La comprensión del derecho al debido proceso en Ecuador
| Autor | Jhoel Escudero |
| Páginas | 183-196 |
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En el presente trabajo se revisa la comprensión del derecho al debido proceso en el constitucionalismo y su particular adaptación en Ecuador. El estudio se enfoca en las consecuencias jurídicas de la cláusula 39 de la Carta Magna, que reconoció en calidad de privilegio el juicio justo, determinando: “[n]o free man shall be taken, imprisoned, disseised, outlawed, banished, or in any way destroyed [...] except by the lawful judgment of his peers [or/and] by the law of the land”.1Este privilegio se transformaría en derecho en 1354, momento en que por primera vez se usó la frase due process of law o derecho al debido proceso.2Para el British Common Law, esta norma es la raíz de los derechos básicos de las personas y del establecimiento de la división de poderes. En el mismo sentido, en EUA este derecho impone límites a las labores del Ejecutivo y Legislativo. Aquellos límites permitieron el establecimiento de la revisión judicial de las normas.
La particular comprensión del debido proceso en Ecuador, por un lado, responde a la cantidad de constituciones que paulatinamente han reconocido de forma fragmentada los principios del debido proceso, a modo de un gran rompecabezas integrado en el tiempo. Por otro lado, la diferencia está en la función que cumple tradicionalmente este derecho, ligado a los procesos judiciales penales y no a la división de poderes.
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En ese sentido, corresponde revisar los contornos del derecho al debido proceso y su incidencia en Ecuador, considerando analizar los siguientes puntos: a) importancia de la compresión del derecho al debido proceso, b) entendimiento del derecho constitucional al debido proceso en Ecuador; y, c) conclusiones.
Las preguntas a responder en el presente trabajo son: ¿cómo incidió el derecho al debido proceso en la división de poderes y la revisión judicial? y ¿qué significado se le otorgó al debido proceso en la historia constitucional ecuatoriana? La metodología para responder a estas cuestiones es cualitativa, específicamente se circunscribe en el análisis de la jurisprudencia y doctrina que han incidido en la definición de este derecho.
El estudio del caso ecuatoriano, debido al número de constituciones y el escaso desarrollo jurisprudencial, permite ser revisado en su aspecto abstracto o normativo constitucional, conforme la periodización de la historia. Este método, desarrollado por el historiador Enrique Ayala Mora, servirá para la organización de la información de la época republicana, compuesta por tres períodos constitucionales: el período nacional criollo, el período nacional mestizo y el período plural.3
La compresión del derecho al debido proceso a lo largo de la historia ha determinado varios compromisos constitucionales. Se ha convertido en la forma en que los ciudadanos asumimos que la Constitución importa; en esencia, nos permite defender nuestros derechos y la propia Constitución.4
El debido proceso es un derecho fundamental porque somete a todos los seres humanos a las normas, determina que nadie bajo ninguna autoridad puede violar los derechos de los demás e impone límites concretos a las autoridades públicas.
Desde una comprensión general, este derecho exige respeto a la dignidad humana; por ejemplo, cuando las personas son detenidas invocan varios derechos: una llamada telefónica, exigen la orden de autoridad competente, un abogado, no estar incomunicados, no ser agredidos física ni psicológicamente, etc. En definitiva, este derecho protege a otros constitucionales.5En contraste, la falta de compresión general del derecho al debido proceso pone en riesgo la dignidad.
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Técnicamente, la comprensión sustancial del derecho al debido proceso tiene dos dimensiones: una subjetiva, ejercida por todas las personas como parte de la defensa de su dignidad individual; y, otra como derecho objetivo, que impone límites a la labor legislativa, ejecutiva y judicial.
Históricamente, no siempre ha sido claro el significado del derecho al debido proceso. Inicialmente, fue reconocido en 1215 en la cláusula 39 de la Carta Magna, otorgada en calidad de privilegio por el rey Juan sin Tierra de Inglaterra.
Para John Ely, la comprensión original del debido proceso genera varias dudas: el debido proceso se presenta como un oxímoron o contradicción, en razón de que hay quienes lo consideran como una norma sustancial para la democracia, mientras que para otros es un error o exageración ligarlo a la democracia.6
En ese sentido, el derecho al debido proceso inevitablemente cae en dos campos. El primero se refiere de forma exclusiva a su aplicación en el procedimiento judicial. Bajo este significado, el debido proceso no es aplicable a las legislaturas. En el segundo, es un derecho razonablemente justo de índole ius natural, aplicable a los poderes Ejecutivo y Legislativo.7
En Inglaterra y EUA se le dio un sentido estructural al debido proceso, que nació como un límite al poder. En principio, el derecho al debido proceso estaba direccionado a la rama ejecutiva y buscaba evitar poner en riesgo la libertad y la propiedad de la burguesía, que exigía ser juzgada por jueces independientes. Al respecto, se comprendió que la Carta Magna eliminó el poder del rey de decidir sobre los derechos de las personas. Sir Edward Coke, basado en la costumbre y la ley, contribuyó con la citada interpretación e insistía en que el rey estaba sujeto al common law.
