soldados y clases que fueran alumnos de planta del Colegio Militar se los computará el tiempo de servicios hasta la fecha en que fueren todos de alta como cadetes, y el tiempo de estudios se les computará en la forma que establece el artículo anterior.

Los cadetes del Colegio Militar y más Institutos similares de las Fuerzas Armadas, están amparados por esta Ley desde la época de su ingreso al antepenúltimo año de estudios en dichos institutos. No obstante, todos los demás años serán tomados en cuenta en caso de guerra y siempre que se declare movilizado el instituto.

La computación de las pensiones de invalidez del personal de cadetes y conscriptos y de montepío para sus herederos, se hará a base del sueldo de un soldado.

La residencia o cambio de ella, de los pensionistas militares se determinará mediante Resolución Ministerial y a petición escrita en el papel del sello correspondiente, de parte de los interesados.

La calificación de servicios para los efectos del retiro o de la invalidez se efectuará conforme al a Ley de retiro e invalidez que hubiere estado vigente al tiempo de la separación del militar. Asimismo, las pensiones serán asignadas de acuerdo con el presupuesto que regía en el momento en que el militar obtuvo su baja.

Las pensiones para los herederos de los oficiales y las gratificaciones para los herederos del personal de tropa que hubieren fallecido antes de la expedición de esta ley, se fijarán de conformidad con la Ley de la materia vigente al tiempo del fallecimiento.

En caso de suspensión de las pensiones, el derecho a solicitar rehabilitación prescribe a los cinco años contados desde la fecha de la suspensión.

La acción para solicitar las pensiones de que trata esta Ley, prescribe en cinco años, contados desde el día de la baja o del fallecimiento, según se trate de Retiro o montepío, respectivamente.

En caso de que el militar dejare el servicio activo sin tener la base legal para el retiro, se le reintegrará el cinco por ciento (5%) descontado, pero si se reincorporase y quisiere que se le compute el tiempo anterior, deberá consignar previamente el cinco por ciento (5%) que se le hubiere reintegrado.

Cuando un militar hubiere prestado sus servicios en las Fuerzas Armadas y también en la administración civil, se le concederá el retiro, o la jubilación, computando todo el tiempo, de acuerdo con esta Ley, o con la del Seguro Social obligatorio, según que el tiempo mayor de servicio corresponda a lo militar o a lo civil.

A fin de que se le compute el tiempo de servicio en la administración civil, para la consecución del retiro militar, pagará previamente al cinco por ciento (5%) de los sueldos percibidos durante todo el tiempo de servicio civil.

Los oficiales asimilados que quisieren que se les compete el tiempo que sirvieron como tales con anterioridad a la Ley de Retiro expedida el 20 de marzo de 1928, abonarán el cinco por ciento (5%) del monto total de los sueldos que hubieren percibido durante dicho tiempo.

Para el cómputo de los servicios civiles se aceptará también la prueba testimonial, previa certificación oficial de que no existe comprobante de ninguna clase sobre los indicados servicios.

Conforme a lo establecido en la Ley de Seguro Social Obligatorio, el militar que, en goce de pensión de retiro, o de invalidez, ingresare al servicio de la administración civil, sin perjuicio de lo que disponen las leyes militares acerca del goce del sueldo y de la pensión, estará obligado a consignar el cinco por ciento (5%) del sueldo que perciba en el cargo civil; y tendrá derecho, al propio tiempo, para que se le computen los años que sirviere, para mejorar suspensión en una treintava parte por cada año y sobre el promedio de la renta asignada a este cargo en cinco años. El aumento proveniente de este cómputo sucesivo de años de servicio en la administración civil, se abonará por la Caja de Pensiones.

Iguales derechos y garantías tendrán los militares en retiro que presten servicios en instituciones u organismos efectos al régimen de la Caja del Seguro para que esta les pague el aumento de pensión de retiro por el tiempo de servicio.

Los descuentos de que habla esta Ley se harán mensualmente por los pagadores, quienes procederán en la forma prescrita por la Ley del Seguro Social Obligatorio y enviarán a la Caja, junto con los fondos, un detalle de las cantidades que hayan descontado a cada militar.

El envío a que se refiere el inciso procedente se hará bajo la responsabilidad pecuniaria del respectivo pagador.

Los militares puestos en situación de retiro, o de invalidez tendrán derecho, además, a que se les abone íntegramente el valor de los pasajes y fletes necesarios para que ellos y su familia puedan trasladarse a donde fijaren su residencia, de acuerdo con el respectivo reglamento.

Asimismo, a los herederos de un militar fallecido estando en servicio activo, a quienes corresponda la pensión de montepío, se les abonará los pasajes y fletes especificados en dicho reglamento, desde el lugar en que ocurriere el fallecimiento del militar hasta el lugar de residencia de aquéllos.

