Dictamen de admisibilidad de juicio político al presidente de Ecuador
| Autor | Pablo Javier Barragán Ordóñez |
| Cargo | Abogado & Máster en Relaciones Internacionales |
| Páginas | 40-45 |
40 DEBATE JURÍDICO
DICTAMEN DE ADMISIBILIDAD DE JUICIO POLÍTICO
AL PRESIDENTE DE ECUADOR
Pablo Javier Barragán Ordóñez
n esta oportunidad amable lector/a les
ofrezco analizar los matices de la decisión
de la más alta Corte de Justicia del Ecua-
dor en torno al pedido de Juicio Político al Presi-
dente de la República de Ecuador. No cabe duda
que el dictamen constitucional Nro. 1-23-DJ/23
merece especial atención toda vez que, el pedido
recae sobre el primer mandatario en funciones.
De igual manera, el análisis propuesto con base
al propio dictamen entrega no solo la mayoría re-
querida para su admisibilidad sino tres criterios
distintos en calidad de votos salvados que enrique-
cen el debate en torno a este tipo de procedimien-
tos y las circunstancias que rodearon la decisión
constitucional. Los votos salvados se emitieron de
forma individual y con argumentación propia.
Cabe aclarar que el dictamen de admisibilidad
emitido por el Pleno de la Corte Constitucional
se enmarca en los presupuestos previstos en la
Constitución de la República, Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucio-
nal y Ley Orgánica de la Función Legislativa razón
por la cual, en ese contexto se aplicó la norma para
que, posteriormente el Pleno de la Asamblea Na-
cional proceda con la votación que establezca el n
o continuidad del gobierno del presidente Guiller-
mo Lasso. Al poder legislativo le correspondió en
uso de sus facultades decidir el futuro del presiden-
te sobre la base de la scalización y control político
de la que se encuentra revestido.
Dentro del examen de admisibilidad se acepta
únicamente el cargo relacionado con el delito de
peculado en la estatal FLOPEC. Por lo tanto, en
torno a este cargo gira el presente análisis. Ade-
más, la Corte realizó un análisis del procedimiento
como del contenido de la solicitud, para garantizar
el equilibrio de poderes entre la función ejecutiva
y legislativa. En esa línea, en el análisis del proce-
dimiento encontró que, la solicitud presentada y
el trámite seguido en la Asamblea Nacional, res-
petaron los principios de legitimidad política y del
debido proceso. Asimismo, la Corte mediante
su Dictamen de Admisibilidad asegura que la
institución del juicio político al presidente de la
República no sea utilizada de forma arbitraria
ni irrazonable. Cabe mencionar que la Corte no
juzga sobre la materialidad de las infracciones
y no determina la responsabilidad sobre las in-
fracciones, las mismas que corresponde deter-
E
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