Las colonias americanas, mediante una petición de derechos realizada por Coke y Sir John Selden, acusaron haber perdido sus derechos sin que el parlamento inglés lo haya autorizado y exigieron que se les respete el derecho al debido proceso. La propuesta fue aceptada, siendo la base de la comprensión del debido proceso que inluiría en las colonias americanas. Inclusive, el sentido sustancial del debido proceso fue la clave de la división de poderes y la llave de las luchas revolucionarias.
En ese orden de ideas, la cláusula 39 de la Carta Magna se interpretó en relación a la división de poderes y la garantía de los derechos subjetivos. En suma, Coke y otros juristas trabajaron con este concepto para mantener al rey bajo la ley y la costumbre, así como exigieron que la Corona coordine con el gobierno y el parlamento para tomar decisiones sobre los derechos de las personas.8Inglaterra,
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mediante el derecho al debido proceso, consolidaría los límites a la monarquía y la independencia judicial.
En EUA se recoge un significado similar del derecho al debido proceso en la quinta enmienda, en donde se afirma que este derecho se aplicará para limitar al Poder Ejecutivo mediante las cortes, lo que implicó que el Ejecutivo no pueda disponer de los derechos de las personas. La prohibición de violar los derechos de las personas es una característica fundamental del derecho al debido proceso.
Asimismo, Madison, Hamilton, Jefferson, Iredell, Chase y Tucker afirmaron que el derecho al debido proceso también se extiende al Poder Legislativo en dos formas específicas: en normas que puedan afectar derechos de libertad y propiedad; y en normas que no puedan ejecutarse sin concurso del Poder Judicial.9
Uno de los temas controversiales fue el derecho a ser juzgados por un tribunal compuesto por jurados, como ocurrió en el caso Holmes contra Walton. En 1778, la Asamblea General de Nueva Jersey creó una ley que autorizó a cualquier persona a tomar los bienes de quienes transporten mercancías que provengan de Inglaterra a Nueva Jersey. Y de existir controversias, los responsables debían ser juzgados por jueces de paz, sin jurado ni derecho a apelar. La Corte Suprema de Nueva Jersey anuló el estatuto de la referida ley, aplicando el derecho a ser juzgadas por un jurado.10
En la misma línea, en Rhode Island en 1786, a causa de la alta inlación se pasó una ley para imprimir moneda que obligó al público a aceptar un determinado valor por el dinero, norma que fue rechazada por los comerciantes. En el caso Trevet contra Weeden, se sostuvo que las personas tienen derechos otorgados por la Carta Magna y las normas fundamentales de Inglaterra, afirmando que la revolución no marcaba cambios en relación con aquellos derechos; más aún, no debe autorizarse a juzgar a las personas sin jurado. Es así que el juez Howel consideró que el juzgamiento penal a causa de no aceptar el valor del dinero impuesto por norma quedaba sin efecto, tratándose de una ley inconstitucional. El juez Devol desconoció las frases que permiten el juzgamiento sin jurado por contraponerse a la ley de la tierra.11Alexander Hamilton se enfocó en el tratamiento del debido proceso desde un punto de vista del Derecho penal y consideró la importancia del papel del legislador en el tratamiento de los derechos de las personas en esa materia. La relación del debido proceso con el Derecho penal en todas sus fases será el sentido moderno del derecho.12
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Esta comprensión temprana del derecho al debido proceso, que ha usado el contenido sustancial del derecho para declarar inconstitucionales las leyes y defender los derechos de las personas, sería respaldada por la Corte Suprema de los EUA. El caso Rode contra Wade que discutió sobre la legalidad del aborto ha sido una de las decisiones más controvertidas de la Corte. Sobre el derecho al debido proceso consideró que es un presupuesto elemental para invalidar las leyes de 50 Estados y obligar a realizar una reforma general al Código Penal, sustentándose en la legalidad de tomar decisiones libres a favor de las mujeres, quienes cuentan con un respaldo democrático y constitucional implícito en ese derecho.13En la misma línea, los casos Lawrence contra Texas, que declaró inconstitucional la relaciones entre el...
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