Las pensiones se concederán:

1. A los oficiales que se separaren del servicio activo a partir del 4 de octubre de 1938, desde la fecha de su separación; y a los demás, desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud;

2. A los individuos de tropa, desde la fecha de expedición del respectivo Decreto Ejecutivo; y,

3. A los herederos de los oficiales y de los individuos de tropa que fallecieren después del 4 de octubre de 1938, desde el día siguiente al del fallecimiento.

Nadie puede gozar conjuntamente de pensión de retiro y de montepío cuando una y otra excedieren de trescientos sucres; el exceso ingresará al Tesoro Nacional.

Las pensiones militares son intransferibles.

La pensión mínima de retiro, o de invalidez será de cincuenta sucres mensuales.

Para el pago de las asignaciones mínimas correspondientes a las pensiones de montepío, se establece la siguiente escala jerárquica y de renta:

A los herederos de individuos de tropa, S/. 50,00

A los herederos de alférez y subtenientes, S/. 70,00

A los herederos de tenientes, S/. 80,00

A los herederos de capitanes, S/. 90,00

A los herederos de mayores, S/. 110,00

A los herederos de tenientes coroneles, S/. 130,00

A los herederos de coroneles, S/. 140,00

A los herederos de generales, S/. 160,00.

Para acreditar derecho a la pensión de que habla el Art. 130, si no se estuviere en goce de ella, será menester la comprobación de cinco años de servicio activo, por lo menos, justificados con las listas de revista de comisario, sin perjuicio de lo dispuesto en el último inciso del Art. 37.

Las pensiones por invalidez comprendidas en las cinco primeras clases de que habla el Art. 23, se concederán sin tomar en cuenta la base del tiempo de servicios.

Cada vez que se aumenten los sueldos del personal militar en servicio activo, se procederá de oficio a la actualización de las pensiones de retiro, invalidez o montepío, considerando para el efecto, como base de célculo, la diferencia entre los imponibles nuevo y el inmediato anterior, aplicando para todo caso el porcentaje que determinan las correspondientes tablas en vigencia para la calificación de sus beneficios.

A partir del 1o de enero del presente año, se dará cumplimiento total al Artículo 134 de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, para lo cual el Ministerio de Finanzas efectuará las regulaciones necesarias dentro del vigente Presupuesto General del Estado.

El valor de los aumentos para los pensionistas de la Caja Militar y de la Caja Policial, administradas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, será transferido mensualmente a órdenes de dichos Organismos.

Los aumentos ordenados en el Artículo precedente, para los pensionistas antes dichos a través del Presupuesto General del Estado, Caja Militar y Caja Policial, se calcularán sobre los incrementos registrados en el sueldo básico o base imponible del personal militar y policial en servicio activo, entre el 1o de agosto de 1962 y el 1o de septiembre de 1973.

Los aumentos del veinte por ciento se realizarán, computando el valor correspondiente para cada incremento al sueldo básico o base imponible, producido dentro del Período señalado en el inciso anterior.

Cuando las pensiones de retiro, invalidez y montepío militar y policial se atendieran parcialmente por medio del Presupuesto General del Estado y la Caja Militar o la Caja Policial, los beneficiarios recibirán el aumento a través de la Institución que pagare la mayor parte de la pensión.

Quienes recibieren pensiones simultáneamente en la Caja Militar y en la Caja Policial, gozarán de los aumentos ordenados en este Decreto, proporcionalmente al monto de pensión que se entregue a través de Cada Caja.

A los pensionistas de retiro, invalidez y montepío militar y policial, que estuvieran gozando de los aumentos señalados en el Decreto Supremo No. 1080-P de 12 de septiembre de 1973, promulgado en el Registro Oficial No. 406 de 5 de octubre del mismo año, se les reliquidarán sus pensiones, a partir del 1o. de enero del presente año, de conformidad con las disposiciones de este Decreto.

Las Juntas Calificadoras de Servicios Militares y de Servicios Policiales, sin que mediare solicitud de parte interesada, procederán a la reapertura de los expedientes a cargo de ellas, con el objeto de efectivar los aumentos previstos en el presente Decreto y ordenar las reliquidaciones a las que se refiere el Artículo precedente.

Por efecto de los aumentos ordenados en este Decreto, en ningún caso las pensiones de retiro e invalidez podrán exceder del valor de los sueldos básicos de cada grado, para el personal en servicio activo, vigente al 1o. de septiembre de 1973.

Complementariamente a lo dispuesto en los Decretos Supremos Nos. 863 y 881 de 18 y 27 de julio de 1973, promulgado en los Registros Oficiales Nos. 356 y 365 de 26 de julio y 8 de agosto del mismo año, los Acuerdos que concedan o aumenten pensiones de retiro, invalidez y montepío merecerán dictamen favorable previo del comité Nacional de Presupuesto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 244 de la Ley Orgánica de Hacienda.

Los dictómenes podrán ser suscritos por el Secretario del mencionado comité, por delegación de su Presidente.

Los beneficios del presente Decreto se harán extensivos a los pensionistas de retiro, invalidez y montepío de la Policía Civil Nacional.

Con fecha 31 de diciembre de 1973, derógase el Decreto Supremo No. 1080-P de 12 de septiembre del mismo año, promulgado en el Registro Oficial No. 406 de 5 de octubre.

Este Decreto prevalecerá sobre toda norma de carácter general o especial que se le oponga, y se considerará vigente a partir del 1o. de enero de 1974.

Todos los individuos en goce de pensión de retiro o de invalidez tendrán derecho o asistencia en los establecimientos de Sanidad Militar, en igualdad de condiciones de los que están en servicio activo.

Los militares en retiro que tuvieren una pensión menor de cien sucres mensuales, tendrán derecho a asistencia gratuita, de conformidad con el reglamento de Sanidad Militar.

El Estado pagará los gastos de funeral de los oficiales de las Fuerzas Armadas que fallecieren en servicio activo; de los Oficiales Generales que se hallaren en retiro o en invalidez, y de los individuos que fallecieren estando cumpliendo su servicio obligatorio en las Fuerzas Armadas.

Las pensiones de retiro militar que pagan el Fisco y la Caja de Pensiones a los militares en situación de retiro, inclusive oficiales generales, que hubiesen sido nombrados miembros de la H. Corte de Justicia Militar, no están sujetas al pago de ningún impuesto fiscal, municipal o adicional.

El secretario de la Junta Calificadora de Servicios, tendrá, entre sus obligaciones, la de activar la tramitación de los expedientes militares en las respectivas oficinas.

En caso de extinción de la Caja de Pensiones, el Estado tomará a su cargo el pago de las pensiones previas en esta Ley.

Derógase todos las leyes, Decretos Supremos, Reglamentos y más disposiciones contenidas en otras leyes, en todo lo que se opongan o modifiquen la presente Ley, la misma que regirá desde su promulgación.

Los miembros de las Fuerzas Armadas que se reclutaren como Oficial o Tropa a partir del 1o de Julio de 1970, para tener derecho a que se les conceda pensión de retiro militar, deberén acreditar veinte años de servicio activo y efectivo, sin abonos, con una aportación mínima de 240 imposiciones a la Caja Militar, sujetóndose a la siguiente escala:

Desde 20 hasta 21 años inclusive: 3,11%

Desde 22 hasta 24 años inclusive: 3,17%

Desde 25 hasta 27 años inclusive: 3,25%

Desde 28 hasta 30 años inclusive: 3,33%

Los abonos y servicios civiles se computarán sobre la base de 20 años, especificada anteriormente.

Asimismo, los miembros de las Fuerzas Armadas que fueren reclutados como Oficial o Tropa, a partir del 1o de Julio de 1970, para tener derecho a la cesantía militar, requieren acreditar 20 años de servicio activo y efectivo, con un total de 240 imposiciones completas. Para el efecto, el Personal de Tropa debe, además, haber obtenido pensión de retiro militar.

De los beneficios establecidos en este decreto gozarán también los miembros de la Policía Civil Nacional; y, para ésto, el personal activo y pasivo estará sujeto a la misma contribución establecida en el artículo precedente para los miembros de las Fuerzas Armadas.

En los casos de pensiones que se paguen con cargo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la Caja Militar, cada institución contribuirá al pago respectivo, en proporción a la parte de pensión que este a su cargo.

A las contribuciones establecidas en este decreto no están obligados los beneficiarios de montepío Civil, Militar y Policial.

El personal militar en servicio activo y el Presupuesto General del Estado aportarán a la Caja Militar, desde el 1o. de julio de 1982, los nuevos porcentajes establecidos en las presentes reformas; y, el personal en servicio pasivo, desde el 1o. de enero de 1984.

Los pensionistas militares que gozan conjuntamente de pensión por tiempo de servicio y por la campaña Internacional de 1941, tendrán derecho a que su nueva pensión sea calculada únicamente en base a aquélla que vienen percibiendo por tiempo de servicio o invalidez.

Los fondos necesarios para el pago de pensiones de retiro, invalidez o montepío, serán proporcionados, en calidad de préstamo, por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta cuando se efectúen las respectivas consolidaciones de deudas con el Estado.